jueves, 2 de diciembre de 2010
Honduras: ganadores y perdedores por WikiLeaks
Por Manuel Torres Calderón
Honduras no figura entre los países importantes involucrados en las revelaciones de WikiLeaks, por esa razón sus repercusiones son más internas, como una bomba salida de no se sabe dónde estalla en el patio de la casa.
En Honduras la “resistencia” siente haber ganado una batalla importante a la ultraderecha luego que WikiLeaks filtrara un presunto documento interno de la diplomacia de Estados Unidos en el que califica la defenestración de Zelaya como “ilegal y anticonstitucional”. Sin embargo, carente de fuerza legal, su contenido no trae sosiego a este país enfrascado en una crisis política e ideológica propia de la “guerra fría”.
Desde que el reporte atribuido al embajador Hugo Llorens, quien afirma no estar seguro de la autenticidad del mismo, fue divulgado, comenzó en Honduras el debate sobre quiénes serían los ganadores y los perdedores en esta nueva coyuntura.
Zelaya ganador
Desde su exilio en República Dominicana, Zelaya se apunta entre los ganadores puesto que refuerza su condición de víctima y lo dejó en claro al recordar que “hemos denunciado con claridad la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Honduras; hoy se confirman todas estas ideas y nos otorga el derecho moral a exigir a esta potencia que detenga la violencia en nuestro país, y se conviertan de inmediato en parte de la solución; que promuevan el castigo de los criminales y las reparaciones a las víctimas. Ninguna otra cosa es aceptable”.
Los responsables
Entre los principales perdedores de la revelación están los citados como responsables de violar la Constitución e incluso inventar hechos que justificaran su actuación, como la falsa carta renuncia de Zelaya que leyó en el Congreso Nacional la diputada Marcia Facussé de Villeda. El reporte de Llorens dice: “No hay duda de que los militares, la Corte Suprema y el Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe inconstitucional e ilegal”.
Tampoco la propia diplomacia norteamericana sale bien librada en el retrato. Uno de los principales dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, el sindicalista Carlos H. Reyes, criticó “la doble moral del gobierno norteamericano; por una parte admite que fue un golpe y por otra apoya a los golpistas”.
En el otro extremo, la ultraderecha reiteró su amargura con Llorens, a quien acusan de no haber entendido que el golpe “fue para defender también a Estados Unidos porque frenó la expansión del chavismo en Centroamérica”.
Conflicto con Lobo
Pero Llorens no es el dolor de cabeza actual de esa ultraderecha que integran políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación y militares. Su preocupación es el presidente Lobo, con quien tienen una especie de guerra encubierta por el control de las decisiones públicas.
La primera reacción del gobernante fue restar importancia a la divulgación, hacerle un guiño a Estados Unidos y quitar leña al fuego. En rueda de prensa indicó que no cree que el informe cause conflictividad en el país y dijo que todos los gobiernos tienen servicios de análisis e información.
No obstante, una fuente ligada al gobierno dijo a Radio Nederland que Lobo tuvo información previa de la divulgación de WikiLeaks, brindada por el propio Departamento de Estado, y que la misma le puede ser útil para afrontar las presiones que desde los sectores más golpistas le exigen mano dura contra la oposición zelayista. Ahora, en esta coyuntura, parece tener argumentos para decirles: “déjenme a mí el asunto de calmar a Honduras, que ustedes lo hicieron mal”.
Perdón incondicional
En opinión de algunos analistas, la carta que Lobo tiene bajo la manga es crear condiciones para lograr un perdón incondicional a Zelaya, que afronta unas 17 demandas legales por abuso de poder, y derribar así uno de los obstáculos principales para romper el aislamiento diplomático de Honduras. Esa negociación está en curso y urge al Poder Ejecutivo para obtener los recursos financieros que necesita para su gestión.
El razonamiento parece simple: si la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ministerio Público se prestaron a una conspiración ilegal, entonces tampoco son legales las acusaciones que le formularon a Zelaya después de haber sido desterrado. De hecho, eventualmente los perseguidores pueden convertirse en perseguidos.
Preguntas del pueblo
A quienes la minuta de Llorens no les cambia la vida son las personas ajenas a la polémica política, los que se aglomeran en estaciones de transporte público o sobreviven con los que les genera su trabajo. En ellos lo que hay es curiosidad y preguntas, como: ¿al fin, tuvo o no participación la embajada de EEUU en el Golpe de Estado? O, ¿qué cosa es WikiLeaks?
No deja de sorprenderles que en estos tiempos haya quienes divulguen documentos secretos que antes tardaban 20 o 40 años en ser desclasificados. Muchos esperan en este país centroamericano que WikiLeaks les ofrezca, en próximas entregas, nuevas informaciones para valorar la responsabilidad que tuvo la administración Obama en lo ocurrido y, además, conocer cómo monitoreó y respondió a las denuncias de abusos contra los derechos humanos y corrupción cometidos en los seis meses de la dictadura de Roberto Michelleti.
Honduras no figura entre los países importantes involucrados en las revelaciones de WikiLeaks, por esa razón sus repercusiones son más internas, como una bomba salida de no se sabe dónde estalla en el patio de la casa.
En Honduras la “resistencia” siente haber ganado una batalla importante a la ultraderecha luego que WikiLeaks filtrara un presunto documento interno de la diplomacia de Estados Unidos en el que califica la defenestración de Zelaya como “ilegal y anticonstitucional”. Sin embargo, carente de fuerza legal, su contenido no trae sosiego a este país enfrascado en una crisis política e ideológica propia de la “guerra fría”.
Desde que el reporte atribuido al embajador Hugo Llorens, quien afirma no estar seguro de la autenticidad del mismo, fue divulgado, comenzó en Honduras el debate sobre quiénes serían los ganadores y los perdedores en esta nueva coyuntura.
Zelaya ganador
Desde su exilio en República Dominicana, Zelaya se apunta entre los ganadores puesto que refuerza su condición de víctima y lo dejó en claro al recordar que “hemos denunciado con claridad la injerencia norteamericana en los asuntos internos de Honduras; hoy se confirman todas estas ideas y nos otorga el derecho moral a exigir a esta potencia que detenga la violencia en nuestro país, y se conviertan de inmediato en parte de la solución; que promuevan el castigo de los criminales y las reparaciones a las víctimas. Ninguna otra cosa es aceptable”.
Los responsables
Entre los principales perdedores de la revelación están los citados como responsables de violar la Constitución e incluso inventar hechos que justificaran su actuación, como la falsa carta renuncia de Zelaya que leyó en el Congreso Nacional la diputada Marcia Facussé de Villeda. El reporte de Llorens dice: “No hay duda de que los militares, la Corte Suprema y el Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe inconstitucional e ilegal”.
Tampoco la propia diplomacia norteamericana sale bien librada en el retrato. Uno de los principales dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, el sindicalista Carlos H. Reyes, criticó “la doble moral del gobierno norteamericano; por una parte admite que fue un golpe y por otra apoya a los golpistas”.
En el otro extremo, la ultraderecha reiteró su amargura con Llorens, a quien acusan de no haber entendido que el golpe “fue para defender también a Estados Unidos porque frenó la expansión del chavismo en Centroamérica”.
Conflicto con Lobo
Pero Llorens no es el dolor de cabeza actual de esa ultraderecha que integran políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación y militares. Su preocupación es el presidente Lobo, con quien tienen una especie de guerra encubierta por el control de las decisiones públicas.
La primera reacción del gobernante fue restar importancia a la divulgación, hacerle un guiño a Estados Unidos y quitar leña al fuego. En rueda de prensa indicó que no cree que el informe cause conflictividad en el país y dijo que todos los gobiernos tienen servicios de análisis e información.
No obstante, una fuente ligada al gobierno dijo a Radio Nederland que Lobo tuvo información previa de la divulgación de WikiLeaks, brindada por el propio Departamento de Estado, y que la misma le puede ser útil para afrontar las presiones que desde los sectores más golpistas le exigen mano dura contra la oposición zelayista. Ahora, en esta coyuntura, parece tener argumentos para decirles: “déjenme a mí el asunto de calmar a Honduras, que ustedes lo hicieron mal”.
Perdón incondicional
En opinión de algunos analistas, la carta que Lobo tiene bajo la manga es crear condiciones para lograr un perdón incondicional a Zelaya, que afronta unas 17 demandas legales por abuso de poder, y derribar así uno de los obstáculos principales para romper el aislamiento diplomático de Honduras. Esa negociación está en curso y urge al Poder Ejecutivo para obtener los recursos financieros que necesita para su gestión.
El razonamiento parece simple: si la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y el Ministerio Público se prestaron a una conspiración ilegal, entonces tampoco son legales las acusaciones que le formularon a Zelaya después de haber sido desterrado. De hecho, eventualmente los perseguidores pueden convertirse en perseguidos.
Preguntas del pueblo
A quienes la minuta de Llorens no les cambia la vida son las personas ajenas a la polémica política, los que se aglomeran en estaciones de transporte público o sobreviven con los que les genera su trabajo. En ellos lo que hay es curiosidad y preguntas, como: ¿al fin, tuvo o no participación la embajada de EEUU en el Golpe de Estado? O, ¿qué cosa es WikiLeaks?
No deja de sorprenderles que en estos tiempos haya quienes divulguen documentos secretos que antes tardaban 20 o 40 años en ser desclasificados. Muchos esperan en este país centroamericano que WikiLeaks les ofrezca, en próximas entregas, nuevas informaciones para valorar la responsabilidad que tuvo la administración Obama en lo ocurrido y, además, conocer cómo monitoreó y respondió a las denuncias de abusos contra los derechos humanos y corrupción cometidos en los seis meses de la dictadura de Roberto Michelleti.
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