En la audiencia inicial contra los seis pobladores garífunas de Punta Gorda en Islas de la Bahía, el Ministerio Público presentó como medios de pruebas documentos incompletos, sin firmar, no legibles y fotocopias, además, 5 actas de decomisos de memorias USB con fecha 22 de noviembre, un día antes de iniciar la audiencia en el Juzgado Departamental de Letras con sede en Roatán.
Luego del desalojo violento que fue víctima la comunidad de Punta Gorda, el pasado 07 de noviembre, seis de sus lideresas y líderes están siendo sometidos a una audiencia inicial por suponerlos responsables de los delitos de usurpación agravada en perjuicio de la familia Norman Jones y atentando en contra de un agente de la Policía Nacional.
La denuncia de usurpación se basa en un título de dominio pleno de 2003 a favor de la estadounidense naturalizada hondureña Fair Jones de Norman, quien le donó el terreno a su hija Ritzy Wanda Norman Jones.
Los acusados son Dorotea López; Richard Martínez; Efraín Sánchez; Keider Gonzales; Augusto Dolmo y Melissa Fabiola Martínez, coordinadora de la Organización Fraternal Negra (Ofraneh), en Punta Gorda.
Dentro de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, hay una certificación de propiedad del terreno supuestamente usurpado, emitida por la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur), en favor de la familia Norman Jones. La Fiscalía ignoró que solo el Instituto de la Propiedad puede emitir certificados o constancias de propiedad. Zolitur es un ente descentralizado del Estado cuya misión es fomentar el turismo y el bienestar de los pobladores de Islas de la Bahía.
Además, hay 5 actas de decomisos de dispositivos de almacenamiento con fecha 22 de noviembre. Aunque las USB contienen imágenes, no se hizo un peritaje a los aparatos que capturaron dichas imágenes. No se conoce quien aportó esos videos y de dónde los sacaron. Otra evidencia si fue decomisada a los imputados, pero se violentó el debido proceso porque la defensa tenía que estar al tanto de la acción.
El comportamiento corporativo de la justicia hondureña se ve vuelve tangible cuando el Ministerio Público, Policía Nacional, juzgados, empresa privada o terratenientes, actúan en sintonía contra las comunidades o personas que defienden sus bienes naturales y territorios, como es el caso de la población garífuna de Punta Gorda, dijo en Radio Progreso el abogado defensor Edy Tábora.
“Es importante que la población de Honduras sepa cuál es la situación del sistema de justicia. No ha cambiado absolutamente nada. Y más allá de la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, la sociedad debe saber que el Poder Judicial solo trabaja para garantizar la propiedad privada y criminalizar a las comunidades que están reclamando sus derechos”, expresó el abogado.
Tábora explicó que, a pesar del estado ilícito de las pruebas, lo preocupante es que el juez de letras que conoce el caso, Allán Urbina García, aceptó todos los medios probatorios presentados por el Ministerio Público, rechazando las objeciones de nulidad de la defensa, y dejando al descubierto que no hay un control de legitimidad sobre las ilegalidades en medios de pruebas incompletos que resultan no confiables.
Una acción que agrega otro vicio de nulidad al proceso fue la arbitrariedad cometida el día del desalojo por la fiscal del Ministerio Público, Reyna Yesenia Fúnez Canizales, quien lleva el caso contra los garífunas ante el juzgado. A pesar de que había una jueza ejecutora para dicho desalojo, la fiscal estuvo presente y habría ordenado la detención de los seis líderes garífunas.
Los abogados defensores explicaron que la fiscal usurpó funciones de la jueza y violentó el artículo 549 del Código Penal al impedir el ejercicio de otros derechos reconocidos en la Constitución de la República. Durante el primer día de la audiencia la fiscal mostró un comportamiento racista y burlesco hacia los imputados, especialmente cuando la defensa presentó sus medios de pruebas.
Incompetencia Judicial
Hace 225 años, cuando los garífunas llegaron a territorio centroamericano, se instaló la primera comunidad llamada Punta Gorda en Islas de la Bahía, pero fue hasta 1996 que el Estado de Honduras la reconoció como Patrimonio Nacional.
Honduras está adscrito a la Convención Americana de Derechos Humano y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, donde en los artículos 13 y 14 manda a los Estados a garantizar y proteger los derechos a la tierra y propiedad de los pueblos originarios o indígenas.
En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió sentencia condenatoria contra el Estado por encontrarlo internacionalmente culpable de violar los derechos colectivos de las comunidades garífunas de Punta Piedra en Colón y Triunfo de la Cruz en Atlántida. La Corte reconoce y establece que existe una estrecha relación entre los garífunas y la tierra; considera la madre.
Sin embargo, retrocediendo más en la historia, el 03 de febrero de 1860 se firmó el tratado Wyke-Cruz realizado entre El Reino Británico y Honduras, donde Inglaterra cedió a Honduras el dominio territorial de las Islas de la Bahía y La Mosquitia, con la condición de garantizar el territorio y la cultura de los pueblos indígenas que habitaban la región.
Tomando en cuenta la sentencia de la Corte, los tratados y la Convención Americana, al caso de Punta Gorda debería de aplicársele un procedimiento especial concerniente a la legislatura de pueblos indígenas desde el Poder Ejecutivo y no desde el Judicial.
Aunque la Secretaria de Derechos Humanos emitió un comunicado el día del desalojo, no se presentó a la audiencia inicial. Otras instituciones involucradas como el Instituto de la Propiedad (IP) y el Instituto Nacional Agrario (INA), se limitaron a extender constancias en favor de la señora Wanda Norman Jones, basadas en valoraciones y no en hechos legales denunció el equipo defensor de los garífunas.
Por ser la primera comunidad garífuna que se instaló en Honduras, Punta Gorda es considera la tierra madre de todo pueblo negro. Al ritmo de los tambores y a una sola voz, representantes de las 48 comunidades instaladas en toda la costa caribe, se hicieron presentes en las afueras del Poder Judicial de Roatán, exigiendo justicia para las hermanas y hermanos criminalizados de Punta Gorda.
También para exigir el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte-IDH, una investigación real para dar con el paradero de los jóvenes secuestrados del Triunfo de la Cruz hace dos años, respeto a sus derechos humanos y territorio ancestral.
En entrevista a Radio Progreso la coordinadora general de la Ofraneh, Miriam Miranda, explicó que el 80 por ciento de las tierras garífunas están en manos de terceros, quienes a través del poder político y económica han manipulado las instituciones de Estado para acaparar las tierras. Entre los terratenientes mencionó a los expresidentes Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y Ricardo Maduro (2002-2006), entro otros reconocidos personajes políticos.
Miriam junto a líderes y lideresas dejaron claro que, los garífunas no son invasores, sino, recuperadores de su territorio ancestral.
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