Por Wooldy Edson Louidor. *
A once meses del devastador terremoto que sufrió Haití el pasado 12 de enero de 2010, el pueblo haitiano, principalmente las personas damnificadas y desplazadas, pierden cada vez más la esperanza de ver mejorar sus condiciones de vida en los campamentos y en otros espacios vulnerables donde habitan a lo largo del territorio nacional.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) aprovecha la ocasión para invitar a todos los actores políticos haitianos y a la Comunidad internacional a poner la protección de los derechos humanos de cada haitiana y haitiano en el centro de sus prioridades y de su acción.
Del mismo modo, el SJR manifiesta su apoyo a los diferentes grupos y organismos de derechos humanos de la sociedad civil haitiana, incluidos los comités de los desplazados, que exigen para cada haitiano y haitiana mejores condiciones de vida y una mayor participación, más allá del ejercicio del voto, en la construcción de un país democrático, soberano, justo y equitativo.
Actualmente Haití vive un clima desfavorable a la protección de los derechos humanos y de la vida de sus ciudadanas y ciudadanos. La reconstrucción de Haití tan anunciada en las cumbres internacionales permanece estancada, mientras que la epidemia de cólera sigue propagándose de manera inexorable e incontrolable a través de los diez departamentos geográficos del país.
Una nueva crisis política que se desató luego de las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 28 de noviembre ha suscitado grandes olas de violencia que paralizaron el país durante los días posteriores a la proclamación de los muy controversiales resultados de la primera vuelta de las contiendas electorales. La incapacidad de los actores políticos haitianos y de la Comunidad internacional para dar una respuesta rápida al conflicto postelectoral ensombrece el futuro del país.
Lejos de contribuir a mantener la "estabilidad política" en el país, tal como lo pregonaban el gobierno haitiano y los actores de la Comunidad internacional, dichas elecciones se están convirtiendo en un factor de desestabilización que reduce cada vez más para la población haitiana la posibilidad de vivir con dignidad, disfrutando de sus derechos humanos fundamentales, por lo menos del mínimo vital.
Un conflicto de agendas
A pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil haitiana, incluidos los grupos de desplazados, vienen planteando como prioridad la urgente protección de los derechos fundamentales de la población haitiana, principalmente el derecho a tener una vivienda digna y segura, los dirigentes nacionales y actores de la Comunidad internacional parecen haber privilegiado en su agenda la celebración de las elecciones como única vía para mantener la supuesta "estabilidad política" y crear las condiciones necesarias para la "reconstrucción" del país.
¿De qué estabilidad política y reconstrucción hablan en un país que se encuentra en medio de ruinas y de escombros?, nos podemos preguntar.
Recordamos que los desplazados han expresado en varias ocasiones su decisión de boicotear las elecciones, si las autoridades nacionales no toman las medidas necesarias para relocalizarlos en espacios seguros y dignos y asegurar la protección de sus derechos fundamentales tales como el derecho a la salud, a la alimentación, al empleo, a la educación…
"¿Cómo podemos ir a votar, si vivimos en campamentos, si ninguna autoridad ha venido a visitarnos acá?", decía un desplazado a uno de los medios de comunicación de la capital haitiana.
Una crisis político-electoral anunciada
La incapacidad por parte del Consejo Electoral Provisional (CEP), apoyado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), de superar las diferentes dificultades técnicas y políticas, entre ellas tener la confianza de todos los partidos políticos, para poder realizar elecciones libres, honestas y transparentes, había indicado de manera elocuente que las condiciones no estaban reunidas para asegurar la legitimidad del proceso electoral.
Desde los inicios del proceso electoral, varios partidos de la oposición se negaron a participar en las elecciones por falta de confianza en los miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP) acusados de complicidad con el régimen en el poder. Pidieron la reestructuración del organismo electoral como condición para reintegrar el proceso electoral y como garantía para la credibilidad de las elecciones.
La crisis político-electoral acompañada de olas de violencia, que se ha desatado en el país luego de la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las elecciones, era anunciada.
Varios observadores nacionales e internacionales denunciaron los fraudes masivos y flagrantes orquestados, no sin violencia, durante la jornada electoral. Por su parte, los partidos de la oposición e incluso sectores de la Comunidad internacional reconocieron que los resultados de la primera vuelta de dichas elecciones calificadas de "farsa criminal" por organizaciones locales "no reflejan la voluntad popular".
A favor de una solución por la vía del diálogo y de la ley
Mientras tanto, el CEP busca una solución negociada con los tres principales candidatos presidenciales (Myrlande Hippolite Manigat que obtuvo el 31% del total de los votos, Jude Célestin el 22% y Michel Martelly el 21%) para resolver la disputa electoral y restablecer la paz en el país.
El CEP propone la formación de una comisión mixta, compuesta por miembros de este organismo electoral, los tres candaditos que obtuvieron la mayoría del sufragio, observadores nacionales e internacionales y miembros de la Comunidad internacional para recontar los votos y verificar las actas en los centros de tabulación.
Ante esta crisis político-electoral que no llevará sino a la agravación de la crisis humanitaria en Haití y al empeoramiento de la situación de los derechos humanos de la población, el SJR invita a los diferentes actores nacionales e internacionales involucrados en el proceso a buscar la vía del diálogo y de la ley para restablecer la paz, condición fundamental para instaurar el Estado de derecho, proteger los derechos humanos del pueblo y levantar el país.
* Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y Caribe (SJR LAC)
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