Honduras en Lucha
Alexander Main, Centro de Investigación de Economía y Política, 22 de octubre de 2010
En medio de una campaña electoral particularmente ocupada y mordiéndose las uñas, 30 congresistas demócratas han tenido tiempo para centrarse en un tema que no está en la agenda de campaña de nadie: el lamentable estado de la democracia y los derechos humanos en Honduras. En una carta enviada a la secretaria de Estado Hillary Clinton el 19 de octubre, el representante de California, Sam Farr y 29 de sus colegas de la Cámara instó a la Administración Obama para que cambie su política actual hacia el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, elegido en una votación celebrada durante el polémico régimen de facto que asumió el poder tras el golpe de Estado en junio de 2009.
La carta describe algunos de los recientes asesinatos de activistas de la oposición y periodistas -en gran parte no difundida en los medios de EE.UU. - que forman parte de la última oleada de ataques políticamente motivados que han tenido lugar desde el golpe de Estado del año pasado. Citando un "patrón distinto de la violencia política" en Honduras, la carta pide la suspensión de la ayuda de EE.UU. en Honduras, en particular a la policía y la asistencia militar, hasta que el gobierno de Lobo "se distancie de aquellas personas involucradas en el golpe de junio 28, 2009, militares y aborde adecuadamente el curso violaciones de los derechos humanos y políticos."
Además, los 30 representantes - que incluyen notables defensores de derechos humanos como Jim McGovern, presidente del Caucus Negro Barbara Lee, y Progressive Caucus Co-Presidente Raúl Grijalva y Lynn Woolsey – solicitan a la Administración a "abstenerse de apoyar el reingreso inmediato de Honduras en la Organización de Estados Americanos."
Las dos demandas centrales de la carta chocan con la política establecida por el gobierno a principios de este año. Después de haber suspendido varias formas de asistencia a Honduras a raíz del golpe de 2009, Clinton anunció a principios de marzo que todas las ayudas se reanudarían porque el recién inaugurado gobierno de Lobo "había dado pasos importantes y necesarios que merecen el reconocimiento y la normalización de las relaciones." Del mismo modo, la administración ha estado presionando para el levantamiento de la suspensión de la adhesión de Honduras en la Organización de Estados Americanos (OEA), una sanción acordada por unanimidad por los miembros del organismo hemisférico en el día del golpe.
Para los 30 co-firmantes, simplemente no tiene sentido renovar la ayuda a Honduras o presionar para su retorno a la OEA - que supondría la normalización de sus relaciones con casi todo el hemisferio. Los asesinatos selectivos de activistas de la oposición continuan en la impunidad, y los actores clave en el golpe de Estado del año pasado ocupan posiciones estratégicas del gobierno - como en el caso del oficial del ejército que ejecutó el golpe de Estado, el general Romeo Vásquez Velásquez, quien ahora dirige la empresa estatal de telecomunicaciones Hondutel. Una vez que la ayuda se restaure y a Honduras se le permitea regresar a la OEA existe poco incentivo para que el gobierno de Lobo lleve a cabo las profundas reformas que se necesitan para garantizar la protección de los derechos humanos y la plena restauración de la democracia.
Esta no es la primera vez aliados demócratas del presidente Obama en el Congreso han expresado su consternación por el manejo de la administración de la crisis de derechos políticos y humanos en Honduras que siguió al golpe militar del año pasado. En varias ocasiones durante los últimos 14 meses, los miembros progresistas de la Cámara cortésmente han expresado su frustración con la política del gobierno hacia Honduras, y en cada ocasión, el gobierno ha ignorado sus peticiones o iha ntentado encubrir los asesinatos constantes palizas y secuestros de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular.
A principios de agosto de 2009, 16 demócratas de la Cámara, frustrados por la negativa del gobierno a tomar medidas enérgicas para contrarrestar el golpe en Honduras, pidió al Departamento de Estado "reconocer plenamente que un golpe militar había tenido lugar," suspender toda ayuda no humanitaria a Honduras y congelar las cuentas bancarias y negar visados a los individuos involucrados en el golpe. El gobierno nunca reconoció oficialmente que un golpe militar que había ocurrido en Honduras, una medida que hubiera supuesto el cese de toda ayuda no humanitaria al país (sólo algunas formas de ayuda se redujeron en última instancia). El gobierno de EE.UU. sólo canceló las visas de algunos funcionarios prominentes golpe de Estado a mediados de septiembre y se negó a congelar los activos depositados en EE.UU. de los funcionarios de golpe de estado, a pesar de las súplicas del gobierno del presidente Zelaya en el exilio. Estas medias tintas contrastan con la respuesta decidida del gobierno de EE.UU. a los golpes recientes en otros países, incluyendo el golpe de 2009 en Madagascar y 2008 golpe de estado en Mauritania.
El 25 de noviembre de 2009, el representante Raúl Grijalva (D-Arizona) envió una carta al presidente Obama en la que expresó su alarma ante la noticia de que la administración estaba considerando el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas que se celebraron bajo el régimen golpista. Señaló en su carta que "el período previo a estas elecciones se ha visto afectado por la represión violenta, la suspensión de las libertades civiles básicas y violaciones frecuente de la libertad de expresión" y que la mayoría de los gobiernos del continente - entre ellos Brasil y Argentina - "han señalado que no reconocerán los resultados de las elecciones celebradas en tales condiciones injustas y antidemocráticas." Él instó a la administración a unirse a la mayoría de los países latinoamericanos, al negarse a reconocer el resultado de la próxima "farsa electoral". El gobierno de Obama, sintiendo la presión de los ultra-derechistas republicanos en el Senado que bloquearían las nominaciones presidenciales, dio la espalda a América Latina y unilateralmente consideró que las elecciones habían sido "libres y justas" casi inmediatamente después del cierre de las urnas.
A principios de marzo de este año, nueve miembros del Congreso - incluyendo el congresista Demócrata Jan Schakowsky, de Illinois y el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, John Conyers de Michigan - escribieron una carta a la secretaria Clinton citando su preocupación por la falta de investigación y persecución de "secuestros, palizas y asesinatos de activistas políticos." Consciente de que una reunión entre el Secretario de Estado y el Presidente Lobo estaba programada para el día siguiente, le solicitaron a Clinton de enviar un "mensaje inequívoco de que la situación de los derechos humanos en Honduras será un componente fundamental de las futuras decisiones sobre la normalización de las relaciones, así como la reanudación de la ayuda financiera.” En lugar de hacer caso a este consejo, Clinton anunció la plena normalización de las relaciones con el gobierno de Honduras y la decisión de restaurar todas las ayudas. En sus declaraciones públicas hizo ninguna referencia a los ataques contra activistas que tienen lugar, sino que anunció que "la crisis de Honduras se ha logrado concluir con éxito ... se hizo sin violencia, y creo que nuestra política en la gran mayoría de los países es de una alta calificación o un gran respeto."
El 24 de junio se envió otra carta a Clinton - esta vez firmada por 27 representantes - manifestando que "la violencia política sigue en Honduras" y " que las violaciones de los derechos humanos y el orden democrático persisten" bajo la mirada del presidente Lobo. En un intento de matizar la política del Departamento de Estado de un apoyo entusiasta a Lobo, los representantes solicitaron que Clinton envie a Michael Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, a Honduras "para hacer una pronta evaluación" con respecto a la situación de los derechos humanos.” Sin un informe temprano y preciso", decía la carta, "nosotros rechazamos que el apoyo de EE.UU. a Honduras continúe sin restricciones significativas." En respuesta a la carta, Clinton envió a su subsecretario de Estado para la Democracia y Asuntos Globales, María Otero, para hacer consultas sobre el estado de los derechos humanos. No hay una evaluación formal, sin embargo, nunca se presentó a los 27 legisladores y en sus comentarios a la prensa, Otero dijo que "todavía queda mucho por hacer" en materia de derechos humanos, mientras que al mismo tiempo pidió el retorno rápido de Honduras ante la OEA.
Lo que nos lleva a la última carta del 19 de octubre, que - en respuesta al clara fracaso del gobierno Lobo de hacer frente a la violencia política que tiene lugar en Honduras - hace demandas que están fuertemente en desacuerdo con la política actual de la administración de apoyo incondicional al gobierno de Lobo. Cuando, al día siguiente, el portavoz del Departamento de Estado, Philip J. Crowley se le preguntó sobre la carta reconoció que "han habido incidentes en los que los activistas han sido asesinados, intimidados, encarcelados, tanto que se remonta al gobierno anterior [i] y recientemente". Sin embargo, Crowley se apresuró a desconocer la principal preocupación de la carta. Rechazó, en primer lugar, la idea de que "el progreso en materia de derechos humanos" debe ser una "condición previa para el retorno de Honduras ante la OEA."
Crowley también anunció que el Departamento de Estado no tenía ninguna intención de suspender toda ayuda a Honduras. Según Crowley, "nuestra ayuda está en realidad directamente relacionada con la mejora de la capacidad [de Honduras] para satisfacer las necesidades de su pueblo y también mejorar su historial de derechos humanos, al mismo tiempo." Él no ofreció prueba alguna para respaldar esta afirmación, y la realidad sobre el terreno no ofrece signos reales que la situación mejora. A pesar de una impresionante vestidura de parte del gobierno de Lobo - por ejemplo, la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y un "Ministerio para los Derechos Humanos" - los ataques por motivos políticos contra activistas y periodistas independientes continúan sin cesar y ninguna investigación seria sobre estos ataques se han llevado a cabo.
Parece que, que a pesar que las actuales políticas de la administración claramente no han trabajado a favor del pueblo de Honduras, la administración sigue estando inflexible y poco dispuesto a considerar siquiera los enfoques alternativos a la crisis en Honduras.
Los progresistas en el Congreso no son los únicos que piden un cambio en la política del gobierno de Honduras. El 13 de octubre, organizaciones de derechos humanos de Honduras hicieron eco de una de las principales demandas de la carta del Congreso mientras se encontraban en Washington, DC para recibir el prestigioso premio Letelier-Moffitt Internacional de Derechos Humanos. En la ceremonia de premiación, una de las más destacadas activista de derechos humanos de Honduras, Bertha Oliva, dio un discurso electrizante en la que pidió a todos los presentes a "unirnos y demandar que los Estados Unidos dejar de financiar a la policía y las fuerzas militares en nuestro país", a las que consideran en gran parte responsables de la violencia política en curso.
Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos de América Latina aún está en profundo desacuerdo con los EE.UU. sobre la cuestión del reingreso de Honduras ante la OEA. De hecho, muchos gobiernos - incluidos los principales aliados de EE.UU. como Brasil y Argentina - se niegan a reconocer al gobierno de Lobo, por el hecho de que es el producto de las elecciones celebradas en condiciones no democráticas bajo un gobierno de facto. También están preocupados con el peligroso precedente establecido por el golpe en Honduras y el hecho de que su éxito ha aumentado considerablemente la probabilidad de nuevos intentos de desestabilizar gobiernos progresistas en la región, como ocurrió en Ecuador a finales de septiembre.
Para muchos latinoamericanos, la suavidad de los EE.UU. para con el golpe de Honduras levanta sospechas que, al igual que su predecesor en la Casa Blanca, el presidente Obama está dispuesto a convivir con ciertos fenómenos anti-democráticos, siempre y cuando coincida con la percepción de los intereses de EE.UU. (en este caso el "deshacer" gobiernos progresistas que no son compatibles con la agenda regional de Washington). Si no es este el caso, los funcionarios de la administración rectores de la política exterior deben comenzar a preguntarse si es verdaderamente sabio que continúe prestando apoyo incondicional a un gobierno que ha fallado en lavarse las manos del golpe militar y no ha tomado medidas serias para afrontar los constantes ataques contra los activistas y los medios de comunicación. Si bien puede ser fácil ignorar las súplicas de los miembros progresistas del Congreso y d los activistas de derechos humanos de Honduras, podría resultar mucho más difícil reparar el daño duradero hecho a la imagen y la credibilidad de los EE.UU. en la región como un promotor de la democracia y los derechos humanos.
[I] Es de suponer que, Crowley se refiere aquí al régimen golpista de Roberto Micheletti, que tomó el poder después del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009.
