Cancún, Cambio Climático y WikiLeaks

 Adital 
Eumed

Por Amy Goodman *
 
Esta semana, se llevan a cabo aquí en Cancún, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, negociaciones de vital importancia para revertir el calentamiento global provocado por los seres humanos. Se trata de la primera reunión de gran importancia desde el fracaso de la Cumbre de Copenhague del año pasado y se desarrolla al término de la década más calurosa de que se tenga registro. Aunque es mucho lo que está en juego, las expectativas son muy pocas y según hemos sabido gracias a los cables diplomáticos clasificados publicados por WikiLeaks recientemente, Estados Unidos, el mayor contaminador de la historia del planeta, está involucrado en lo que un periodista ha llamado aquí "un negocio muy, muy sucio".


Un negocio sucio de verdad. El año pasado en Copenhague, apenas arribó a la ciudad, el Presidente Barak Obama logró aislar del resto de la cumbre a un grupo selecto de países, al que sólo se podía acceder con invitación, para negociar lo que se dio a conocer como el "Acuerdo de Copenhague". Este acuerdo esboza un plan para que los países "se comprometan" públicamente a reducir las emisiones de carbono, al tiempo que aceptan comprometerse a algún tipo de proceso de verificación. También, según este acuerdo, los países ricos y desarrollados se comprometerían a pagar miles de millones de dólares a países pobres en vías de desarrollo para ayudarlos a adaptarse al cambio climático y para que tengan economías basadas en energías ecológicas en su camino hacia el desarrollo. Puede que esto suene bien, pero en realidad el acuerdo fue diseñado para reemplazar al Protocolo de Kyoto, un tratado vinculante a nivel mundial que cuenta con más de ciento noventa países signatarios. Llama la atención que Estados Unidos nunca lo haya firmado.


Los cables del Departamento de Estado estadounidense publicados por WikiLeaks ayudan a esclarecer lo que sucedió. Uno de los principales críticos de los países desarrollados en la etapa previa a la cumbre de Copenhague fue el Presidente Mohamed Nasheed de la República de Maldivas, un país formado por pequeñas islas en el Océano Índico, quien finalmente suscribió el Acuerdo de Copenhague. Un memorando secreto del Departamento de Estado de EE.UU. filtrado a través de WikiLeaks, fechado 10 de febrero de 2010, resume las consultas que hizo el entonces recientemente nombrado embajador de Maldivas en Estados Unidos, Abdul Ghafoor Mohamed. El memorando informa que durante su encuentro con el enviado especial adjunto de Estados Unidos para el cambio climático Jonathan Pershing, el embajador dijo:

"A Maldivas le gustaría que los países pequeños como Maldivas que están en la primera línea del debate sobre el cambio climático, reciban una ayuda concreta por parte de las economías mayores. De esa manera, otros países se darían cuenta de que pueden obtener ventajas a partir de su expresión de conformidad". Mohamed pidió cincuenta millones de dólares para desarrollar proyectos tendientes a proteger Maldivas del aumento del nivel del mar.

Pershing figura en un memorando relacionado al de Maldivas, y fechado una semana después, que refiere a una reunión que tuvo con Connie Hedegaard, Comisaria Europea de Acción por el Clima que desempeñó un papel clave en Copenhague, al igual que ahora en Cancún. Según el memorando "Hedegaard sugirió que los países de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus silgas en inglés) Œpodrían ser nuestros mejores aliados¹ ya que necesitan financiamiento". En otro memorando, fechado 17 de febrero de 2010, se informó que "HEDEGAARD respondió que debemos hacer algo respecto a los países que no cooperan, como Venezuela o Bolivia". Las declaraciones provenían de una reunión con el Asesor Adjunto de Seguridad Nacional para Asuntos Económicos Internacionales Michael Froman. El memorando continúa diciendo: "Froman estuvo de acuerdo en que necesitamos neutralizar, cooptar o marginar a estos y otros países como Nicaragua, Cuba o Ecuador".

El mensaje es claro: Si juegan con Estados Unidos, recibirán ayuda. Si se oponen, recibirán castigo.

Aquí, en Cancún, pregunté a Jonathan Pershing y al principal negociador estadounidense y enviado especial para el cambio climático Todd Stern acerca de los memorandos y acerca de si el papel de Estados Unidos equivalía a soborno o democracia: "Se discute mucho aquí, dentro y fuera de la cumbre, acerca de la coerción que se ejerce tanto para que los países firmen el acuerdo como para castigar a aquellos que no lo firman, como Bolivia y Ecuador. La pregunta que va y viene es: ‘¿Esto es soborno o democracia?’ ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Cuáles son sus comentarios acerca de las publicaciones de WikiLeaks?"

Stern respondió: "Acerca de las publicaciones de WikiLeaks, en sí mismas, no tengo comentarios, es la postura del gobierno de Estados Unidos. En relación a su pregunta más amplia, le contaré una breve anécdota. Ha de recordarse una de las intervenciones más enérgicas, elocuentes y fuertes de la noche final de la Cumbre de Copenhague del año pasado, cuando el ministro de Noruega, Eric Solheim, se puso de pie tras haber sido acusado directamente de que Noruega incurría en soborno por ser tan generosos en sus contribuciones de asistencia para paliar los efectos del cambio climático. Solheim se puso de pie y dejó sin argumentos a quien había sugerido tal cosa, al decirle que no podía, por un lado, pedir ayuda y exponer una sólida causa legítima de necesidad de asistencia por el cambio climático; y por otro lado darnos la espalda y acusarnos de soborno. Si desean acusarnos de soborno, eliminemos entonces la causa de cualquier acusación de soborno, eliminemos el dinero. Estuve completamente de acuerdo con él en ese momento y lo sigo estando ahora".

Le pregunté: "Entonces ¿qué sucede con los países que fueron castigados? Bolivia y Ecuador..."

Y Stern dijo: "Pasemos a la próxima pregunta".

El moderador dijo: "Creo que pasaremos a la próxima pregunta, por este otro lado de la sala..."

Sí, esta pregunta se refería a los países a los que Estados Unidos retiró el dinero de asistencia destinado a minimizar los efectos climáticos, como Ecuador y Bolivia, por oponerse al Acuerdo de Copenhague. Tanto él, como Pershing, como el moderador ignoraron la pregunta.

Sin embargo, Pablo Solón, embajador de Bolivia para las Naciones Unidas, sí tiene una respuesta. Solón dijo que los hechos hablan por sí mismos: "Sólo puedo referirme a los hechos, porque una cosa que puedo decir respecto a las publicaciones de WikiLeaks es que no contienen hechos, por tanto no quiero juzgar a ningún país en base a eso, pero lo que les puedo asegurar es que han cortado la asistencia a Bolivia y Ecuador. Eso es un hecho. Además lo dijeron muy claramente: ‘Vamos a cortarla porque ustedes no apoyan el Acuerdo de Copenhague’. Y eso es chantaje". El Embajador Solón no se muestra optimista respecto al resultado de las negociaciones que se desarrollan en Cancún.

Solón dijo: "Los compromisos que se plantean en este momento implican un aumento de la temperatura de cuatro grados Celsius. Eso es una catástrofe para la vida humana y para la Madre Tierra".

[Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe, Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org].

* Presentadora de Democracy Now!, noticiero internacional diario emitido en más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo

                            Josetxo Ezcurra

El siglo XXI se ha inaugurado en un contexto económico, político, social y cultural marcado por lo que se ha dado en denominar "globalización" o "mundialización" neoliberal, es decir, una generalización de los valores e intereses de las fuerzas y grupos hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas a escala planetaria. Ello implica una visión marcadamente individualista y mercantil de la realidad humana, sin preocuparse por las enormes desigualdades económicas y sociales existentes; y lo que es peor: agravándolas y aumentándolas aún más.

En efecto, nos encontramos ante un mundo cada vez más “financiarizado” y mercantilizado, en el que se lleva a cabo un intercambio comercial injusto y desequilibrado entre ricos y pobres y entre los países del centro o metrópoli, donde se refugia y acumula la mayor parte del capital económico y financiero existente, y los países del Tercer Mundo o periferia dependiente. Asimismo, los promotores del neoliberalismo y su globalización priman lo privado en detrimento de lo público.

Asimismo, dicha globalización considera nuestro entorno natural o medioambiental como una fuente inagotable de materias primas, cuyo coste debe reducirse al mínimo para hacer rentable la fabrica ción de objetos de consumo. El modelo mercantilista y consumista promovido por la globalización neoliberal resulta ecológica y humanamente insostenible, indigno e injusto, pues el trabajo humano y los recursos naturales no deben considerarse meras mercancías cuyo coste debe reducirse al mínimo para maximizar los beneficios en la fabricación o prestación de productos o servicios.

Por el contrario, los derechos humanos deben abogar por un modelo de sociedad que no se reduzca al intercambio comercial, financiero o económico ni se centre en la ganancia, rentabilidad o el afán de lucro a toda costa, sino que prime el respeto, la protección y la promoción del conjunto de los derechos humanos para todos los grupos e individuos, y en especial para los más pobres, vulnerables y desfavorecidos. Es decir, se trata de globalizar o generalizar todos los derechos humanos, teniendo en cuenta no sólo las necesidades y los derechos de las generaciones presentes, sino también los de las futuras, respetando y protegiendo la biodiversidad natural y cultural.

Debe prestarse especial atención a los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, como es el caso de las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, los refugiados, los desplazados, los pueblos indígenas y las minorías, en general, con el fin de lograr el máximo de bienestar y la dignidad para todos y no sólo para los más privilegiados.

Ello exige la aplicación de medidas de igualdad o equidad compensadora, es decir, medidas específicas en favor de los individuos y grupos discriminados y marginados con el propósito de superar o, al menos, paliar la situación o condición de desventaja y desigualdad que el actual modelo económico y social imperante acentúa y agrava.

Todos los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben interpretarse y aplicarse sin discriminar entre ellos, sin olvidar los de más reciente elaboración, los derechos de “tercera generación”: el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Por esta razón, debemos luchar contra la guerra y por una paz y una seguridad colectivas como contextos idóneos para la efectividad de todos los derechos humanos para todos y no sólo para los más privilegiados. Debe tratarse de una paz justa y no una paz aparente que oculte una situación de opresión y violencia.

Además, debemos hacer realidad el desarrollo humano y sostenible y erradicar la pobreza; conservar un medio ambiente sano y preservarlo ante el actual deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios y su biodiversidad; reivindicar el patrimonio común de la humanidad y su disfrute por parte de todos, en contra de su privatización; y prestar la asistencia humanitaria requerida en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (desastres naturales, conflictos bélicos u otros) y no para servir de pretexto a intervenciones militares con particulares fines de dominación geoestratégica (casos de Irak y Afganistán, entre otros).

Hacer efectivos los derechos humanos exige la reorientación de las actuales políticas económicas, tanto a escala nacional como internacional, y en particular de las relaciones económicas, financieras y comerciales entre los países “desarrollados” y “subdesarrollados”, con el propósito de que sean más equitativas y menos abusivas.
Son los Estados de los países más ricos y poderosos, así como las organizaciones internacionales bajo su control (G 8 o G 20, FMI, BM, OMC y OTAN, primordialmente), junto con los bancos y empresas transnacionales, principales beneficiarios del actual proceso de globalización del mercado, quienes tienen especiales deberes respecto de la comunidad internacional por su destacado protagonismo en el mundo actual.

No basta el mero reconocimiento a nivel jurídico formal de todos los derechos humanos, sin exclusiones, sino que deben ser efectivas las políticas y las estrategias diseñadas para cumplirlos y hacerlos efectivos para todos.

La actual crisis económica, que golpea en pleno núcleo de la metrópoli capitalista y cuyas raíces y causas se ubican en los ámbitos privilegiados por los neoliberales (financiero y comercial), es una muestra más de la escasa o nula viabilidad de sus proyectos tras las crisis financieras sufridas repetidamente en diversos países del Tercer Mundo (México, Este de Asia, Rusia, Turquía, Brasil, Argentina, etc.).

Paradójicamente, quienes tanto abogan por reducir los gastos sociales y públicos en favor de los más vulnerables y desfavorecidos y por la disminución de la intervención de los poderes públicos con fines redistributivos se encuentran ahora con los bolsillos repletos de dinero público gracias a decisiones de gobiernos serviles a sus intereses.

Ello implica que se sigan negando y regateando recursos mucho menores, pero suficientes, para programas destinados a combatir el hambre en el mundo o a erradicar la pobreza mediante el establecimiento de servicios públicos que garanticen el acceso universal a los bienes y servicios que permitan la satisfacción de necesidades básicas, como disponer de agua potable y para la higiene, la asistencia sanitaria o la educación, entre otros, así como la asignación de una renta básica. Los seres humanos que no consiguen satisfacer dichas necesidades no pueden vivir una vida digna ni están en condiciones de ejercer y defender sus derechos por sí mismos. Arrastrarán dicho hándicap toda su vida y no podrán disfrutar plenamente de otros derechos humanos.

Así pues, deben ser prioritarias las políticas encaminadas a garantizar la satisfacción de necesidades como la alimentación, el agua potable, la salud, la educación o una vivienda digna, derecho este último particularmente burlado por el actual sistema económico, que lo ha convertido en uno de los negocios más lucrativos.
Nicolás Angulo Sánchez. Doctor en Derecho, autor de Derechos humanos y desarrollo al alba del siglo XXI, edit. Cideal, Madrid 2009 (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=95478) y de El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, edit. Iepala, Madrid 2005 (http://www.revistafuturos.info/resenas/resenas13/derecho_desarrollo.htm).