Diversas organizaciones de derechos Humanos anunciaron que próximamente llegará al país, el Fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, para abrir Los expedientes de las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti Baín.
Micheletti Bain, quien de manera ilegal fue nombrado por el Congreso Nacional, gobernó Honduras tras el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales y se mantuvo en el poder durante seis meses con el respaldo de grupos de empresarios, políticos y las Fuerzas Armadas. En su mandato el ejército y la policía cometieron delitos violatorios a los derechos humanos.
Una veintena de organizaciones que recientemente se reunieron en San Salvador, pidieron al Fiscal General Internacional, que visite Honduras con el objetivo de abrir las investigaciones de todos los delitos cometidos en el marco del golpe de Estado y los ejecutados mientras se desarrollaban las manifestaciones populares, sobre todo durante los toques de queda.
En la carta enviada a la Corte Internacional, los defensores de los derechos humanos piden la investigación y condena para los principales responsables de los crímenes, que de acuerdo al estatuto de Roma, serían de su competencia.
El presidente del Comité de Derechos humanos de honduras, CODEH, Andrés Pavón, denunció que solo durante los toques de queda, fallecieron 83 personas, sin considerar varias decenas de hondureños que fueron víctimas de la persecución selectiva.
Cabe mencionar que el 18 de noviembre de 2010, el Fiscal Moreno Ocampo anunció la apertura de juicios por diversos delitos denunciados. "Hemos recibido muchas comunicaciones sobre Honduras de crímenes vinculados al golpe de Estado. Hubo diferentes acusaciones de torturas masivas y mil personas arrestadas en un día, por lo que estamos investigando, ", indicó.
Expresó que los grupos de derechos humanos documentaron abusos graves, incluyendo muertes, mientras las fuerzas de seguridad reprimían a los manifestantes que exigían el retorno del orden constitucional, “además de apagones mediáticos en las semanas posteriores al golpe de Estado”.
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