sábado, 24 de julio de 2010
Nos oponemos a la vigencia de la impunidad en Chile
La impunidad es una institución jurídica que ha mantenido su vigencia, agentes de la dictadura militar que asesinaron y torturaron a sus propios compatriotas por pensar distinto hoy caminan por las calles sin temor alguno, o cumplen condenas mínimas en centros de reclusión privilegiados. Durante los gobiernos de la concertación, hubo escasos avances en materia de DD.HH, muy por debajo de las expectativas de nuestro pueblo pues sólo se dieron pequeños pasos que a su vez constituyeron pequeñas reivindicaciones para las víctimas y sus familias. Claramente, los Derechos Humanos no fueron la prioridad principal para los gobiernos anteriores, pero sí lo fueron para numerosas agrupaciones de DDHH, para muchas organizaciones políticas y sociales de izquierda y para aquellos abogados que a través del libre ejercicio de su profesión han defendido estas causas con gran ahínco y sentido de justicia.
El agravio causado por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, es irreparable no sólo para las víctimas y sus familiares, sino que también para nuestro pueblo que tuvo que pagar con sangre el autoritarismo de quienes detentaban el poder, pero no por eso vamos a dejar de luchar por encontrar la verdad y ejercer la efectiva justicia, la lucha contra la impunidad se tiene que dar hasta que se juzgue y condene al último asesino y torturador que quede en libertad.
Por esta razón, es que nos oponemos a todo tipo de intento de mantenimiento de la vigencia de la impunidad, ya sea limitando de alguna forma el libre ejercicio de la profesión de los abogados que defienden muchas de estas causas, como es el caso de los abogados del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior; o indultando a los pocos criminales agentes de la dictadura que están cumpliendo condenas y bastante reducidas, es decir, entregándoles el “perdón” jurídico que les permite dejar sus condenas sin efecto.
Para que el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior cumpla con su objeto original que, es investigar dichas causas para establecer la verdad sobre estos crímenes y lograr al respecto una efectiva justicia, es necesario que sus abogados actúen con la debida autonomía al realizar actuaciones ante los tribunales de justicia, las que no deben ser censuradas. Es fundamental que la defensa de los Derechos Humanos se realice de acuerdo a los verdaderos anhelos de justicia, acorde al derecho internacional, como son los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentran vigentes, la Constitución y la Ley, cualquier limitante dentro del ejercicio de la profesión de los abogados del programa se podría interpretar como un intento de mantener la impunidad.
Por otra parte, la Iglesia Católica como institución religiosa podrá decidir perdonar a los agentes de la dictadura, como lo hizo el Papa Juan Pablo II con Alí Agca, condenado por homicidio frustrado en su contra, lo que no constituyó la remisión de su condena, o que quedara en libertad, ya que el perdón sí está dentro de las atribuciones de la mencionada institución religiosa, pero no el indultar (o presionar para que esto ocurra) a los violadores de los Derechos Fundamentales en Chile.
El llamado “Indulto Bicentenario”, el nombramiento de sacerdotes informantes de los aparatos de seguridad de la dictadura, como es el caso del arzobispo de la comuna de San Bernardo Juan Ignacio González, a quien se le “premia” con la candidatura a Obispo de nuestra capital, así como el nombramiento de agentes de la dictadura en cargos del gobierno de Sebastián Piñera o la intervención de los personeros de su gobierno en la tramitación de las causas de Derechos Humanos; son una clara muestra de que la intención de la máxima autoridad nacional es producir un retroceso en la historia de Chile, por lo demás no parece muy congruente que un gobierno que está tan preocupado de “ponerle mano dura a la delincuencia”, indulte a los criminales de guerra y lesa humanidad que cumplen condenas, de ser así, eso se parecería a una red de protección de la impunidad.
Comunal Santiago Izquierda Cristiana de Chile
Sandra Beltrami
Secretaria Política Comunal Santiago Izquierda Cristiana de Chile.
El agravio causado por los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, es irreparable no sólo para las víctimas y sus familiares, sino que también para nuestro pueblo que tuvo que pagar con sangre el autoritarismo de quienes detentaban el poder, pero no por eso vamos a dejar de luchar por encontrar la verdad y ejercer la efectiva justicia, la lucha contra la impunidad se tiene que dar hasta que se juzgue y condene al último asesino y torturador que quede en libertad.
Por esta razón, es que nos oponemos a todo tipo de intento de mantenimiento de la vigencia de la impunidad, ya sea limitando de alguna forma el libre ejercicio de la profesión de los abogados que defienden muchas de estas causas, como es el caso de los abogados del Programa de DD.HH del Ministerio del Interior; o indultando a los pocos criminales agentes de la dictadura que están cumpliendo condenas y bastante reducidas, es decir, entregándoles el “perdón” jurídico que les permite dejar sus condenas sin efecto.
Para que el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior cumpla con su objeto original que, es investigar dichas causas para establecer la verdad sobre estos crímenes y lograr al respecto una efectiva justicia, es necesario que sus abogados actúen con la debida autonomía al realizar actuaciones ante los tribunales de justicia, las que no deben ser censuradas. Es fundamental que la defensa de los Derechos Humanos se realice de acuerdo a los verdaderos anhelos de justicia, acorde al derecho internacional, como son los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentran vigentes, la Constitución y la Ley, cualquier limitante dentro del ejercicio de la profesión de los abogados del programa se podría interpretar como un intento de mantener la impunidad.
Por otra parte, la Iglesia Católica como institución religiosa podrá decidir perdonar a los agentes de la dictadura, como lo hizo el Papa Juan Pablo II con Alí Agca, condenado por homicidio frustrado en su contra, lo que no constituyó la remisión de su condena, o que quedara en libertad, ya que el perdón sí está dentro de las atribuciones de la mencionada institución religiosa, pero no el indultar (o presionar para que esto ocurra) a los violadores de los Derechos Fundamentales en Chile.
El llamado “Indulto Bicentenario”, el nombramiento de sacerdotes informantes de los aparatos de seguridad de la dictadura, como es el caso del arzobispo de la comuna de San Bernardo Juan Ignacio González, a quien se le “premia” con la candidatura a Obispo de nuestra capital, así como el nombramiento de agentes de la dictadura en cargos del gobierno de Sebastián Piñera o la intervención de los personeros de su gobierno en la tramitación de las causas de Derechos Humanos; son una clara muestra de que la intención de la máxima autoridad nacional es producir un retroceso en la historia de Chile, por lo demás no parece muy congruente que un gobierno que está tan preocupado de “ponerle mano dura a la delincuencia”, indulte a los criminales de guerra y lesa humanidad que cumplen condenas, de ser así, eso se parecería a una red de protección de la impunidad.
Comunal Santiago Izquierda Cristiana de Chile
Sandra Beltrami
Secretaria Política Comunal Santiago Izquierda Cristiana de Chile.
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