Misión Internacional conjunta de la sociedad civil a HONDURAS

Entre el 2 y el 5 de agosto se realizó en Tegucigalpa Honduras, la Misión Tripartita representada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – América Latina y Caribe (AMARC ALC); la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) y la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de ONG , cuyo objetivo fue conocer de primera mano la situación de los medios de comunicación, radios comunitarias y organizaciones sociales, frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto, así como evaluar el estado de la libertad de expresión a un mes de haberse realizado el golpe de Estado en Honduras .

La misión coincidió con la visita al país del Relator Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, Sr Frank La Rue, se desarrolló con el apoyo de organizaciones locales ( IHDER Instituto Hondureño de Desarrollo Rural, Radio Marcala, entre otras).
Se realizaron reuniones con periodistas, comunicadores de radio y prensa escrita; con organizaciones de Derechos Humanos, organismo de la sociedad civil, ONG internacionales y agrupaciones de profesores.
Al concluir la misión presentamos las siguientes observaciones:
Existe una gran concentración de medios en el país centroamericano y este factor es determinante en el cerco informativo que el gobierno ha tendido sobre las acciones represivas que tiene lugar en Honduras. La colusión entre la gran prensa, representantes de grandes empresarios y las autoridades de facto ha operado como elemento clave en la censura informativa.
El cerco informativo se expresó desde el primer día del Golpe de Estado, cuando las estaciones de televisión favorables a las autoridades de facto transmitieron dibujos animados , mientras se efectuaba el cierre y allanamiento a Radio Progreso, Radio Globo, la estación televisiva canal 33, entre otras. El corte de energía eléctrica en extensas zonas del territorio,que impidió e impide la transmisión regular a radios comunitarias y locales no partidarias del régimen, estos comunicadores y
comunicadoras se vieron obligados a proteger los equipos para evitar su incautación o destrucción, recibieron amenazas y hostilizaciones. Aún cuando las emisoras han retomado sus emisiones, lo hacen en un clima general de amedrentamiento e intimidación. En el caso de Radio Progreso debió reducir su horario de transmisión.
Especialmente preocupante resulta la situación que vive el quincenario El Libertador, cuyo director recibe permanentes amenazas de muerte vía telefónica. El periódico ha hecho punzantes denuncias sobre la línea de continuidad que existe entre los dueños de los medios de comunicación, los grandes empresarios y los antiguos represores y violadores de los derechos humanos en la década de los 80, quienes hoy ocupan cargos en los sistemas de seguridad del régimen. Es el caso de Billy Joya Améndola, antiguo oficial del ejército hondureño acusado y condenado por
violaciones a derechos humanos, hoy nombrado ministro asesor del Gobierno de Micheletti.
Durante el desarrollo de la misión Radio Globo, emisora que ha dado voz a los sectores ciudadanos opositores al Golpe, fue amenazada de cierre y se le envió un requerimiento por parte de CONATEL ( órgano regulador) , solicitado por las Fuerzas Armadas bajo el argumento de subvertir el orden e incitar a la sedición. El caso concreto citado fue el de Andrés Pavón de la Confederación de derechos Humanos de Honduras CODEH , quien hizo un llamado a la ciudadanía, a través de la emisora, a no respetar el toque de queda. Radio Globo es una estación privada de alcance nacional, su gerente y propietario Alejandro Villatoro ha denunciado los hechos y ha solicitado al Relator de la Onu que haga las denuncias respectivas a la comunidad internacional.
En un escenario de fuerte concentración de la propiedad de los medios como el que vive Honduras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil arriendan espacios radiales para expresar sus opiniones y propuestas. Muchos de estos programas han sido cancelados por los propietarios de los medios, aduciendo que existen nuevas posibilidades de financiamiento a partir de la implantación del gobierno de facto.
Entre las organizaciones afectadas por estas medidas se encuentran COFADEH Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. A su vez, agrupaciones feministas y de mujeres también denunciaron que les fueron caducados los contratos de arriendo de espacios en emisoras comerciales de alcance nacional.
La misión se entrevistó con el periodista, Gustavo López, integrante del Comité por la Libre Expresión de Honduras, quien señaló que los dueños de los grandes medios son también dueños de otras empresas como cadenas farmacéuticas, concesionarios de las transnacionales y de las maquilas que operan en Honduras. Y afirmó que /"muchos de los que forman parte del Gobierno golpista tenían un pleito directo por intereses económicos con el Gobierno de Zelaya"/. Al respecto, López indicó que si las medidas de Zelaya no favorecían a algún empresario, éste utilizaba sus medios para criticarlo. Los medios en Honduras /"sólo son ventanas de los empresarios para hostigar, atacar o ablandar a personas que quieren que sean afines o que quieren destruir"./
Tal como establece el relator especial de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas Frank La Rue, en su informe,/ “camarógrafos y fotógrafos que desean documentar los hechos han sido un blanco específico de agresión policial, sufriendo golpes, la confiscación y/o destrucción de sus cámaras o del material filmado” /y concluye que /“documentar la situación política y en particular las violaciones de Derechos Humanos constituye la dificultad más seria en Honduras”/
Esta misión denuncia que una vez concluido su viaje a Honduras, personeros de las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a la representación, fueron amenazados y se encuentran vigilados por los sistemas de seguridad del régimen.
Estos hechos constituyen una grave lesión a la libertad de expresión, a lo que se suma la perversa práctica de la auto censura con que operan muchos medios de comunicación partidarios del gobierno de facto, silenciando e ignorando los hechos para no entrar en contradicción con dichas autoridades.
En un contexto de ausencia de marcos regulatorios favorables para el desarrollo de las radios comunitarias, estas emisoras se encuentran en una situación de desprotección y vulnerabilidad.
En consecuencia los hondureños y hondureñas están siendo violentados en su derecho a la comunicación y a la libertad de expresión por parte de las autoridades, situación que se ve agravada por la complicidad de los grandes medios de comunicación que actúan coludidos con los intereses del gobierno ilegitimo. Esta conclusión reafirma lo establecido por el Relator La Rue quien sostiene en su informe :/“en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día, ni para
criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado”/
Como representación de asociaciones de la sociedad civil latinoamericana, llamamos a la ciudadanía, a los gobiernos de la región y a los organismos multilaterales a defender la democracia y el estado de derecho en Honduras , a actuar en forma decidida en defensa de los derechos de la población , para preservar la libertad de expresar opiniones por parte de los comunicadores, periodistas, organizaciones
sociales y ciudadanía en general , de modo de garantizar un proceso electoral con legitimidad democrática, lo que implica el restablecimiento de la institucionalidad
en el país.

María Pía Matta Cerna
Presidenta AMARC ALC

Misión Tripartita a Honduras: Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP); MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Latinoamericanas de ONG y Asociación Mundial de Radio Comunitarias AMARC ALC

Santiago de Chile , agosto 2009.