La “reconstrucción” de Haití

Periodismo Humano

Por Carlos Sardiña

Han transcurrido seis meses desde que un terremoto de siete grados en la escala de Richter sacudiera Haití, arrasando la capital Puerto Príncipe, matando a unas 230.000 personas y dejando sin hogar a otro millón y medio de sus habitantes. Como es habitual en estos casos, poco después de la catástrofe, muchos países se comprometieron a ayudar a reconstruir un país devastado, pero casi ninguna de esas promesas se ha cumplido: los haitianos, una vez más, han de arreglárselas solos para sobrevivir.

Como en tantas otras catástrofes naturales, el mundo ha hecho unas promesas que no parece estar dispuesto a cumplir. El pasado mes de marzo se reunieron en Nueva York más de cien países y se comprometieron a donar más de cinco mil millones de dólares en los próximos dos años y unos diez mil millones a lo largo del siguiente decenio. Los países donantes sólo han desembolsado un dos por ciento del dinero prometido a corto plazo y la inmensa mayoría no han aportado absolutamente nada; sólo cuatro de ellos han entregado algún dinero (Noruega, Australia, Estonia y Brasil, el único que ha dado todo lo que había prometido). El organismo encargado de gestionar la ayuda, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), presidida por Bill Clinton y el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, no se reunió por primera vez hasta el pasado 17 de junio.

Esa inacción es especialmente sangrante en el caso de Haití, uno de los países más explotados, expoliados y maltratados por esa misma comunidad internacional que ahora se presenta como su salvadora. Si la magnitud de la devastación del terremoto, una catástrofe ocurrida en medio de una tragedia, fue tan enorme, se debe en gran medida a una pobreza extrema consecuencia de siglos de rapiña de las potencias extranjeras y varios decenios de mortíferos programas de ajuste estructural del FMI. Nada de eso ha cambiado tras el seísmo.

Medio año después de aquel doce de enero, ni siquiera ha comenzado la reconstrucción del país. Mientras el presidente de Haití, René Preval, entregaba el lunes en Puerto Príncipe varias medallas a un grupo de políticos, directivos de organismos internacionales, periodistas y actores (entre ellos Bill Clinton, el periodista de la CNN Anderson Cooper y el actor Sean Penn) por sus labores de ayuda, un millón y medio de haitianos que perdieron sus hogares aún viven en más de mil doscientos campamentos, en unas condiciones a menudo enormemente precarias. Sólo una cuarta parte de esos campamentos están gestionados por organizaciones humanitarias, el resto están abandonados a su suerte. Ninguno de ellos está preparado para soportar la temporada de huracanes, que se prolonga desde junio hasta finales de noviembre y que se prevé que este año sea especialmente virulenta.

El presidente Preval y el primer ministro Bellerive aprovecharon la ocasión para anunciar que había finalizado en Haití la fase de emergencia y comenzaba la fase de reconstrucción. Pero antes de reconstruir cualquier cosa, es necesario retirar los escombros, una ingente tarea que apenas ha comenzado: se calcula que hay unos 20 millones de metros cúbicos de escombros en Puerto Príncipe, de los que sólo se ha retirado un 5 por ciento. Al ritmo actual, se tardará 20 años o más en retirarlos todos de la ciudad.

Dejando aparte la inacción de los gobiernos y los organismos internacionales a la hora de ayudar a Haití, una inacción que no les impide tratar de ejercer un férreo control del desarrollo y la reconstrucción del país, gran parte de la ayuda se encuentra en manos de miles de organizaciones no gubernamentales. La fuerte presencia de estas organizaciones en Haití ha hecho que algunos llamen al país la “república de las ONG” y posiblemente suponga un obstáculo para la construcción de unas instituciones estatales sólidas en el país.

Pocos días después del terremoto, la prestigiosa revista médica británica The Lancet publicó un editorial en el que criticaba duramente la labor de las ONG en Haití, acusando a muchas de falta de coordinación e incluso de competir entre ellas, de no atender realmente a las necesidades de los haitianos y de centrarse casi exclusivamente en el marketing para vender su imagen. Ese tipo de organizaciones no suelen estar sometidas al escrutinio de la opinión pública y a menudo son poco o nada transparentes. La organización estadounidense Disaster Accountability Project publicó esta semana un informe elaborado a lo largo de los cinco últimos meses sobre las ONG que operan en Haití y han recaudado dinero recientemente para sus proyectos. De las 198 organizaciones estudiadas, muchas de ellas sólo han gastado entre una tercera parte y la mitad del dinero recaudado y la mayoría no informa periódicamente de sus actividades.

Pero gran parte del problema de la reconstrucción en Haití se halla en la propiedad de la tierra y en cómo la ya mencionada Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), se ha puesto al servicio de los grandes propietarios. A mediados de abril el Parlamento haitiano decidió prolongar durante 18 meses el estado de emergencia en el país y transferir a la CIRH el poder de decisión sobre las finanzas y la reconstrucción del país. La Comisión está formada por 26 miembros, la mitad de ellos internacionales (representantes de instituciones como el FMI, el Banco Mundial o las principales naciones donantes de ayuda como Estado Unidos o Francia) y la otra mitad haitianos. Ellos son los encargados de asignar los terrenos para los campamentos de desplazados y expropiar los que considere necesarios para la reconstrucción.

Como no podía ser de otro modo, la CIRH ha asignado esas tierras en función de los intereses económicos de algunos de sus miembros. El encargado de realojar a los habitantes de Puerto Príncipe que viven en campos improvisados es Gerard-Emile “Aby” Brun, presidente de Nabatec, un consorcio propiedad de algunas de las familias más ricas de Haití. En abril, decidió realojar a miles de haitianos que estaban en un campamento en el club de golf de Petitionville en un nuevo campamento situado a quince kilómetros de la capital llamado Corail-Cesselesse, donde supuestamente estarían más seguros ante la inminente llegada de la estación de las lluvias, algo que ha demostrado ser falso: las lluvias han provocado inundaciones y grandes destrozos en las instalaciones del mismo.

El terreno en el que se halla Corail-Cesselesse es propiedad de Nabatec, que probablemente perciba una gran parte de los 7 millones de dólares que el Gobierno va a destinar a compensar a los propietarios de las tierras utilizadas para instalar los campamentos. Además, Nabatec está negociando con empresas textiles surcoreanas para construir fábricas precisamente en esa zona, con lo cual el campamento también brindaría la mano de obra necesaria para trabajar en ellas. No está de más recordar que Bill Clinton ha defendido la industria textil como “tabla de salvación” de la economía haitiana desde antes del terremoto. En realidad, se trata de aprovechar la mano de obra barata del país para emplearla en maquiladoras cuyo beneficio económico no va a revertir en los explotados trabajadores haitianos.

La ineptitud y la corrupción demostradas tanto por la llamada comunidad internacional como por el propio Gobierno de Haití tras el terremoto de enero se inscriben en una pauta histórica de explotación que se remonta a la época en que Haití era una colonia francesa y a su independencia de la metrópoli en 1804. Como si el mundo fuera incapaz de perdonar a aquellos esclavos que tuvieron la osadía de poner en práctica los valores de su tiempo y liberarse a sí mismos en plena época de la Ilustración, la libertad, la igualdad y la fraternidad, Haití hubo de enfrentarse desde el momento de su independencia a la hostilidad de las grandes potencias. Obligado a pagar a Francia una monstruosa compensación por la pérdida de su mano de obra esclava (y que no terminaría de desembolsar hasta poco después del final de la segunda guerra mundial) y presa después del imperialismo estadounidense, jamás se ha permitido que prosperara más que a una pequeña clase de privilegiados dispuestos a vender el país al mejor postor.