Los representantes del Estado de Honduras en las audiencias del 40 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, fueron a justificar las violaciones a los derechos cometidas durante el régimen de facto de Roberto Micheletti y del actual de Porfirio Lobo Sosa.
En las diferentes audiencias “el Estado se justificó, desestimó o minimizó las preocupaciones de los peticionarios”, dijo el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras Ciprodeh, Wilfredo Méndez, quien participó en varias audiencias.
Honduras estuvo representada en las audiencias por el sub procurador Ricardo Rodríguez, un actor importante en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales, quien fungía como diputado y el encargado de la oficina de derechos humanos de la Policía Kelvin Aguirre.
Los representantes de hondureños se quejaron que muchas veces la gente no denuncia localmente y que acude al sistema interamericano, a lo que el Presidente de la CIDH, Felipe Gonzáles expresó que acudir antes a la Comisión, no contradice en nada los instrumentos interamericanos, en materia de justicia y derechos humanos.
Méndez criticó que “los argumentos del Estado de Honduras, son pobres y queda claro que no existe ninguna actitud de trabajar en beneficio de los derechos humanos”.
El defensor humanitario, expresó que incluso uno de los representantes del Estado, emulando la actitud del dictador increpó a la Comisión Interamericana, por conceder mediadas cautelares sin previo ser puesta la denuncia en la Fiscalía.
Pero “la actitud de arrogancia e ignorancia fue fuertemente rebatida por el Presidente de la Audiencia, quien le afirmó que un Estado donde imperaba la impunidad extendida la Comisión está facultada para conocer directamente una solicitud de medida cautelar, cosa que no quita al Estado de su responsabilidad de investigar”.
Los comisionados reclamaron e insistieron en la impunidad que se da frente a los violadores de derechos humanos a lo que los representantes del Estado no supieron contestar.
CIPRODEH pudo observar, que ante los argumentos presentados ante la Comisión por parte de los peticionarios, el Estado hondureño a través de sus representantes, no mostró una actitud de mejorar o reconocer los errores o debilidades sino que tomó una actitud defensiva, lo que demuestra que el gobierno de Lobo Sosa solo es discurso y no está interesado en mejorar la situación real de derechos humanos.
Para el caso en la audiencia sobre Libertad Expresión, los peticionarios presentaron los casos de los nueve periodistas asesinados en ocho meses del gobierno de Lobos Sosa, las acciones de intimidación contra periodistas de medios alternativos, los ataques contra periodistas que tienen medidas de protección y la destrucción de equipos de medios de comunicación.
Sin embargo ante las evidencias, los representantes del Estado minimizaron la situación, diciendo que ninguno de los casos de asesinato de periodistas, son asesinatos por razón del ejercicio de su profesión, que así como hay muertes de periodistas los hay de otros gremios y que el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de algunos periodistas, es porque no son amables con la policía.
Para el CIPRODEH lo que se pudo constatar en las audiencias, es que no hay un interés por mejorar la situación de derechos humanos en el país.
Honduras ha sido el primer Estado latinoamericano, en ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, por la impunidad sobre la muerte de personas y violaciones graves a los derechos humanos.
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