En la vida cotidiana, Honduras se ha convertido en una zona de guerra, sin reglas de juego, más que las dictadas por la ley del más fuerte. Las masacres provocadas en el valle de Sula especialmente en los últimos tres meses, el asesinato de mujeres que por su pavorosa repetición y saña nos va convirtiendo en un país femicida, las matanzas de campesinos y la militarización del Valle del Aguán, así como la aprobación de un plumazo de la ley antiterrorista, son datos que nos dejan al final del año con evidentes signos de avanzar estrepitosamente hacia un Estado fallido. Y el derrotero tiene una dirección que agobia: hacia una sociedad liderada por quienes tienen más capacidad para ejercer poder desde la violencia y la muerte.
Es cierto que Lobo Sosa convocó un par de meses atrás a un diálogo para buscar un camino de salida a la crisis. Sin embargo, tras esa iniciativa, las decisiones de fuerza y la violencia que se ejercen sobre grupos vulnerables, confirma que por encima del diálogo presidencial actúan los verdaderos poderes que deciden como si fuesen el Estado. La coyuntura post golpe de Estado deja establecido que los actores que propiciaron la ruptura constitucional son quienes lideran las decisiones fundamentales del país desde el Estado y con frecuencia sin el Estado, pero amparados en su institucionalidad.
En asuntos económicos, estos mismos sectores, en su afán por garantizar sus ventajas por encima de las crisis políticas y económicas, van dejando un año todavía más convulso que como comenzó. El país y el Estado siguen ahogándose por la falta de oxígeno económico, y la comunidad internacional ha dado pasos para el reconocimiento del gobierno de Lobo Sosa, pero en los hechos siguen siendo pasos tibios y torpes, mientras la presión gremial por el cumplimiento de demandas salariales sitúa al gobierno en un verdadero polvorín.
El régimen actual no logra siquiera jugar el triste papel de apagafuegos, porque el descalabro económico no alcanza ni para paliar los conflictos crecientemente acumulados. Pasaron diez meses del año sin que la administración Lobo Sosa diera una respuesta al ajuste al salario mínimo, y cuando lo aprobó, el mismo pasó a ser un abono más para la inestabilidad con la que culmina el año 2010.
En Honduras no existen consensos mínimos para que ningún sector de la sociedad imprima protagonismo y liderazgo para impulsar propuestas. Mientras Lobo Sosa y su equipo no caigan en la cuenta que se sostienen sobre pies de barro y en un terreno político y social movedizo, sus propuestas siempre se darán de bruces frente a los sectores de la sociedad que demandan no tanto respuestas del gobierno, sino un nuevo pacto social cuyos mínimos consensos se han de expresar en transformaciones políticas, jurídicas e institucionales aprobadas en una Asamblea Nacional Constituyente incluyente y participativa.
Finaliza el año y en política parece que todos los caminos acaban conduciendo a los diversos sectores políticos del país hacia una toma de postura en relación con el siguiente proceso electoral. Los líderes del bipartidismo podrían estar perfilando un escenario en el cual se apure en el 2011 un proceso para una rápida y cooptada Asamblea Nacional Constituyente que contribuya a recuperar la credibilidad de los desgastados partidos políticos actuales. En este escenario, se espera la inclusión del factor Zelaya Rosales.
Los líderes del FNRP deberán definir su postura, si avanzan hacia los pasos que vaya dando Zelaya Rosales como máximo líder del mismo, o si alcanzan un nivel de independencia de los liderazgos personales, por muy acreditados que sean, para concentrar sus fuerzas y recursos en una ANC cuyos contenidos y composición se defiendan y se exijan desde la presión popular. EL bipartidismo tiene muy poco que definir porque su oficio es cooptar todo aquello que surge como demanda popular desde la periferia de los poderes establecidos. La tarea es del FNRP. Cuanto más se tarde en definir una postura, más fraccionamiento interno se puede prever, y cuanto más pronto defina una postura clara y firme en relación con el proceso electoral, más capacidad tendrá para concentrar sus fuerzas y recursos en construirse como sujeto político y social indispensable para la búsqueda de solución al actual proceso de ingobernabilidad en el que se va hundiendo el país.
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