En 1981 Honduras retorna al proceso democrático después de 20 años de dictaduras militares, pero este retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, por el contrario es en esta época que aplica -siguiendo mandatos de los EE.UU- la doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.
La doctrina incluía violaciones en forma sistemática y selectiva a los derechos humanos. Las violaciones más emblemáticas fueron las torturas, los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas.
Para 1982, 69 familias eran víctima de la desaparición forzada, y a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias se aglutinan y conforman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. Que nace con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo; en la mayoría de ellos este objetivo no se logró. Entre 1980 y 1989 ciento ochenta y cuatro personas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables.
En 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable de la desaparición de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Crúz y lo condenó a indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992.
En los años noventa, el Cofadeh reformula sus objetivos, revisa su misión y su visión, e incorpora otros tópicos de trabajo a los ya existentes; incorpora la defensa y representación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, la promoción y capacitación en derechos humanos, la investigación y documentación de casos. Establece alianzas estratégicas con organismos similares conservando su independencia y su filosofía de trabajo. Así mismo se afilia a organismos regionales de derechos humanos como FEDEFAM en 1983 y a la CODEHUCA en 1993, ambos con estatus consultivo II ante las Naciones Unidas.
A mitad de los años noventa emprende la tarea de recuperar de los cementerios clandestinos los restos de los desaparecidos, actividad que después de legitimarse coordina con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público.
A partir del año de 1998, incorpora a su trabajo la defensa de los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de expresión. Así mismo ha contribuido a la desmilitarización del país y la construcción de procesos democráticos y la vigilancia permanente de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en la esfera de los derechos humanos y la seguridad pública.
En el año 2001, el Estado de Honduras le otorga personalidad Jurídica, bajo resolución 24-2001 y en este mismo año se hace acreedor al Premio Nacional de Derechos Humanos que anualmente otorga el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. A la fecha el Cofadeh es una fuente obligada de consulta en materia de derechos humanos y seguridad pública, forma parte de importantes coaliciones de la sociedad civil, y es interlocutor de los organismos internacionales especializados en derechos humanos. A la par de forjar su legitimidad y credibilidad a nivel técnico político, ha desarrollado su institucionalidad.
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