sábado, 31 de julio de 2010

Poner fin a juicios contra Zelaya, por tener motivación política, recomienda Comisión de la OEA

Vos el Soberano


Vos el Soberano

La Comisión de Alto Nivel  de la Organización de los Estados Americanos (CAN -OEA), constituida para Honduras, “estima conveniente poner  fin a los juicios iniciados durante el régimen de facto contra el ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”,  de acuerdo a las leyes hondureñas,

Las acusaciones contra el presidente defenestrado, Manuel Zelaya,  son “percibidas” por la Comisión,  como “políticamente motivadas”, según el informe  presentado por el Secretario General, José Miguel Insulza, hoy, 30 de julio como se habia previsto.

En vista de que, los dos procesos  pendientes en contra de Zelaya, si bien corresponden a “hechos ocurridos con mucha anterioridad” al Golpe de Estado, “sólo fueron formalizados, hasta  después” de que éste ocurriera.

Los  procesos y  la acción de la Fiscalía “recién fueron formalizados”,  después de derrocado Zelaya como mandatario del país, “al mismo tiempo” que se le acusaba de traición a la patria, abuso de autoridad y otras, “en medio del clima político negativo que produjo el  golpe de Estado”, explica la Comisión.

“Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una situación de ruptura constitucional”, la que no se puede ignorar. Por ello, esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas”, declara la Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras.

La CAN-OEA, recomienda que “se ponga en práctica”,  al reingresar  Zelaya a su país,  la disposición manifiesta por el titular del régimen,  Porfirio Lobo, para proteger el derecho de retorno de Zelaya.

La Comisión sugiere que Zelaya, debería solicitar a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen)  su incorporación a ese organismo, lo que le reconocería  su carácter de presidente constitucional de Honduras,  anterior a Porfirio Lobo.

La CAN-OEA,  reconoce las medidas positivas informadas por la Ministra Asesora en  Derechos Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos; así como también, la presencia de un asesor externo para investigar los crímenes contra   periodistas y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, la Comisión, exhorta a Lobo, a cumplir acciones concretas ya antes recomendadas por  la CIDH,  tal como el esclarecimiento  de los asesinatos de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos.

Además,  el régimen debe poner  fin a las amenazas y hostigamientos contra  defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), y jueces que se oponen al  golpe de Estado.

Para ello, es necesario evitar cualquier impedimento u hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad.

Se pide al régimen que dote a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, de los recursos humanos y materiales necesarios para efectiva la garantía de los derechos humanos del pueblo hondureño, y el cumplimiento de las medidas cautelares  de la CIDH, para proteger la vida y la  integridad de numerosas personas en riesgo.

Cesar la impunidad por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. 

La Comisión  valoró bien que el régimen de Lobo haya creado una Unidad de Investigaciones de Violaciones  a Derechos Humanos en la Fiscalía Especial pertinente; y otros órganos estatales de derechos humanos.   Así como  las “solicitudes de colaboración formuladas a los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos” para investigar violaciones a los derechos humanos.

Del mismo modo que,  la deposición de Lobo para  convocar a un diálogo nacional entre  todos los  sectores políticos, para discutir  temas que sean del interés de todas las partes, a fin de llegar a una reconciliación en Honduras.

La Comisión considera que toda la sociedad hondureña debe colaborar con la Comisión oficialista de la Verdad y de Reconciliación,  para determinar lo ocurrido el 28 de junio de 2009.

Con ese propósito, debe  evitar cualquier impedimento u hostilidad, en “especial  hacia los opositores al Gobierno actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada por la autoridad”, indica.

El informe deberá ser considerado por la Asamblea General  para decidir sobre Honduras,  de  conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, según establece el Informe de la CAN-OEA.

El Secretario General, José Miguel Insulza, en cumplimiento del mandato de los Cancilleres reunidos en Lima, en junio pasado, presentó  a la Asamblea General,  el informe referido a la situación de Honduras, a través de la presidenta del Consejo Permanente,  María Isabel Salvador.

El retorno de Manuel Zelaya Rosales


Por  Juan Antonio Martínez

“Sonó la hora de volver a la Patria, el Señor  allanó mi camino…

¡Vivir sin Patria es vivir sin honor!”:     

Juan Pablo Duarte,  prócer dominicano (1844)


Todo apunta a que el ex presidente Zelaya pronto regresará a su querida patria. Así lo evidencian las circunstancias políticas del momento cuando todos los sectores influyentes de la sociedad hondureña, incluyendo al propio gobierno, reconocen que su presencia en el país es determinante para que Honduras recobre la tranquilidad y se encause por el camino de la reconciliación.

Pero el indicio más contundente es la resolución del juez José Humberto Palacios,  librando de responsabilidad penal a Zelaya, por las acusaciones de abuso de autoridad, en obediencia al decreto de amnistía emitida por el Congreso.  Palacios explicó que existe la posibilidad que también se analice las otras acusaciones por delitos comunes conexos, que también pueden ampararse en la amnistía.

Lo anterior parece ser el resultado de intensas negociaciones entre representantes, tanto del gobierno hondureño, como por parte del ex presidente Zelaya, quienes, desde hace algunas semanas, se han reunido en Washington con la comisión de la OEA y altos funcionarios del gobierno norteamericano, para buscar una solución al reingreso de Honduras a dicho foro regional.

Por otra parte, al interior del fraccionado Partido Liberal se ha desatado una intensa actividad para tratar de revivir los despojos de lo que fuera la mayor fuerza política del país y ponerlo en condiciones para enfrentar futuras contiendas electorales. En este sentido tres fracciones de este instituto político, que no se mancharon las manos con el golpe de Estado, se han reunido en Tegucigalpa, el lago de Yojoa y San Pedro Sula, para analizar la situación de su partido, reconocer el liderazgo de Zelaya y buscar la forma de recuperar los sellos de la institución rojiblanca, anticipando las elecciones internas o convocando a una convención extraordinaria.

Lo insólito del caso es que el mismo Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal se manifiesta a favor de contactar a Zelaya para iniciar pláticas en busca de la unidad partidista, reconociendo de esta manera su liderazgo indiscutible dentro de la institución que fundara Policarpo Bonilla. Aunque el ex presidente ha advertido que eso sólo será posible, si tal organismo  proclama su condena al golpe de Estado, expulsa a Micheletti del Partido y pide perdón a los familiares de las víctimas del 28/6/09.

Igualmente, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) quien reconoce en Manuel Zelaya a su máximo exponente, desea vehemente que éste venga para  consolidar su estructura y poner en marcha el ansiado proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. Proyecto que inspiró Zelaya desde la presidencia de la república y que constituyó una de las causas de su defenestración.

Lo anterior induce a pensar que la mayoría de la sociedad hondureña apuesta por el pronto retorno del ex presidente Zelaya, quien incuestionablemente, es la persona de mayor liderazgo a nivel nacional, capaz de aglutinar a los diversos sectores de opinión pública no satisfechos con el actual orden de cosas y renuentes a aceptar la impunidad para los delincuentes que osaron irrumpir el orden constitucional e instalar la más oprobiosa dictadura que recuerda la historia del país.

Sabemos que existe todavía en el país, un sector minoritario, pero agresivo, que la sola  idea del retorno de Zelaya les causa urticaria y no conciben que tal cosa suceda porque el aparato golpista que aún permanece intacto, no lo permitirá. Igual piensa otro segmento inconsciente de la población, obnubilado por la propaganda mediática de las cadenas informativas al servicio de la oligarquía.

Pero todo indica que el regreso del ex presidente Manuel Zelaya es inminente y, es entonces, que se producirá una explosión de júbilo en toda la nación hondureña cuando acudan desde apartados rincones del territorio nacional a testimoniarle su cariño y reconocimiento como el más grande y carismático líder después de Villeda Morales.

San Pedro Sula, 18 de julio del 2010
 

Conclusiones y recomendaciones del Informe sobre Honduras de la Comisión de la OEA


De  acuerdo con lo anterior, la Comisión propone los siguientes puntos como
base para que la Asamblea General pueda adoptar los acuerdos que  considere
pertinentes sobre la situación de Honduras:

1.- La Comisión estima conveniente poner  fin  a los juicios iniciados durante
el régimen de facto en contra del ex  Presidente Zelaya y sus colaboradores,
conforme a la legislación de  Honduras. Para adoptar esta recomendación, la

Comisión ha  considerado  que, si bien los dos procesos que quedan pendientes en

contra del ex  Presidente Zelaya corresponden a hechos ocurridos con mucha
anterioridad  al golpe de Estado, estos  procesos y  la acción de la Fiscalía
recién fueron formalizados después de que el ex Presidente Zelaya fuera
derrocado  de sus funciones como mandatario del país, al mismo tiempo que se
presentaban en su contra acusaciones tales como la traición a la patria,  abuso
de autoridad y otras, en medio del clima político negativo que  siguió al golpe
de estado.  Es evidente que en el momento de iniciarse los juicios se vivía una
situación de ruptura constitucional  la cual no es posible ignorar. Por ello,
esas acusaciones son percibidas como políticamente motivadas.


2.-  La Comisión resalta la disposición del Presidente Porfirio Lobo para
otorgar al ex Presidente Zelaya la protección a que tienen derecho los  ex
Presidentes de la República en territorio hondureño y recomienda que  la misma
se ponga en práctica una vez que el ex Presidente Zelaya  retorne a su país.


3.-  Se recomienda que el ex Presidente Zelaya solicite a la Junta Directiva
del PARLACEN su incorporación a dicho organismo. La Comisión considera  que
dicha incorporación reconocería al ex Presidente Zelaya  su carácter como
Presidente Constitucional de la República de Honduras previo al Presidente
Porfirio Lobo.

4.- La Comisión considera que  la colaboración prestada por el Gobierno de
Honduras durante la  visita  de la CIDH el pasado mes de mayo, las
comunicaciones enviadas por el  Presidente Lobo al Secretario General sobre esta
materia, las medidas  posteriores informadas por la Ministra Asesora en
Derechos  Humanos y la Fiscal Especial de Derechos Humanos y la presencia de un
asesor externo para la investigación de los crímenes contra periodistas y
defensores de derechos humanos entre otros, constituyen medidas  positivas. Al
mismo tiempo, la Comisión reconoce la necesidad de  acciones concretas de
cumplimiento de recomendaciones de la CIDH, en  especial las siguientes:

a) El avance decidido en las investigaciones  para esclarecer el asesinato de
varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos
humanos.

b) La adopción de medidas para poner  fin a las amenazas y hostigamientos
contra  defensores  de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales,
maestros y  miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces que
participaron en actividades contra el golpe de Estado y la  implementación
efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas  cautelares dictadas para
proteger la vida e  integridad de numerosas personas que se encuentran en
situación de  riesgo. La Comisión recibió la comunicación de la Ministra Asesora
en  Derechos Humanos informando que en la Secretaría de Seguridad se ha  creado
la Unidad de Derechos Humanos para apoyar el trabajo de la  Fiscalía Especial de
Derechos Humanos.

c)  Dotar a la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras  del
personal idóneo y recursos suficientes para que pueda responder de  manera
eficiente a la defensa de los derechos humanos de los hondureños y  a las
medidas cautelares de la CIDH. La Comisión ha conocido la carta  enviada por la
Ministra Asesora en Derechos Humanos  en la cual informa sobre la decisión
tomada por su Gobierno  para la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.

d)  El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos,
incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado  para
los Derechos Humanos de la ONU. La Comisión conoció de la creación  de la Unidad
de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos en  la Fiscalía Especial
de Derechos Humanos para apoyar las investigaciones  en esta materia.

e) El apoyo efectivo al trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y
de  la  Oficina de la Ministra Asesora en Derechos Humanos. La Comisión valora
el trabajo que ambas instituciones realizan, pese a la precariedad de  recursos
financieros y humanos. Considera que ese trabajo puede  tener un impacto
significativo sobre la vigencia de los derechos humanos,  si se les asignan los
recursos necesarios para realizar un trabajo efectivo de vigilancia, protección
y transformación del Estado hacia una cultura de promoción y protección de  los
derechos humanos.  La  Comisión conoció con satisfacción las propuestas del
Gobierno hondureño  para asignar recursos a estas instancias y apoyó su pronta
implementación. Asimismo, conoció las solicitudes de colaboración  formuladas a
los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la  investigación de violaciones
a los derechos humanos.


5.- La Comisión considera que la  labor  de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación debe contar con el  pleno apoyo y colaboración de todos los
sectores de la sociedad  hondureña para determinar lo ocurrido el 28 de junio de
2009. La  Comisión toma nota con satisfacción de la disposición de la Comisión
de  la Verdad  y la Reconciliación para examinar los temas de violaciones a los
derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.


6.-  La Comisión toma nota de la disposición favorable del Presidente Lobo para
convocar a un diálogo nacional entre  todos los  sectores  políticos, en el cual
se discutan los temas de interés de todas las  partes, con el objetivo de lograr
la reconciliación de la sociedad  hondureña. Para ello, es necesario evitar
cualquier impedimento u  hostilidad hacia ellos, especialmente hacia los
opositores al Gobierno  actual, cuya seguridad y protección debe ser garantizada
por la  autoridad.

7.- La  Comisión presenta este informe  a  la consideración de la Asamblea
General para que ésta, de conformidad  con la Carta de la OEA y la Carta
Democrática Interamericana, adopte las  decisiones que considere apropiadas con
relación a la situación de  Honduras

Honduras es un paraíso Fiscal y laboral para las transnacionales

Por Dina Meza

Defensores en línea.com


Los importadores y exportadores son los beneficiados con las medidas adoptadas por la dictadura que profundizan el neoliberalismo y han convertido al país en un paraíso fiscal y laboral, denunció el Frente Nacional de Resistencia Popular , FNRP, en una conferencia de prensa este día en la capital.

Entre las medidas que profundizan la pobreza están con una política de nuevos impuestos que penaliza a los más pobres;  pretensión de legalizar a través de un decreto legislativo el trabajo temporal, por horas, derogación del Código de Trabajo y Estatuto del Docente Hondureño; congelación de salarios a los trabajadores y trabajadoras impidiendo un aumento al salario mínimo.

Se suma a lo anterior los anuncios de devaluar la moneda hondureña que vendrá a disminuir los ingresos de la clase trabajadora en contraposición con un aumento acelerado de la canasta básica, cuyos productos suben sin que el gobierno de facto ponga un alto a la arbitrariedad de los empresarios, que son los mismos que llevaron a cabo el golpe de Estado.

“El presidente de facto sabe que el salario mínimo está en relación directa a l precio que los empresarios venden la canasta básica que sobrepasa los seis mil 500 lempiras mensuales. La dictadura tolera que los empresarios sí tengan libertad para imponer el precio a los artículos de primera necesidad, pero no tiene el valor de fijar el salario mínimo”, señaló el FNRP.

Los problemas antes enunciados evidencian la necesidad y urgencia de una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva constitución que proteja los derechos de los trabajadores y trabajadoras y al pueblo en general, y desmonte la institucionalidad golpista enquistada en los tres poderes del Estado, hoy usurpados por la oligarquía para proteger sus intereses, destaca el comunicado de prensa, difundido por  el Comité Ejecutivo del FNRP, ante periodistas de medios de comunicación.

Esta organización llamó al pueblo hondureño a firmar la Declaración Soberana para una auto convocatoria a la Constituyente, herramienta que el pueblo eligió para establecer su voluntad inquebrantable de refundar la sociedad  y el Estado y exigir el regreso seguro del presidente Manuel Zelaya Rosales, así como de todos los exiliados y exiliadas, agregan.

En la misma conferencia de prensa, el FNRP convocó a una movilización nacional para el 18 de agosto con el objetivo de condenar la política salarial del gobierno de facto , exigiendo al aumento al salario mínimo, la no devaluación de la moneda ni la imposición del trabajo temporal y el respeto de los derechos humanos, además de acelerar el desmantelamiento de la estructura golpista.

En la conferencia de prensa participó el Comité Ejecutivo conformado por: Miguel Navarro, de Olancho; Carlos H. Reyes y Juana Barahona, de Tegucigalpa; Edgardo Casaña y Jaime Rodríguez, por el magisterio; Lily Aguilar, de Lempira; Victor Petit de Comayagua y Porfirio Amador de Choluteca. Como invitados estaban Rasel Tomé y Eulogio Chávez, de la Comisión de Declaración Soberana.

A un año del asesinato de Roger Abraham Vallejo

"La resistencia hondureña es una novedad en la historia del país"

Tortilla con Sal

Estamos con el Padre Francois Houtart, muy reconocido internacionalmente por sus análisis de la crisis actual en el mundo y muchos temas relevantes.

Padre, en parte su visita es para pasar algún tiempo aquí en Nicaragua para después, el 20 de julio, viajar a Honduras para participar en la Comisión de la Verdad establecida por la Resistencia en Honduras. Desde su punto de vista, ¿cómo ve la perspectiva de la Resistencia en Honduras en este momento?

Francois Houtart: Lo que pasó en Honduras ha tenido como resultado la constitución de una Resistencia que reagrupó muchos movimientos sociales - movimientos de campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, etc.

Por primera vez se organizó, de manera orgánica, una red de movimientos sociales que tratan de actuar juntos en algunos puntos de acuerdo, y en particular, evidentemente, en el campo político. Eso es nuevo en la historia de Honduras.

Honduras es uno de los países de América Latina que nunca ha tenido una reforma agraria seria. Todavía queda la hegemonía económica y política de los grandes grupos económicos locales, que son algunas familias. Y estamos frente a una situación de tensión social extremadamente fuerte y de desigualdad económica grande.

El golpe evidentemente ha sido en función de algunas nuevas orientaciones que se tomaban en el campo político con el Presidente Zelaya - la adhesión al ALBA etc. Y fue precisamente un golpe organizado por las potencias económicas locales - la oligarquía local - apoyada por algunos sectores de los Estados Unidos, justamente para parar ese proceso.

Pero los movimientos sociales, evidentemente, no lo ven de esa manera y, felizmente, aprovecharon esta situación para organizarse de una manera para poder resistir este golpe de Estado que no solamente era político sino económico social.

El reconocimiento del gobierno de Lobo complica la situación de la Resistencia

Ahora la situación está difícil. El poder político y económico evidentemente está en manos de la derecha. Y el problema es que el apoyo internacional que está buscando ahora el régimen actual se apoya sobre el apoyo norteamericano, de los Estados Unidos, pero se ve que también en Europa hubo paulatinamente toda una transformación de actitud hacia un reconocimiento por lo menos de facto del gobierno actual basado sobre una farsa electoral.

Porque hubieron elecciones pero con casi el 60% de abstención y fue así que el pueblo expresó su desconfianza total frente al campo político. Así que el gobierno y el parlamento actual son la expresión de una pequeña minoría de la sociedad de Honduras.

Pero las elecciones han permitido al exterior tener la base legal para empezar con un reconocimiento – porque dicen “hubieron elecciones.” Y por eso, muchos países europeos empezaron a aflojar su resistencia frente al golpe y empezaron de hecho a retomar la cooperación, etc.

Eso, también, crea problemas un poco serios para la Resistencia porque es un apoyo internacional al régimen actual que trata de darle una legitimidad. Menos mal que la mayoría de las veces los países latinoamericanos no aceptan eso y todavía no reconocen a Honduras dentro del OEA, por ejemplo.

En el Cumbre con Europa, la condición fue que Honduras no fuera invitado porque la mayoría de los países latinoamericanos no reconocen la legitimidad política del golpe.

La Comisión de la Verdad es para construir la historia de lo que realmente ha pasado.

TcS: Entonces, ¿qué tan importante, desde su punto de vista, es el establecimiento de la Comisión de Verdad? Y ¿qué papel piensa Usted que va a poder jugar? ¿Cree que podrá, por ejemplo, defender los derechos básicos de la gente que han sido violados constantemente desde el golpe?

FH: Todo va a depender de la manera en cómo la Comisión va a poder trabajar. Porque, evidentemente, el gobierno no está muy a favor [de que la Comisión trabaje]. Va a hacer todo lo posible para impedir un trabajo normal.

Pero, el primer paso, es tratar de construir la historia - ¿qué ha pasado exactamente? - para tratar de dar una información más adecuada sobre lo que pasó con el golpe mismo.

La segunda cosa va a ser actuar sobre la violación de derechos, particularmente individuales, de periodistas, de dirigentes de movimientos sociales - que fueron arrestado o hasta asesinados - y tratar de ver todos estos casos de la manera más objetiva posible para tratar de ver si eso está vinculado con el golpe y de qué manera.

Y la tercera cosa es estudiar el problema de los derechos fundamentales del acceso al desarrollo, del acceso a la tierra, del acceso a la educación, etc., del conjunto de la población de Honduras, justamente porque no se trata solamente de derechos individuales sino de derechos sociales, y de desigualdades sociales que son inscritas en toda la organización colectiva de la sociedad de Honduras. Eso va a ser, me parece el trabajo de la Comisión.

La extensión de la presencia militar en América Latina

TcS: Hay mucha controversia sobre las bases norteamericanos en Colombia pero quizás un poco menos sobre las bases que se han establecido, o que se van a establecer de hecho, en Costa Rica con un acuerdo que acaba de ser comunicado al público. A la vez, hay algo que está pasando de manera casi oculta en Honduras que es la amplificación, la extensión de la presencia militar norteamericano en Honduras. Es como que estuvieran haciendo un cerco alrededor de Nicaragua. ¿Usted tiene una opinión sobre esto en el contexto centroamericano?

FH: Hay varias cosas que podría decir sobre esto. Primero, pienso que las reacciones fueron más fuertes alrededor de las bases en Colombia porque la oposición al régimen colombiano de Uribe era más fuerte y más clara que la oposición al gobierno en Costa Rica. Así también la vinculación internacional de la oposición en Colombia era mucho más grande.

Y por otra parte, era tan claro el asunto en Colombia que, después que se cerró la base de Manta en Ecuador, los Estados Unidos concentraron todas sus bases en Colombia. Y además Colombia es vecino de Venezuela. Todo eso hizo que la opinión mundial fue más alertada sobre ese problema que sobre lo que está pasando en Costa Rica.

El raro discurso del Embajador estadounidense en Tegucigalpa

Por otra parte, lo de Honduras es muy importante también. El año pasado, tres semanas después del golpe estuve en Honduras y fui recibido por el Embajador norteamericano en Honduras. Y muy curiosamente el Embajador, que se llama Hugo Llorens, es cubano de origen, empezó para decirnos que era muy contento de vernos y de ver que llevamos dos o tres de la comisión de derechos humanos “porque este golpe, no lo podemos aceptar.”

Dijo “yo recibí a la señora del Presidente Zelaya, se refugió en mi embajada durante una semana. Hace pocos días también recibí a un periodista de izquierda que se refugió en mi embajada. No podemos aceptar este golpe de estado.”

Entonces, conociendo la historia del personaje - que era adjunto de Negroponte - dijimos “qué raro el discurso.” Él nos dijo, “yo soy diplomático, y por eso tengo que defender el punto de vista de mi país.”

Lo que significa que si es Reagan va a ser de extrema derecha y si es Obama va a ser un poco diferente.

Pero después entendí que había diferencias de opinión en los Estados Unidos entre el Departamento de Estado, el Pentágano y la CIA. Porque el Pentágano y la CIA apoyaban el golpe y la perspectiva del Departamento de Estado era que había sido tonto hacer un golpe cuando, esperando algunos meses para las elecciones de noviembre, el problema se hubiera podido arreglar de manera legal. No estaban en contra del cambio, sino en contra de la manera en que se hizo.

En ese momento no habíamos tocado el tema de la base norteamericana [Palmerola] cuando él nos dijo “¡Aquí tenemos la base norteamericana más grande de toda América Central! ¡Tenemos centenares de soldados listos para intervenir en casos de terremotos, o de ciclones!”

Evidentemente este discurso fue poco creíble. Pero yo pienso que todo esto está dentro de la perspectiva del control del continente. Y también muy ligado con el problema del control de los recursos naturales.

Ha habido un drástico aumento en los gastos militares norteamericanos. En los dos últimos dos años ha habido un aumento de US$100,000 millones. Y esto es muy vinculado con la necesidad de controlar el agotamiento de los recursos naturales y especialmente los recursos energéticos. También, definitivamente, hay un aspecto de controlar los regimenes políticos que traten de emanciparse.

Y eso entra en esta perspectiva. Se hace alianza con los países que son de derecha, prácticamente, y así dividen a América Latina en dos.

Pocas perspectivas de cambio en Europa

TcS: ¿Cómo ve la crisis en Europa? ¿Cree que existen perspectivas de construcción de algún tipo de alternativa fuera del marco establecido del sistema actual?

FH: Creo que debemos ser muy conscientes de que Europa se está construyendo sobre la base de un mercado común. Esta ideología del mercado común ha estado orientando, realmente, todo el desarrollo de la Unión Europea.

Esto se expresa en el tratado constitucional de Lisboa, que es prácticamente la constitución europea. Este tratado fue aprobado, generalmente, por los parlamentos. Solo tres países hicieron un referéndum.

Y en los tres países donde hubo una consulta popular, ¡fue rechazada! Por eso trataron de evitar toda consulta popular en el resto de Europa.

En Europa lo que esta constitución hace es afirmar la orientación de comunidad de mercado, es decir el capitalismo, como base de la construcción europea. Eso es constitucionalmente.

Por otra parte, el tratado, afirma también la importancia de la OTAN como base para la defensa que significa la sumisión de Europa a los Estados Unidos. Esto también está en la propia constitución lo que significa que todavía estamos en una ola neo-liberal que, a pesar de la crisis y de todas las críticas, continúa. Miramos la privatización de los servicios públicos, de los ferrocarriles, de los correos, etc. - de todos los servicios públicos – esto sigue, sigue, sigue.

Por eso, por el momento no podemos esperar mucho de Europa. Todavía la hegemonía del capital es tal que la gente no reacciona. Sí reacciona de manera puntual, hay muchas reacciones en diferentes países pero en puntual. No hay una reacción revolucionaria, no hay una lucha de clases, son reacciones puntuales.

Se desconstruye poco a poco lo que fue la Europa social – el seguro social, las pensiones, los salarios que de hecho se están disminuyendo, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional disminuye.

Así que estamos en una situación, para mí, muy bloqueada y no sé hasta cuándo va a durar. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar este desmantelamiento de todas esas conquistas sociales del pasado? Yo pienso que [no hay una reacción revolucionaria porque la gente tiene miedo, tienen miedo de perder lo que todavía tienen. Esto provoca una reacción de conservatismo y no de lucha social.

Porque no se habla en bien del gobierno nicaragüense en Europa

TcS: Usted ha estado aquí desde hace cinco días, ha podido ver algo. Muchas de las cosas que están implementando aquí son cosas que importantes sectores de la izquierda en Europa reclaman. Sin embargo, por lo general, hablar bien de Nicaragua en Europa es una receta para la pérdida de influencia política en algunos círculos. ¿Cómo puede explicar eso Usted?

FH: Yo pienso que la actitud de la Europa política está vinculada primero con la concepción general que he descrito que no va a aceptar fácilmente nuevas paradigmas de orientación de los países latinoamericanos. Por eso hay una cierta resistencia a Venezuela, a Ecuador, a Bolívar y evidentemente a Nicaragua.

Por otra parte lo que llaman los valores fundamentales que quieren defender es en parte la democracia y es una democracia definida de manera muy formal. Por eso se ataca fuertemente a Nicaragua diciendo que hubo fraude en las elecciones y por eso Europa no puede aceptarlos y entonces hay que afectar la ayuda directa a la administración estatal.

Toman eso como pretexto precisamente de tener otra actitud frente a Nicaragua sin tener en cuenta los otros aspectos. Tal vez pueden tener razón en parte, pero no sé justamente si se ve el esfuerzo que se hace en Nicaragua ahora para transformar cosas desde el punto de vista social comparado con lo que ha pasado antes con los otros gobiernos.

Se debe de tener en cuenta todo eso. Pero ellos no lo hacen porque ven solamente el aspecto de una democracia formal - que tiene su importancia - pero deberían entrar en un juicio más global, más general.

TcS: Le agradecemos mucho, Padre, por su tiempo.

Dictador Roberto Micheletti y general Romeo Vásquez acusados de asesinato tortura y detención ilegal

Resistencia

El dictador Roberto Micheletti Baín y el ex jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, fueron denunciados el jueves, ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos por los delitos de “asesinato, tortura y/o detención ilegal de 439 personas adultas y de 43 niños y niñas”, durante el mes de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso.

La denuncia es también contra la junta de comandantes de las Fuerzas Armadas, los generales Luis Javier Prince, Miguel Ángel García, Juan Pablo Rodríguez y Venancio Cervantes, lo mismo que contra el ex ministro de Defensa, Adolfo Leonel Sevilla y el ex ministro de Seguridad Jorge Rodas Gomero.

El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras CIPRODEH, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ, y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras ERIC-SJ, han interpuesto la denuncia ante la fiscalía.

Los denunciantes piden que oportunamente se presente Requerimiento Fiscal contra los señalados, así mismo solicitar las ordenes de captura “por suponerlos responsables de un delito de asesinato, y de múltiples comportamiento constitutivos de abuso de autoridad, discriminación, torturas, detención ilegal y daños”, cometidos en perjuicio de Pedro Magdiel Muñoz Salvador y cientos de ciudadanos.

Según el director ejecutivo de CIPRODEH, Wilfredo Méndez, la denuncia se interpone por las “violaciones sistemáticas y múltiples”, de los derechos humanos, ocurridas durante los interminables toques de queda aplicados por la dictadura, que afectaron el departamento de El Paraíso.

Muñoz Salvador, fue detenido por policías y militares, la tarde del viernes 24 de julio, en la comunidad de Alauca, para después aparecer muerto el día 25, con claras señales de tortura.

Muñoz Salvador intentaba llegar a la frontera con Nicaragua, donde se encontraba el expatriado Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Entre quienes atravesaron las montañas rumbo a Nicaragua para encontrarse con Zelaya, se encontraban miles de indígenas que denunciaron eran perseguidos por hombres encapuchados, armados de chuchillos y en algunos tramos habían trampas, hoyos cubiertos con matorral para hacer caer a quienes corrían huyendo de la persecución.



Se estima que unas mil personas quedaron cercadas por los comandos élites del ejército en Alauca, a diez kilómetros de la frontera con Nicaragua, suspendiéndoles el derecho de circular e impidiéndoles comprar alimentos y agua.

En la denuncia se incluye a jefes policiales y militares de la zona de El paraíso, contra quienes se solicita investigar su identidad completa ya que de la revisión de los libros de novedades y los testimonios de las victimas solo se les puede identificar, solamente por sus apellidos.

En la denuncia también se señala a siete oficiales con rango de tenientes, “Gaitán, Castillo, Pérez, Ordóñez, Mejía, Sony y López, como partícipes directos en la ejecución de los delitos aquí denunciados, solicitamos la práctica de las diligencias necesarias que conduzcan a la identidad plena de los mismos”.

Finalmente las organizaciones solicitan desarrollar todos los mecanismos de protección a las víctimas del presente caso y en especial a aquellos que pudieran contribuir en el proceso de investigación, al mismo tiempo que la Fiscalía considere a los peticionarios para intervenir en la investigación por tratarse de hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos.

Los medios masivos y el conflicto en Colombia


Por Rubén Darío Zapata

Sin dudas, esta última década fue fatal para el periodismo colombiano. Ante la polarización política del país, los grandes medios masivos entregaron definitivamente su independencia y compromiso ético en función de los intereses del proyecto político de la elite, representada en lo esencial por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo que redundó en la pobre calidad informativa y analítica de los contenidos periodísticos.

En el periódico de Medellín El Colombiano, por ejemplo, donde el bajón se ha sentido más por el compromiso de los dueños con la casa política de los Valencia Cossio (actual Ministro del Interior y de Justicia), despidieron a dos de las voces más reconocidas e independientes del periodismo nacional, Reinaldo Spitaleta y Javier Darío Restrepo, por sus críticas al gobierno. Fernando Garavito (autor de la columna El señor de las moscas) fue despedido de El espectador por desvelar las relaciones del entonces candidato presidencial Alvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo antioqueño.

Pero el compromiso de los grandes medios (RCN, Caracol, El Tiempo, etc.) con un proyecto político neoliberal, autoritario y excluyente, no se ha quedado en el silenciamiento de las voces independientes; sino que más bien éstas han terminado por convertirse en una caja de resonancia del gobierno para publicitar sus diversos programas o puntos de vista evitando tocar los temas complicados para el gobierno o maquillándolos a su conveniencia.

Frente a este proyecto, el conflicto armado se erige como el principal obstáculo: hay que acabar con él como sea y, si no se puede, negarlo. Ésta ha sido la intención del gobierno de Uribe, replicada incesantemente en los grandes medios de comunicación en Colombia. Uribe fue ungido por los medios masivos de comunicación en 2002 para acabar con este conflicto (en seis meses), ante la supuesta “actitud endeble” del gobierno de Pastrana.

Pasos y esfuerzos para deslegitimar el proceso de diálogo del gobierno de Pastrana con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Desde ese momento no hizo falta investigar a los responsables de secuestros, extorsiones y asesinatos, porque todo delito de este tipo tenía un solo y seguro responsable: las FARC. O, al menos, así lo sentenciaron en cada caso los medios masivos. Cuando se conoció que alguno de esos crímenes eran responsabilidad de bandas de delincuencia común, los medios igual insistieron en su versión, no se sintieron obligados a rectificar.

El 15 de mayo del año 2000, por ejemplo, dos delincuentes colocaron un collar bomba a una señora, Elvia Cortés, exigiéndole a su marido una suma de 15 millones de pesos. Esta imagen dio la vuelta al mundo por la televisión y se estampó en muchísimos periódicos. Tan famosa fue la historia que luego la recreó para televisión la productora Huella latente, lo que sirvió para desprestigiar a las FARC y al proceso de paz. Desde entonces los medios vendieron la imagen del presidente Pastrana como la de un alcahuete o, en el mejor de los casos, un incompetente. Pero no hicieron el mismo esfuerzo de difusión cuando se comprobó que los autores del collar bomba eran delincuentes comunes y no integrantes de las FARC.

Es imposible negar que mientras se desarrollaba el diálogo entre gobierno y las FARC, éstas últimas seguían expandiéndose militarmente, y que incluso utilizaron la zona de distención como fortín militar. En lo que no insistieron estos medios fue en advertir que al mismo tiempo, mientras dialogaba con la guerrilla, el gobierno de Pastrana desarrollaba políticas neoliberales que ocasionaron airadas protestas en los sectores sociales (como recortes en salud, educación y saneamiento). Tampoco se preguntaron los medios qué incidencia podía tener en las futuras negociaciones de paz el desarrollo del Plan Colombia por parte del gobierno colombiano en acuerdo con el estadounidense.

En poco tiempo los medios de comunicación presentaron un verdadero mesías que prometía, a través de su política de seguridad democrática, devolver la confianza a los inversores extranjeros y convertir Colombia en un verdadero paraíso para el capital. Para ello, la misión fundamental era acabar con la guerrilla, más que en el plano militar en el plano del discurso. Por eso los medios masivos de comunicación asumieron las máximas del discurso uribista: en Colombia no hay conflicto y las guerrillas apenas sí son un grupo de facinerosos que aterrorizan a la población civil. Una de las características de los medios masivos de comunicación que se profundizó en estos ocho años de gobierno de Uribe tiene que ver con la adopción de las fuentes oficiales como única fuente y el discurso oficial como manual de estilo. Al agudizarse el conflicto social, los medios masivos se desmarcaron también, no del gobierno sino de sus opositores, y en buena medida multiplicaron el estigma de que estar contra el gobierno era ser subversivo, guerrillero y, por tanto, terrorista.

Ya no resulta posible afirmar que los medios masivos de comunicación son algo así como el cuarto poder, que fiscaliza y vigila el comportamiento de los otros tres para garantizar la salud de la democracia. No son ya una voz imparcial (como han querido mostrarse todo el tiempo) ni representan el interés general del pueblo colombiano.

La caja de resonancia
Desde entonces los medios de comunicación de masas se concentraron en transmitir de forma acrítica los partes de guerra gubernamentales. Los primeros años del gobierno de Uribe fueron de capturas masivas, generalmente de personas integrantes de organizaciones sociales, siempre acusadas de terrorismo o de colaboración con organizaciones terroristas. Todos los días en el noticiero las cámaras filmaban a 20 ó 30 personas que habían sido capturadas. Pero pocas veces hubo un seguimiento juicioso a este tipo de información. Y en un país donde la justicia corrupta suele equivocarse con frecuencia, cabía esperar que ante la presión por los resultados las equivocaciones se multiplicaran. Pero los medios no lo consideraron un problema, y ni siquiera se preocuparon por transmitir que la mayor parte de estos capturados salían libres en menos de seis meses por falta de pruebas.

Si fuera por las cifras de guerrilleros muertos, capturados o reinsertados presentadas por el gobierno a través de los medios, en Colombia se habría acabado tres o cuatro veces con la guerrilla que encontró el presidente Uribe al iniciar su mandato. Sin embargo, los medios masivos siguen contentándose con transmitir las cifras como loros repetidores.

El gobierno instauró su forma directa de gobernar en los medios, con su voz regañona y sus salidas de tono cuando la confrontación era directa, con el irrespeto más grande a la dignidad de su cargo y a la de los periodistas. Y, a pesar de esto, siempre encontró espacio suficiente para aparecer en los medios como si lo hiciera desde su casa, o desde un consejo comunitario, algo que utilizó también para cautivar mediáticamente a la ciudadanía colombiana.

Los medios masivos invisibilizan a las víctimas
Mientras el gobierno acababa mediáticamente con el conflicto y con las guerrillas, se aprestaba también a finiquitar la desmovilización de los paramilitares, lo que le reportaría suficiente rédito político y, además, le permitiría encausar ese pasado borrascoso que amenaza su curriculo político. Para ello creó la Ley de Justicia y Paz (2005), que en el fondo solo buscaba reinsertar a los paramilitares con el menor trauma posible, sin garantizar realmente ni la justicia ni la paz ni la reparación. Por el contrario, metió al congreso un proyecto de reforma rural que prácticamente legitima el despojo al que los paramilitares habían sometido a millones de campesinos en todo el territorio nacional.

Con unos medios de comunicación críticos, comprometidos con una sociedad justa e incluyente jamás hubiera podido instaurarse en país alguno una política como la del gobierno de Uribe, y mucho menos prolongarse a dos periodos y llegar a la desfachatez de amenazarnos con un tercero. Pero este gobierno llegó al extremo de eliminar el delito político de los expedientes de los grupos revolucionarios, a la vez que inventaba la fórmula para declarar a los paramilitares como delincuentes políticos a fin de poderlos amparar con amnistías y programas de reinserción.

A propósito de este circo montado con ocasión de la supuesta desmovilización de los paramilitares, a finales de julio de 2005 se realizó el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que pretendía ser un espacio de deliberación y de presión para que el Estado colombiano asumiera la responsabilidad en el sinnúmero de desplazados, desparecidos y asesinados a manos de los paramilitares en connivencia con las fuerzas armadas. A este segundo encuentro no asistieron los grandes medios masivos (ni El Tiempo ni Caracol ni RCN), entre otras cosas porque las mismas organizaciones de las víctimas mantenían serías desconfianzas frente al papel que han jugado estos actores en esta dura situación que les ha tocado vivir. Lo que sucedió al día siguiente de la clausura del encuentro pareció darles la razón.

Aún sin asistir al Encuentro, el diario El Tiempo publicó un comunicado supuestamente elaborado por los organizadores del evento. Según lo publicado, el Encuentro terminaba acusando a las guerrillas de las FARC y el ELN de ser los principales grupos terroristas violadores de los derechos humanos en el país, y exigiéndoles reparación. Esta información contradecía las conclusiones del Encuentro y se transformaba, más bien, en un señalamiento a las organizaciones participantes. Allí se denunciaban los crímenes de Estado y la Ley de Justicia y Paz, aprobada apenas una semana atrás. Según las víctimas, esta Ley aseguraba la impunidad de los crímenes cometidos por el Estado y de toda la estrategia paramilitar desarrollada por el mismo Estado.

En el V Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, realizado en julio del 2009, la estrategia de los medios fue otra, pero igual de nefasta. Hacía pocos días se había conocido el asesinato en la selva de diez de los once diputados que permanecían capturados en poder de las FARC. Los grandes canales de televisión (RCN y Caracol) enviaron a sus presentadoras de farándula a cubrir el evento, como si de una fiesta se tratara. Pero realmente nada contaron sobre lo que pasaba allí: las periodistas insistían, a pesar de las versiones de los asistentes, en que aquel era un encuentro nacional de víctimas en general, diluyendo la significación de las responsabilidades del Estado en la estrategia paramilitar. Desde allí mismo se centraron en entrevistar por teléfono a familiares de las personas secuestradas y asesinadas, minimizando lo que ocurría en el Encuentro. Era, a todas luces, una actitud consciente y premeditada de invisibilización de las víctimas de los paramilitares y el Estado.

Difícilmente podrá medirse el daño que la actitud de los medios masivos en Colombia durante estos últimos años ha producido en el tejido social y en la confianza de la gente, herida ya de por sí por un conflicto que dura casi cincuenta años. Y más difícil aún será resarcir estos daños. Los grandes medios han sido los que le han permitido conservar a Uribe altos índices de popularidad (prefabricando encuestas), a pesar de todos los escándalos que lo han asediado.

La bomba de los falsos positivos no la destaparon los medios colombianos: fueron las organizaciones defensoras de derechos humanos, en colaboración con organizaciones internacionales, las que lograron situar el tema en la agenda internacional. Y, sin embargo, también en esta ocasión cubrieron las espaldas del presidente, intentando transmitir la idea de que se trataba de algunos militares descarriados, cuando se trataba del resultado de las presiones de la seguridad democrática sobre los resultados.

Hoy los medios intentan inflar, de la misma manera que inflaron la figura de Uribe, la figura de Antanas Mockus, desviando la atención sobre los programas concretos de gobierno de cada uno de los candidatos. El peligro se avecina: una popularidad hinchada artificialmente es la puerta de entrada al autoritarismo político, al fascismo disimulado. Eso fue lo que mantuvo erguida e impoluta la figura de Uribe, a pesar de todas las denuncias en su contra, de los altos funcionarios corruptos y comprometidos con el paramilitarismo, de su estilo de mayoral y su moral mafiosa, incluso a pesar de los pésimos resultados en materia social.

Rubén Darío Zapata es economista y filósofo. Colabora habitualmente con el periódico colombiano Periferia.

Sed de justicia


Por Paco Arnau

Ver esta imagen de Haití en la actualidad quizá sirva para refrescar nuestra frágil memoria… Quizá nos haga recordar lo que ocurrió en ese país caribeño a principios de este mismo año y cómo nos lo contaron en los medios de comunicación. Construcciones precarias abatidas por un terremoto provocaron la muerte a más de 200.000 personas el 12 de enero. En los días posteriores, la noticia de que Europa y EEUU habían «comprometido no-sé-cuantos miles de millones de dólares en ayudas para la reconstrucción» abría todos los telediarios. Así fue… la noticia tuvo una amplia difusión, pero esos mediáticos millones dólares nunca llegaron y la “reconstrucción” tampoco.

Más de un millón de haitianos continúan viviendo a la intemperie y más de dos millones pasan hambre cada día…
También recordaremos las botellitas de agua mineral de 33 centilitros que llegaron desde Europa y EEUU para “saciar” la sed de los haitianos ( alguien hizo ganar mucho dinero a alguien con esto ). En las colas de distribución de las malditas botellas los poros de la oscura piel de cada haitiano sediento sudaban bastante más de 33 cl de agua durante largas horas de espera bajo un sol de injusticia. Las redes de infraestructuras básicas siguen aún destrozadas, como ya lo estaban antes del terremoto…

Quizá también recordemos a esos equipos españoles de rescate, que en las primeras horas ya se afanaban en salvar gente bajo los escombros de Puerto Príncipe… Gente alojada en el hotel más lujoso de la capital haitiana cuyas cinco estrellas no impidieron que sus cimientos cedieran en el seísmo…
También recordaremos que los medios se hicieron eco de “la llegada” ["invasión" es el término en castellano] de 10.000 marines de EEUU que desembarcaron en la isla. Su cometido, aunque no nos lo aclararon del todo, nos lo imaginamos… Por el contrario, seguramente no recordaremos que la masiva y eficiente asistencia médica de brigadas sanitarias cubanas fue lo que realmente salvó muchos miles de vidas en los primeros días. La mayoría no lo recordará porque ningún telediario habló de ello y porque de La Habana no llegó ningún barco cargado de marines.
Así fue, aunque de aquélla manera nos lo contaron. Poco ha cambiado en Haití desde el desastre de enero pasado. Medio año después, los haitianos siguen teniendo sed de justicia.
Texto: Paco Arnau / Ciudad futura  • Foto:  Postcard from Hell (Tony Belizaire)

Ordenan la detención de militares de EEUU por la muerte del periodista español José Couso en Irak

Eneko

Un juez español ordenó ayer la busca, captura e ingreso en prisión de tres militares estadounidenses presuntamente implicados en la muerte en Bagdad del cámara de televisión José Couso en los primeros días de la guerra de Irak, en abril de 2003.

El magistrado de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz imputa a los militares Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson un delito contra la comunidad internacional en concurso con uno de homicidio.

Además, pidió al Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces en España, autorización para desplazarse a Irak con el fin de realizar una inspección del lugar donde ocurrieron los hechos.

José Couso murió en Bagdad el 8 de abril de 2003 cuando tomaba imágenes desde el hotel Palestina, donde se alojaba, al igual que una gran parte de los periodistas que cubrieron la guerra de Irak.

El cámara de la cadena privada de televisión española Telecinco falleció al ser alcanzado por los disparos de un tanque de las fuerzas de Estados Unidos, que causaron también la muerte del reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

Las tropas estadounidenses comenzaron la invasión de Irak, junto a otras de varios países, el 20 de marzo de 2003 y en los primeros días de abril entraron en la capital, Bagdad.

El juez que ordenó la captura y detención de los tres militares estadounidenses considera que concurren "motivos bastantes" para considerarlos culpables de "ataque a la población civil".

También del "acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas", por lo que, "atendiendo a la gravedad de los hechos", ordena la busca y captura e ingreso en prisión "como única medida efectiva" para asegurar la presencia de los mismos en el proceso.

El juez pide también tomar declaración a los periodistas de las cadenas de televisión Al Yasira y Abu Dhabi sobre los ataques registrados entonces contra sus respectivas instalaciones y reitera la comisión rogatoria cursada a las autoridades de Irak para que autoricen su desplazamiento a este país para reconstruir los hechos.

Como anteriormente "no se obtuvo respuesta" a una petición similar, el magistrado acuerda llevar a cabo una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos, que no requiere de la cooperación de las autoridades iraquíes.

La comisión, en la que participaría el mencionado juez, incluye también, en calidad de testigos, a periodistas españoles.

El magistrado considera que "teniendo en cuenta que los hechos acaecieron" durante la administración del anterior presidente de Estados Unidos, George W. Bush, "podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación (antes denegada)" por parte del Gobierno actual de Barack Obama.

Por ello, vuelve a pedir la declaración de los tres imputados y reclama a los Departamentos de Estado, de Defensa y de Justicia de ese país toda la documentación sobre los hechos.

Según el juez, la persona que dio la orden fue el teniente coronel Philip de Camp, al mando del regimiento de blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del ejército estadounidense.

De Camp se la transmitió al capitán Philip Wolford, quien a su vez autorizó al que "materialmente realizó el disparo", el sargento Thomas Gibson, contra el hotel Palestina de Bagdad.

Y ello "pese a saber" que el edificio estaba en zona civil "así como que el mismo estaba ocupado por periodistas y población civil, de tal forma que podría causar la muerte de alguna persona", señala el auto del juez.

Couso, que se encontraba filmando desde la habitación 1403 del citado hotel, fue alcanzado por la metralla, lo que le provocó la muerte horas después en el hospital "Ibn Nafis" de Bagdad, así como la de Taras Protsuyk, que se encontraba en otra altura.
Otros tres periodistas resultaron heridos de gravedad.

La decisión de hoy es un paso más en el largo proceso judicial abierto por la muerte de José Couso y se produce después de que el Tribunal Supremo español ordenara principios de este mes su reapertura tras haber sido archivado.

El nuevo trascendente

Cuba Debate

Por Frei Betto

La historia de la humanidad es una historia de sujeciones. En el período premoderno, sujeción a los dioses del politeísmo, al Dios del monoteísmo, al Rey de la monarquía y al Pueblo (sujeto abstracto) de la República. Siempre había una figura del Otro al que todos debían reportarse.

Ese Gran Otro prescribía lo cierto y lo erróneo, el bien y el mal, la gracia y el pecado, la ley y el delito. El mundo se configuraba de acuerdo con los preceptos del Gran Otro. Las alternativas eran sencillas: sujetarse bajo promesa de recompensa o rebelarse bajo amenaza de castigo.

En la modernidad el Otro se multiplicó, adquirió varias caras, se descentralizó en diversidad de ideologías, sistemas de gobierno y creencias religiosas. Tanto la antigüedad como la modernidad nos remitían a la trascendencia, por más que basada en la razón. Si no era Dios era el Partido, el líder supremo, las ideas incuestionables. Algo o alguien nos precedía y determinaba nuestro comportamiento, inculcándonos gratificación o culpabilidad.

La posmodernidad, a cuya puerta de entrada nos encontramos, promete hacer de nosotros sujetos libres de toda sujeción. Sería la vuelta al protagonismo exacerbado, en que cada indivíduo es la medida de todas las cosas. Ya no se vive en tiempos de cosmogonías y cosmologías, teogonías e ideologías. Ahora todos los tiempos convergen simultáneamente en el espacio reducido del aquí y ahora. Gracias a las nuevas tecnologías de comunicación, tiempo y espacio adquieren dimensión holográfica: caben en cada pequeño detalle del aquí y ahora.

¿Será que de hecho la posmodernidad nos emancipa del trascendente y de la trascendencia? ¿Nos introduce en el “desencanto del mundo” apuntado por Max Weber?

La respuesta es no.

Hay un nuevo Gran Otro que nos es impuesto como paradigma incuestionable: el Mercado. Las seductoras imágenes de este dios implacable son diseminadas por su principal oráculo: la publicidad. A semejanza de su homólogo de Delfos, nos advierte: “Di lo que consumes y te diré quién eres”.

El gran teólogo de ese nuevo dios fue Adam Smith. Inspirado en la física de Newton, en “La riqueza de las naciones” y “La teoría de los sentimientos morales”, Smith aplicó a la economía la metáfora religiosa del Gran Relojero que preside el Universo. El reloj funciona gracias a la precisión mecánica fabricada por alguien fuera de él e invisible para quien lo lleva: el relojero. Así, en opinión de Newton, sería el Universo. En la de Smith, la vida social regida por intereses económicos. La diferencia está en que el Dios Relojero de Newton es llamado Mano Invisible por Smith. Según éste, el egoísmo de cada uno, guiado por la Mano Invisible, promovería el bien de todos…

Es exactamente lo que afirma Milton Friedman, líder de la Escuela de Chicago: “Los precios que resultan de las transaciones voluntarias entre compradores y vendedores son capaces de coordinar la actividad de millones de personas, siendo que cada una sólo conoce su propio interés”.

Ése es el fundamento del pensamiento liberal y del sistema capitalista. Es el principio del laisser faire, dejar (a dios) hacer. Lo que, traducido en términos políticos, significa desreglamentar, no sólo las esferas económicas y políticas, sino también la moral. ¡Abajo la ética de principios y viva la ética de resultados! En ese protagonismo posmoderno, cada ego es la medida de todas las cosas. Lo que imprime al sujeto (en el sentido latino de sujeción, sumisión) la impresión de autonomía y libertad.

El resultado del nuevo paradigma centrado en el dios Mercado todos lo conocemos: degradación ambiental; guerras; gastos exorbitantes en armas, sistemas de defensa y seguridad; narcotráfico y dependencia química; debilitamiento de los vínculos familiares; depresión, frustración e infelicidad.

Todavía es tiempo de profesar el más radical ateísmo frente al dios Mercado e, iconoclastas, aferrarnos a la ética para introducir, como paradigma, la generosidad, el compartimento de los bienes de la Tierra y de los frutos del trabajo, la felicidad centrada en las condiciones dignas de vida y en la profundización espiritual de la subjetividad.

Pero eso sólo será posible si no quedamos restringidos a la esfera de la autoayuda, de las terapias tranquilizadoras del alma para soportar el estrés de la competitividad, y nos movilizamos comunitariamente para organizar la esperanza en un nuevo proyecto político fundado en la globalización de la solidaridad.

He ahí el desafío ético que, como señaló José Martí, será capaz de articular emancipación política y emancipación espiritual.

“El verdadero problema de América Latina no es la pobreza sino la riqueza”

Cronicón

Por Fernando Arellano

No hay que llamarse a engaño: el modelo neoliberal, pese a los efectos perversos que ha tenido en la profundización de las injusticias sociales en América Latina, sigue funcionando, “pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado en la apropiación de los recursos naturales”, sostiene el analista internacional y activista social uruguayo, Raúl Zibechi. 

Investigador de las realidades socioeconómicas y políticas de los países latinoamericanos, Zibechi considera que los movimientos sociales tienen el reto de seguir presionando a lo largo y ancho de la región para acabar con la “larga noche neoliberal”.

Este analista internacional que estuvo exiliado en España por haber resistido la dictadura del Uruguay a mediados de los años 70, se ha dedicado a la investigación social y a la docencia que alterna con sus actividades de escritor y periodista.

Está dedicado por completo al trabajo con los movimientos sociales, es miembro del consejo de redacción del semanario Brecha de Montevideo y participa como docente en la Multiversidad Franciscana de América Latina. Además, es un destacado activista social y asesor de organizaciones sociales, barriales y medios de comunicación alternativos.

A su paso por Bogotá, donde dictó un taller sobre nuevas formas de dominación y presentó su último libro “América Latina: Contrainsurgencia y pobreza”, Zibechi dialogó con el Observatorio Sociopolítico  www.cronicon.net.

¡Ya Basta!
En su disertación, este intelectual uruguayo fue contundente en señalar que “es enteramente falso que el problema central de nuestras sociedades sea la existencia de porcentajes elevados de pobreza. El verdadero problema es la riqueza, es decir la existencia de una clase social parasitaria, que no cumple ningún rol positivo en la sociedad aunque sí tiene el suficiente poder tanto para influir en las políticas estatales, en las agendas públicas y de los medios de comunicación, como para desviar el foco de atención hacia su impúdica acumulación de riqueza”.

“Romper con esta concepción de la pobreza como problema a resolver y poner el centro de atención en la riqueza, es un requisito para cambiar las políticas sociales”, es una de sus recomendaciones.

Se lamentó de que “el gran triunfo ideológico del Banco Mundial es haber inoculado en las izquierdas, en los sindicatos y en los intelectuales progresistas, que se puede acabar con la pobreza sin tocar la estructura de la propiedad. O sea, sin modificar las relaciones de poder”

Criticó las denominadas políticas asistencialistas porque “no erradican la pobreza, no abordan las causas estructurales de la marginalidad y la exclusión social, por el contrario, profundizan el paradigma individualista del neoliberalismo. Estas políticas centradas en ‘el combate a la pobreza’ buscan evitar el conflicto. O sea, buscan la anulación de cualquier sujeto de abajo y quieren que sólo existan sujetos estatales o empresariales”.

Explicó que “los sujetos se forman en la lucha, nacen de ella y si la sociedad se instala en un periodo de letargo social, los actores se desvanecen. Toda la política del Banco Mundial y de las elites globales y nacionales es para 'des-sujetizar', para evitar que las diferencias se conviertan en conflicto social”.

Desde una perspectiva epistemológica, Zibechi llamó a los sectores progresistas y de izquierda en América Latina “a elegir el ¡Ya basta!,
porque es una opción ética y política muy válida”.

Destacó igualmente que muchos de los proyectos y las políticas sociales progresistas como la economía solidaria, la autonomía y la horizontalidad, la educación popular, los movimientos sociales de gestión productiva “nacieron de las resistencias a las políticas de ajuste estructural del neoliberalismo. No obstante que la economía solidaria no es nada fuera del marco del conflicto. Puede ser un modo de adquirir fuerza para encarar el combate en mejores condiciones”

"Reprimerización" del aparato productivo
La crisis del neoliberalismo constituye para Zibechi “una oportunidad para presionar cambios”, por eso considera que “es indispensable meterse con la economía para cambiar la situación actual”. Y es que “América Latina no puede repetir la negativa experiencia de echar a perder los intentos por erigir el estado de bienestar para dar paso a la acumulación originaria, bajo el esquema de ‘acumulación por desposesión’, como lo denomina el sociólogo y politólogo británico David Harvey, que erosionó el papel regulador de los sindicatos y su carácter de interlocución, produjo una aguda desindustrialización y la reprimerización del aparato productivo, con su inevitable secuela de desempleo, creciente marginalización de los sectores populares urbanos y desplazamiento de los pequeños campesinos hacia las periferias urbanas”.

En su opinión, desvelar e “iluminar las formas de dominación como el modelo neoliberal ayuda a desmontarlas” y si bien éstas son muy potentes, también lo son las resistencias.

En la actual coyuntura, explica, la derecha en su afán de lograr una dominación hegemónica no solo “compra” a líderes sindicales o de izquierda sino que busca por diversas formas el apoyo total de las organizaciones sociales.
Puso como ejemplo el caso colombiano, en el que el establecimiento “no solamente coopta a los angelinos (en alusión al vicepresidente electo Angelino Garzón) sino a organizaciones sociales enteras”, como está sucediendo actualmente con la Confederación General del Trabajo (CGT) mediante el salto que dio su presidente Julio Roberto Gómez del izquierdista partido Polo Democrático al santismo, la expresión más ultraconservadora y oligárquica del establecimiento en Colombia.

Deslegitimado, pero no derrotado
Para Zibechi, el modelo neoliberal en los países de América Latina “sigue funcionando pero ya no gira en torno a las privatizaciones, la apertura económica y las desregulaciones, sino que se ha volcado a la apropiación de los bienes comunes. La novedad principal de la coyuntura regional consiste en que el Consenso de Washington fue deslegitimado pero el neoliberalismo no fue derrotado. Por el contrario, la acumulación por desposesión, anclada en el modelo extractivista, se sigue profundizando en esta etapa a través de la minería transnacional a cielo abierto, los monocultivos de soja, caña de azúcar y palma, y del complejo forestación-celulosa. Estos emprendimientos, conducidos siempre por grandes multinacionales, se apropian de los bienes comunes, en particular agua y territorios, para convertir la naturaleza en mercancías (commodities) exportadas a los países centrales o emergentes como China e India”.

“Los resultados -agrega- están a la vista: los bancos tienen las mayores ganancias de su historia y el crecimiento económico se basa en exportaciones de commodities y minerales, en una suerte de reprimerización de la estructura productiva de los países. Es el camino que siguen los países de la región, más allá de las fuerzas políticas encargadas de administrar los gobiernos”.

Las política sociales que se han puesto en marcha en varios países de la región “acompañan y compensan la profundización del modelo neoliberal”.

El extratactivismo: parte del modelo neoliberal
- ¿En su concepto, América Latina atraviesa por un periodo de enterrar “la triste y larga noche neoliberal” para utilizar una frase del presidente ecuatoriano Rafael Correa, gracias en buena medida a las resistencias sociales que tomaron fuerza durante la década anterior?
- Sí y no. Sí, porque ha habido largas resistencias intensas, las cuales han dado cambios importantes, pero los nuevos gobiernos están desarrollando políticas que no salen del neoliberalismo sino que, por el contrario, lo sostienen, en consecuencia, creo que esa afirmación de Correa habría que matizarla mucho. Y no puedo estar de acuerdo con eso, porque de hecho en estos días en Ecuador hay conflicto con dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, entonces esto es relativo y hay que empujar un poco más.

- Hablemos de su país, Uruguay. ¿Cómo se puede entender que después de 34 años de existencia del Frente Amplio haya logrado llegar al poder, primero con Tabaré Vázquez y ahora con un ex guerrillero como Pepe Mujica?
- Bueno por una larga acumulación electoral que redundó en un triunfo aplastante por más de más del 50% y por una hegemonía del Frente Amplio en la sociedad uruguaya. Eso está consolidado y no creo que vaya a cambiar pronto.

- ¿El gobierno del Frente Amplio del Uruguay mantiene algunas políticas neoliberales?
- Sostiene el extractivismo y esto es un problema, a mi modo de ver, porque no se logra salir de las políticas que se han venido implementado desde hace mucho tiempo. Yo considero que el extractivismo es parte del modelo neoliberal.

- ¿En ese sentido usted coincide con el ex Ministro de Estado ecuatoriano Alberto Acosta, que en su último libro sostiene que la maldición de los países de América Latina es la abundancia en recursos naturales?
- Coincido totalmente, mi diferencia es que los Estados plurinacionales tienden a reproducir la lógica de dominación de cualquier Estado.

- ¿Cuál es su visión sobre el proceso actual de resistencias sociales en América Latina? ¿Habrá posibilidad de que se abra espacio un nuevo modelo económico?
- No veo pautas de un nuevo modelo económico de desarrollo, lamentablemente, y lo que observo me preocupa mucho precisamente porque nuestros países están anclados en el extractivismo.

- ¿Cuál es su concepto de los gobiernos progresistas de América Latina?
- Hay dos tipos de gobiernos progresistas: los de Brasil, Uruguay y Argentina que son gobiernos socialdemócratas aliados con un sector del capital; y los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde los movimientos son muy fuertes y siguen presionando más.

- ¿En el caso de países como Perú, Colombia y México, habrá influido el hecho de que fueron virreinatos del imperio español, lo cual dejó una impronta cultural y política que ha permitido consolidarse a la derecha y por ende que sus dirigencias sean reacias a los cambios sociopolíticos?
- Sí, y por la debilidad de los movimientos sociales que no han logrado desbordar a estos gobiernos y de ahí la hegemonía del capital financiero que sigue siendo muy importante.

- ¿Cómo observa el horizonte político en Colombia?
- Muy complejo, y hasta que los movimientos sociales no logren empoderarse, salir con fuerza y ganar las calles, no creo que consigan derrotar esto.

viernes, 30 de julio de 2010

Estados Unidos aprovecha su influencia para cabildear el retorno de Honduras a OEA

Vos El Soberano

Centro USA para los Derechos Constitucionales:

"Estados Unidos está adoptando un enfoque peligroso en aprovechar su influencia para cabildear en favor de la normalización de las relaciones de la OEA", denunció el director ejecutivo de CCR Vicente Warren, en una declaración y carta abierta a la Secretaria del Departamento de  Estado, Hillary Clinton, sobre readmitir Honduras en la OEA.

Estados Unidos premia  a quienes hacen cambios violentos de gobierno.

El Director Ejecutivo del  Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Vincent Warren, expresó que el lobby de los Estados Unidos: “Recompensa el cambio, ilegal, antidemocrático y violento, de un régimen [ocurrido en Honduras], y debe ser abandonado".

Ningún estado de OEA debería normalizar relaciones con el régimen antidemocrático de Lobo.

Warren discrepa del informe presentado por Hillary Clinton sobre la situación en Honduras, y resume cuatro puntos que califica como “graves preocupaciones” sobre la situación actual en el país:

1. La situación de los derechos humanos en Honduras es grave, y ha seguido deteriorándose;

2. Las elecciones de noviembre fueron ampliamente criticadas. Ellas no fueron "libres y justas",  como las ha caracterizado la secretaria Clinton;

3. La situación en Honduras, y los debates en torno a ella, han sido empañados por la penetrante desinformación sobre los acontecimientos que condujeron al golpe de Estado, sobre la encuesta pública que el Presidente Zelaya tenía previsto realizar, así como la supuesta legalidad de las acciones de los militares y el Congreso en su  remoción [del presidente].

4. La Comisión de Verdad y Reconciliación, establecida por el gobierno de Lobo ha sido citado por Clinton como una señal de progreso en Honduras. Sin embargo, la legitimidad, el mandato, el alcance y la metodología de la Comisión ha  sido cuestionado y criticado  en toda Honduras y en las comunidades internacionales de derechos humanos.

Teniendo en cuenta estas preocupaciones, Warren juzga que: "Los Estados Unidos no debería apoyar la normalización de las relaciones con el régimen antidemocrático de Porfirio Lobo. Como tampoco ningún estado miembro de la OEA".

Antecedentes.

Después del golpe de Estado en junio de 2009, la OEA suspendió la adhesión de Honduras.

El 30 de julio de 2010, una Comisión de Alto Nivel, de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre Honduras,  debería hacer recomendaciones a los demás Estados miembros de la OEA, respecto a la readmisión de Honduras en ese organismo continental.
La Comisión  no realizó ninguna visita a Honduras, como se preveía, y escuchó, en Washington, al representante Arturo Corrales, del régimen de Porfirio Lobo, y a Rodolfo Pastor Fasquelle, comisionado por el presidente defenestrado por el golpe de Estado, Manuel Zelaya.

El Frente Nacional de Resistencia popular (FNRP), pidió a esa Comisión, que no hiciera ninguna recomendación  sobre la readmisión de Honduras a la OEA, sin antes escuchar a todos los protagonistas, incluido el Frente.

De manera extraoficial, se ha divulgado que la OEA  pospondría la reunión para escuchar el informe de la Comisión,  el viernes 30. 
No obstante, el  vocero Corrales, del régimen de Lobo, aseguró a varios medios  que el “informe está casi listo para reincorporar a Honduras”.

El CCR es una organización civil dedicada, hace más de 40años,  al progreso y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Ha recibido más de una decena de premios internacionales por su labor.

Carta de Manuel Zelaya a los presidentes centroamericanos


A Sus Excelencias
Presidentes de Centroamérica


Señores Presidentes, amigos:

Escribo a Ustedes con el ánimo de conminarles a reconsiderar su intención de darle otro rumbo a  Centroamérica a partir de la última cumbre  de  SICA, cuando anunciaron que  incorporan al gobierno de Porfirio lobo como representante de Honduras, a sabiendas que éste no ha restaurado  el estado de derecho,  y  de esta manera  poder  enmendar el  error en que  bajo presión se incurre, sin considerar el  alto costo que tendrá para la democracia en nuestra región.

El golpe de estado en Honduras, que por supuesto no es un hecho aislado, es un salto para atrás en nuestra historia, un salto en retroceso de más de treinta años.

El golpe de estado recibió el acompañamiento concertado de la derecha extrema en todo el Continente, pero especialmente en Centroamérica, cuyas patronales se pronunciaron inmediatamente a su favor y en apoyo de las patronales hondureñas que fueron coautoras del golpe.

Así también recibió el apoyo de los partidos políticos más intolerantes y reaccionarios del área, lo que debe recordarnos el peligro que representan esas otras  “transnacionalizaciones” que se dan en las esferas privadas, tanto de la gran corporación comercial internacional, como también en el  crimen organizado.

Cada uno de ustedes sabe en qué medida tendría que preocuparse por que la conspiración que dio al traste con un gobierno elegido por el pueblo y originó la situación actual de  Honduras,  no se aliente, no se oxigene ni se transfiera.

No me cansaré de  detallar que el golpe perpetrado por su condición antidemocrática, por la violación de los Derechos Humanos y por el régimen de persecución contra la oposición, es causa de potencial y creciente inestabilidad en nuestros países.

Ustedes saben que cuando tuve el privilegio de participar como Presidente en los foros del SICA, fui incansable actor de los  procesos de integración y de unidad, precisamente porque creo que son la única manera en que pudiéramos enfrentar los retos que nos plantean  otras corrientes que llaman a la perversión y el crimen.

Ustedes han afirmado que actúan en función del fortalecimiento del Sistema regional, una intención con la que coincido plenamente. y me permite por eso  hacer una reflexión  histórica.

Fue a raíz de los repetidos tropiezos en el camino de la Integración, que en el año de 1990 se suscribió en Tegucigalpa el Protocolo que establecía una normativa interna del Foro de Presidentes del área, que de alguna manera quería ser un nuevo  inicio para la Unidad de  Centroamérica, y en el espíritu de poder depositar las demás naciones la Presidencia pro tempore del Sistema en uno de los mandatarios alternativamente y de manera rotativa, fue necesario acordar la regla de oro del consenso completo, y se convino que solo se anunciarían las decisiones convenidas por todos los Presidentes.

La determinación de reincorporar a Honduras al Sistema centroamericano con pleno derecho, y apoyar sin más condiciones su reincorporación a la Organización de Estados Americanos según fue anunciado la semana pasada por el Presidente de El Salvador Mauricio Fúnez, rompe esa regla por la ausencia en esta decisión de un país (Nicaragua), el que su propio Presidente Daniel Ortega ha manifestado  su determinación de que Honduras debe cumplir una agenda mínima que conduzca  a la  restauración de la democracia como compromiso incluido en el derecho internacional y patentiza su indisposición a aceptar un acuerdo ilegitimo.

Las expresiones en que todos coincidimos y el sentimiento compartido de que las decisiones del Sistema deben ayudar a estabilizar la situación en Honduras, no deben ser a costa de encubrir la impunidad y dejar en el poder a las fuerzas golpistas. Esta decisión debe ser  condicionada a la restauración de la democracia en Honduras y por el consenso completo de Centro América.

Más allá de esta poderosa razón formal e institucional, para que Ustedes reconsideren el error de romper esa regla quizás no hace falta recordarles el sufrimiento de mis compatriotas y la terrible situación de mi país, la que sólo se remediará cuando se abra un Diaáogo Nacional verdadero y se establezcan mecanismos eficientes con acompañamiento internacional, para la protección de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad. La regla es sencilla se le darán al nuevo gobierno reconocimiento de plenos derechos en la medida que el nuevo gobierno  reconozca al pueblo plenos derechos.

Eso es lo que hemos planteado cuando se nos solicitó por parte de la OEA, como condiciones necesarias para regresar al Estado de Honduras al seno de la comunidad internacional, sumado  a la necesidad de cese a la persecución política judicial en contra de muchos altos funcionarios que nos acompañaron y que como su servidor, se encuentran hoy condenados a un exilio que nos trae a la memoria peores tiempos.

En espera de su justa reconsideración, reciban la muestra de mi más alta consideración,

República Dominicana, 26 de Julio de 2010
José Manuel Zelaya Rosales
Ex Presidente de Honduras
Coordinador Nacional del F.N.R.P.

Llamamiento a los pueblos del mundo



El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, hizo hoy, “un ferviente llamado a los pueblos del mundo, y a las organizaciones democráticas y progresistas a no reconocer y no permitir el reconocimiento al régimen continuador del golpe de Estado en Honduras encabezado por el señor Porfirio Lobo Sosa”.

El COPINH, instó a los pueblos y gobiernos latinoamericanos que “nadie que se considere abanderado de la democracia puede ni debe reconocer a un régimen que surgió de elecciones espurias, en las que la mayoría del pueblo hondureño no participó”, porque si esto sucede será un mal precedente político, que dará vía libre a la oligarquía y el imperialismo para  nuevos golpes de estado en el mundo y particularmente en América Latina.

Mediante un comunicado calificado como urgente, COPINH, expresa que no se debe reconocer al régimen de Lobo, por que llego al poder mediante unas elecciones organizadas por una dictadura donde el pueblo sufría la más dura represión caracterizada por: El cierre de medios independientes de comunicación, encarcelamientos masivos, torturas, declaraciones de estados de sitio, persecución indiscriminada, y asesinatos selectivos.

COPINH es del criterio que las elecciones desarrolladas en noviembre del año pasado fueron una maniobra de los Estados Unidos, con el propósito de  blanquear el golpe de Estado político militar y que por esta razón los gobiernos democráticos no deben  reconocer este régimen continuador del golpe y deberían  saber que este golpe de estado se puede extender a sus propios países,  el día que a las oligarquías y a los halcones de Washington se les dé la gana.

El Presidente Manuel Zelaya Rosales, solicitó hoy, a los presidentes centroamericanos “reconsiderar su intención” de incorporar al gobierno de Porfirio Lobo como representante de honduras, al Sistema de Integración Centroamericana SICA, porque “no se ha restaurado el estado de derecho en el país”.

El llamado del COPINH, surge en momentos en que la Organización de Estados Americanos OEA, mantiene una convocatoria a Asamblea General, para tratar la reincorporación de Honduras, a la organización, el próximo 30 de julio.
La organización denuncia que “las maniobras de los Estados Unidos patrocinador del golpe político militar perpetrado en Honduras el 28 de junio del 2009, con el servil apoyo de algunos regímenes títeres que siguen el inmoral juego de Washington, que  pretenden a como dé lugar forzar el reconocimiento del régimen continuador del golpe de Estado”.

El comunicado lamenta “el papel rastrero de gobiernos como el de Mauricio Funes de El Salvador, de Álvaro Colom de Guatemala”, que a pesar que  sus pueblos han sufrido masacres alentadas y apoyadas por los “gringos”, hoy se prestan a legitimar un régimen violador de los derechos humanos,  que no es otra cosa que continuador del golpe de Estado.

La organización indígena señala que la única manera de salir de la aguda crisis política en la que actualmente se encuentra sumida la sociedad hondureña es “mediante el castigo a los golpistas, el cese a las violaciones a los derechos humanos y  la convocatoria  a una Asamblea Nacional Constituyente popular,  democrática, plenipotenciaria y re fundacional,  que emita una nueva constitución,  que dé lugar a una  institucionalidad democrática, a una nueva normativa jurídica que permita el ejercicio de la democracia directa, termine con  los altos niveles de concentración de la riqueza,  permita a las grandes mayorías tener una vida digna y justa, un verdadero estado de derecho y  soberanía en el país”.

Pensamiento crítico, poder popular y flilosofía de la praxis

Por Ricardo Salgado

El desarrollo histórico de las sociedades latinoamericanas de las últimas décadas marcan un gran desarrollo y diversificación de las fuerzas productivas, y aunque el análisis ortodoxo nos llevaría concluir que esto no es cierto, en virtud de que los medios de producción han permanecido relativamente estáticas, bajo una férrea dependencia de las necesidades productivas globales, enmarcadas en un sistemas cada vez más consumista y menos productivo.

Del mismo modo, el desarrollo vertiginoso de las fuerzas productivas, ha traído consigo una obligación por revisar los conceptos tradicionales de la lucha de clases. Ciertamente no es acertado ver esto desde la óptica aplicada a otras partes del mundo en condiciones históricas diversas, menos aún pretender que una nueva sociedad debe construirse bajo patrones preexistentes.

La constitución del proletariado  ha variado notablemente desde mediados del siglo XIX, y debe tomarse en consideración el proceso de empobrecimiento de las llamadas “clases  medias” que antaño tuvieran la opción de afianzarse dentro de lo que nos acostumbramos a llamar “pequeña burguesía”. De alguna manera, el sistema capitalista, en sus últimas manifestaciones, ha tenido un gran impacto enajenador, y logrado que estos grupos ignoren su verdadera situación de clase, y además se auto marginen de la clase trabajadora.

En ese orden de cosas hay que notar como el sistema capitalista ha aprovechado para orillar a los movimientos gremiales a luchas separadas de las del resto de sectores que constituyen en la práctica al proletariado de hoy. Estas luchas aisladas están relacionadas también con el propósito de socavar las posibilidades de acción de un partido político proletario, identificados tanto por Lenin como por Gramsci como una necesidad critica para el avance hacia el triunfo de la clase trabajadora y la construcción de una sociedad socialista.

No debería ahora ser tratada como un tabú la necesidad de desarrollar teoría revolucionaria, dialéctica, consecuente con el desarrollo del capitalismo por más de 150 años, y el nivel alcanzado por las fuerzas productivas, a pesar del variable desarrollo de los medios de producción en cada país, de acuerdo a las condiciones que el mismo sistema genera particularmente a estos.

Sería un error grave dejar del lado el hecho de que nunca antes en la historia de la humanidad las clases dominantes habían podido influenciar de tal manera en el comportamiento de la clase trabajadora que hoy; y que el pueblo es víctima de un bombardeo constante que le induce a necesidades que no tiene, pero que sirven para su sometimiento ideológico permanente. No sé si existen estadísticas comparativas entre el crecimiento del acceso a medios unidireccionales de enajenación (TV, Radio, periódicos) y la promoción de la lectura e impresión de libros de línea formativa.

A estas alturas es importante darle un lugar preponderante a la construcción del poder popular desde “abajo y hacia la izquierda”, entendiendo a esta última como una alternativa real de acceso al poder para el pueblo. Esta idea, se vincula estrechamente con muchos aspectos que caracterizan  la deformación vertical de la consciencia de las sociedades, así como las evidentes desventajas que tenemos para crear puntos de encuentro con nuestros pueblos. Bajo las condiciones actuales de lucha, se requiere de una acción permanente entra las grandes masas excluidas por el sistema, y aprender de sus experiencia de manera permanente, a la vez que posicionamos el pensamiento y los valores importantes de la solidaridad, el apoyo fraterno, y las realidades que el sistema imperante bloquea por razones evidentes.

Es improbable que el trabajo entre el la clase trabajadora de frutos si se siguen las ideas tradicionales de formación, pues estas están enfrentadas con un monstruo enajenador de carácter global, que cuenta con una cantidad enorme e indeterminada de recursos, que funciona desde hace muchos años. Incluso los proyectos de Radios Comunitarias, aunque son muy importantes, tienen dificultades de operación por el constante acecho de la represión y las manipulaciones de los grandes medios.

Otro error muy común, especialmente en organizaciones con vínculos históricos con la experiencia socialista del siglo XX, es que las mismas tienden a estigmatizar como “revisionistas”, “contra revolucionarias” e incluso “locuras”, aquellos planteamientos que proceden de la perspectiva del pensamiento crítico que busca un análisis dialectico de los procesos, y la vinculación de estos análisis con la práctica política, en lo Marx y Engels, entendían como la filosofía de la praxis.

Es evidente la necesidad de retomar el ejercicio del pensamiento, con el propósito de abordar temas críticos más allá de la sensibilidad que se genera alrededor del “patrimonio intelectual” con el que ya cuentan muchos movimientos. Es vital entender que la aplicación de un enfoque dialectico  permitirá una elaboración más coherente de estrategias que nos apoyen en la conducción de nuestros pueblos por una senda liberadora del yugo capitalista.

En esto encontramos material para discutir temas muy importantes como la naturaleza de clase de la propiedad privada, así como de la importancia de la iniciativa individual de los humanos, como entes capaces de apropiarse de su realidad, tanto objetiva como subjetiva. Hoy resulta anacrónico mezclar ambas cosas, y elaborar un discurso antagónico que, frente a una sociedad que tiene más de un siglo de recibir mensajes alienadores sobre la importancia de la propiedad privada, promueve el aislamiento de los movimientos populares, obligándolos a enfocarse sectorialmente, alejándolos de las luchas fundamentales. Esta confusión es muy conveniente para las clases dominantes, pues al mezclar propiedad con iniciativa individual, pueden hacer crecer la sensación de empoderamiento en la clase trabajadora sobre un bienestar imaginario.

Es interesante ver cómo, en muchos casos, los pueblos no pueden tomar ventajas de las coyunturas, debido a la falta de la conceptualización clara que sirva de marco para definir su lucha. Hace falta establecer estrategias consecuentes con las particularidades de cada realidad, y convertir el cambio estructural de la sociedad en un objetivo supremo de la lucha de todas las organizaciones populares se auto entienden como vanguardia en sus propias luchas.

Es poco probable concebir cambios radicales sin la incorporación del pensamiento crítico y  la construcción de poder popular como piedras angulares de la lucha revolucionaria en el siglo XXI.  La sola composición de las diversas fuerzas con características de vanguardia es tan diversa que la única opción que queda es buscar los consensos, sin invocar vanguardismos que lleven a la aplicación de soluciones “pre existentes”. No debe confundirse el consenso con la mediatización de la lucha; tampoco debe enfocarse la discusión hacia dogmas gastados y análisis inconsistentes con la dialéctica misma.

Podemos ver con claridad meridiana que los alcances de nuestras luchas y su consecución estarán relacionados nuevamente con la aplicación de la ya mencionada filosofía de la praxis. La falta de construcción de pensamiento, así como la carencia de una práctica consecuente con el mismo son elementos que seguramente harán fracasar cualquier movimiento político. Por otro lado, es imperativo que se busque la preponderancia del pensamiento vinculado con la realidad y no con las convicciones políticas; no hay que dejar pasar por alto el hecho de que, normalmente, estas políticas están fuertemente condicionadas por prácticas equivocadas y la acción perturbadora de las estrategias de la clase dominante.

Como hemos podido ir leyendo a lo largo de este corto documento, se plantea la necesidad de un enfoque dialectico y el desarrollo de una visión clara de la realidad, a partir de los que se produce teoría revolucionaria para que respalde la práctica de la misma.  Sin embargo, estos elementos no son suficientes si se carece de una organización capaz de estructurase y presentar vida orgánica para todos los miembros de la misma.

Un espacio vital de identidad orgánica debe ser creado a partir del trabajo unitario, mientras se mantienen la tareas esenciales de cada grupo particular que se integre a esta entidad revolucionaria, llamada a ser la vanguardia del pueblo en su lucha liberadora. Notemos que la existencia de partidos políticos integrados en estas organizaciones debe implicar obligatoriamente un compromiso real de estos para alcanzar los propósitos del pueblo, empoderado por el proceso planteado, omitiendo las usanzas y vicios propios de los partidos burgueses.

Si bien es cierto es muy importante para cada grupo mantener la vida organizada de sus propias instituciones, debe hacerse hincapié en que no existen contradicciones entre esto y su militancia, y vida orgánica en la organización política estructurada a fin de conquistar el poder.

El poder es otro elemento clave dentro de la discusión dialéctica, pues no importa que enfoque se le dé al proceso de liberación, el propósito último de la lucha del proletariado es la toma del poder. Así toda organización del pueblo debe tener presente que lucha por el poder es fundamental, y se debe abordar con seriedad y dedicarle mucho del pensamiento que se ha de aplicar en su estrategia y sus tácticas para lograr sus objetivos. No se refundan las sociedades in tener el poder.

El tema del poder debe ser ineludible, y abordado con franqueza, espíritu unitario y vocación científica. En virtud de que el poder mismo no es un ente coyuntural (en realidad no pasa de partido a partido, sino de clase a clase), la estrategia debe involucrar a todos los actores, sin excepción, para garantizar que el poder, una vez alcanzado, ha de ser consecuente con todas las partes participantes en la lucha. Tampoco debe olvidarse que el desarrollo de la lucha de clases ha servido como conductor del desarrollo histórico, y que, como consecuencia de esto, existen innegables instituciones, principios y fundamentos que se han perfeccionado por la acción proletaria, dentro del mismo sistema preponderante. Esto se nota con claridad en el desarrollo de las sociedades burguesas, en las que, al menos en teoría, se han establecido derechos con carácter inalienable a raíz de las luchas populares.

Es fácil presuponer que una organización de masas, será objeto de todo tipo de atentados de parte de la clase dominante, desde la abierta represión hasta la infiltración de elementos disociadores que pueden llegar a causar mucho daño si no se consolida una línea de pensamiento y se fortalece la estructura organizacional. Nótese que para fines de trabajo es importante la máxima participación de las masas (ya en proceso de construcción de poder popular), y debe existir continua creación de pensamiento. No olvidemos que mientras más organizado es un ente, mas invulnerable se vuelve.

Un proceso revolucionario de clase no se trata de minimizar la importancia ni de la teoría ni de la práctica, sino de establecer un vínculo claro entre ambos como elementos indispensables para organizar la lucha liberadora del pueblo. Es importante insistir en la importancia de la formación política y la conexión permanente con las masas.

Resulta de gran importancia la unidad de los pueblos de América Latina, alrededor de los mismos principios de libertad, igualdad, respeto, solidaridad, justicia y reconocimiento de las particularidades de cada pueblo. Esto no es contradictorio con la lucha de clases, ni con los conceptos fundamentales que se han enunciado por décadas en relación con la lucha popular. Al contrario cada una de esta luchas sectoriales es también parte de la batalla  por el cambio de la sociedad.

Un fundamento esencial es que debemos desarrollarnos, desarrollar la lucha, y las ideas a un ritmo aún más vertiginoso que el sistema opresor mismo. No podemos atenernos a la tesis de que “el capitalismo regenera constantemente sus condiciones de existencia”, pues estaríamos contradiciendo nuestro papel como clase en la determinación del curso de la historia. En este sentido se requiere una militancia permanente a nivel del debate de las ideas en una dimensión continental.

Si hemos de prevalecer, debemos estar a la altura de nuestros pueblos, para producir la refundación de las sociedades continentales. No observar la importancia de todos los elementos equivale a renunciar a la posibilidad de llevar adelante la lucha revolucionaria; una vez en esa situación nos volvemos reaccionarios y cómplices de la clase dominante.

Hasta la Victoria siempre
Ricardo Salgado
27/julio/2009