jueves, 5 de diciembre de 2019

Las consecuencias del comportamiento errático de un Alcalde



No hay duda que Adán Fúnez, un político tradicional del Aguán, ha representado una piedra de toque para la población del municipio de Tocoa, Colón, desde 2009.

Desde entonces hasta la fecha, no ha podido generar confianza ni a sus propios electores ni a la población independiente que sigue de cerca su comportamiento errático.

Sin embargo, Adán Fúnez permanece como un experimentado operador de la política tradicional en esta zona de conflictos entre la población, el crimen organizado y las fuerzas represivas del Estado, desde hace una década.

Pero esa intermediación de diez años se ha vuelto a veces una tramitación personalizada y también una oferta de servicios a los actores del conflicto, y eso arroja un saldo desfavorable a Fúnez.

En 2009, después del golpe de Estado, fue patética la imagen de este alcalde hincado delante del candidato golpista Elvin Santos, jurándole lealtad para las elecciones de ese año trágico. Las elecciones sin pueblo, sin oposición.

Unas semanas después de aquél espectáculo grotesco, Fúnez se arrepintió. Pero lo hizo sólo para poder entrar a la primera asamblea general del Frente Nacional de Resistencia Popular en el colegio “Froilán Turcios” de Tocoa, a inicios de 2010.

La llegada de Fúnez a aquella histórica Asamblea acompañado de liberales de oficio fue como el estallido de una bomba, estuvo a punto de sabotear el primer encuentro nacional de todas las fuerzas sociales y políticas de Honduras opuestas al golpe. En lo sucesivo, afectó el clima entre el pueblo organizado y la gente próxima a Zelaya.

De no haber sido por una dirigencia social madura y políticamente inteligente, aquél acto histórico de Honduras se habría echado a perder absolutamente por la rabieta mezquina y caprichosa de un grupo de activistas derrotados que encabezaba Fúnez.

El Comité Ejecutivo del Frente, integrado por 15 miembros de todo el país, decidió entregar la coordinación general a Manuel Zelaya, que continuaba en el exilio para entonces.
Después del regreso del ex presidente en mayo de 2011, Adán Fúnez recuperó protagonismo en la vida política del valle del Aguán y en 2013 fue relegido alcalde del municipio por la resistencia organizada. Fueron los tiempos cuando el nuevo partido engulló las nacientes bases sociales del movimiento que proponía la transformación nacional y no sólo la conquista de unas cuotas electorales.

Entre 2014 y 2016, la población reclamó la opacidad de la gestión Funes, porque negó acceso a la información relacionada con 33 concesiones mineras en el municipio, inclusive despidió empleadas que colaboraban con las luchas ambientales de la montaña y el valle.
El polémico alcalde de LibRe repetía siempre, como Pilatos, que él no tenía responsabilidad en ese desastre, porque las concesiones venían directamente aprobadas desde el Congreso de Juan Orlando Hernández.

A Fúnes no le importaba en apariencia nada que las leyes municipales fueran suplantadas dentro de su territorio para favorecer a las bandas del crimen organizado que utilizaban las concesiones en alianza con las fuerzas uniformadas del Estado. Una dinámica que se repetía en todo el país.

Por su actitud negacionista, llegó el momento del rompimiento en 2018. La población de Guapinol y Ceibita tomó control del acceso a la montaña Carlos Escaleras para defender sus fuentes de agua ante la presencia despiadada de la minera Los Pinares del emporio del difunto Facussé, representado por su conflictivo testaferro Lenir Pérez, y acusó a LIBRE por guardar silencio.

En realidad, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa no ha tenido un aliado político para la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente. Ha tenido enfrente a un empresario que habla el lenguaje neoliberal de la generación de empleo y la producción de riqueza con impuestos a las industrias extractivas. Y que no hizo nada relevante para detener a los militares que llegaron a desalojar con balas el campamento de Guapinol ni a los fiscales que subieron con órdenes de captura.

El viernes anterior tuvo que llegar de nuevo Manuel Zelaya Rosales con activistas de LibRe a intentar salvar al cuestionado alcalde de Tocoa, porque se avecinan las elecciones internas otra vez. Lamentablemente, como informó Radio Progreso se instaló un cabildo abierto al estilo de una asamblea de partido, para declarar el municipio libre de minería.

La declaratoria se hizo como lo habían advertido las comunidades, en medio de un jolgorio rojizo que dirigía el coordinador del partido Libertad y Refundación (LibRe), imponiendo su palabra y su agenda, dejando por fuera del debate a la gente afectada por la minera que sigue operando. Y por eso gritaban todo el tiempo.

En su editorial de ayer la emisora jesuita, que ha dado seguimiento al conflicto ambiental de Tocoa, dijo que ese control partidario del cabildo abierto fue rechazado de principio a fin, porque la población quería una “fiesta cívica” y no una concentración de un partido político. No basta una declaratoria. Es preciso dejar espacio a la victoria popular.

Esly Banegas, lideresa social e integrante del Comité Municipal de Tocoa, no estaba contenta, porque centenares de personas que habían viajado desde la montaña para condenar el modelo de explotación que amenaza el agua, la libertad y vida, encontraron un evento teledirigido para no expresarse y para no celebrar la lucha ciudadana. Importaba la foto. Era más importante la noticia de la declaratoria. Salvar al alcalde.

Pero una vez más, como el pato, al cierre del acta de esta sesión abierta, el alcalde volvió a repetir su guion. Es el Congreso Nacional el que decide las concesiones. Son los diputados que deben detener esto. No somos nosotros los responsables.

Obvio que las municipalidades deciden. Obvio que son responsables. Ningún permiso de acción local puede ser extendido desde Tegucigalpa. Pinares ha taladrado la montaña contra la voluntad de la gente, porque el gobierno local le ha facilitado las cosas. Es hora de asumir la responsabilidad, señor Fúnez. Es hora de respetar la voz de la gente, porque son sus vecinos y familiares que están perseguidos, criminalizados y privados de la libertad.

La lucha sigue!

A dos años del fraude electoral, acceso a la justicia es inalcanzable



Al cumplirse dos años del fraude electoral en Honduras, Carlos Paz, Director de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula, sostiene que cuando se busca justicia en el país para las víctimas de la violación de sus derechos humanos se encuentra con un ambiente de evasión. Con un servicio de justicia completamente plegado al poder, con un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la verdad, la investigación y el acceso a la justicia.

“Encontramos un Poder Judicial completamente plegado. Un Poder Judicial que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad”, manifestó Paz.

El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años del fraude electoral que dejó cerca de 30 personas asesinadas, produjo más de 20 presos políticos, provocó el desplazamiento forzado de muchos ciudadanos y ciudadanas que defendía, por medio de la protesta, su derecho a elegir.

El fraude instaló en el poder a un gobierno que se impuso en base a la fuerza de las armas, el chantaje y la manipulación.

Radio Progreso (RP) dialogó con Carlos Paz (CP) sobre el trabajo que se ha venido haciendo en este tiempo de inestabilidad política que por más de 10 años se arrastra en Honduras.

RP. Hace dos años, Cáritas estaba con mucho trabajo en materia de derechos humanos

CP. Sí. Habíamos comenzado antes porque en ese año Cáritas entró en un proceso de formación en derechos civiles y políticos en la Escuela de derechos humanos, de tal manera esperamos que al final del proceso formativo pudiéramos acompañar las elecciones, así que muchos procuradores y procuradoras estuvieron allí, al pie de urna intentando documentar todas aquellas incidencias que pudieran ser de carácter irregular para luego emitir un informe.

RP. ¿Eso cambió con lo que pasó tras terminadas las votaciones?

CP. La labor de defensoría se volcó a las calles. Salimos de lo electoral para acompañar proceso de defensa del voto en aquel momento. En ese contexto se derivaron una serie de irregularidades de carácter violento, de violaciones de derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza y el uso directo de armas letales que derivaron en varios asesinatos que todavía están documentados y estamos buscando justicia para ellos.

RP. ¿Qué ha pasado en estos dos años en Honduras?

CP. En materia de derechos humanos uno puede distinguir varios elementos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos.  Otro es como se ha consolidado y concentrado el poder en el ejecutivo, tal y como lo dice el informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), mermando el poder en el judicial y en el legislativo. Hay un control que limita la confianza en la ciudadanía y que tiene un impacto directo en la pobreza y desigualdad.

La migración masiva incrementó desde la crisis post electoral.

RP. Dos años después ¿hay calma en el pueblo hondureño?

CP. El pueblo ha estado 10 años permanentemente en lucha y creo que evidentemente se percibe una situación de desgaste, de cansancio, pero subyace una situación de inconformidad, de peligrosa calma que tarde o temprano va a derivar en una nueva crisis.

RP. Es decir que la olla sigue tomando presión.

CP. Así es. Creo que mientras exista desigualdad, mientras siga creciendo la pobreza, mientras siga la violencia en las calles, mientras siga la concentración de la riqueza en pocas manos, seguirá una olla de presión a punto de explotar.

RP. ¿Y si explota se vienen caminos peligrosos y difíciles?

CP. Lo primero que hay que lamentar es que esto deriva en personas, en personas concretas, en el dolor de las familias que muchas de ellas han visto morir a sus seres en este contexto. Otras han sido torturadas, han sido víctimas de tratos crueles y otras de penas inhumanas y degradantes como el caso de Guapinol donde los defensores y defensoras han sido criminalizados.

RP. ¿Esta crisis de 10 años cómo ha impactado en la ciudadanía?

CP. Lo primero es un temor. Aquí en la institución (Cáritas) tenemos la oportunidad de trabajar directamente con las comunidades y hemos percibo el temor, no hay confianza en la policía, no hay confianza en el Ejército y la gente más bien lo que tiene es miedo, y una sociedad en esas condiciones es difícil poder buscar caminos de salida, pero la ciudadanía está buscando, desde diferentes aspectos, cómo encontrar fuerzas, articularse, organizarse para hacerle frente a esta situación, y eso es motivo de esperanza.

RP. ¿Cómo ha sido la labor de defensoría de los derechos humanos?

CP. La parte más difícil es lidiar el dolor con la gente. Creo que allí hay una empatía, hay una labor de solidaridad humana, de sentir el dolor de la víctima y en base a eso sacar fuerzas para adquirir un compromiso fuerte por la búsqueda de la justicia.

RP. En la búsqueda de la justicia ¿con qué se encuentran?

CP. Encontramos evasión. Un servicio de justicia completamente plegado al poder, encontramos un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la verdad, la investigación y el acceso a la justicia. Encontramos un Poder Judicial completamente plegado, que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad.

RP. ¿Cómo han reaccionado las organizaciones?

CP. Es un elemento positivo. Las organizaciones hondureñas, de sociedad civil hemos logrado ir articulando fuerzas, organizándonos, lo que una organización no tiene lo va supliendo otra, ese es un elemento de carácter esperanzador y eso nos ha dado fuerzas.

RP. ¿Qué tipo de Democracia tenemos en Honduras?

CP. Una Democracia autoritaria, una Democracia que tiene ciertos rasgos que parecen contradictorios. El sistema neoliberal ha ido dando muestras de unas características muy peculiares. Todo este cambio de época que ha generado el sistema neoliberal ha ido construyendo nuevos híbridos, y este es uno de ellos. Cómo es posible que el autoritarismo se revista de Democracia, es porque utiliza el sistema toda la institucionalidad para ser muestras de esa autoridad, de ese autoritarismo. Otro ejemplo es cómo se utiliza las instituciones del Estado para la criminalidad organizada.

RP. ¿Es válida la Democracia como sistema político?

CP. Aún y cuando seamos crítico de la Democracia, sigue siendo un sistema válido, y por eso es importante reflejar la urgencia de rescatar el Estado Democrático de derecho, y cómo se logra, a partir de la defensa y protección de los derechos humanos de toda la población, y es por eso que no debería haber ningún hondureño y hondureña que no tenga un compromiso efectivo por los derechos humanos, en la medida que lo hagamos en esa medida vamos a rescatar la Democracia.

RP. Si éste es un gobierno débil, ¿quién lo sostiene?

CP. Los intereses del gobierno de Estados Unidos aquí en la región. Creo que, si no tuviéramos ese elemento desde el primer momento de que ellos se dieron cuenta que el Estado de Honduras está cooptada sus instituciones en favor de la persona que concentra el poder y que tiene vínculos con la criminalidad organizada, desde ese momento habría sido removido, pero como pesan más los intereses geopolíticos, esa es la razón fundamental por la que se sostiene. Y el otro elemento es el control de la fuerza militar. Mientras los militares sigan en las calles, Honduras seguirá siendo un país en el que su población estará en vilo, limitada en su organización. Y el tercer elemento es, el poder judicial, la búsqueda de justicia en nuestro país es casi un sueño.

RP. ¿Vivimos en una dictadura?

CP. Ya no sólo lo dice el pueblo hondureño, sino que, en el informe de la CIDH, allí se menciona. Cuando uno lee la concentración del poder en manos del Ejecutivo, en otras palabras y en términos más maquillados, más diplomáticos, allí se está hablando de la concentración de poder, y no sólo eso, también habla de la pérdida de confianza de la ciudadanía, en otras palabras, no hay legitimidad.

RP. ¿Qué escenarios nos esperan?

CP. Hay dos grandes esferas, una vinculada al cambio de actitudes, a la construcción de valores de carácter social que la Conferencia Episcopal, en su último comunicado, lo revela en términos de conversión, y eso tiene que ver con un cambio de actitud y con la construcción de valores en torno a los valores ya establecidos en la doctrina social de la Iglesia como el bien común, la búsqueda de solidaridad, justicia. El otro elemento es el que tiene que ver con los espacios de organización, de articulación, de generar conciencia, de develar el sistema y allí hay una gran tarea. Y lo último es el trabajo en red. Tenemos que adquirir conciencia que ninguna organización podemos resolver, solos y solas, la situación que estamos viviendo.

RP. ¿Qué hacer con la actitud de quienes toman las decisiones en el país?

CP. Creo que la suerte está echada. Como dice el refrán popular: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. En los próximos años, o en los próximos meses quizás, vamos a ver caer esta situación, sino ocurre estará un pueblo listo para seguir emprendiendo la lucha.

Toda la piel de América en mi piel



Para que no venga la realidad y nos agarre dormidos, tuvo lugar entre el 20 y el 29 de octubre últimos, organizado por el Centro Memorial Martin Luther King, Jr. (CMMLK) de la capital cubana, el II Taller de formación política para movimientos populares en América Latina y el Caribe.
Representantes de una veintena de organizaciones de unos once países viajaron a La Habana, vísperas de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, para un espacio de formación que trata de entender la realidad de lo que sucede en el subcontinente y leerlo en clave de transformación, quiere esto decir, revolucionaria.

El encuentro estuvo jalonado por las protestas populares que tienen lugar en Haití desde hace varias semanas; la revuelta que desde dos días antes sacudía a Chile —y con la cual se viene abajo el mito del modelo neoliberal más pregonado en la región y para las cuales el taller hizo un pronunciamiento público—; así como por las elecciones presidenciales en Bolivia —el propio domingo 20, y cuyo sinuoso desenlace fue seguido de cerca por los participantes en el entendido de que por esa ruta pasa hoy el camino revolucionario en la región— y Argentina —el día 27, motivo de celebración, pues desgajó a este país del eje neoconservador que se había articulado en la región en los últimos años—.

La coyuntura latinocaribeña se ha vuelto cambiante en grado sumo y ello fue objeto de análisis en el taller. Una certeza emergió: ni ola progresista, ni ola conservadora, disecar el océano del capitalismo es la tarea pendiente en la región.

Estas jornadas estuvieron signadas por aquella máxima, de origen gramsciano, de no concebir la educación política como un estudio objetivo ni una cultura desinteresada, porque como organizaciones de lucha, en nuestras filas se estudia para afinar las capacidades de combate, comprender mejor cuáles son las posiciones del enemigo común y las nuestras; en tanto estudio y cultura no es otra cosa que no sea conciencia teórica de nuestros fines supremos e inmediatos y del modo en que podremos llegar a traducirlos en hechos. En ese camino alternamos diversas formas de aprendizaje colectivo en larguísimas jornadas de trabajo que se extendieron hasta tarde en la noche cada día.

Volver al tema de la Revolución, sin ambages ni vergüenzas, como expresión del momento que vive la región, centró la primera parte de los debates y las reflexiones del taller. Qué sentidos y contenidos colocarle a un proceso de transformación para que trascienda el orden cultural del capitalismo fue parte de las discusiones acaecidas en el CMMLK.

Al menos una cuestión fue dilucidada: una revolución, si es verdadera, es una poderosa y expansiva transformación del sentido común, un corrimiento de los límites de lo posible, un salirse del «lugar» que busca producir un sistema de relaciones culturales no solo opuesto, sino distinto al del capitalismo.

En ese sentido, el taller se propuso analizar como ejemplo de caso a la Revolución cubana de 1959 en sus orígenes, devenir histórico, vivencias, transformaciones, contradicciones, acumulados y desafíos. La rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios que ha supuesto el proceso cubano continúa siendo, por una parte, un referente para los pueblos del mundo; y también una experiencia que merece ser comprendida en toda su magnitud.

Para comprender qué significa la hegemonía del capitalismo y la hegemonía revolucionaria, y la lucha de sentidos que tiene lugar en la región hoy; se desarrolló la segunda parte del taller. Desde el análisis de lo complejo que resulta cambiar el mundo hoy, aun con conocimiento de las monstruosas injusticias que saltan a la vista, fue posible constatar que el capitalismo vive y pervive en el orden normativo de nuestro mundo, en la performatividad del lenguaje y como marcas corporales del lugar de las clases oprimidas. Liberar el mundo significa, en este contexto: subvertir el orden de las clases sociales —lo cual implica, entre otras cosas, trascender las luchas gremialistas y sectoriales en que nos ha encasillado el orden dominante y que le resultan más funcionales que transformadoras, más allá de éxitos puntuales—; transformar el lenguaje y liberar el cuerpo como territorio; producir, en definitiva, una auténtica revolución cultural.

Las premisas de la relación entre la Revolución y la hegemonía dibujaron los desafíos organizativos para los movimientos populares de la región. La pretensión de llegar a ser un movimiento popular organizado, consciente y culto marcó las últimas jornadas del taller al tiempo que abrió caminos para la profundización en próximos encuentros.

Al concluir el taller, la tarde del 29 de octubre, además del compromiso del reencuentro en La Habana el año próximo —en las condiciones de un continente que continúa en pie de lucha, resistencia y re-existencia—; quedó la certeza de que, aun en las más difíciles condiciones, cuando la derrota haya propinado bofetada en pleno rostro, la tarea de las y los revolucionarios es empezar de nuevo, completar la revolución, dondequiera que nos encontremos.

La derecha, Estados Unidos y el imperialismo en el siglo XXI



Por Yazmin Bárbara Vázquez Ortiz *

La acción de la derecha que enfrentamos es expresión de las particularidades que adquiere la disputa multidimensional por el poder en el imperialismo siglo XXI, en medio de lo que se ha denominado “corrimiento de la concentración de la riqueza y el capital a la concentración del poder político”.
En este contexto los objetivos de la Derecha no se reducen a obtener votos a través de la participación política. Sus propósitos se enfocan en dominar a la sociedad y al Estado, incluso más allá de la fuerza política que esté en el gobierno. Ganar las bases sociales, subjetividades, imaginarios, espacios de organización y participación social-políticos, los territorios, espacios institucionales, así como los de gobierno local y nacional, se constituyen en metas que trascienden la otrora intención o apuesta de ganar votos para ocupar posiciones de poder.

En función de tales objetivos, los niveles de organización que ha desplegado la Derecha revelan los resultados graduales de un proceso continuo, acumulativo, de articulación de las élites de poder y sus respectivos instrumentos de dominación en dos niveles:

El Primero, referido a la alianza entre organizaciones y partidos de Derecha a nivel regional, hemisférico y transnacional
El Segundo, que revela las relaciones que se establecen entre La Derecha, el capital transnacional y los gobiernos imperiales
Del primer nivel, la Unión Democrática Internacional (80s), la Unión de Partidos de Latinoamérica (90s) y la Organización Demócrata Cristiana para América Latina (ODCA) constituyen ejemplos de los enlaces entre partidos de derecha de Estados Unidos, Europa y América Latina. Enlaces que han sido funcionales para construir estrategias de dominación y subversión político-ideológicas, que solo se ajustan según los contextos histórico-concretos, pero presentan muchos elementos de base en común. Por ejemplo, operan a través de espacios donde se integran:

Primero: el ejercicio analítico para la deconstrucción de las bases teóricas de la ideología de las fuerzas de izquierda (especialmente del marxismo).
Segundo: la caracterización y clasificación de cada uno de los partidos de izquierda en función de descaracterizarlos, junto a la campaña mediática contra sus gobiernos y líderes.
Tercero: y como alternativa, el llamado a la formación de movimientos ciudadanos o partidos desideologizados, nutridos desde universidades, tanques de pensamiento, iglesias, como actores efectivos del cambio hacia el “progreso” y la “democracia”.
Y Cuarto: La promoción de acciones de protesta social, que a través de manuales o videos incluyen orientaciones precisas para cada caso: protestas contra gobiernos, votación en procesos electorales, entre otros.
En el segundo nivel de articulación, las Redes de Intervención desplegadas en América Latina desde los años 80 del siglo XX, muestran las interrelaciones que se establecen entre actores gubernamentales y no gubernamentales estadounidenses, actores vinculados a los objetivos de ese país en la región y actores latinoamericanos, de los entornos nacionales donde se intervienen, influyen, cooptan procesos de gestión de desarrollo, seguridad, democracia, gobernabilidad, entre otros, trabajando el contenido de los cambios que promueve la derecha desde una diversidad de espacios y sujetos que multiplican los alcances de su acción.

A estas Redes se integran actores gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos para capacitar, asistir, financiar en países de la región a comunidades, gobiernos locales y nacionales. La acción de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), la Fundación Nacional para la Democracia (NED), el Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), direccionadas hacia el empoderamiento comunitario y la promoción de académicos para incidir en la proyección de estrategias de desarrollo de gobiernos nacionales y locales es una muestra de ello.

En igual sentido, se destaca la inserción de académicos y tanques de pensamiento que estudian nuestras sociedades y construyen fórmulas de cambio a la medida en cada caso, así como de instituciones financieras regionales o internacionales para financiar y consolidar la orientación técnica de los mismos (BID, FMI, BM).

Las corporaciones transnacionales también han estado presentes en estas redes. Su incidencia se ha revelado en la diversidad de espacios en los que se despliega su acción como parte de la legitimación ideológica y política de los cambios propuestos, desde la construcción de opinión pública por las corporaciones mediáticas, hasta el fortalecimiento de la cultura del emprendimiento, del empoderamiento productivo, con la participación de corporaciones como Walmart en “Modelos de Desarrollo rural”.

Durante el gobierno de Donald Trump, y desde los avances que logró la derecha hemisférica en las administraciones de Barack Obama, se promovió, como parte del esquema de intervención, el despliegue de una red de Gobiernos engrosada por aquellos países en los que la derecha fue retomando el poder ejecutivo. Desde la misma se articuló el Grupo de Lima en función de aislar diplomáticamente a Venezuela, un instrumento también aplicado contra Cuba en la década del 60 del siglo XX y al que se recurre, junto al uso de instrumentos financieros perfeccionados en las guerras económicas y el bloqueo en el siglo XXI, como método de asfixia ante la resistencia mostrada a la implementación combinada de todos los demás mecanismos de intervención ya mencionados.

Por último, pero no menos importante, está la inserción de las fuerzas militares en este esquema. El Comando Sur, por ejemplo, promueve desde el año 2017 el despliegue de una “Red de Redes”, articulando las ya existentes, como modo más efectivo para hacer frente a los desafíos de los Estados Unidos en la región y en este año, 2019, destacan los pronunciamientos de altos jefes de sus fuerzas militares sobre el objetivo que perseguirán: Valores, Ideas e Ideales. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de tales objetivos? ¿Serán, entre otras, que se potencie a las fuerzas militares latinoamericanas como objetivo de cooptación para que encarnen un rol protagónico en aras del cambio de ser necesario?

Para estos propósitos, los enfocados en cooptar valores, ideas e ideales, ya han sido ensayadas al menos tres importantes Líneas de Acción con resultados de efectividad probada por esta derecha hemisférica con raíz global. Las dos primeras que referiremos:

La disputa de sentidos, enfocada hacia las bases racionales y éticas de la orientación de la conducta humana, de la construcción de las apuestas individuales, familiares y sociales en términos de proyectos de vida y sociedad.
La evangelización para promover el conservadurismo como vía de influencia político-ideológica.
Desde ellas la instalación de un modelo racional pro-neoliberal, utilizando lo mejor del discurso y las prácticas de la izquierda, re-funcionalizadas para servir a los intereses del capital, consolida el sistema a través de la dominación cultural.

Y para cerrar el esquema de dominación y subversión político-ideológica, la tercera línea de acción, tal vez la más sutil: el secuestro, la toma de instituciones, leyes, políticas públicas, formas de gobierno, para institucionalizar la dominación político-ideológica y la subversión con base cultural. Una línea de acción a partir de la cual se promueven ajustes en leyes e instituciones a fin de inhabilitar o reprimir por “vías legales” a líderes y movimientos sociales que no resulten convencidos, cooptados a través de los modos antes esbozados.

De esta forma la derecha trabaja combinando seducción con coacción, según se requiera, para eliminar de forma radical cualquier oposición, presente o en futuro potencial.

A los alcances que ha tenido su acción refieren de una parte, la capacidad para apropiarse de imaginarios, reconstruirlos y articular a diferentes grupos y organizaciones de la sociedad civil a sus modelos de gestión y procesos de disputa por el poder, especialmente a través de la acción territorial, real y virtual. Y de otra, la capacidad mostrada para cooptar los espacios de organización y participación política de la sociedad a través del ajuste de leyes que han debilitado la acción de sindicatos y partidos políticos como la reforma laboral y electoral. En esta misma dirección, el fortalecimiento institucional de tribunales constitucionales ha sido funcional para frenar programas de corte social desde gobiernos de izquierda o para inhabilitar políticamente a sus líderes.

Por último, es importante destacar los medios implementados para dominar al Estado a través del supuesto perfeccionamiento de las formas de gobierno, que con el objetivo declarado de potenciar redes de colaboración entre gobierno y sociedad civil, privilegian la inserción de gremios empresariales, y tanques de pensamiento que responden a los intereses de estas últimas, en la construcción de modelos de gestión de importantes programas sociales, potenciando así el uso de matrices racionales e instrumentos técnicos, supuestamente efectivos para obtener seguridad, progreso y democracia a nivel social. De esta forma, no importa si la fuerza de izquierda está en el poder ejecutivo, lo conveniente y efectivo desde las matrices teóricas del capitalismo global puede secuestrar el rumbo del proyecto político, económico-social si no hay un pensamiento crítico articulado a los programas de transformación que contribuya a decantar y ajustar las mismas.

Para concluir, ante la capacidad de acción mostrada por esta derecha hemisférica con nexos transnacionales, y en función de atender a los desafíos de la izquierda para enfrentarla, algunas preguntas pudieran ayudar a la reflexión.

¿Cómo hacer al llegar al poder ejecutivo en Estados con una institucionalidad tomada por la derecha y el capital, ajustada para cumplir sus intereses, si queremos transformar en beneficio social?

¿Cómo hacer para reconstruir el tejido social de base, en aras de tener las fuerzas necesarias para cambiar todo lo que deba ser cambiado y poder gobernar, especialmente, junto al pueblo?

¿Cómo recuperar y promover la subjetividad de la izquierda? Los valores y una racionalidad adecuada para garantizar en todos los niveles y espacios el éxito de la acción.

Y por último: ¿Cómo hacer todo lo anterior ante las fuerzas de la Derecha Hemisférica, el Capital transnacional-Global y los Gobiernos Imperiales articulados para impedirlo?

Ante esas interrogantes las fuerzas de izquierda también tienen un proceso acumulativo de pensamiento y acción que a través de la historia ha ido mostrando las vías posibles. Y sobre todo, una gran reserva de conocimiento acumulado en la praxis de los pueblos, partidos y gobiernos que luchan cada día frente a la avanzada del capital. La izquierda tiene todo lo necesario para constituir un gran tanque de pensamiento y acción social.

* Yazmín Bárbara Vázquez Ortiz es Profesora e Investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de la Habana. Miembro del Grupo de Trabajo sobre Estados Unidos de CLACSO.

miércoles, 4 de diciembre de 2019

2019 aumenta lista de asesinatos contra periodistas en Honduras


OEA

A once meses de este año, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), registra el asesinato de nueve personas relacionadas a los medios de comunicación en el país. Los casos permanecen en la impunidad.

El impacto contra la libertad de expresión y libertad de prensa que ha cobrado la vida de periodistas y comunicadores sociales en los departamentos de Valle, Santa Bárbara, Copán, Gracias a Dios, Olancho y Cortés. En este último, ayer sepultaron los restos de José Arita, asesinado la noche del lunes 25 de noviembre, tras culminar su programa de televisión “La hora de la verdad” en canal 12 de Puerto Visión.

-En ese mismo canal, laboraba Santiago Carvajal, un comunicador social y miembro de la diversidad sexual, que conducía el programa “La galaxia de Santi”. Fue atacado a disparos el viernes 05 de julio y falleció al siguiente día en el hospital “Mario Catarino Rivas” de San Pedro Sula-.

En el caso de Arita, se difundió en medios locales que recién salía de presentar su programa y tras detenerse a realizar una compra, fue atacado a balazos por desconocidos, quienes huyeron en un vehículo turismo, entre la segunda y tercera calle de  la ciudad ubicada en la costa norte del país.

En su último programa, denunció ser excluido de algunas conferencias de prensa. “Es raro que inviten a Arita o ‘La Hora de la Verdad’ y lo digo públicamente al alcalde, a las instituciones públicas y privadas que no sé cuál es el temor que tienen que yo vaya a una conferencia de prensa”, detalla una alerta emitida por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

Según el portavoz del Ministerio Público en San Pedro Sula, Elvin Guzmán, las investigaciones del crimen va por buen camino, en base a declaraciones e inspecciones en cámaras municipales, privadas y del 911 (policía). Este caso se da en el uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodísticos, donde más de 80 personas trabajadoras de la comunicación has sido asesinadas.

Los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.

En 2017 no se registró ningún asesinato en este ámbito, pero el 2019 ya contabiliza a ocho hombres y una mujer, cuyas voces fueron silenciadas, justo en el país que desde 2015 tiene una Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia; y un Mecanismo Nacional de Protección que a veces desestima las peticiones de periodistas denunciantes de riesgos.

Otra formar de callar a la prensa, desde las instancias gubernamentales, es mediante leyes mordazas que se contemplan en el supuesto nuevo Código Penal que está en periodo de Vacatio Legis, y entraría en vigencia hasta mayo del 2020, pese a la oposición que este no sea aprobado, como es la exigencia de la Convergencia Contra el Continuismos (CCC), de la cual forma parte del COFADEH.

La prensa hondureña en el mundo

El informe de 2019 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), coloca a Honduras entre las naciones con peores condiciones para ejercer la libertad de prensa, ubicándolo en la posición 146 de 180 países. Siendo el tercero más peligroso en el continente; y el Centro América los supera a todos, pese a no estar en un conflicto bélico armado.

Por su parte, la organización C-Libre ha emitido (hasta el asesinato de Arita) 117 alertas por violaciones a la libertad de expresión, que van desde ataques por parte de las fuerzas represoras del régimen de Juan Honradez contra la prensa que da cobertura a protestas sociales, y asesinatos –sin investigar- en el peor de los casos.

Según monitoreo a través de medios de comunicación y en otras ocasiones de manera directa con familiares de las víctimas,  el COFADEH, hasta la fecha ha registrado los siguientes casos de asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales:

1.- José Arita, fue asesinado en Puerto Cortés el 25 de noviembre. Laboraba en el canal 12 de Puerto Visión.

  1. Johana Alvarado, una joven de 25 años, fie asesinada en Catacamas, Olancho, el jueves 21 de noviembre. Fue presentadora de noticias deportivas en el canal 45 de televisión local.  
  2. Buenaventura Calderón Ramírez, 73 años, fue asesinado en Puerto Lempira, Gracias a Dios, el 31 de octubre. Iba acompañado de su esposa que falleció momentos después. Era comunicador social en la radio Católica, coordinador departamental del partido Libertad y Refundación (LIBRE), amante de su tierra, defensor del territorio y de su lengua materna miskita. Fue referente para el COFADEH en temas de Memoria Histórica.
  3. Jorge Alberto Rivas, 33 años, un joven disc-jockey (DJ), asesinado una discoteca, en Amapala, Valle.
  4. Kerin Francisco Cerna Hernández, 29 años, asesinado el viernes 11 de octubre en la ciudad de Ruinas, Copán. Era presentador de un programa de videos musicales en CableMar TV, animador y cantante.
  5. Edgar Joel Aguilar, ultimado el sábado 31 de agosto, en Nueva Arcadia, Copán. Era corresponsal de noticias de Canal 6 a nivel nacional, y presentador de noticias de CableMar TV, en la ciudad de La Entrada.
  6. Melvin Odil Tinoco, 46 años, ejecutado el 25 de agosto en Concepción Sur, Santa Bárbara. Era propietario de la radioemisora cristiana “Bendición” 101.9 f.m. y líder de una iglesia evangélica.
  7. Santiago Carvajal, murió el sábado 6 de julio luego de ser atacado a balazos en Puerto Cortésm Cortés. El comunicador social dirigía la revista de corte crítico La Galaxia de Santi, en canal 12, Puerto Visión.
  8. Gabriel Hernández, 54 años, asesinado el domingo 17 de marzo en Nacaome, Valle. Dirigía el programa “Hablando con el Pueblo” en Valle TV.
  9. Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:


  • Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
  • Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
  • Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.

Partido Nacional llegará dividido a la Convención



Este fin de semana será la Convención del Partido Nacional en el departamento de Danlí, misma que llevará el nombre del actual diputado Celin Discua. A diferencia de otras Convenciones, esta se caracteriza por la división de la mayoría de movimientos internos de dicho instituto político.

El Partido Nacional está dividido. El movimiento Todos por el Cambio, que dirige el expresidente Porfirio Lobo, fue el primero en anunciar que no se presentarán a la Convención y dejó clara su postura contra la agenda que se pretende abordar en la misma.

En conferencia de prensa, el expresidente Lobo dijo que, estaban en contra de las decisiones que el oficialismo está tomando en su partido. Criticó la agenda que piensa abordarse, entre ellos el tema de la reelección del cual aseguró que no se debe tomar una decisión sobre algo ilegal y que la posición ética que debe tener la Convención es presionar para que la Corte Suprema de Justicia resuelva los cinco recursos que están interpuestos contra la reelección.

Mientras que Jorge Lobo, diputado del Congreso y miembro de este movimiento, dijo que, no asistirán y exigieron que la misma debe pedir la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia, pues desde su perspectiva, JOH le está haciendo daño al país y a su partido.

El malestar con las decisiones del oficialismo que dirige Reynaldo Sánchez se ha hecho público esta semana. El movimiento conducido por Ricardo Álvarez también demandó a sus autoridades que no deben acudir a la Convención de este fin de semana.

Este movimiento ha cuestionado las determinaciones del Comité Central, entre ellas el nombramiento de Jesús Mejía como director electoral del Partido Nacional.

Asimismo, el movimiento Monarca que lidera Rafael Ramón Castillo, expresó que no acudirán por diferencias con la dirigencia general.

Por su parte las autoridades del partido de gobierno siguen vendiendo públicamente una unidad inexistente. Luis Colindres, Secretario del Partido Nacional dijo que, la Convención arrojará muestras de unidad y que ellos deben respetar los criterios de quienes no decidan asistir.

Mientras que el dirigente nacionalista Fernando Anduray, manifestó que, la Convención será una reunión para discutir, escuchar y definir posiciones sobre el futuro inmediato de su partido.

Como parte del ambiente previo a la Convención, el movimiento sin cabeza, que fue creado por el diputado David Chávez, ya dio a conocer quien será el candidato presidencial que impulsará, se trata del actual alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura.

Asfura confirmó ante medios de comunicación que aceptará la propuesta para encabezar el movimiento de cara al próximo proceso electoral.  

Otro que también llega en plan proselitista a la Convención, es el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien ha andado en campaña por diversas regiones del país en las últimas semanas.

¿Descartan continuidad de JOH en la presidencia?

Diversos líderes del partido de gobierno fueron consultados sobre la posible continuidad de Juan Orlando Hernández en el poder Ejecutivo.  

Las voces oficiales han dicho que no, que confían en lo dicho por Hernández, que no seguirá en el cargo y aseguran que en la Convención lo hará público una vez más.

Mientras que el expresidente Lobo, cree lo contrario. Lobo afirmó que buscará seguir en el poder, pero que ellos no lo van a permitir, el ex mandatario no descartó que en algún momento puedan buscar una candidatura única que sea encabezada por Hernández.

Por su parte, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, fue consultado sobre este tema, respondió que, el único que puede decidir si continúa o no en el cargo, es el mismo Juan Orlando Hernández.

Es un hecho que los diversos sectores del nacionalismo no se atreven a descartar que Hernández busque la continuidad, y serán los próximos movimientos del oficialismo los que aclararán un panorama que hoy por hoy está lleno de división y malestar en el partido de cara a su Convención nacional.

Las rebeliones populares y la construcción del futuro


Rebelión

Por Pablo Dávalos

Es necesario articular una mirada crítica y una comprensión global de los efectos de la rebelión de octubre de Ecuador y situarla en el contexto histórico de las transformaciones del capitalismo a nivel global. La rebelión ecuatoriana del mes de octubre, y las movilizaciones de Chile, Haití y otros países, también en ese mismo mes, dan cuenta que la forma por la cual se articula la hegemonía en el capitalismo tardío tiene fallas estructurales.
El ejemplo de Chile es paradigmático, porque sobre esa sociedad se había descargado la responsabilidad de asumir, legitimar y respaldar el modelo neoliberal. Chile se había convertido en la vitrina ideológica de todas las posibilidades del neoliberalismo. La privatización no solo de la infraestructura sino también de las políticas públicas, los sistemas de exclusión a través de mecanismos de precios (en salud, educación, en el trabajo, entre otros), entre otros, contaban con un discurso basado en las cifras y en la aceptación silente de una sociedad que, aparentemente, convergía de manera unánime hacia ese discurso y esas prácticas.

Chile representaba la opción a ser presentada cuando se proponía la privatización de los sistemas de seguridad social, la flexibilización laboral, la privatización de los servicios básicos, la estructura de todo el sistema de tarifas para servicios públicos (que, de otra parte, son de los más caros del mundo), pero nunca se decía que ese sistema económico se sostenía sobre un sistema político que había sido diseñado por la dictadura de Pinochet y que no había sufrido transformaciones importantes en estas últimas décadas. Chile exhibía los indicadores más bajos de pobreza en el continente, y las cifras de crecimiento económico más altas y más sostenidas de la región. ¿Qué más se podía pedir? Chile representaba el fulcrum ideológico del modelo: crecimiento económico sostenido y reducción de la pobreza. Empero, todo eso se quebró y, coincidentemente, justo luego de la rebelión de octubre en Ecuador, cuando, de forma espontánea e impredecible, la sociedad chilena se volcó a las calles a reclamar por algo que es un clamor no solo en Chile sino en todo el capitalismo global: la equidad.

Las marchas de Chile, así como las elecciones que se dieron a fines de octubre en Argentina, y la rebelión de Ecuador, y de Haití, entre otras, están atravesadas, en efecto, por el discurso de la equidad como fundamento que les otorga legitimidad, coherencia y proyección global.

Aquello que se reclama es una justa y equitativa distribución del ingreso. Un debate, además, que también se dio en EEUU a propósito del movimiento 99/1, en donde el 1% de la población mundial acapara la riqueza del 99% restante, y que tiene que ver, en ese país, con la gestión de la crisis de las hipotecas subprime y la forma por la cual la reserva federal americana utilizó la política monetaria para salvar a los grandes bancos y perjudicar a los contribuyentes.

Si se hace un recorrido por los premios en economía que otorga el Banco de Suecia y que son mal llamados Premios Nobel de Economía, puede verse que los últimos de ellos hacen referencia a reflexiones y teorizaciones sobre la pobreza, la desigualdad y la distribución del ingreso. El libro de Thomas Piketty: El Capital en el siglo XXI, se convirtió en best seller porque da un tratamiento teórico apoyado en datos y matemáticas, justamente al problema de la desigualdad. Se trata, por tanto, de un debate que está ahí, que no puede ser eludido, ni escamoteado ni soslayado.

Es interesante constatar que la quiebra del discurso hegemónico neoliberal, se produce en América Latina cuando la oleada de gobiernos progresistas remite y da paso a la conformación de gobiernos de derecha y alineados con la agenda norteamericana y con el FMI. Se había pensado que el retorno de los gobiernos de derecha implicaba el regreso y consolidación del discurso neoliberal. Por lo visto, se trató de un espejismo. Los gobiernos de derecha tuvieron oportunidades históricas por los errores de los gobiernos progresistas, no por los méritos del discurso neoliberal.

En ese sentido, el caso de Argentina es otro ejemplo paradigmático. Macri se convierte en el primer presidente de Argentina que no logra la reelección. Su apego al FMI y su negociación por más de 50 mil millones de USD con esta institución, implicó un duro programa de ajuste en circunstancias en las que la macroeconomía de ese país no estaba apta para soportarlo. El tipo de cambio se incrementó de 9 pesos por dólar a más de 60 pesos por dólar en apenas tres años. La pobreza se duplicó y la sociedad se fracturó. Por ello, la forma por la cual la sociedad argentina rechazó el ajuste fue a través del sistema político y posibilitó el retorno del peronismo, cuyo sustento de campaña fue, precisamente, el discurso de la equidad.

Sin embargo, puede notarse que la derecha aún no tiene una línea discursiva que al menos le permita comprender la historia que sucede en su alrededor. De una manera u otra, ha recurrido al expediente de la teoría de la conspiración para explicar fenómenos históricos y sociales que tienen sus propias explicaciones y referencias en la estructura económica y social. La derecha, es indudable, ha sido rebasada por el momento histórico. Su incapacidad de lectura de su propia realidad da cuenta que, por ahora, es el obstáculo más serio para los cambios que las sociedades necesitan.

Se puede afirmar, habida cuenta que se trata de un fenómeno global en el cual también hay que inscribir a los gilet jaunes de Francia, y a otros movimientos sociales del mundo, que la resistencia que este momento expresan las sociedades a la forma por la cual se consolida una injusta distribución del ingreso en circunstancias en las que las sociedades y el propio capitalismo están transitando de la escasez hacia la abundancia, y cuya principal característica está en la preeminencia de la economía de la sociedad de la información como sustento de esta transformación, es global y es histórica, y que anuncia cambios profundos en la estructura misma del capitalismo.

Es decir, las elites del capitalismo global, recurren a un discurso del siglo XX, en la ocurrencia el neoliberalismo, para consolidar la hegemonía sobre las sociedades del siglo XXI. Por ello utilizan todos los mecanismos que le permitieron esa hegemonía en el siglo XX, como el control a los grandes medios de comunicación, lo que les daba la posibilidad y la capacidad de manejar los discursos desde los cuales se genera la comprensión y la interpretación de la realidad, así como el financiamiento a los think tank que elaboraban, de su parte, las ideas, las propuestas, las cifras, los discursos y los marcos epistemológicos desde los cuales operan esos discursos. Pero es muy difícil controlar el futuro con las herramientas del pasado.

Al parecer, esa forma de construcción de la hegemonía está llegando a su fin. Las sociedades del siglo XXI tienen a su disposición mecanismos de información, y de comunicación generados precisamente por la economía de la sociedad de la información, como las plataformas de redes sociales, que les permiten ser actores y testigos de lo que sucede en su propia realidad y en la del mundo, sin pasar por las aduanas de los grandes medios de comunicación. Son sociedades en las que los ciudadanos se reconocen también como ciudadanos globales.

Hay que recordar que hace algún tiempo, cuando emergía la sociedad de la información, los dispositivos de comunicación permitieron la primavera árabe que acabó con varios gobiernos despóticos.

Lo que la rebelión de octubre de Ecuador, la movilización social de Chile, las elecciones de Argentina, la insurrección social en Haití, entre otros procesos sociales, demuestran es que los discursos que aseguraban y sostenían la hegemonía del capitalismo están, epistemológica, teórica, e ideológicamente, agotados. No se puede sostener la hegemonía del sistema con el discurso del crecimiento económico cuando hay que abordar y resolver los problemas del calentamiento global y las desigualdades estructurales. Tampoco se le puede exigir a las sociedades que sean más competitivas, cuando se la empobrece de forma concomitante a la cual se multiplica la riqueza. Tampoco se les puede decir que acepten toda imposición, incluso si va contra sus derechos fundamentales, para complacer a la inversión extranjera directa cuando sus condiciones de vida se deterioran.

Es también por ello que la institución que codifica ese discurso se demuestra caduca y decadente con respecto a su momento histórico: se trata del FMI. En todas partes del mundo, el FMI es el centro de la inquina social. Las recomendaciones del FMI no son bien vistas en ninguna parte. Desde la crítica que hizo Joseph Stiglitz a inicios del siglo XXI, el FMI no ha cambiado un milímetro y se ha aferrado a sus propios marcos interpretativos con la pasión de los fundamentalistas. La legitimidad social de esta institución se reduce a una velocidad creciente. Es muy probable que desaparezca en los próximos años. Tal como está diseñada, es un obstáculo este momento para las propias necesidades del capitalismo de sostener su capacidad hegemónica. Pero no solo eso, es también el discurso que secreta el que tiene los días contados: el discurso del neoliberalismo.

Las transformaciones del capitalismo en el siglo XXI son cualitativas. La economía de la sociedad de la información multiplica de forma exponencial la capacidad de crear nueva riqueza y permite superar las condiciones de escasez para transitar a sociedades de la abundancia. Pero el discurso del neoliberalismo es un discurso de la escasez. Sus marcos epistémicos no pueden siquiera encuadrar y entender lo que significa la abundancia. Se aferra al discurso de la austeridad como una forma desesperada de luchar contra el futuro y restaurar el pasado.

De hecho, toda la estructura simbólica e ideológica de la hegemonía del capitalismo del siglo XX se sustenta sobre la escasez. Pero ya no se puede hablar de escasez en un contexto de economía de la sociedad de la información, porque el recurso que sostiene los nuevos procesos de acumulación ya no es escaso, como fue el caso del capital y el trabajo, sino un recurso infinito: la información, y cuya referencia más importante es aquella de la inteligencia artificial.

Si la economía de la sociedad de la información converge hacia la inteligencia artificial, y todo parece apuntar en ese sentido, las condiciones históricas que definían el valor del universo de bienes y servicios que se crean y producen en el capitalismo, cambian de coordenadas históricas y epistemológicas. El valor ya no puede referirse a la producción, porque su importancia, en la economía de la sociedad de la información, es marginal. Es por ello que emergen nuevos discursos y nuevas prácticas: la renta básica universal, las monedas digitales y las monedas locales, la reducción de la jornada laboral, la seguridad social universal, la transformación de la matriz energética de la producción y la circulación, hacia energías limpias, la economía de las redes sociales, etc.

Y las sociedades, de una u otra manera, comprenden y sienten esas transformaciones, porque es ahí en donde se gestan. Por ello, las movilizaciones sociales en todas partes del mundo, son la constatación que el capitalismo del siglo XX está llegando a su fin y que otra sociedad, otros referentes, otros discursos están emergiendo en esta coyuntura. Esas movilizaciones sociales están construyendo otro mundo posible. Le están poniendo fin al capitalismo del siglo XX y construyendo las sociedades del siglo XXI, y ninguna violencia que se ejerza contra ellas puede evitarlas.

La cuestión que será fundamental a futuro, es saber si el capitalismo sea el modelo histórico que permita sostener a la economía de la sociedad de la información y de los ciudadanos globales. Si el capitalismo se revela como una camisa de fuerza para la economía de la sociedad de la información y la ciudadanía global, quizá estemos presenciando el acontecimiento histórico más importante desde el siglo XVIII: el primer cambio civilizatorio que implica la transformación de un sistema que se quería inmutable y perenne, el sistema capitalista, hacia una nueva sociedad de la cual intuimos sus contornos pero a la que aún no hemos dado nombre todavía.

Miradas críticas a los nuevos constitucionalismos suramericanos

Rebelión

Por Andrés Kogan Valderrama *

A propósito de la continuidad de las movilizaciones en Chile, ha comenzado un proceso de cabildos autoconvocados y abiertos, en donde la población ha comenzado a sentar las bases para dar inicio de un proceso constituyente inédito, el cual le devuelva la dignidad a un pueblo que ha tenido que lidiar por más de 40 años con una Carta Magna que tuvo un origen espurio durante la dictadura de Pinochet, y que tiene la particularidad de haber estado a la medida de la ideología neoliberal, lo que ha sido visto por el mundo entero como un verdadero experimento político, implementado a través de una doctrina del shock.

Es así como los primeros resultados de esos cabildos, se manifiestan demandas prioritarias que buscan justamente recuperar y ampliar derechos de toda índole, privatizados y negados en la constitución de 1980. Es el caso de un nuevo sistema de pensiones, la protección del medioambiente, la nacionalización de recursos naturales, el aumento del salario mínimo, una educación pública y gratuita, un sistema único de salud, acceso a la vivienda, impuestos a los más ricos, igualdad de género y enfoque feminista en políticas públicas, democracia participativa y vinculante, derechos de los migrantes, reconocimiento de los pueblos indígenas y realización de una asamblea constituyente.

Es esta última demanda, la realización de una asamblea constituyente, la cual puede verse como la piedra de tope para los grupos más conservadores del país, vista por ellos como una amenaza para una democracia de mercado que se ha profundizado en los últimos 30 años, no solo gracias a la derecha sino también gracias a una izquierda que creyó la idea del fin de la historia, como pasó con la ex Concertación, la cual gobernó entre los años 1990-2009, a través de la profundización y administración del modelo económico existente.

No es de extrañar entonces, que mientras países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, realizaban profundos procesos constituyentes, la izquierda de mercado legitimaba la constitución de Pinochet, mediante la firma del ex presidente Ricardo Lagos el año 2005. Además de denostar aquellos procesos, tratándolos de populistas, mientras se en Chile se fortalecía una institucionalidad que privatizó la educación, la salud, el agua, las carreteras, los medios de información, los puertos, etc.

Por otro lado, solo con la llegada de la ex Nueva Mayoría al poder el año 2014 (ex partidos de la Concertación junto al Partido Comunista), hubo un tímido giro al progresismo, en sintonía con lo que estaba pasando en la región. No obstante, la discusión constituyente quedó a segundo plano, reduciéndola a unos diálogos ciudadanos no vinculantes y sin capacidad de injerencia política.

De ahí la importancia de abrir un inédito proceso constituyente en Chile, pero que se conecte con la experiencia de aquellos países vecinos, los cuales tienen mucho que aportar a lo que eventualmente pueda pasar, no solo en lo que respecta a los elementos participativos que llevaron a la redacción de las nuevas constituciones, sino también a los elementos autoritarios de los gobiernos progresistas realmente existentes en aquellos países mencionados.

Para reflexionar sobre aquello, lo señalado por personas como Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Prada Alcoreza de Bolivia y Edgardo Lander de Venezuela, nos puede ayudar a acercarnos a esos procesos en clave suramericana, pero desde una mirada crítica. Es decir, yendo más allá de discursos ideológicos reduccionistas, que están con o contra de esos procesos de manera absoluta, la cual no hace más que reproducir lógicas binarias en la política.

En el caso del economista Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador el año 2008, ha planteado que si bien la Constitución de Montecristi fue la primera en el mundo en incorporar principios quechuas como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, su problema ha sido su implementación, tanto durante el gobierno de Rafael Correa como de Lenin Moreno, los cuales se han subordinado a políticas desarrollistas, centradas en la producción y el consumo de mercancías. Lo mismo con respecto a los Derechos de La Naturaleza, que también pueden verse como un giro civilizatorio, tan necesarios en estos días, pero que en la práctica no solo no se ha respetado, sino que se ha profundizado el extractivismo minero y petrolero de aquel país.

De ahí que Acosta plantee que la constitución deba ser entendida más bien como una caja de herramientas para la ciudadanía, en donde sea ésta quien deba hacer valer el respecto de los derechos constantemente. En otras palabras, el proceso constituyente no termina cuando se redacta y aprueba la Carta Magna, por el contrario, es solo el comienzo de un camino de vida en común sin fin, como lo es la democracia.

Sobre Bolivia, lo planteado por el sociólogo Raúl Prada Alcoreza, quien fuera asambleísta de la Constitución de Bolivia, aprobada el año 2009, tiene una mirada similar a la de Acosta, pero que va más allá en su crítica. Si bien revindica también la presencia a nivel constitucional de la noción aymara de Vivir Bien o Suma Qamaña, la Ley de Derechos de la Madre Tierra y la construcción de un Estado de carácter Plurinacional, el problema no es solo con respecto al extractivismo llevado al extremo por Evo Morales, sino en la reproducción misma de un fetichismo jurídico, en donde el derecho termina siendo el sentido mismo del Estado.

En otras palabras, lo que ha pasado en Bolivia, es que ha hecho de su constitución un fetiche, en donde se pasó de un contenido liberal a un contenido socialista, con rasgos indígenas, el cual renuncia a la movilización social, entendida esta como potencia, para dar paso a una burocracia legal, en donde la figura del caudillo autoritario se apropia de un discurso que deriva de los pueblos finalmente

Por último, en el caso de Venezuela, quizás el más dramático de los tres, planteado por el sociólogo Edgardo Lander, referente del llamado giro decolonial, nos señala que la constitución de 1999 marcó el inicio de los ciclos progresistas posteriores en la región. Si bien la constitución no tuvo fuertemente elementos indígenas como en los casos de Ecuador y Bolivia idea de construir un Estado Comunal, centrados en la autogestión y democracia participativa, lo que para un contexto regional, en donde el neoliberalismo se expandía a través de los gobiernos, fue revolucionario.

El problema, como bien dice Lander, es que el proceso venezolano en el tiempo no hizo más que profundizar el rentismo petrolero de décadas, a través de un estado completamente autoritario, clientelar y corrupto, en donde la militarización del país ha permitido que se hipoteque el 12, 2% del territorio nacional, a partir del llamado Arco Minero del Orinoco, el cual tiene un carácter completamente ecocida y de vulneración de derechos de los pueblos indígenas que habitan en aquel lugar.

Asimismo, el excesivo personalismo, primero con Hugo Chávez, posteriormente con Nicolás Maduro, recuerda lo peor de los Socialismos Reales del Siglo XX, en donde la concentración del poder político ha llegado al extremo de tener que hacer una nueva asamblea constituyente el año 2017, hecha a la medida del gobierno actual, la cual no hace más que desprestigiar lo realizado el año 1999 democráticamente y con participación plural del pueblo venezolano. .

A modo de reflexión general, si los pueblos de Chile pretenden tener una nueva constitución a partir de una asamblea constituyente, no pueden descuidar estos tres procesos suramericanos, con fortalezas y debilidades, los cuales no hacen más que evidenciar que no basta con redactar una constitución que contenga múltiples derechos, si eso no va acompañado de cambiar las estructuras de poder mercantiles, coloniales y patriarcales del Estado mismo. Las constituciones podrán tener horizontes democráticos, comunitarios, interculturales, participativos, pero si no tiene mecanismos reales de intervención ciudadana para su ejecución, el fantasma del autoritarismo estatal está a la vuelta de la esquina.

* Andrés Kogan Valderrama es sociólogo y editor del Observatorio Plurinacional de Aguas

martes, 3 de diciembre de 2019

Un nuevo modelo de desarrollo sin FMI


Por Javier Suazo

Jaume Puig-Forne, representante del FMI en Honduras
Foto: la Tribuna.hn

“En la Secretaría de Finanzas (SEFIN) solo hay billete para activistas políticos y militares (chepos)”

Fredy Guzmán, Hablemos de Día”

En Latinoamérica, las políticas neoliberales se resisten a morir, y más bien amenazan con retornar con más fuerza en países como Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ello, no obstante, la crisis de legitimidad y resultados del modelo de corte neoliberal que se observa en Chile.

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), presentó los hallazgos de un estudio sobre los “Acuerdos y Desacuerdos con el FMI”, donde hubo un cuestionamiento a las políticas de corte neoliberal aplicadas en Honduras, especialmente después del golpe de Estado (junio de 2019). Entre estos cuestionamientos destacan: la concentración de la riqueza en 1,500 empresas, bajos salarios y aumento de la pobreza e indigencia y la falta de atención en salud y acceso a medicamentos públicos.

Los funcionarios del FMI han venido aplaudiendo los logros obtenidos por el país en materia de reducción del déficit fiscal, inflación, control de la masa salarial y aumento de impuestos, supuestamente para financiar el gasto de inversión productiva y social, lo que ha permitido un aumento del PIB moderado (3.7% en 2018 y 3% estimado para 2019) y una relativa estabilidad en las finanzas públicas como condición fundamental para evitar presiones inflacionarias y atraer inversión extranjera directa (IED).

La realidad demuestra que el logro del objetivo de estabilidad económica ha tenido efectos negativos, como una mayor deuda para financiar los déficits de las empresas públicas, caso particular de la ENEE que cerró octubre de 2019 con un déficit de 52, 483.5 millones de lempiras, superior a 45,311.4 millones observado en diciembre de 2018, mayores niveles de desempleo y subempleo y corrupción, ya que Honduras es uno de países con más corrupción e impunidad. Las cifras preliminares dan cuenta que asigna más de 36,000 millones de lempiras anuales para el pago del servicio de la deuda externa, uno de los destinos de los mayores impuestos captados por el Estado.

Para el economista-consultor del Fosdeh, Rodulio Perdomo, Honduras necesita un Estado Keynesiano que genere empleos masivos para la población, especialmente jóvenes que no encuentran trabajo y si lo hacen, reciben salarios entre 8,000 y 10,000 lempiras mensuales, unos 400 dólares; uno poco menos del salario semanal que recibe un migrante en los EEUU. De que le sirve a Honduras una inflación cero, sin por el otro lado no hay empleos ni ingresos para comprar alimentos, atender la salud y demás necesidades básicas; un escape es la migración, pero con la política “devolución” masiva de migrantes que ejecuta Donald Trump, ya no lo será.

El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) habla de la generación de 15,000 empleos directos maquiladores para 2020, un año político, con una inversión de 410 millones de dólares, que nadie le cree; pero en caso de lograrse, son empleos espurios y de mala calidad. La misma promesa se hizo con el Programa 2020, al pretender generar 600,000 empleos, pero que no logrará ni el 20% de la meta el próximo año. Es más, la evidencia demuestra que la IED caerá en Honduras durante 2019 en más de un 40% (En el primer semestre de 2019 la IED se redujo en 39.3%, unos 161.5 millones de dólares), y para 2020 las proyecciones son de 45%, por la desaceleración de la economía mundial, agudización de la crisis política y la corrupción al debitarse la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

El representante del FMI en Honduras, Jaume Puig-Forne, destaca que el FMI es un acompañante de los programas del gobierno, pero la realidad demuestra que sus políticas se imponen como única solución, tal como lo demuestran las experiencias de Argentina y Ecuador. El control y reducción del gasto público e inflación, aumento de impuestos, congelamiento de salarios, privatización de empresas públicas y flexibilidad cambiaria, son recetas que aparecen como mandamientos “bíblicos” para los gobiernos.

Es más, aunque la pobreza se resiste a bajar y/o aumentó en los últimos años, el organismo y demás OFIs apuestan a políticas de compensación social con las transferencias monetarias condicionadas (TCM) que aumentaron la deuda y la corrupción, cuyos fondos manejados por la presidencia de la República se piensan masificar para favorecer a los alcaldes con proyectos de infraestructura educativa y salud, sin que se transfieran las competencias y el poder de decisión a dichos gobiernos y organizaciones de sociedad civil no contaminadas con la política de terciarización de los servicios ejecutada por el gobierno central.

En un Conversatorio sobre los cambios políticos en Latinoamérica, celebrado en la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), apuntamos que las políticas ejecutadas en Honduras con apoyo del FMI tienen como referencia los resultados obtenidos en Chile, pero que, con el estallido, su grado de efectividad está en duda. Sin embargo, en Honduras siguen su curso y más bien se profundizarán antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021; ello incluye la privatización de los fondos de pensiones e instituciones, perdida de autonomía del banco central y flexibilidad total del mercado cambiario, sumado a la privatización de la salud y educación donde la “escasez” actual de medicamentos, deterioro de la infraestructura sanitaria y débil calificación de los docentes y médicos, es una estrategia del gobierno para ello.

Este cambio de modelo de desarrollo económico que el FOSDEH visualiza de la mano de políticas keynesianas y no monetaristas-neoliberales, es poco probable que se ponga en marcha, ya que el organismo avala la política económica del gobierno; más bien, el ejercicio de crítica debe verse como una línea de apuntes entre organizaciones de sociedad civil que manejan información económica y el FMI.

Honduras urge de una propuesta de desarrollo alternativo al modelo actual, que acompañe un nuevo proyecto político que integre la participación de una gama diversa de actores económicos (industriales, por ejemplo) y organizaciones de base social amplia. No obstante, la profundización de las políticas neoliberales y sus secuelas, dejarán poco espacio para lograr este cambio, una vez que la oposición política alcance el poder, por lo que hay que construir una agenda pública para desmontar gradualmente el marasmo de leyes, reglamentos, programas, proyectos e instituciones, dejadas por el gobierno actual. 

El control del Congreso de la República por los llamados partidos tradicionales y de “calcetín”, también será un obstáculo a sortear cuando se trate de aprobar reformas que afecten los intereses económicos de las empresas transnacionales, empresarios ligados al modelo primario exportador y la banca. Finalmente, Honduras depende mucho del comercio con EEUU, ayuda y remesas familiares de los migrantes, por lo que se constituye en una condicionalidad económica y política negativa para el cambio del modelo que promueve el FMI.

Sobreseimiento definitivo para integrante de la Base Campesina 9 de Julio



Por Riccy Ponce

Dictan sobreseimiento definitivo a Carlos Geovanni Cálix López, integrante de la empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, ubicada en Tutule, La Paz, quien estaba siendo acusado por el delito de usurpación en perjuicio de Benjamín Arriaga.

Un tribunal de Sentencias del Juzgado de Comayagua, y por falta de pruebas aportadas por el Ministerio Público, emitió su fallo sobre el juicio oral y público dictando sobreseimiento definitivo a Càlix López, y ordena se le entregue su carta de libertad definitiva.

El joven llegó al juzgado acompañado de sus familiares, amigos y compañeros, así como de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH), quien hace equipo de defensa con La Vía Campesina (LVC) a escuchar el fallo del Juez.

Carlos Geovanni Cálix López,  al salir del juzgado con su carta de libertad, no pudo evitar su alegría, quien con la voz entre cortada y lágrimas en los ojos  expresó “me siento alegre y agradecido con mis compañeros y con las abogadas, porque es triste  estar detenido por algo  que en el caso de nosotros como pobres que somos,  solo queremos salir adelante, y  la justicia, que es injusta  con uno; pero hoy me siento alegre y agradecido, porque  hoy  ya tengo mi carta de libertad en la mano, regreso más tranquilo con mi familia,  ya sin miedo a ser detenido nuevamente por este proceso”.

Doris Isabel Martínez, esposa de Cálix, dijo que es una noticia excelente, me siento feliz y contenta con mis dos hijas al lado, también porque no es fácil estar adentro de un presidio y uno afuera, le doy gracias a las abogadas a COFADEH, estoy muy agradecida por la ayuda que nos han brindado.

Mariana Cálix, su madre, añadió “le doy gracias a Dios porque él ya está afuera y gracias a ustedes   porque me lo han sacado adelante, voy a tener una celebración, a Dios en agradecimiento”.

Por su  parte Eduar Esaú Salinas, presidente de la Base Campesina 9 de Julio dijo que “nosotros estamos alegres porque el compañero salió, el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes para que el compañero fuera condenado, los jueces tuvieron que declararlo inocente. Estamos alegres por eso porque nosotros solo queremos darle una mejor vida a nuestra familia, no somos culpables de nada, solo queremos recuperar una parcela de tierra y así poder darles un mejor futuro a nuestros hijos”.

Cálix López, junto a Samuel Martínez, estuvo recluido en un centro penal desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre de 2017, que salieron bajo medidas distintas a la prisión preventiva, llegando hasta el juicio oral y público, donde finalmente se entregó su carta de libertad definitiva, y seguramente lo mismo hubiera pasado con Samuel Martínez, pero murió en circunstancias no esclarecidas por las autoridades hasta el momento.

Cabe señalar que este proceso fue largo, ya que en dos ocasiones se suspendió el juicio oral y público contra el campesino por la no comparecencia de los testigos que lo acusaban, haciendo más lento el proceso, y con esto alargando más la agonía de su familia y el sacrificio que hacen para poder acompañarlo y que no se sienta solo con un proceso que era injusto.

El campesino e integrante de la 9 de julio fue acompañado en todo momento por la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de la paz (REDHIL- PAZ) y la Red de defensores y Defensores de la Tierra y el Territorio (RENADETT), quienes permanecen vigilantes a que se les respete el debido proceso y no se comentan violaciones a los derechos humanos a los campesinos en el departamento de La Paz.