Manuel Zelaya reside en la actualidad en República Dominicana, luego de haber dejado forzosamente el poder hace un año. (Foto: Archivo)
El retorno del ex Presidente Zelaya Rosales es la noticia del momento. Pero no será fácil el regreso a la patria.
Fue expulsado de su país después de haber sido ultrajado su hogar con un allanamiento fuera de las horas que permite la Constitución, acompañado de ráfagas de ametralladora, mientras su hija menor escuchaba, escondida por temor a ser víctima de la bestial acción, todo lo que hacían para reducir a la impotencia a su padre. Toda esta operación, digna de un episodio de una guerra formal, se diseñó contra un solo hombre que apenas tres años y medio atrás había sido votado por el pueblo hondureño como su nuevo Presidente.
Luego se dio a conocer que el Ministerio Público había incoado una acción contra el Presidente y que un juez nombrado por la Corte Suprema de Justicia de entre sus miembros, después de declarar la secretividad del proceso, había emitido orden de captura en contra suya y para hacerla efectiva ordenó, en contra de la Constitución de la República, a las Fuerzas Armadas cumplirla, alegando que la policía podía estar inclinada hacia el Presidente, por lo que no resultaba confiable. Sin embargo, ésta, de inmediato, desplegó una persecución contra los que protestaban a favor del Presidente con una crueldad que la población entendía había quedado en la década de los ochenta. Los señalamientos contra la policía por la violación a los derechos humanos de quienes protestaron contra el Golpe de Estado vienen de los organismos que integran el sistema interamericano de Derechos Humanos y seguramente nuestro país será nuevamente condenado al pago de grandes cantidades de dinero en concepto de indemnización a las víctimas, y los verdaderos responsables gozarán de impunidad.
Las torturas a que fue sometido el Presidente Zelaya, su familia y acompañantes en la sede de la Embajada de Brasil, usando tecnología de punta, poniendo en riesgo la vida todos cuantos allí se encontraban, desnudó ante el mundo el odio que le tienen a Zelaya los conspiradores y el salvajismo de que era capaz la dictadura y sus cómplices.
El Congreso Nacional, el sistema de justicia y los órganos responsables de la defensa nacional y de la seguridad pública participaron directamente en lo que hoy es un hecho innegable: un Golpe de Estado. Hasta el mismo Jefe de Estado Lobo Sosa lo ha admitido y más de un funcionario de su gobierno ha pedido perdón por este crimen contra la democracia, la República y la historia.
La parcialidad del sistema se puso en evidencia cuando trascendió que de los juicios incoados al Presidente solo uno, aparentemente, está pendiente y, a pesar de que se trata evidentemente de un acto que, en todo caso, resulta beneficiado con la amnistía, se insiste tercamente en mantenerlo vigente.
Muy poco ha cambiado institucionalmente el país desde que el Presidente fue derrocado. Solo el Poder Ejecutivo y parte del Legislativo se ha renovado. Por lo que su retorno en estas condiciones no ofrece ninguna garantía para su seguridad personal y la tranquilidad de su familia.
No obstante, su retorno es imprescindible para comenzar la reconciliación nacional. La misma estabilidad política del país depende del retorno al país de Zelaya. Es, pues, cuestión de Estado. Debe garantizarse, en consecuencia, que gozará de la protección que demanda su situación tan especial. Cómo lograrlo, es responsabilidad y una prioridad de primer orden del actual gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario