Por Lidia Fagale
La región latinoamericana, aún con distintas intensidades, alcances y diferencias entre cada uno de los países que integran su territorio, supo ganar batallas importantes en la última década y logró -en ese contradictorio camino emancipatorio- abrir algunas fisuras en las estructuras de dominación. La agonía de la hegemonía neoliberal, un mayor grado de politización en las fuerzas de resistencia, abrió caminos que, en algunos casos, transitaron desde la confrontación social a las esferas de gobierno y reconfiguraron, a nivel político, los Estados con objetivos que van desde la reconstrucción de un capitalismo nacional hasta suplantar el sistema progresivamente hacia el socialismo. El debate que hoy atraviesa la agenda latinoamericana en torno a democratizar la comunicación, tiene avances y retrocesos y pone en evidencia que cuando hablamos de comunicación, también hacemos referencia al modelo de sociedad al que se aspira tanto en lo referido a su orden económico como a lo político.
Varios países de la región, cada uno con sus particularidades, son protagonistas de un proceso de cambio y resignificación económica, política y cultural que incluye la necesidad estratégica de democratizar la comunicación. Este objetivo debe interpretarse como la continuidad de las luchas históricas que tuvieron lugar en nuestro continente, protagonizadas por distintos sectores sociales en los últimos 30 años. La idea de llevar al nivel de políticas de Estado la regulación de la comunicación ocurre en un contexto latinoamericano donde conviven distintas realidades sociopolíticas. Mientras Cuba persiste en la construcción de un Estado de nuevo tipo y decide reformas profundas sin renunciar al socialismo, lleva adelante estrategias de protección al persistente bloqueo informativo impulsado por los Estados Unidos y refuerza su modelo comunicacional dentro de la órbita del Estado. Por su parte, Venezuela, Bolivia y Ecuador, cuentan con iniciativas de transformación social, política y económica, como alternativa al modelo neoliberal a la vez que plantean que no hay solución dentro del capitalismo. En el caso de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los programas de gobierno no ponen en tela de juicio el sistema capitalista, más bien apelan a la reconstrucción de un capitalismo de carácter nacional como alternativa al neoliberalismo que destruyó al continente durante los 90 e impulsan reformas de carácter social con distintas escalas distributivas.
Sin embargo, la iniciativa de regular la comunicación, posiblemente inspirada en el marco jurídico internacional que recomienda leyes antimonopólicas y el avance en países vecinos con propuestas mas radicales estableció la necesidad en los gobiernos de derecha de la región como son Perú, Colombia, Chile y México a impulsar reformas también en ese campo, sin descontar la incidencia que han tenido hacia el interior de sus fronteras grupos sociales organizados que reclaman hace años por el derecho a construir sus propias verdades y a la vez ponerle un límite al latifundio mediático. Es, entonces, en este contexto que debemos interpretar el impulso que han cobrado los proyectos en la región y a la vez mensurar los límites o alcances que se observan en la aplicación de modelos de comunicación que son la réplica del desarrollo político y económico de cada país. En términos generales debemos decir que la tendencia generalizada es la de reducir la brecha jurídica desde los nuevos marcos normativos planteados, el regreso del Estado como instancia reguladora de un derecho humano, el derecho a la comunicación y la incorporación de los sectores sociales, comunitarios, pueblos originarios habitualmente relegados como beneficiarios para la explotación de frecuencias y señales y en la necesidad de acotar la concentración mediática. Y también hay que subrayar que es en las políticas de distribución de la riqueza donde se observan los límites y potencialidades de este nuevo escenario regulador de la comunicación.
Argentina impulsó en marzo del 2009 la ley de servicios de comunicación audiovisual, recién en septiembre de este año, se logró reglamentar, a pesar de las apelaciones judiciales interpuestas por el sector empresarial que rechaza los límites impuestos por la norma al número de medios por región geográfica. Su puesta en práctica llevará un proceso largo, signado con seguridad por las tensiones políticas, dinamizadas por las elecciones presidenciales del 2011 y por la distribución de recursos económicos que concreten la aspiración de la ley: democratizar la comunicación, sumar efectivamente nuevos actores sociales y poner un límite a los oligopolios mediáticos.
En Uruguay se reglamentó el funcionamiento de las radios comunitarias y en este momento está en estudio una ley mucho más abarcativa. La nueva ley debería reconocer la coexistencia de tres sectores de la radio y la televisión, tal como lo ha hecho el país desde la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, la última modificación que se realizó al final del gobierno de Tabaré Vázquez. Tal como estaba previsto, se entregó hace pocos días, el informe final del Comité Técnico Consultivo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que muchos llaman “ley de medios” y que es el producto de cuatro intensos meses de trabajo de un grupo de personas representativas de diversos sectores empresariales, académicos, gremiales y de la sociedad civil, convocadas por el gobierno. El documento refleja los altos niveles de acuerdo alcanzado y sintetiza también los puntos divergentes. Una base para avanzar en la construcción democrática de políticas públicas de comunicación.
En el segundo trimestre de 2011 se preparará el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Poder Ejecutivo decidirá entonces el camino a seguir en este tema.
En Venezuela, la Vicepresidencia entregó a la Asamblea Nacional la propuesta para reformar la actual Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (conocida como Ley Resorte, por sus siglas) y que se le permita al Estado controlar los contenidos que se publican en Internet. De aprobarse la letra establecida en la propuesta, los contenidos que se publiquen por Internet en Venezuela deberán estar sujetos a un parámetro de horarios y categorías que establece, por ejemplo, la prohibición total de publicación de mensajes con fuerte contenido sexual o de violencia “como tema central o como recurso de impacto reiterado”. También regula la publicación de mensajes “que pudieran incitar al odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, racismo o xenofobia” y aquellos que “irrespeten” a los líderes de los poderes públicos a la vez que restringe la difusión de mensajes “que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”. Con estas medidas el Gobierno de Chávez profundiza la regulación estatal en orden a los presupuestos de la revolución bolivariana a la vez que se dinamiza el hostigamiento de los sectores de la derecha mediática, se reabre un debate hacia el interior de los sectores que suscriben a los objetivos estratégicos del gobierno.
En Brasil y a fines del año pasado (2009), durante la Conferencia Nacional de Comunicación (Confecom) se aprobó un documento con propuestas para elevar al gobierno de Lula Da Silva. Se propuso avanzar en el fortalecimiento de los medios no comerciales y en mecanismos para facilitar el acceso a las radios comunitarias. La presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que la futura ley de medios de comunicación, que comenzó a ser elaborada por el gobierno actual, será sometida a la consideración de sectores diversos de la sociedad. En tanto, ya fue cuestionada por la Asociación Brasileña de Radio y Televisión, y por la Asociación Nacional de Diarios, que recelan de las intenciones de “regular los contenidos de los medios” y restringir la “libertad de expresión”.
Bolivia impulsa la ley antirracista que prevé, incluso, multas a los medios en caso de trasgredir y violar esta norma, mientras la oligarquía mediática confronta abiertamente con esta ley bajo el argumento de que restringe la libertad de expresión. En Chile, la tramitación de la ley que permite la introducción de la televisión digital, ha vuelto a entrar en una fase de aceleración durante estos últimos meses. Sin embargo, sigue adoleciendo de omisiones importantes en lo que se refiere a la sustentabilidad financiera de las televisiones comunitarias.
Antes de dejar la presidencia, Michelle Bachelet promulgó la ley que creó los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana que amplía la potencia y los altos de antenas y extiende de 3 a 10 años las concesiones. Para las organizaciones que nuclean a estos medios, la norma es un avance, pero no es suficiente ya que aún tiene vigencia el artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones que ordena la incautación de equipos y penas de cárcel para los radiodifusores que no posean una concesión del espectro.
El Estado paraguayo ha puesto en marcha un plan por el que se espera poner en funcionamiento un canal público de televisión en un plazo de un año, siete emisoras públicas de radio en todo el país en alianza con universidades nacionales y mejorar los servicios de Radio Nacional del Paraguay.
En Colombia, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) presentó el denominado Compendio Legislativo “El derecho a la televisión” que reúne en menos de mil páginas, la normativa y documentación, una herramienta jurídica que puede ser la base de futuras modificaciones. Mientras tanto, se multiplica el reclamo para otorgar protección a las radios comunitarias, insertas en poblaciones cruzadas por la violencia.
Por su parte, Ecuador cuenta con un nuevo estatuto que establece un tercio del espectro para medios comunitarios, el funcionamiento de un Consejo de Comunicación con dos representantes del Estado y el otorgamiento de licencias por 10 años para el otorgamiento de cada título habilitante. La oposición prepara otro proyecto alternativo, en medio de una fuerte embestida de los medios privados que objetan la inclusión de representantes del gobierno en el Consejo de Comunicación y el texto del artículo 9 que reclama que la información sea “veraz, contextualizada, verificada, oportuna y plural”. Aseguran que puede dar lugar a sanciones. La normativa también establece cuotas de pantalla de producción local: 40% y un 10 % de producción independiente, a lo que debe llegarse en forma progresiva en 5 años. Tampoco podrá comprarse más del 25% de contenidos a un mismo productor.
En México, se lanzó el debate parlamentario para modificar la ley que regula los medios audiovisuales Se trata de una nueva norma de más de 250 artículos que apunta a democratizar la asignación de frecuencias, romper el duopolio que coloca en posiciones dominantes a Televisa y TV Azteca, limitar la cantidad de años de otorgamiento de licencias y establecer que las telecomunicaciones son un servicio público. El proyecto está acompañado por una gran movilización social y de las organizaciones vinculadas a la comunicación. Una de las impulsoras, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) abrió una página con el texto completo, un foro, peticiones a los legisladores para que aprueben cambios, sitios en las redes sociales Facebook y Twitter, un foro ciudadano y hasta un espacio en Youtube.
En Perú, son las organizaciones sociales las que impulsan reformas para la regulación de los medios de comunicación, mientras el gobierno de Alan García refuerza sus alianzas económicas con los Estados Unidos. El Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV, entidad conformada por la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, la Asociación Nacional de Anunciantes, las Facultades de Comunicación Social y Periodismo, la Asociación Nacional de Centros, el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas del Perú y los representantes de la radio y televisión comercial y educativa; impulsa un Anteproyecto de Ley de Radiodifusión Estatal.
En Nicaragua la batalla emprendida por el Gobierno de Ortega contra la manipulación mediática impulsada por la tradicional prensa de derecha cuenta desde el 2009 con una nueva Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, que dispone el otorgamiento de títulos de concesiones para la operación de servicios públicos de telecomunicaciones mediante licitación o subasta pública.
Finalmente, el núcleo de cada una de las reglamentaciones que alcanzan, esencialmente, a la radio y la televisión, así como las decisiones adoptadas en torno al sistema digital que amplia sustancialmente la capacidad para la explotación de estos medios son similares. Su grado de resolución en la práctica real concreta está vinculado al costado integral del derecho a la comunicación, cuyo ejercicio pleno requiere no sólo de medidas de carácter jurídico, junto a la existencia de una fuerza social capaz de imponerla, sino de derechos de carácter económico, sustentados en la idea irrenunciable de una equitativa distribución de la riqueza. Y aquí está su valor, su desafío, su potencialidad, pero también sus límites.
Finalmente, todo modelo de comunicación es un modelo político de sociedad y todo modelo político de sociedad debe estar en orden a un modelo económico verdaderamente inclusivo y distributivo.
*Lidia Fagale Secretaria General de UTPBA (Union Trabajadores de Prensa de Buenos Aires).
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