Por Hugo Guzmán
Todo el mundo pudo ver el rescate de los 33 mineros atrapados durante dos meses a 700 metros de profundidad en la mina San José en la región de Atacama, en el norte de Chile. Pero nadie habló de los 31 mineros muertos en el último año en este país, de la precariedad salvaje de sus condiciones de trabajo y que mientras aumentaba el precio del cobre subía el índice de accidentes.
Mientras millones observaban la salida de esos trabajadores desde las profundidades de la Tierra, se ocultaban las pancartas y las voces de los otros 300 mineros de la empresa San Esteban –a la que pertenece San José– que fueron despedidos, a los que les deben los sueldos y no les pagan las indemnizaciones. Javier Castillo, dirigente del sindicato, dijo que “los 328 trabajadores restantes de la mina San José no estamos bien” e indicó que las autoridades y los medios “temen que los saquemos (a los 33 mineros) de la burbuja en la que el gobierno los tiene”.
El dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Marcos Canales, comentó: “Éste fue un accidente que nunca debió ocurrir”. Pero el historial de la mina San José es oscuro y paradigma de lo que ocurre con otras empresas mineras en el Chile actual.
Desde 1999 se producían accidentes, cuyos dueños ganaban millones de dólares. En 2004 murió allí un minero. En esa oportunidad, los trabajadores protestaron y recurrieron a la Corte de Apelaciones para que se garantizara la seguridad, planteando que se había llegado “a la culminación de una secuela de accidentes que se arrastran desde hace más de cinco años, lo cual los trabajadores hemos denunciado a los organismos fiscalizadores (que) jamás dieron respuesta”. La justicia tampoco. No hizo caso del reclamo de los de San José. Seis años después la mina colapsó y atrapó a los 33 mineros.
Además de la empresa, organismos del Estado como el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Dirección del Trabajo, la Secretaría Regional de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social y el gobierno regional hicieron caso omiso de los reclamos de los mineros y de las condiciones de inseguridad de la mina. Eso se acentuó con fallas que se producían en el cerro donde está la mina San José y debilidades en la estructura. En 2007, el yacimiento fue cerrado por presentar condiciones negativas, pero las autoridades lo volvieron a abrir.
Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, señaló que en el drama de los 33 mineros “hay una acción predeterminada, un acto criminal por parte de los empleadores y de la institucionalidad del Estado. Hay una acción culposa porque un hecho previsible no se evitó”.
Los datos que se manejan en Chile indican que en la última década han muerto 373 mineros y en el último año 31, casi la misma cantidad de los rescatados en San José. La inmensa mayoría pertenecen a medianas o pequeñas mineras y al segmento de pirquineros, que laboran en pequeñas minas de manera informal. En la estatal Corporación Nacional del Cobre y las trasnacionales del cobre, el índice de accidentabilidad es bajo.
Los mineros muertos y los vivos tienen factores en común: salarios bajos, empleo inseguro, previsión miserable, inexistencia de contratos o contratos precarios, inestabilidad laboral, abuso empresarial, ausencia de higiene y prevención, y con el chantaje de que ante la falta de trabajo aceptan condiciones deplorables.
Voracidad en cifras
La voracidad empresarial se ve reflejada en que en 2002 –según reportaje de los periodistas Pablo Obregón y Carla Gardella– las estadísticas hablaban de 28 accidentes mineros fatales, con el precio del cobre en 0.8 centavo de dólar la libra. Cuando en 2007 se cotizó a 3.2 dólares la libra, los muertos subieron a 40. Los privados medianos y pequeños tensionaron la fuerza laboral para extraer el mineral; sin invertir en seguridad.
A estos datos se agregan episodios peculiares. Días antes del derrumbe en San José, el gobierno conservador de Sebastián Piñera decidió cerrar la Unidad de Inspección Programada de Oficio, del Ministerio del Trabajo, precisamente encargada de fiscalizar al sector empresarial respecto al cumplimiento de normas para los trabajadores. Y producido el accidente en la mina, se supo que el Sernageomin, que debe velar por la seguridad en los yacimientos, apenas contaba con dos fiscalizadores en toda la región de Atacama, donde operan decenas de minas medianas y pequeñas.
Marcos Canales dijo a La Jornada que “son pésimas y riesgosas las condiciones de los mineros chilenos y nada apunta a que la situación cambiará, porque para eso tendría que cambiar el sistema económico que cobija a los empresarios y vulnera derechos de los trabajadores. Ya pasará a la historia el caso de San José y los 33 mineros, pero seguirá el drama de cientos de hombres que arriesgarán la salud y la vida por ganar un sueldo mísero extrayendo cobre”.
En un país donde el año pasado las corporaciones extranjeras tuvieron utilidades de 10 mil millones de dólares y este año se prevé serán 37 mil millones. Es decir, el cobre, que el presidente Salvador Allende definió como “el sueldo de Chile”, podría satisfacer perfectamente las necesidades de los mineros (y de la gran mayoría de los chilenos). Pero parecen invisibles. Hasta que bordean la muerte y entonces se prenden los focos.
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