Organizaciones defensoras de los derechos humanos, de Estados Unidos, han expresado al Departamento de Estado, su profunda preocupación respecto de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas en Honduras, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
En una extensa carta enviada al Departamento de Estado y firmada por diferentes organizaciones, han solicitado a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, “condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas para asegurar que se ponga fin a estos abusos”.
Según la comunicación muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), o se oponían de otra forma al golpe de estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009, en contra de Manuel Zelaya Rosales.
En ese sentido la ultima amenaza la habría recibido la dirigente feminista Gladis Lanza, el pasado 17 de julio, a través de un correo electrónico, en donde se le amenaza con asesinarla.
En la misiva enviada a Clinton, aparece una larga lista de activistas sociales asesinados durante la administración de Lobo Sosa, encabezadas por en dirigente sindical Julio Fúnez Benítez, Claudia Maritza Brizuela, hija del dirigente sindical Pedro Brizuela, Francisco Castillo, Juan Manuel Flores Arguijo, Adalberto Figueroa, Gilberto Alexander Núñez Ochoa, Pedro Antonio Durón Gómez, y Vanessa Zepeda Alonzo.
La nota le recuerda a la secretaria Clinton que en Honduras, la violencia contra periodistas no tiene precedentes, y solo en el primer semestre de 2010 fueron asesinados ocho periodistas, por lo que se ha convertido en el país más peligroso del continente para el ejercicio de esta profesión.
Señala que “antes del golpe de estado del 28 de junio, el Comité de Protección de Periodistas registraba tres asesinatos de periodistas durante el período de seis años y medio que abarcó desde 2003 hasta mediados de 2009”.
En la carta se reclama que “el gobierno hondureño no ha podido crear un clima en el cual los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas puedan desempeñar libremente su importante labor, los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas de muerte y otros actos de intimidación”.
Denuncia además que, en los primeros seis meses de la administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar después del 28 de junio se está investigando seriamente.
La carta finaliza con una larga lista de exhortos al Departamento de Estado, para que denuncie de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar en Honduras y que aliente al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.
La carta es firmada por unas treinta organizaciones entre ellas, el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Iglesia Metodista Unida, el Center for International Policy, entre otros firmantes de la misiva.
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