Contracorriente
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Simpatizantes del Partido Nacional ondean banderas de la candidatura a diputación de Ebal Díaz, durante el cierre de campaña de su partido. Tegucigalpa, 21 de noviembre de 2021. Foto: Martín Cálix.
Luis Daniel León, director del Instituto Holandés para la Democracia (NIMD), dijo a Contracorriente que cuando todo el mundo pensaba que la democracia estaba funcionando bien en Honduras, los intereses de los partidos políticos volvieron a poner en jaque el proceso electoral.
León, sin embargo, llama a diferenciar entre el papel jugado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el papel jugado por los partidos políticos, que en estas instancias tienen en sus manos el conteo de votos para el nivel Legislativo y de alcaldías.
Honduras determinó que en este proceso los tres partidos mayoritarios: el Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, tendrían representación igualitaria en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió que hubiese un equilibrio entre estas tres fuerzas, pero otros partidos resultaron perjudicados, como es el caso del PSH que no tuvo representantes en todos los centros de votación.
«La idea era que los tres partidos mayoritarios fueran los únicos que pudieran contar votos y llenar actas para evitar fraudes, pero resulta que ese modelo no funcionó», explica Daniel León, que agrega que la mayoría de las actas que están llegando al centro de cómputo son actas que vienen adulteradas desde las JRV.
Daniel León reiteró que eso sucede porque los partidos políticos no son transparentes y no quieren ser honestos. En un mayor porcentaje, el CNE está recibiendo actas que ya vienen adulteradas y manipuladas desde los centros de votación.
«Los digitadores no tienen toda la responsabilidad. Aunque en algunos casos es cierto que algunos digitadores, que son activistas de partidos políticos, están siendo presionados por sus líderes para cambiar la digitación y poner números adicionales», sostiene.
León dice que en el nivel presidencial, donde no hubo dudas por el triunfo de Xiomara Castro, tuvimos esa certeza gracias a la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), no obstante, en el nivel de diputados no funciona de esta manera.
«En el nivel de diputados hay que esperar a que vengan las actas para contabilizarlas. Son contadas por los mismos partidos políticos que andan buscando cuotas de poder en el Congreso Nacional de la República», expresa.
El proceso para impugnar actas es el siguiente: primero se realiza la impugnación administrativa ante el CNE, que verifica actas y recuenta votos para conocer el resultado real. Si esa resolución no gusta, entra en funcionamiento el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que emite una resolución. Si esa resolución no funciona, el caso pasa a la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
«Hay que esperar estas resoluciones para que la Fiscalía de delitos electorales pueda accionar, para saber si hay delitos penales, que obviamente los hay», dice Luis Daniel León.
Contracorriente se contactó con la doctora Suyapa Figueroa, del PSH, quien hasta ahora está quedando como diputada electa. Afirma que han encontrado «evidencias» de muchas inconsistencias cuando el sistema escanea las actas y transcribe los números. «Ahí hubo innumerables errores. Por ejemplo, por ponerle a alguien 6 votos, los digitadores le resultaron poniendo 600 votos», revela.
«Tenemos mucha gente que fue a votar por el PSH, pero en los centros de votación a los que acudieron algunas actas aparecen con 0 votos. Estamos pidiendo escrutinio especial, anular esas actas, para poder hacer valer la voluntad de la población hondureña», expresa Figueroa.
La doctora denunció que están beneficiando especialmente a diputados del Partido Nacional que «han subido como la espuma», especialmente algunos que estaban muy por debajo y ahora están apareciendo en posiciones. Estos —afirma— buscan que continúen algunas leyes como la de las ZEDE y necesitan impunidad para no ser extraditados.
«Lo primero que van a buscar es eliminar la ley de extradición. Ahorita van a buscar alianzas porque son descarados», dice Supaya Figueroa.
El exdiputado del Partido Nacional «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado a inicios de 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión por una corte federal de Estados Unidos. Una investigación de Insight Crime, replicada en Contracorriente, explica la situación del Partido Nacional en Un partido, muchos crímenes: el caso del Partido Nacional de Honduras. Varios diputados nacionalistas —incluso hasta el propio presidente Hernández, que fue diputado muchos años— han sido señalados por narcotráfico en el país del norte.
Kelvin Aguirre, presidente del CNE, aseguró que a nivel de diputados de 52.54 % de actas que se publicaron, el 11.58 % tienen inconsistencias y el resto falta que sean procesadas.
Entre algunas de las inconsistencias de las actas está la falta de sellos, firmas, sumatoria de votos, ya que grafológicamente las firmas fueron realizadas por las mismas personas, letras ilegibles en las sumatorias y hasta actas en blanco firmadas.
De acuerdo con el instructivo para JRV «comete delito electoral cualquier miembro de la JRV que marque o llene papeletas sobrantes o no utilizadas, a favor de cualquiera de los candidatos. Estas acciones están penalizadas con reclusión de 4 a 8 años».
El CNE emitió un oficio dirigido a Yulibeth Garay, fiscal jefe de la Unidad Especial Contra Delitos Electorales y Luis Javier Santos Cruz, fiscal jefe de la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) para solicitar el inicio de una investigación por la denuncia hecha por Renán Inestroza sobre «la existencia de una red en el CNE que busca favorecer a candidatos a diputados», así como la denuncia de Salvador Nasralla, quien acusó que se ejecutan acciones para «acomodar número de votos físicos a los que pusieron en las actas adulteradas».
El fiscal Luis Javier Santos —que era el líder de la Ufecic (ahora Uferco) en el tiempo en que funcionó la Maccih—, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que el Ministerio Público designó a la Unidad de Delitos Electorales para investigar los posibles fraudes a nivel de diputados, por lo que la Uferco no podrá intervenir, a menos que así lo disponga la Dirección General de Fiscalía o el fiscal general.
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