Contracorriente
Por Leonardo Aguilar
Faltando días para entregar el poder, la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado ordenó otorgar plazas permanentes a miles de empleados que estaban bajo contratos definidos. No obstante, expertos afirman que de otorgarse estas plazas se estaría incurriendo en responsabilidades administrativas. Por otra parte, el gobierno saliente busca aprobar una ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de “peligro o riesgo inminente”, que en la escala piramidal tiene a los presidentes del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Un día después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera los primeros resultados que reflejaron la derrota de Nasry “Tito” Asfura, candidato del gobernante Partido Nacional, la administración de Juan Orlando Hernández Alvarado —en el poder desde el 2014— ordenó otorgar acuerdos de nombramiento en carácter permanente con reconocimiento de su antigüedad laboral a todo el personal de la administración pública centralizada, que se encuentren bajo la modalidad de contrato de trabajo con vigencia al 31 de diciembre del 2021.
El presidente Juan Orlando Hernández en Consejo de Ministros emitió el Decreto Ejecutivo PCM-130-2021, que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 29 de noviembre, 24 horas después de que las proyecciones marcaran una contundente victoria de Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (LibRe).
“El Poder Ejecutivo con el fin de evitar las múltiples demandas en contra del Estado, derivadas de las relaciones laborales por modalidad de contrato, para precaver la condena de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y los colaterales a favor de los empleados demandantes en perjuicio de la economía del Estado, considera oportuno realizar el otorgamiento de acuerdos de nombramiento en carácter permanente con reconocimiento de su antigüedad laboral a todo el personal de la administración pública, que se encuentren bajo la modalidad de contrato de trabajo”, indica uno de los considerandos del PCM-130-2021.
El abogado Raúl Pineda Alvarado, exdiputado del Partido Nacional y antiguo aliado de Juan Orlando Hernández, dijo a Contracorriente que esos nombramientos son ilegales porque las normas del Presupuesto General de la República establecen que no pueden crearse ese tipo de nombramientos que arrastran una serie de derechos en materia laboral y para los cuales no existe una partida de soporte para la creación del empleo. “En consecuencia hay 70 mil acuerdos que no tienen ningún valor ni efecto y basta con que se emita otro acuerdo, estableciendo que esos acuerdos se emitieron al margen de la ley, para que no tengan efecto jurídico”.
Ligia Ramos, quien está quedando como diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo a este medio que el gobierno saliente busca dejar a los activistas del Partido Nacional con estabilidad laboral.
“Eso no debe ser potestad del gobierno que va saliendo sino del gobierno que va entrando. Hay que evaluar y ver qué personas están trabajando permanentemente y diferenciarlos de los que son paracaidistas. No es correcto venir y dejar un presupuesto amarrado sin saber las consecuencias que vamos a tener”, explica Ramos.
Ligia Ramos afirma que se necesita un gobierno austero para que sea funcional. “Estoy segura de que no vendrá una cacería de brujas, sino que se dejarán a las personas que son funcionales y que trabajan en pro de las instituciones”.
El expresidente del Banco Central de Honduras Hugo Noé Pino –quien está resultando como diputado electo de Libre para el periodo 2022-2026– aseguró a un medio televisivo que esa orden salió de la jefatura de Estado del país. El doctor en economía cuestionó cómo es posible que un gobierno que duró 8 años en el poder esté firmando acuerdos a última hora.
“Van a incurrir en responsabilidad administrativa. En el decreto no mencionan la asignación presupuestaria para estos nombramientos. No pueden existir nombramientos si en el Presupuesto General de la República no existe asignación presupuestaria. El que firme los acuerdos va a incurrir en responsabilidad administrativa que obviamente va a ser sujeta a reparo”, sostuvo Pino.
Datos del Banco Central de Honduras indican que el gobierno de Xiomara Castro recibirá una elevada deuda externa de 2074 millones de dólares. Gran parte del presupuesto general de la República de Honduras va destinado al pago de la deuda.
¿Una ley para proteger a los cercanos de Juan Orlando Hernández?
Nasry “Tito” Asfura buscaba continuar con el modelo de gobierno de su correligionario nacionalista Juan Orlando Hernández Alvarado, quien ha sido designado como co conspirador CC-4 en una Corte de los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y que tiene a su hermano, el exdiputado Tony Hernández, preso en una cárcel de Nueva York con una pena de cadena perpetua más 30 años por introducir cocaína a gran escala al país del norte.
A altas horas de la noche y en letras mayúsculas, la actual diputada Doris Gutiérrez —quien ahora será una de las designadas presidenciales de Xiomara Castro— denunció que el Congreso Nacional pretende aprobar una ley para proteger a los funcionarios o exfuncionarios que dejen el poder.
Contracorriente tuvo acceso al dictamen de la “Ley de protección especial de funcionarios y exfuncionarios en situación de peligro o riesgo inminente” que se encuentra listo para ser discutido y aprobado en un Congreso Nacional controlado por el Partido Nacional.
En este dictamen se explica que “la presente Ley tiene como objetivo establecer el marco jurídico que regula la implementación de las medidas de protección especial para las personas naturales que presten o hayan prestado sus servicios al Estado, y que, como consecuencia directa de decisiones y actuaciones inherentes a su cargo, estén expuestos a riesgos extraordinarios y amenazas reales contra su integridad o la de su núcleo familiar”.
El documento categoriza a los funcionarios en riesgo en una escala del 1 al 4, estando dentro del grupo prioritario, es decir, la categoría 1, el “Presidente de la República y Ex presidentes de la República; Presidente y Ex presidentes del Congreso Nacional; Presidente y Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia; y, El Fiscal General de la República y Ex fiscales Generales de la República”.
En la categoría 2 figuran magistrados, magistradas, exmagistrados y exmagistradas de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones de Jurisdicción Nacional, Jueces y Fiscales en alto riesgo; así como el Fiscal General Adjunto de la República y ex fiscales Generales Adjuntos de la República, Secretarios, Secretarias, Ex Secretarios y Ex Secretarias de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional; Presidente, Presidenta y Ex presidentes y Ex presidentas de las Comisiones de Seguridad y Defensa nombrados por el Congreso Nacional de la República, así como los miembros de dichas comisiones, cuando así lo aconseje el caso concreto; conforme al análisis del riesgo surgido; El o la titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas (SAR)”.
En la categoría 3 y 4, figuran altos jerarcas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, fiscales especiales “cuyas decisiones o actuaciones en el ejercicio de sus funciones, los coloquen en una situación de riesgo extraordinario y extremos contra su integridad física, previo a su respectivo análisis de riesgo”, asimismo “aquellos funcionarios y exfuncionarios, jefes de unidades cuya responsabilidad principal haya sido el cuidado y protección de los dignatarios descritos en la categoría uno (1)”.
El abogado Raúl Pineda Alvarado cree que la idea de aprobar esa ley especial es una aberración porque en primer lugar ya existe una normativa que regula esto, y en segundo lugar porque no hay necesidad de imponer otra norma que lo que se busca es “continuar con los privilegios y prerrogativas de cuando ejercieron el poder”.
“Ya existe una ley en donde el Presidente de la República tiene una categoría especial. Esta ordena otorgarle protección de por vida, asimismo manda a proteger a otros funcionarios a los que se les protegerá durante un periodo equivalente al que ejercieron”, dice Pineda Alvarado.
Para Pineda lo que pretenden hacer con este decreto es negocio, porque la flota de vehículos y la alimentación a los custodios, representa una erogación fuerte de dinero.
“La seguridad ha servido para lavar carros, lavar casas, andar empujando carretitas en los supermercados. Unos 3200 elementos de las FFAA están asignados a particulares. Eso no puede continuar. Creemos que, a altos funcionarios del Estado, excepcionalmente, se les debe dar seguridad, pero son funcionarios que no pasan de 20”, explica Alvarado.
A pocos días para que finalice el 2021, el gobierno saliente busca a como dé lugar aprobar todas las leyes que les permitan impunidad. Asimismo, el Poder Judicial ha otorgado sobreseimientos definitivos a decenas de imputados ligados al gobierno que fueron acusados por actos de corrupción o lavado de activos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario