HRW criticó la situación de derechos humanos en Honduras.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) divulgó un informe que denuncia violaciones de derechos humanos en Honduras sucedidas tras el golpe de Estado de 2009 y durante el gobierno del presidente actual, Porfirio Lobo.
El documento "Después del golpe: violencia constante, intimidación e impunidad en Honduras" destaca que nadie ha sido condenado por lo que se describe como repetidas violaciones cometidas bajo el gobierno de facto en 2009 y posteriormente.
HRW cita 47 casos de ataques o amenazas, incluyendo 18 asesinatos de periodistas, activistas de los derechos humanos y políticos que han tenido lugar desde que Porfirio Lobo asumiera el poder a principios de 2010.
"Clima de intimidación"
"Los periodistas que realizan actividades de investigación en temas políticos o en materia de derechos humanos, o aquellos activistas políticos que se identifican con el gobierno del presidente Zelaya viven en un clima de intimidación, de hostigamiento. Muchos han tenido que salir del país o esconderse en el mismo Honduras, pero otros no han tenido esa suerte y han sufrido maltratos o incluso asesinatos", le dijo a BBC Mundo José Miguel Vivanco, director de la organización para las Américas.
Human Rights Watch, una organización basada en Estados Unidos, argumenta que la falta de aplicación de justicia ha tenido un efecto paralizante sobre la libre expresión y la participación política en Honduras, particularmente entre quienes se opusieron al golpe de Estado de 2009.
La organización destaca que para restaurar la confianza en el sistema democrático del país, las autoridades hondureñas tendrán que adoptar medidas concretas para reducir la impunidad y eliminar los actuales atentados.
"Ojalá que la reacción del gobierno sea constructiva. En el mismo informe estamos realizando propuestas muy concretas como por ejemplo el fortalecimiento de la unidad de fiscales dedicados a la investigación de violaciones de derechos humanos, que no cuentan con recursos, el establecimiento de un programa de protección de testigos para facilitar las investigaciones porque hasta ahora la norma ha sido la impunidad desde el golpe hasta la fecha", sugirió Vivanco.
Hasta el momento, el gobierno de Honduras no reaccionó a este informe.
"No tengo conocimiento oficial de ese documento. No nos ha sido enviado oficialmente y no ha habido una reacción oficial ante él", le apuntó a BBC Mundo Ana Pineda, ministra de la recién creada cartera de Justicia y Derechos Humanos de Honduras.
Ningún procesado
Porfirio Lobo asumió la presidencia a principios de 2010.
El 28 de junio de 2009, un golpe militar derrocó al presidente Manuel Zelaya. Para HRW, la violencia que se desató después representa uno de los más severos retrocesos para los derechos humanos y el estado de derecho en Honduras.
El informe habla de represión, fuerza excesiva contra los opositores, detención arbitraria y lo que califican como restricciones no razonables e ilegítimas a la libre expresión y al derecho de reunión.
La ONG equipara esta situación con el punto más alto de la violencia política en la Honduras de los años 80.
"Creemos que hay dos etapas diferenciadas. Una inmediatamente después del golpe de Estado, donde hubo una especie de carta blanca, avalada al más alto nivel, para violar derechos humanos por parte de la fuerza pública (...). Con la elección de Lobo ha habido algún intento para generar un clima distinto, pero todavía creemos que es altamente insuficiente", señaló Vivanco.
Según HRW, la impunidad para las violaciones a los derechos humanos se ha transformado en la norma y la información disponible indica que ha habido escaso o nulo progreso en investigar los ataques y amenazas ocurridas perpetrados este año.
"Quisiéramos que la realidad fuera distinta, pero hemos hecho un examen minucioso de los principales casos de violaciones de derechos humanos y hasta ahora no hemos podido registrar una sola condena, no hay una condena de un oficial o de un particular involucrado en violaciones de derechos humanos. Los casos fueron sobreseídos o están pendientes, con casi nula cooperación de la fuerza pública y de los militares, que en algunos casos son los principales sospechosos", apuntó Vivanco.
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