martes, 5 de octubre de 2010
Diálogo político
Tiempo
El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, ha convocado a diferentes sectores de la sociedad hondureña para entablar un diálogo político sobre “distintos temas de interés nacional”, entre ellos el relacionado con “la propuesta pública de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Esta iniciativa del presidente Lobo Sosa se desarrolla en el contexto de la reconciliación nacional, que es el propósito fundamental para darle una salida institucional a la crisis política derivada del golpe de Estado del 28 de junio/09 y para legitimar plenamente el régimen actual.
Desde que se rompió el hilo constitucional, era obvio que la solución de la crisis política generada requería del recurso constituyente, pues no hay otra forma de resolver una ruptura del orden constitucional, y esa es la manera en que, invariablemente, se ha superado en Honduras el trauma de los golpes de Estado.
Sin embargo, con ocasión del golpe de Estado del 28 de junio y como producto de la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el conflicto, se puso en escena una acción diplomática —Diálogo San José-Tegucigalpa— que fracasó en su declarado objetivo de restaurar el gobierno constitucional con el retorno del presidente Zelaya Rosales, e implementó la salida a través de las elecciones generales en que se eligió al presidente Lobo Sosa.
Siempre se dijo que estas elecciones eran un paso muy importante, pero no suficiente para resolver la crisis política. En consecuencia, se juzgó indispensable proceder a la activación de un proceso de reconciliación nacional, pero, como era previsible —y a la luz de lo sucedido en el curso de los acontecimientos— dicha reconciliación no es viable sin una consulta nacional a fondo, popular y directa.
En todos los países del mundo los sistemas políticos son revisados de acuerdo con la evolución y las demandas de cambios estructurales que imponen las necesidades emergentes, el desarrollo económico y social, las demandas populares y las exigencias de la modernidad. Esa revisión determina forzosamente reformas constitucionales, e incluso la creación de nuevas constituciones.
En nuestro país, en circunstancias muy particulares, se llegó a creer en el absurdo de la petrificación constitucional, y alrededor de esto se ha elaborado un dogmatismo legalista que casi alcanza categoría de voto religioso, lo cual, por supuesto, nada tiene que ver con la ciencia del Derecho Constitucional. Bien se ha dicho que la única ley pétrea es la mosaica, vale decir los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.
Los artículos pétreos son, en puridad jurídica, inconstitucionales porque niegan la evolución de la sociedad, que se rige por leyes para su desarrollo. En el caso de Honduras son inconstitucionales, además, porque violan la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho a disentir y a proponer, en tanto es prohibido hasta hablar de su reforma.
Pero bien, el presidente Lobo Sosa está en el deber de consultar, de dialogar con los diferentes sectores de la sociedad sobre los temas de interés nacional, y así lo está haciendo. El planteamiento sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es, por supuesto, algo trascendental, máxime si está respaldado con más de un millón trescientas mil firmas de ciudadanos hondureños.
El presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, ha convocado a diferentes sectores de la sociedad hondureña para entablar un diálogo político sobre “distintos temas de interés nacional”, entre ellos el relacionado con “la propuesta pública de la Asamblea Nacional Constituyente”.
Esta iniciativa del presidente Lobo Sosa se desarrolla en el contexto de la reconciliación nacional, que es el propósito fundamental para darle una salida institucional a la crisis política derivada del golpe de Estado del 28 de junio/09 y para legitimar plenamente el régimen actual.
Desde que se rompió el hilo constitucional, era obvio que la solución de la crisis política generada requería del recurso constituyente, pues no hay otra forma de resolver una ruptura del orden constitucional, y esa es la manera en que, invariablemente, se ha superado en Honduras el trauma de los golpes de Estado.
Sin embargo, con ocasión del golpe de Estado del 28 de junio y como producto de la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el conflicto, se puso en escena una acción diplomática —Diálogo San José-Tegucigalpa— que fracasó en su declarado objetivo de restaurar el gobierno constitucional con el retorno del presidente Zelaya Rosales, e implementó la salida a través de las elecciones generales en que se eligió al presidente Lobo Sosa.
Siempre se dijo que estas elecciones eran un paso muy importante, pero no suficiente para resolver la crisis política. En consecuencia, se juzgó indispensable proceder a la activación de un proceso de reconciliación nacional, pero, como era previsible —y a la luz de lo sucedido en el curso de los acontecimientos— dicha reconciliación no es viable sin una consulta nacional a fondo, popular y directa.
En todos los países del mundo los sistemas políticos son revisados de acuerdo con la evolución y las demandas de cambios estructurales que imponen las necesidades emergentes, el desarrollo económico y social, las demandas populares y las exigencias de la modernidad. Esa revisión determina forzosamente reformas constitucionales, e incluso la creación de nuevas constituciones.
En nuestro país, en circunstancias muy particulares, se llegó a creer en el absurdo de la petrificación constitucional, y alrededor de esto se ha elaborado un dogmatismo legalista que casi alcanza categoría de voto religioso, lo cual, por supuesto, nada tiene que ver con la ciencia del Derecho Constitucional. Bien se ha dicho que la única ley pétrea es la mosaica, vale decir los Diez Mandamientos de la Ley de Dios.
Los artículos pétreos son, en puridad jurídica, inconstitucionales porque niegan la evolución de la sociedad, que se rige por leyes para su desarrollo. En el caso de Honduras son inconstitucionales, además, porque violan la libertad de opinión, la libertad de expresión, el derecho a disentir y a proponer, en tanto es prohibido hasta hablar de su reforma.
Pero bien, el presidente Lobo Sosa está en el deber de consultar, de dialogar con los diferentes sectores de la sociedad sobre los temas de interés nacional, y así lo está haciendo. El planteamiento sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente es, por supuesto, algo trascendental, máxime si está respaldado con más de un millón trescientas mil firmas de ciudadanos hondureños.
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