El gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento lanzó el “Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos”, mediante el cual declaró una emergencia nacional de seguridad.
“Este Gobierno del Socialismo Democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico”, declaró Castro Sarmiento, el pasado 24 de noviembre en comparecencia pública.
Un estudio reciente, realizado por la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), establece que en Honduras 206 mil 623 hogares han sido víctimas de extorsión en durante 2022.
De acuerdo a las estimaciones de la ASJ, 847 mil 154 personas fueron víctimas de extorsión. Con relación a los montos, indican que al año en Honduras se pagan 18 mil millones de lempiras, un aproximado de 87 mil 427 lempiras por víctima.
Sin embargo, el Sondeo de Opinión Pública 2022 del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj, indica que apenas cuatro de cada diez hondureños y hondureñas han sido víctimas del delito de extorsión.
El Director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, indicó que el Plan Integral incluye reactivar el Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y el control de seguridad territorial en áreas de riesgo. Sánchez afirmó que en 52 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula existe presencia de la mara MS-13 y Pandilla 18.
En ese sentido, la Presidenta Xiomara Castro Sarmiento dijo que para fortalecer la estrategia de “recuperación inmediata de los territorios sin ley, en los barrios, en las colonias, aldeas, municipios y departamentos declaro emergencia nacional en materia de seguridad”.
Castro Sarmiento, además, instruyó a la Policía Nacional a proponer “estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en los sectores donde se amerite”.
Para la analista en temas de seguridad pública, Mirna Flores, el “Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos” es una medida reactiva y apresurada, porque, además de limitar libertades, “está estigmatizando la pobreza”.
Flores agrega la extorsión no sólo es un problema de maras: “encuentro una infinidad de actores que no viven en esos barrios, viven en los sectores de clase media, por otro lado, a quienes van a invadir con fuerzas militares y Policía Nacional es a los barrios más vulnerables que deben ser atendidos con políticas sociales”.
Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric-sj, indica que en la declaratoria de estado de excepción se debe valorar de manera objetiva la situación de amenaza, como parte de los estándares en materia de derechos humanos y de legalidad.
“Por otro lado, si el Estado tiene la capacidad o la imposibilidad de resolver la crisis por otros medios legales y no a través del estado de excepción”, apunta Mejía, al dejarlo claro que la Constitución de la República plantea que se pueden suspender derechos, sin embargo, “hay derechos que son inviolables”.
Entre esos derechos, Mejía apunta que el acceso a la justicia no se puede suspender “en ningún momento y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos: este derecho es fundamental cuando se trata de estados de excepción”.
El abogado Mejía explica a Radio Progreso que la medida de estado de excepción tiene que regirse por el principio de no discriminación, es decir que sea de aplicación general, que “no implique actos discriminatorios fundados en motivos de edad, raza, sexo, idioma, posición económica, etcétera”.
“Cuando hay un estado de excepción que establece solamente una zona y esa zona es caracterizada por la pobreza, esa decisión tiene que considerarse discriminatoria”, remarca Mejía.
Militarización
Durante la campaña electoral de 2021 y de acuerdo al “Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026”, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento se comprometió desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en el rol que ordena la Constitución de la República.
“En materia de seguridad el régimen del Partido Nacional ha optado y profundizado la política mano dura y militarización que no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo”, reza el Plan de Gobierno.
Contrario a ello, durante los 10 meses de administración de Castro Sarmiento, la Policía Militar y del Orden Público (PMOP) sigue realizando labores de seguridad ciudadana participando en operativos, retenes y saturaciones en barrios y colonias, un ejemplo de ello son las intervenciones de militares en la Colonia Villanueva de Tegucigalpa.
Tras la declaratoria de emergencia nacional por seguridad, la Policía Militar anunció el envío de 600 agentes a las fronteras con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, como parte del “Plan Escorpión” (Control de maras y pandillas, migración irregular en zonas fronterizas) que incluye la estrategia para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos.
Ante la determinación de militarización, el director de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, apunta que las funciones de los entes de seguridad deben quedar definidas para evitar el uso desproporcionado de la fuerza: “y que de manera selectiva pueda detenerse a jóvenes que se verán en mayor vulnerabilidad frete a los policías y militares en las calles”.
“Nos preocupa la mención de revisión o reformas a leyes, al mismo Código de la Niñez y Adolescencia, porque pareciera que se sigue viendo a los jóvenes como los responsables de la violencia en el país”, manifiesta Vásquez.
El Director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, anunció que los “ejes estratégicos” del Plan Integral contra la extorsión incluye una reforma al estamento legal y al sistema penitenciario.
El Sondeo de Opinión Pública 2022 del Eric-sj indica que la población sigue desconfiando de los cuerpos armados, ya que el 33.1 por ciento de la población manifestó no confiar en ningún ente de seguridad del Estado.
De acuerdo a la Constitución de la República, la disposición de estado de excepción tiene que llegar al Congreso Nacional para que “dentro de un plazo de 30 días, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe”.
Sin embargo, en un comunicado de prensa la Secretaría de Seguridad, emitido el 3 de diciembre, anuncia que el estado de excepción parcial entrará en vigencia el martes, 6 de diciembre, por 30 días.
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