Red Morazánica de Información
¡¿Éste el cambio? ¿Éste el cambio?! ...
Aquí está el cambio que quería Martinelli!
Rechazada propuesta sobre Caso Honduras en la OEA
Parte I
El representante del partido político, en formación, Alternativa Popular (PAP), parte de la lucha integral del Pueblo Unido de Panamá, Samuel Prado Franco, y Arí Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), son los expositores que narraron la represión en Panamá, en respuesta del gobierno a la reacción popular contra la imposición de la Ley 30, “para el desarrollo sostenible de la aviación comercial”.
La ley, que está lejos de ser lo que parece. Ha sido bautizada por el pueblo panameño con varios nombres, en alusión a lo que ella significa para la población: Ley Golazo, Ley Camarón, Ley Langosta, Ley prensa, Ley 9 en 1, Ley Muerte, pero sobretodo conocida como, Ley Chorizo–“porque tiene metido todo adentro”.
Prado Franco reveló que “desde lo que sucedió en Honduras [el golpe de Estado], nos dimos cuenta que algo no andaba bien en Centro América”.
Y apreció como una “gran ganancia de esta coyuntura, la unidad” que ha surgido en el pueblo, ante la represión instaurada por el “gobierno fascista de Ricardo Martinelli”, en contra de las protestas populares, que se oponen a la Ley Chorizo.
Prado Franco, establece una relación entre la violencia arreciada contra el pueblo hondureño, y los intentos del gobierno de Ricardo Martinelli, por legalizar, una “explotación irracional de los recursos mineros a favor de la oligarquía panameña”, y en perjuicio de los derechos sociales del pueblo de Panamá.
La oscura construcción de la ley.
Prado denunció, cómo la ley Chorizo fue discutida en sesiones extraordinaria cuando el Ejecutivo llama al órgano legislativo, fuera de las sesiones ordinarias, que ocurren durante todo el año. Y, bajo el supuesto de un desarrollo sostenible para la nación, se modifican cuatro códigos: el laboral, el ambiental, la ley de policía nacional y otras.
En lo correspondiente al ambiente, se elimina la realización del estudio de impacto ambiental, que es obligatorio. Una vez que la ley Chorizo, otorga al Ejecutivo determinar si un proyecto es de interés social, éste podría eliminar el estudio ambiental si el Ejecutivo declara como de interés social, por ejemplo, un proyecto de explotación minera, o hidroeléctrica.
“El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, vino invitado, a Panamá, porque él promueve el proyecto minero en el país y sus visitas coinciden con la Ley 30”. El interés del gobierno es declarar la explotación minera, como de interés social, para beneficiar a las empresas mineras y metalúrgicas, aseguró.
Samuel Prado, denunció que desde la toma de posesión, Martinelli, había declarado que el gobierno panameño, “empresarial”, iba a ser “el modelo factible de derecha para América Latina, que haría un viraje ideológico para [contrarrestar] los gobiernos que han tendido a la izquierda”.
Tanto la política interna, como externa, de Martineli, “es de oligarquización de la vida política del país. Desde un inicio, [la Ley 30] establece la no obligatoriedad de la cuota sindical y va, directamente, a la eliminación del sindicato”, concluye.
Además, reveló Prado que la Ley Chorizo, sustituye lo sindicatos de trabajadores y establece la creación de organizaciones compuestas por los empresarios y representantes del gobierno.
Antes, a un policía se le sacaba de las calles si cometían un delito. Con la Ley 30 un policía podrá continuar trabajando, sin importar que haya cometido un crimen. La medida, tendría antecedente en una amnistía que les fuera otorgada a varios policías involucrados en actos dolosos, “inclusive asesinatos”, explicó.
La ley, fue aprobada en menos de tres días, sin la participación de las organizaciones sociales y populares, sindicalistas, ambientalistas.
“Muy hábilmente permitieron sólo un espacio, a las organizaciones, para poder participar, de 10 ó 15 minutos; pero impidieron que las personas que fueron a manifestarse pudieran entrar. Rodearon la Asamblea con policías antimotines y aprobaron la Ley”, detalló Prado.
Reconoce la intervención de los Estados Unidos, que según piensa, buscaría que “no se va aprobar más leyes que causen conflicto social”.
Y sugiere, “este gobierno [de Martinelli] no es una casualidad y tiene una relación más directa, de lo que ustedes pueden creer, con lo que se ha dado en Honduras.”
La respuesta popular se produce con el estallido de los sindicatos y los trabajadores independientes bananeros, en Bocas del Toro, región colindante a Costa Rica, liderada por dos de los principales sindicatos que forman parte de la Central Convergencia Sindical (CCS) y el otro de la Central de Trabajadores de Panamá (CTP), ambos del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato).
Prado, relató que realizaron marchas en las que lograron reunir de 7, a doce mil personas, pero, al igual que en Hondura, éstas fueron ignoradas por los medios de comunicación.
“Son reprimidas brutalmente, son enviadas tropas del Servicio Nacional de Fronteras (SNF) y una Policía de Protección Institucional y de Control de Multitudes de la Policía Nacional”, detalló.
La ley 30, fue aprobada el 10 de junio de 2010 y ha sido impugnada por dirigentes sociales y sindicales. El pueblo ha pedido la destitución de la ministra de Trabajo, Alma Lorena Cortés, y del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
“Poder popular en Panamá: agresión contra la clase trabajadora panameña y la respuesta popular”, es el título del foro realizado el miércoles 21 de julio de 2010, como parte del ciclo de estudios, Pueblo Pensamiento, impulsado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El evento contó con el apoyo de la Fundación Frederick Hebert y es coordinado por el Grupo de Pensamiento Crítico del FNRP, en un esfuerzo colectivo con la Comisión de Comunicación y fue realizado en el Auditorio del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh).
Parte II
El representante del partido político, en formación, Alternativa Popular (PAP), parte de la lucha integral del Pueblo Unido de Panamá, Samuel Prado Franco, y Arí Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), son los expositores que narraron la represión en Panamá, en respuesta del gobierno a la reacción popular contra la imposición de la Ley 30, de Comercialización Aérea.
Ley chorizo, represión y derechos humanos.
Arí Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por su parte, informó que ya ha sido pedida la derogación de la Ley, también llamada “Ley carcelazo, porque castiga con cárcel a quien proteste cerrando calles”.
La protesta popular ha sido reprimida, principalmente en las zonas indígenas, en donde inicialmente se da el conflicto, porque allí se encuentra la segunda reserva mundial de cobre, y ésta representa un objetivo para la empresarial transnacional, “no es casualidad que Martinelli viaje constantemente a Corea del Sur”, ironizó.
Denunció que ha habido numerosas y graves violaciones a los derechos humanos, las que pasaron, incluso, simultáneas mientras se realizaba la reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en El Salvador.
La primera reacción popular fue la de las mujeres ambientalistas y mujeres indígenas, “históricamente antagónicas”. Hubo advertencias de la Iglesia Católica “por la agresividad con la que se pretendía aprobar la ley”, que tenía que ver con la materia ambiental, precisó Rodríguez.
Hubo una respuesta popular espontanea, comenzaron a salir gentes, pero antes de ocurrir esta agresión “las marchas populares, por los 100 años de historia militar, eran vistas como rebeldes y sin discusión ideológica”.
Cuando comienza a suceder la reacción popular ya Martinelli , a quien calificó de “fascista, había sacada a varios, por orquestar un movimiento en contra. La gente salió de sus callejones, gente que antes abucheaba a los movimientos populares, ahora los apoyaba. Él advertía la unión popular, intereses y antagonismos”, puntualizó.
Rodríguez denunció numerosas violaciones a los derechos humanos. Niños han sido detenidos arbitrariamente, hasta por 14 días en una estación de Policía. Aseguró que se restringe la libertad de expresión. Narró el caso de un periodista de Tribuna Sur, que fue detenido por oficiales de migración y amenazado de que no podría regresar si abandonaba el área, decidió quedarse en el país.
Bocas de Toro es una región bananera históricamente sometida, “la compañía es el feudo de las familias que colocan los puestos de elección popular”. Ha habido golpeados y torturados por la reivindicación de la tierra que atraviesa un radio en donde se pretende hacer una represa hidroeléctrica, explicó.
El 2 de julio de 2010 se inicia una huelga, pero los medios entrevistan sólo a los ministros y no al pueblo. De tal modo que no se permitía la versión popular del conflicto, y eran ellos, desde el gobierno, los que decían porqué el pueblo peleaba. “El pueblo pide la derogación de toda la Ley”.
Rodríguez comparó que lo sucedido en Panamá tiene “muchas similitudes con la historia de ustedes [Honduras]”. Dirigente de partidos y de sindicatos han sido perseguidos. Los manifestantes han recibido “ataques masivos de perdigones que les han impactado en el rostro”, porque la policía dispara “de la cintura para arriba”.
Denunció que más de 30 personas han perdido sus ojos por la arremetida policial con perdigones. También han sido afectadas por los bombardeos con químicos y gases lacrimógenos. La población desconocía la que pasaba: “no nos dimos cuenta de las atrocidades, no nos llegaba información, sólo nos llegaban imágenes del Global Bank, propiedad del Martinelli”, dijo sarcástico.
El gobierno sólo ha reconocido dos muertos, y un par de heridos. Pero hay cuatro muertos, reportados por médicos y enfermeras. “El gobierno dijo que después de una tanda de palos, el infarto es normal, que eran resultados colaterales”, satirizó Rodríguez.
“Todo pasaba tan rápido, y había muchas complicaciones para asistir” a las manifestaciones en Bocas del Toro, “es de 50 dólares el pasaje ida y vuelta, por lo que los dirigentes recomendaron: no vengan y hagan sus luchas allá en las ciudad, para denunciar y romper el cerco mediático”, narró.
En tanto la represión ocurría, las televisoras pasaban novelas y otros programas.
“Indignados por las atrocidades, donde se convocaba una, iban todos, eran todos en la bolsa del cangrejo. La sangre derramada, la principal arteria de la ciudad totalmente paralizada. Mujeres, hombres, grupos que antes eran antagónicos se tomaban de la mano”, comentó.
Mientras se daba la final mundial de fútbol, hubo persecución y detenciones arbitrarias a dirigentes sociales. Algunos eran seguidos hasta sus viviendas, les rompían vidrios y les enviaban unidades policiales a sus casas. Entre esos casos mencionó, los de Priscila Méndez, Genaro López y Juan Ramón Herrera, dirigente magisterial.
Denunció que el gobierno de Ricardo Martinelli, “criminaliza” la protesta social. Ocurrieron atropellos en Rio Cobre; y hay habeas corpus que todavía no se resuelven. La Ley cuartelazo, que prohíbe estar en la calle, castiga con dos años de prisión a quienes hagan toma de vías públicas. “¡Ni en la dictadura de Manuel Antonio Noriega!”, criticó el líder social panameño.
La gente quería saber la verdad, y para eso hicieron cadenas de comunicación y los enviaban a personas que pudieran ayudar, principalmente en la Internet.
A partir de esa experiencia, han podido crear un espacio participativo de discusión sobre los derechos humanos, que había sido obviada durante muchos años. “Ahora hemos entendido, y por eso pedimos la derogación de esa ley, por ser contraria a los derechos humanos”, valoró.
Para Rodríguez, se vuelve explicable el porqué del aumento de policías, porqué a éstos el Gobierno les dio más armas, y porqué están “haciendo leyes para amedrentar un foco de resistencia. Se propone [la ley] para eso”. Apenas llegó Martinelli, echo del país, a una misión humanitaria de médicos cubanos, refirió.
El propio gobierno creó una comisión que investiga las violaciones a los derechos humanos: “El mismo, el violentador observándose y verificándose, para ver qué fue lo que hizo su violencia”, reflexionó Rodríguez.
Destacó como muy importante saber qué es lo que está sucediendo y llamó a la solidaridad entre los países, que deben “mantenerse alerta” ante lo que pasó en Honduras y en Panamá
El llamado a los pueblos latinoamericanos.
“No podemos esperar a que el monstruo se haga fuerte. No lo podamos detener a tiempo, de no haber una alianza contra el sistema, el poder económico y los medios de comunicación que nos impiden, por los medios normales, informar lo que pasa. No esperemos llegar a contar los muertos por miles, para llegar a hacer algo”.
Rodríguez presento varios vídeos en los que se reflejan la movilización popular y las personas relatan las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la represión en diferentes puntos en donde hubo manifestaciones populares y represión policial, en especial en Chaguinola, Bocas del Toro.
Niños, mujeres, hombres heridos con lluvias de perdigones, gritos, lamentos, denuncias y reclamos contra el presidente panameño, Ricardo Martinelli, revelan los vídeos. Otros, muestran a las cámaras los cartuchos de gas que han recogido.
¡¿Éste el cambio? ¿Éste el cambio?! ...Aquí está el cambio que quería Martinelli!, grita indignada una señora después de haber sido reprimida por la Policía.
La ley 30, fue aprobada el 10 de junio de 2010 y ha sido impugnada por dirigentes sociales y sindicales. El pueblo ha pedido la destitución de la ministra de Trabajo, Alma Lorena Cortés, y del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
“Poder popular en Panamá: agresión contra la clase trabajadora panameña y la respuesta popular”, es el título del foro realizado el miércoles 21 de julio de 2010, como parte del ciclo de estudios, Pueblo Pensamiento, impulsado por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
El evento contó con el apoyo de la Fundación Frederick Hebert y es coordinado por el Grupo de Pensamiento Crítico del FNRP, en un esfuerzo colectivo con la Comisión de Comunicación y fue realizado en el Auditorio del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh).
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