Las organizaciones sociales no gubernamentales, defensoras de los derechos humanos en países de Centroamérica, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras o Costa Rica, están siendo objeto del acoso judicial, policial y mediático, así como de un proceso de criminalización que busca su desprestigio para acabar con las críticas a las vulneraciones de derechos fundamentales que tienen lugar en estos países.
Así lo denuncia Alianza por la Solidaridad-ActionAid que ha seguido de cerca la persecución a organizaciones locales con las que trabaja directamente y los señalamientos de otras cuyos líderes han tenido que dejar el país por razones de seguridad.
El último de estos casos ha tenido lugar esta misma semana, cuando el Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, acorde con la deriva dictatorial en la que se encuentra ese Estado americano, envió a fuerzas de la Fiscalía, policiales e incluso militares a diferentes ONG, entre las que se encuentra ProVida, socia de Alianza, y otras seis organizaciones, allanando sus instalaciones y llevándose material de sus sedes, bajo acusaciones infundadas de malversación de fondos.
La organización salvadoreña ProVida, lleva 37 años trabajando con las comunidades, muy especialmente en la defensa del derecho al acceso a agua potable, en uno de los países del mundo con más estrés hídrico, en relación con su población.
Karen Ramírez, su portavoz señala: “Está claro que lo que quieren en descalificarnos desde el Estado, cuando es manifiesto que nuestra ONG depende de fondos extranjeros, dentro de una estrategia de hostigamiento a las organizaciones de izquierdas que proveemos de servicios, como educación o agua, que debería proveer el Estado salvadoreño. Es algo que nos pone en riesgo porque genera desconfianza hacia nuestro trabajo en los territorios”.
Persecución de las ONG también en otros países
Situaciones similares se viven en otros países. En Nicaragua, numerosos líderes sociales opuestos al régimen de Daniel Ortega están en la cárcel y las ONG tienen poco margen de maniobra. Prácticamente, todas las ONG y líderes están sujetas a una férrea censura, en prisión o fuera del país.
En Guatemala, el gobierno de Alejandro Giamattei continúa su acoso y criminalización contra cualquier voz discordante, aumentando al mismo tiempo las agresiones a líderes de derechos humanos. Según Udefegua, en 2020 se batió récord de estas agresiones, hasta los 1.055 casos, pese a que fue el año del confinamiento. El pasado día 24 de noviembre, ordenó la detención de dos opositores a su Gobierno por participar en una manifestación de protesta convocada contra sus recortes sociales.
Paralelamente, se ha puesto en marcha la llamada Ley de ONG con la que se pretende limitar el trabajo de denuncia de vulneraciones de derechos humanos que realizan las organizaciones, bajo la excusa de que sólo deben realizar actividades que no vulneren el orden público, lo que incluiría cualquier tipo de demanda pública o movilización.
En Honduras, la situación no es mejor: en lo que va de año han sido asesinados decenas de opositores políticos (39 según algunas fuentes) y al menos otros 40 defensores de derechos humanos y del territorio. Las elecciones presidenciales del domingo 28 de noviembre, han arreciado una violencia que se había ya incrementado desde el golpe de Estado de 2009.
Alianza por la Solidaridad-ActionAid considera inadmisible que, en estas circunstancias, las representaciones diplomáticas del Gobierno español no salgan en defensa de los derechos humanos fundamentales en Centroamérica, como hace en otros foros internacionales (ONU, UE, G-20, etcétera) y exige su posicionamiento claro a favor de la sociedad civil centroamericana.
Almudena Moreno, responsable de Desarrollo Sostenible en Alianza-ActionAid, señala: “Es necesario que el Gobierno español se ponga del lado de los derechos humanos y sea contundente reclamando el cese del retroceso de los espacios cívicos en estos países, donde los líderes sociales son perseguidos, las ONG allanadas y los presos políticos van en aumento”.
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