Partidos manchan proceso electoral en conteo de votos para el Congreso Nacional

Contracorriente.red

Texto: Leonardo Aguilar, Francis Cálix

Fotografías: Martín Cálix

El próximo Congreso Nacional de Honduras tendrá cuatro bancadas importantes, las cuales enumeramos en orden jerárquico: Libertad y Refundación (LibRe), Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH). A pesar de que a nivel presidencial se dio una aplastante derrota al oficialismo, en el Legislativo de 2022 no habrá concentración de poder ni de LibRe ni del Partido Nacional. Actualmente hay denuncias de fraude que están favoreciendo al Partido Nacional, lo cual, según algunos analistas, obedece a un arreglo extra electoral. 

El partido de gobierno sufrió una aplastante derrota a nivel presidencial. Es tan indiscutida que Nasry «Tito» Asfura, el presidenciable que buscaba continuar el modelo de Gobierno de Juan Orlando Hernández, visitó a Xiomara Castro dos días después de las elecciones para darle un abrazo, reconociendo los resultados que la dan como ganadora. Los datos actuales indican que Xiomara tiene  1,427,467 votos, que representan el 50.62 %, mientras que su más cercano competidor, Asfura, tiene 1,013,118 que representan el 35.92 %, según datos actualizados hasta la tarde del sábado 4 de diciembre con 81.72 % de las actas procesadas.

Pero la disputa del poder ya ha comenzado en los resultados de la elección de los diputados al Congreso Nacional. De acuerdo con los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, las proyecciones indican que Libre —que en 2017 logró solo 30 diputados— en esta ocasión tendrá al menos 49 congresistas. Aunque por sí solo Libre no alcanza los 65 congresistas que se requieren para la mayoría simple, hay un acuerdo público extra legislativo con el Partido Salvador de Honduras (PSH) —fundado por Salvador Nasralla— que logrará al menos 12 diputados. De continuar esta tendencia, juntos tendrían 61 diputados y ocuparían cuatro votos más para aprobar importantes reformas o propuestas, como abrogar la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y devolver a Honduras algunos territorios que han sido concesionados a inversionistas extranjeros, según lo planteado en el plan de gobierno de Libre anterior a la alianza con el PSH.  

No obstante, para reformas que requieran modificar artículos pétreos de la Constitución de la República se ocupa mayoría calificada, 85 votos. Aquí se requeriría del apoyo del Partido Nacional que va sacando 42 diputados o el Partido Liberal que lleva 22 diputados, el Partido Anticorrupción 2 y el Partido Demócrata Cristiano 1. Esto representa un cambio dentro del Legislativo, ya que por 12 años el Partido Nacional ha concentrado todo el poder dentro del Congreso Nacional.

 El Congreso Nacional es la pieza clave del destino que tendrá el país. En 2023 este Congreso escogerá a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al próximo Fiscal General de la República  y Fiscal Adjunto y a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esto requerirá mayoría calificada: 85 diputados. Es evidente entonces que aunque Libre ganó cerca del 40 % de los diputados del Congreso Nacional, sin alianzas no podrá realizar fácilmente algunos cambios. 

En estas elecciones el Partido Nacional perdió al menos 19 curules, de los 61 que actualmente tiene, pero seguirá siendo la segunda fuerza y desde ya se autodefinen como la oposición. El Partido Liberal, que se ha mostrado muy cercano al Partido Nacional desde siempre, perdió al menos cuatro curules, de los 26 con los que ahora cuenta, aún así, su poder de negociación dentro del Congreso Nacional sigue siendo de alto nivel.

Estos dos partidos, que tienen más de 100 años de fundación, han tomado decisiones conjuntas en la última década que han repercutido negativamente en la sociedad hondureña, entre estas, la expulsión de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), la aprobación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la aprobación del proyecto de ley que blinda la penalización del aborto, violando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,  reformas al Código Penal y a la Ley Especial de Lavado de Activos, entre otras.