Radio Progreso
Todo juicio debe llevarse a cabo con las condiciones mínimas que establece la Constitución de la República, eso implica que deben desarrollarse en el marco de la igualdad y apegado al debido proceso. Significa que antes de evacuar las pruebas documental, audiovisual o pericial en un juicio oral y público, las partes en conflicto deben conocerlas y saber de qué se tratan para poder oponerse o defenderse.
En el caso de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, esas condiciones mínimas no existen, porque el Ministerio Público se ha rehusado a entregar las pruebas que pretende presentar y evacuar durante el juicio.
“El Ministerio Público no ha presentado más del 50 por ciento de las pruebas generando indefensión, es decir que los defensores de Guapinol llegan al juicio sin conocer exactamente a que se van enfrentar. Esto le da un claro privilegio al Ministerio Público y a la acusación privada”, dijo en entrevista el abogado Edy Tábora.
El Ministerio Público ha dicho que una parte de las pruebas documentales las presentará este 03 de diciembre en horas de la tarde y que la prueba pericial la va a entregar el próximo 09 diciembre, día en el que se reprogramó la audiencia de apertura al juicio oral y público en los juzgados de Tocoa, Colón.
El equipo de abogados explicó que van a seguir insistiendo en la necesidad de analizar con tiempo las pruebas si resultan complejas.
“Vamos a esperar que nos entreguen las pruebas y a partir de ahí haremos el análisis correspondiente”, dijo el abogado Tábora, asegurando que no van a permitir que se sigan cometiendo más arbitrariedades en este caso.
El equipo de abogados ha denunciado la actuación del Ministerio Público. Desde la presentación de requerimientos fiscales con pruebas falsas para acusar a los defensores de delitos que no existen y la imposición de la prisión preventiva que nunca reunió los requisitos para que se estableciera, tal como lo afirma el grupo de trabajo de Naciones Unidas.
El campamento
La población del sector San Pedro, Guapinol y el casco urbano de Tocoa, se ha instalado en un campamento pacífico exigiendo justicia para los defensores criminalizados y para los ríos que están siendo contaminados por la empresa minera Inversiones Los Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé, quienes están extrayendo hierro del parque nacional Carlos Escaleras a pesar de ser un área protegida.
El campamento quedó en pausa, volverá a instalarse el 09 de diciembre, cuando se realice la audiencia de apertura a juicio oral y público en Tocoa.
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