Las honduras de la impunidad

Alainet

Por Jorge Luis Ubertalli

En la madrugada del 28 de junio del 2009, luego de una crisis iniciada días antes que terminó con el desplazamiento de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, fue destituido y expulsado de Honduras, país de 8.500.000 habitantes de los cuales un 80% son pobres, el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, quien en un primer momento y desde Costa Rica ofreció una conferencia de prensa conjuntamente con su homólogo tico, caracterizando su destitución y expulsión como un "golpe de Estado".

La acción cívico-militar de su derrocamiento fue también considerada por la totalidad de los países del subcontinente como una violación de los principios constitucionales, lo que le valió a Honduras, previa condena unánime del arco de naciones americanas y del mundo, su expulsión de la OEA y la ruptura de relaciones con varios países. Ahora, a dos años de la aventura golpista, y en consonancia con los Acuerdos de Cartagena del 22 de mayo pasado, avalados por Colombia y Venezuela, que garantizaron el regreso del ex presidente Zelaya al paìs luego de una previa reunión con el ahora presidente Porfirio Lobo, Honduras ha vuelto a ser considerada miembro de la OEA. Sólo Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa pudo controlar no hace mucho una rebelión policial que intentó asesinarlo y terminar con su gobierno, y que dejó un saldo de muertos y heridos, se opuso a la reincorporación hondureña a la OEA, argumentando que antes de hacerlo los golpistas debían ser juzgados. Por otra parte, organizaciones sociales catrachas, como el FNRP y la COPINH, también se opusieron a la oxigenación de los golpistas, que hoy y desde las sombras siguen asesinando a periodistas, campesinos y dirigentes sociales y políticos. El "globo de ensayo" lanzado por la oligarquía local y sus fuerzas armadas, y auspiciado y planificado por el imperio del Norte de América a la opinión pública y al derecho internacional, consistente en actuar “de facto” para luego legalizar sus acciones, parece haber funcionado una vez más en ese país centroamericano, constituyéndose en un verdadero peligro para el futuro de los pueblos que desean, por vía pacífica, liberarse de las cadenas del saqueo, la sumisión y la explotación.

Los amos de Micheletti y Cia
Aunque desde un primer momento los EE.UU. negaron haber participado en la destitución violenta del presidente Zelaya, fuentes locales informaron que el 12 de junio el Embajador norteamericano en ese país centroamericano, Hugo LLorens, de reaccionaria trayectoria, había visitado, sin conocerse el objetivo, el Colegio de Defensa Nacional de Honduras, ubicado en la base militar norteamericana de Soto Cano, o Palmerola, instalada en el país para agredir a la Revolución Popular Sandinista en la década de los 80 y en donde opera la Fuerza de Tareas Bravo de EE.UU. Asimismo, se sabe que los golpistas que llevaron detenido a Zelaya hacia Costa Rica en el momento posterior a su derrocamiento partieron de esa base aérea. Y también se supo, a través de declaraciones de la dirigente del COPINH- FRNP, Berta Càceres, entrevistada en Buenos Aires el pasado año por este autor, que el derrocamiento de Zelaya obedeció, fundamentalmente, a que éste se había propuesto desmantelar la base aérea militar norteamericana para convertirla en un aeropuerto civil. La erección de una “cuarta urna” en las elecciones que se celebrarían en los mismos días de consumado el golpe de Estado para llamar a un plebiscito nacional sobre si se estaba o no de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución, se constituyó en la principal justificación de la asonada cívico militar, en la que estuvieron involucrados los miembros del Poder Judicial y el Parlamento, los empresarios y dueños de medios de información, además del órgano ejecutor: las Fuerzas Armadas y Policiales.

La inclusión de Honduras en la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), contrapartida del ALCA auspiciada por EE.UU., se constituyó también en un incentivo fundamental para que los norteamericanos apostaran a terminar con el gobierno de Zelaya. Asì, el presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, se convirtió en el nuevo sátrapa catracho, uno más de los que escarnecieron la vapuleada republica centroamericana.

Historia clínica del golpismo hondureño
Luego de varios gobiernos de facto sucedidos sin solución de continuidad en Honduras y en el marco de la agresión a Nicaragua Sandinista, bajo la presión de EE.UU. se celebraron elecciones en 1980. En ellas se impuso como candidato el caudillo conservador Policarpo Paz García, quien luego fue sustituido por el candidato liberal Roberto Suazo Còrdoba. El triunfo de este último abrió esperanzas populares, pero ya los dos partidos, Conservador y Liberal, habían pactado con los militares los siguientes puntos: -no se investigarían actos de corrupción cometidos por los uniformados;- todo lo concerniente a defensa y seguridad quedaría en sus manos;- los uniformados tendrían derecho a veto sobre todos los miembros del gabinete gubernamental. Esta farsa “democrática”, consagratoria de la impunidad de los esbirros armados, se conjugó con la creación “científica” de la represión en el país, que tuvo como principal exponente al general Gustavo Álvarez Martínez, primero jefe de la policía política (FUSEP) y luego jefe de la Comandancia del Ejèrcito. Cursante del Colegio Militar argentino, Alvarez Martínez se constituyó a principios de los años 80 en el receptor de represores del Ejèrcito Argentino (EA), del Chile pinochetista y de Israel, entre otros, quienes, conjuntamente con agentes de la CIA norteamericana instruyeron en cuanto a tècnicas de represiòn, torturas, secuestros-desapariciones y asesinatos a los uniformados locales. Alrededor de ciento cincuenta oficiales y agentes de inteligencia del EA se allegaron a Honduras para asesorar en la creación del Batallòn 3-16, unidad conformada por torturadores y asesinos, y organizar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses dispersos por Centroamérica que, una vez concentrados en Honduras, se abocaron a agredir a la Revolución Popular Sandinista. Bajo el mando del coronel Osvaldo Ribeiro, alias “Balita”, compañero de promoción de Álvarez Martínez en el Colegio Militar argentino, y Santiago Hoyas, alias “Villegas”, responsables de operaciones y logística, respectivamente, de los contras nicaragüenses, los represores hondureños aprendieron el arte de escarnecer a sus compatriotas en el marco de la “guerra antisubversiva”. Los “asesoramientos” de los militares argentinos fueron tan eficaces que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras en los años 90, doctor Leo Valladares Lanza, responsabilizó a los “argentinos” del secuestro-desaparición de 184 personas desde 1980 a 1990. En un viaje hacia la Argentina realizado en 1996, Valladares Lanza inquirió al entonces presidente Carlos Menem sobre las actividades de los integrantes del EA destacados en Honduras entre 1980 y 1990, sus roles en la conformación de unidades “de elite y contrainsurgencia” y escuadrones de la muerte catrachos; también pidió a Menem la nómina de miembros de la Jefatura II, Inteligencia y del Batallón de Inteligencia 601 del EA enviados a su país, la lista de agentes de la SIDE que se habían allegado a Honduras en esa época y otros ítems. Sus denuncias y peticiones quedaron en el vacío. La impunidad nuevamente envolvió con el humo negro de la desinformación y la complicidad a los martirizadores del pueblo hondureño.

Ya en nuestro siglo, concretamente luego del golpe del 28 de junio, fuè nombrado asesor y jefe de seguridad de la dictadura de Michelettti el ex jefe del Batallòn 3-16 y de las bandas paramilitares “Lince” y “Cobra”, Billy Joya Amèndola, alias “doctor Arranzola”, quien había sido instruido en nuestro país en cuanto a técnicas de “guerra sucia” bajo las órdenes del genocida Guillermo Suàrez Mason, habiendo formado parte de las patotas represivas que actuaron durante la dictadura militar avenida el 24 de marzo de 1976.

Otra vez sopa
Luego del aislamiento internacional de Honduras a partir del golpe de Estado, de la conformación del Frente Nacional y Popular de Resistencia Hondureño( FNRP), de los centenares de ultrajados, asesinados, secuestrados- desaparecidos y torturados durante el gobierno de Micheletti, de los dobles mensajes de la OEA, los EE.UU. y otras instituciones con respecto a la ilegalidad del golpe y del amañado llamado a elecciones, que se llevaron a cabo a fines de noviembre del 2009 con el 75% de abstenciones, y en las que resultó “elegido” como presidente Porfirio Lobo, la impunidad parece haberse enseñoreado nuevamente en Honduras. El Acuerdo de Cartagena, llevado a cabo hace poco tiempo en la homónima ciudad colombiana y en donde se proyectaron los Acuerdos para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en presencia de Porfirio Lobo y Manuel Zelaya y con la garantía de Colombia y Venezuela, significó un paso atrás en relación al castigo que merecen los que llevaron a cabo el golpe del 28 de junio del 2009. Ya en Honduras, Zelaya denunció hace pocas horas la violación del pacto, en relación con la detención por “corrupción” de su ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza. La continua masacre de campesinos del valle de Caguan, llevada a cabo por esbirros de terratenientes como Miguel Facusse, entre otros, para apoderarse de sus tierras; de maestros y otros sectores populares y la continúa represión hacia los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia (FRNP) siguen anoticiando que la dictadura está vivita y coleando, y que cuenta con el apoyo de su socio mayor: EE.UU.

Por otra parte, el FRNP y la COPINH, que forma parte de aquel, se pronunciaron contra la impunidad de los golpistas. “Como organización indígena y popular en resistencia desde hace muchos años, y permanentemente activa en esta etapa de organización nacional contra el golpismo, consideramos que el Frente Nacional de Resistencia Popular debe rechazar contundentemente el discurso de reconciliación nacional, ante la evidente actitud del régimen que habla de la gran familia hondureña mientras reprime, secuestra, golpea y asesina a los movimientos sociales en lucha, especialmente a los campesinos y campesinas que luchan por la tierra. Su discurso en la práctica es el de la confrontación, la represión y remilitarizaciòn del país.”-sostuvo la COPINH en un documento emitido el 10 de junio pasado en La Esperanza, Intibucà. También la organización reafirmó su posición contraria a que el FNRP se convierta “en un partido político, pues tal instrumento es parte de las fórmulas que el sistema utiliza para legitimarse. Un partido político excluiría inmediatamente a las organizaciones sociales, que son por definición pluralistas” (…) “A nadie del pueblo y de las organizaciones beneficia, solo a la oligarquía, convertir al FRNP en un instrumento electoral” (…) “ No cometamos el error de darle en bandeja de plata a la oligarquía lo que tanto ha buscado: dividir y desarticular a los sectores populares y sociales en resistencia y acorralarlos con una sola forma y vía de lucha.”

“El pueblo debe contar con un instrumento movilizador de lucha, de organización, de unidad que le permita avanzar y crecer frente a la terrible ofensiva golpista que quiere proyectar su proyecto de hambre y dolor para las y los hondureños”. “Reafirmamos nuestro compromiso con el proceso de Autoconvocatoria y consideramos que debe impulsarse con mas fuerza, pues este es el camino de generador de poder constituyente que nos lleve a una Asamblea Nacional Constituyente originaria y popular y no al servicio de los partidos oligarcas”. (…) “El FNRP debe celebrar su aniversario luchando y creando poder popular”.- culmina el documento de la COPINH, quien convoca al Segundo Llamamiento “Encuentro Internacional contra la Militarización, Ocupación y Represión en Honduras para los días 26, 27 y 28 de junio.

La refundación catracha ha de terminar con las honduras de la impunidad.