Mariano Ferreyra, un militante de 23 años del Partido Obrero, murió tras ser baleado por una patota de la Unión Ferroviaria cuando, junto a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca y organizaciones de izquierda que reclamaban por la reincorporación de cien despedidos intentaron cortar las vías del tren. Por este mismo conflicto ya había habido un episodio de violencia sindical el mes pasado, cuando el mismo grupo de ferroviarios y movimientos sociales fueron corridos de la estación Constitución por esta patota, que les impidió realizar un acto. Ayer, los dos grupos se enfrentaron con piedras y palos en la zona de la estación Hipólito Yrigoyen y, en medio de las corridas, los de la Unión Ferroviaria sacaron armas y dispararon contra los militantes de izquierda. Además de la muerte de Mariano Ferreyra hubo tres heridos.
Elsa Rodríguez, de 60 años, recibió una balazo en la cabeza y está en coma, tras ser operada en el Hospital Argerich. Según el último parte médico, permanece conectada a un respirador artificial en estado “grave” y con “pronóstico reservado”. Los otros dos heridos, Nelson Aguirre, con cuatro tiros en las piernas, y Ariel Pintos están fuera de peligro.
Testigos de los hechos aseguraron que como parte de la patota de la Unión Ferroviaria actuaron barrabravas de las hinchadas de Independiente, Ferro y Banfield. Denunciaron también a Pablo Díaz, la mano derecha del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, como una de las personas que estaba con el grupo de la Unión Ferroviaria, y acusaron también de haber estado con ellos a un hijo del subsecretario de Transporte ferroviario, Antonio Luna.
Quedó a cargo de la investigación la fiscal de instrucción Cristina Caamaño, quien ayer recorrió el lugar donde ocurrió el asesinato y hoy comenzará a tomar declaración a los testigos.
El enfrentamiento
“El martes, Mariano había estado recorriendo las vías para sumar más gente a la protesta (de ayer). El fue uno de los que pintó la bandera de ‘trabajadores tercerizados en lucha’”, contó Darío Roseto, estudiante y compañero del chico asesinado. El conflicto gremial venía de julio pasado, en reclamo de la reincorporación de 117 trabajadores tercerizados que habían sido despedidos del Ferrocarril Roca. La empresa está gestionada por la Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria), integrada por el Estado y empresas concesionarias (como Ferrovías, TBA y el grupo Roggio). Con una serie de medidas de fuerza, los tercerizados habían conseguido la reincorporación de doce despedidos. Una de las protestas consistió en el corte de las vías en la estación Avellaneda, el 21 de julio pasado, cuando mantuvieron el bloqueo durante once horas. La Unión Ferroviaria, enfrentada con las agrupaciones de izquierda, comenzó una campaña de volantes y pasacalles con la leyenda “los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías”. Los pegaron en el interior de los trenes y en las inmediaciones de la estación Avellaneda, donde ayer comenzó el enfrentamiento.
“Nos reunimos en el local del PO de Avellaneda a las 10.30”, recordó otro de los testigos, José Tejeda, delegado del Sindicato de la Industria de la Construcción y Afines. Los tercerizados habían coordinado la movida, además de con el PO, con Convergencia de Izquierda, el Movimiento Teresa Rodríguez y Quebracho. Del local marcharon a la estación Avellaneda, con la idea de cortar las vías, pero se encontraron con un operativo policial y vieron que cerca de las vías ya estaba el grupo de la Unión Ferroviaria. Comenzaron a caminar, entonces, hacia la estación Hipólito Yrigoyen, para el lado de Constitución. “Pasando el puente Bosch (que cruza el Riachuelo y une a Avellaneda con Barracas) los de la Unión Ferroviaria nos empezaron a tirar piedras desde arriba, la policía también nos tiró balas de goma”, contó Tejeda, y luego hizo un cordón entre los dos grupos que puso transitoriamente freno al enfrentamiento. Al ver que no podrían cortar las vías, los tercerizados se retiraron a dos cuadras de la estación Yrigoyen y allí armaron una asamblea para discutir qué hacer. Un cordón policial separaba a los dos grupos, pero en algún momento ese cordón se abrió. Los que hacían la asamblea vieron que los de la Unión Ferroviaria se acercaban corriendo.
“Les dijimos a las mujeres que corrieran y armamos un cordón nosotros”, agregó Diego Cardías, uno de los tercerizados despedidos. Los dos grupos se enfrentaron a los golpes en la calle. “Fue un enfrentamiento con piedras y palos, porque nosotros nos defendimos, les pegamos, pero con piedras y con palos, nosotros no teníamos armas de fuego”, señaló Tejeda. La pelea duró más de 10 minutos. Algunos testigos hablaron incluso de veinte, aunque nadie tenía una noción exacta de su duración. “Ellos tuvieron que retroceder, empezaron a volver hacia atrás, y entonces, mientras se estaban yendo, vi cómo uno sacaba un arma y empezaba a tirar”, señaló Roseto. El testigo vio a un solo tirador, con un arma de puño. Otros vieron a dos hombres armados, y otros a tres. Lisandro Martínez, responsable del PO Zona Sur, vio a dos tiradores, “uno con una escopeta recortada”. José Tejeda vio a “tres hombres armados, con armas de mano”.
Tejeda tenía al lado a Mariano Ferreyra. Cuando lo vio caer –contó– creyó que había tenido un ataque de epilepsia, porque no le vio la herida de bala en el tórax. En la confusión de la pelea, aunque oyó los disparos, no pensó que les estaban tirando al cuerpo. “Los tomé como disparos al aire.” Pero al tratar de auxiliarlo notó que el chico “temblaba y se había orinado” y se dio cuenta de que estaba grave. Lo subieron vivo a la ambulancia que lo llevaría al hospital Argerich.
Los consultados dijeron que les dispararon desde una distancia de cincuenta metros, aproximadamente. También aseguraron que los agresores, al retirarse, pasaron al lado de tres patrulleros sin que los detuvieran. Por eso ayer denunciaron que hubo una zona liberada (porque la patota pudo llegar hasta ellos, lo que indicaría que el cordón policial fue levantado) y reclamaron que se investigara además por qué la Federal no detuvo a nadie.
Lo que dijo Pedraza
El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, reconoció que fueron integrantes de su gremio los que se enfrentaron con los tercerizados y la militancia de izquierda. Admitió también que lo hicieron para impedir que cortaran las vías, pero defendió lo hecho con un argumento de antología: “Los trabajadores defendieron sus fuentes de trabajo”. Por supuesto, negó que los autores de los disparos pertenecieran a su sindicato.
Desde el gobierno nacional, que salió a repudiar el asesinato y la violencia sindical, hubo una promesa de esclarecer quiénes fueron “los autores materiales e intelectuales del hecho”. Aunque la actuación de la Policía Federal –específicamente, que no haya intervenido para impedir la violencia, ni haya detenido a los agresores– generó más de una duda entre los funcionarios, no hubo declaraciones que hicieran público el malestar con el rol de la policía.
Hoy habrá una marcha a la Plaza de Mayo convocada por la izquierda y un paro nacional, que coincidieron en llamar los dos sectores internos de la CTA.
Morir por participar de una manifestación sindical, y en el marco de una pelea entre gremios, era algo inimaginable, un hecho no pensado como posible, más bien cosa de otra época. Sin embargo, en los últimos años una serie de episodios de creciente violencia sindical se han venido sucediendo: las patotas de la Unión Tranviarios Automotor contra la organización de los trabajadores del subte, los grupos de la Uocra contra los desocupados que armaron cooperativas de la construcción, las amenazas de la UTA para impedir que los choferes alineados con la CTA realizaran una protesta en la terminal de Retiro fueron algunos de ellos. En muchos de estos casos se había denunciado la ostentación de armas. Nadie podía haberlo tomado demasiado en serio, hasta ayer.
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