El presidente hondureño, Manuel Zelaya, defenestrado por el golpe de Estado en Honduras, valoró “correcta” la posición de Jorge Arturo Reina, al no aceptar la nominación que le ofrece el régimen de Lobo Sosa”, como embajador itinerante en Unasur y otros países.
Zelaya fundamentó su respaldo a la negativa de Reina, en que Lobo “primero, debe cumplir las recomendaciones hechas por la Comisión de Alto Nivel”, integrada por los 17 países de la Organización de Estados Americanos (OEA), conforme mandato de la Asamblea General de Lima, Perú.
Sostiene Zelaya que promover el reconocimiento al régimen en las “actuales condiciones”, es “despreciar a los mártires”, y sería refutado por el pueblo hondureño y la comunidad internacional que se ha mantenido “firme y digna” ante el golpe de Estado.
Aunque las declaraciones personales de Lobo aparentan “buena voluntad”, estas “son absolutamente, incongruentes con sus acciones”, por lo que serian sólo “posiciones mediáticas”, critica Zelaya en su comunicado internacional.
La Comisión de Alto Nivel de la OEA para Honduras, recomendó, al régimen, “poner fin a los juicios iniciados en contra del ex Presidente Zelaya y sus colaboradores”, por tener “motivaciones políticas”.
El régimen de Porfirio Lobo, de acuerdo a la Comisión, debiera avanzar de manera “decidida” en investigar “los asesinatos cometidos en el marco del golpe de estado”, y los ocurridos durante su propia titularidad en el Ejecutivo, indica Zelaya.
Lobo tendría que actuar para detener las violaciones a los derechos humanos que persisten contra miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP); y la impunidad por las violaciones de los derechos humano que verificó la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión, en su informe, valoró “positivas” las instancias de derechos humanos creadas por Lobo, pero observa necesario dotarlas de los recursos para que puedan hacer una defensa efectiva de esos derechos.
Zelaya invoca el Plan de Reconciliación que él propusiera a la OEA a fin de que Honduras se reintegre con pleno derecho, y que insta al régimen Lobo a crear “condiciones mínimas de reconciliación y normalización para la restauración democrática” en Honduras.
El Plan Zelaya plantea separar de sus cargos a los autores intelectuales y materiales del golpe de Estado, y de los crímenes contra los derechos humanos. Y, que se convoque a un gran dialogo, para “elegir la Asamblea Nacional Constituyente”, que refunde de manera pacífica la institucionalidad democrática.
Zelaya sostiene que la “trágica experiencia” del golpe de Estado de junio de 2009, enseña que quienes “fueron capaces de romper el orden constitucional, y su sucedáneo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, no cumplieron, ni cumplen, los compromisos acordados”.
Tal incumplimiento es calificado por el presidente expatriado, como “una burla constante” para el pueblo Hondureño.
Razón que lleva a Zelaya a recomendar que quienes defienden la democracia y los derechos humanos, “no deben, ni pueden”, aceptar “este tipo de trampas que promueven la impunidad”, que haría creer que “el nuevo patrón de opresión es dar golpes de Estado… sin castigo para los criminales golpistas”.
Lobo pretendió nombrar a Jorge Arturo Reina como embajador itinerante de Honduras para varios países, incluidos los integrantes de Unasur, para influenciar el reconocimiento de su regimen en la OEA.
La Unión de Naciones del Sur (Unasur), creada en mayo de 2008, está integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
"Promover el reconocimiento del régimen en las actuales condiciones constituye un desprecio para nuestros mártires y una condena por nuestro pueblo"
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