viernes, 2 de diciembre de 2022

Urgen aprobar Ley de Desplazamiento Forzado

Radioprogresohn.net

Desengavetar la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas forzadamente, es el llamado urgente que hacen organizaciones hondureñas enfocadas en proteger los derechos de la niñez y la juventud en Honduras con el respaldo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

Se estima que 247 mil personas han sido desplazadas por diversas causas en el país, entre el 2004 y 2018, siendo la principal causa la violencia provocada por la criminalidad organizada.

“Urge que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Desplazamiento Forzado”, expresó Valentina Limonta, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Limonta, agrega que es necesario tener un marco legal que permita proteger a la población desplazada por la violencia en Honduras, debido a que el desplazamiento está alcanzando niveles alarmantes lo que debe llamar al Estado hondureño a accionar. Uno de los primeros pasos es promover la aprobación de dicha legislación, ya que la ley está basada en los principios rectores del desplazamiento forzado y prevé un sistema nacional de atención a persona víctimas y respuestas tanto a nivel nacional como local para prevenir las causas, dar respuesta en la emergencia y la búsqueda de soluciones integrales.

Desde el año 2013 mediante Decreto PCM-053, Honduras reconoció como Estado la existencia del desplazamiento forzado de manera interna. En el año 2016 la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia, CIPPDV, comenzó a elaborar el proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas forzadamente, presentándolo en marzo del 2019 al Congreso Nacional anterior, pero corrió con la mala suerte de ser engavetado.

Abordar el desplazamiento forzado debe ser una prioridad del actual gobierno, afirma Wilmer Vásquez de la Red Coiproden en Honduras, porque se trata de una ley integral de políticas de Estado que se enfoca en las personas desplazadas a causa de la violencia de forma interna.

“La Ley de Desplazamiento debería ser una iniciativa del gobierno de la república, no tendría que estar ni la cooperación internacional, ni la sociedad civil, incidiendo y mendingando que se tome una decisión para que el Estado pueda ser garante y tutor de los derechos fundamentales particularmente de estas poblaciones que hoy se encuentran es esta situación compleja de desplazamiento.

Lo más preocupante es que el 43 % de la población desplazada son niñas y niños. De ahí el llamado al Congreso Nacional está en la obligación de la aprobación de esta ley, asegura Vásquez.

En Honduras son cuatro los municipios más afectados por el desplazamiento interno, San Pedro Sula y Choloma en el departamento de Cortés, Distrito Central en Francisco Morazán y La Ceiba en Atlántida.

La Ley no solo beneficiaría a población hondureña sino también a migrantes en tránsito que durante el último año han ingresado masivamente al territorio hondureño en busca de llegar a Estado Unidos, asegura Héctor Espinal, oficial de comunicaciones de Unicef.

“Debemos de darnos cuenta de que estamos frente a un problema que se agudiza porque el desplazamiento interno de un departamento a otro está creciendo” expresa Espinal.

Se espera que el actual Congreso Nacional pueda girar su vista a este proyecto de Ley que crea las pautas para la protección de sectores que tienen que escapar de la violencia producto de la criminalidad que impera en el país.

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