Por Giorgio Trucchi
Gobierno amenaza con declarar estado de sitio y suspender las garantías individuales como en los tiempos de Micheletti
En la madrugada del viernes 27/7 fue asesinado Israel García Pérez, de 37 años, miembro del Movimiento Campesino Recuperación del Aguán. Un grupo de personas, supuestamente guardias privados del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum, habría atacado con armas de grueso calibre a las familias campesinas que, el pasado 20 de julio, recuperaron las tierras de la finca Los Laureles, en las afueras de la ciudad de Tocoa, de propiedad del mismo Facussé.
Con este nuevo crimen se eleva a 52 el número de campesinos organizados asesinados en menos de tres años, en el marco del grave conflicto agrario que aqueja a la región del Bajo Aguán.
Ante esta situación, el gobierno hondureño ha amenazado con declarar el Aguán como "zona de seguridad nacional", lo cual implicaría una mayor militarización, la suspensión de las garantías individuales y un estado de sitio regional. Estas medidas fueron tajantemente rechazadas por las organizaciones campesinas, en cuanto formarían parte de una campaña mediática para desprestigiar al movimiento campesino y legitimar la criminalización de la protesta social y de la lucha por la tierra.
Sobre esta situación, la LINyM conversó con Vitalino Álvarez, vocero del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).
- ¿Cómo se dio el asesinato de Israel García?
- La gente del Movimiento Campesino Recuperación del Aguán nos llamó a las 9 de la noche de ayer (26/7) para avisarnos que los estaban atacando a balazos y que la Policía no quiso llegar a la zona para auxiliarlos. La gente se reagrupó y trató de protegerse, pero aparentemente el compañero se quedó solo y fue atrapado por los atacantes. En la mañana lo encontraron asesinado de varios balazos y le habían arrancado una oreja. La gente del Movimiento responsabiliza a los guardias privados de (Miguel) Facussé.
- Una muerte que le echa más leña al fuego...
- Estamos muy preocupados. Siguen asesinándonos y ahora el gobierno está pretendiendo criminalizar nuestra lucha y vincular al movimiento campesino con el crimen organizado, el narcotráfico, los asesinatos. Ya se están preparando para declarar el Bajo Aguán como zona de seguridad nacional, imponiendo toques de queda y más militarización.
- ¿Cree que de esta manera se solucionaría el problema que se vive en la región?
- No es con la militarización ni con los toques de queda que se va a solucionar el conflicto agrario. Ya ha quedado demostrado que con la Operación Xatruch II no sólo no se ha detenido la violencia, sino que se han disparado las violaciones a los derechos humanos y la represión contra las familias campesinas. Ya estamos viviendo en un clima de guerra donde se nos criminaliza.
- Porfirio Lobo y el ministro de defensa dijeron que hay sectores campesinos armados que persiguen otros objetivos, que quieren sembrar el caos...
- El gobierno ha militarizado tres veces la zona y ha dispuesto operativos para buscar armas y nunca han encontrado nada. Los únicos que andan fuertemente armados son los guardias privados de los terratenientes, pero a ellos no los tocan.
- ¿Qué es lo que plantean las organizaciones campesinas?
- Ya hemos dicho que el conflicto es el resultado directo de la aprobación en 1992 de la Ley de modernización y desarrollo del sector agrícola y que hay que buscarle una solución, y para hacerlo se necesita de la voluntad política de las instituciones. Además, exigimos la aprobación de la Ley de transformación agraria integral cuyo proyecto ya está en manos de los diputados.
No es criminalizando nuestra lucha que vamos a encontrar una solución, antes bien la violencia puede agudizarse aún más. Es por eso que estamos proponiendo la instalación inmediata de una mesa de diálogo integrada por el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y los movimientos campesinos.
- Hay mucha preocupación entre las familias campesinas
- La campaña de desprestigio no ha parado y continúa la impunidad. Todo esto abre la puerta a la violencia. Hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para que sigan monitoreando la situación, para que sigan atentas, porque nos encontramos en alerta máxima.
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