Los impactos del Golpe de Estado y del Gobierno de Continuidad y las Propuestas de la Sociedad Civil Transformadora
Honduras atraviesa la mayor crisis política, económica y social de su historia, que se manifiesta en mayor pobreza, inequidad y exclusión, agravados y magnificados por los impactos del Golpe de Estado de la Plutocracia (gobierno de los ricos) de Junio de 2009 y el gobierno de continuidad de Porfirio Lobo Sosa, este último defendiendo los mismos intereses de los grupos fácticos nacionales y de las transnacionales, propietarias de la riqueza nacional y de su destino, hasta ahora.
Sin embargo, el Golpe de Estado no sólo permitió o provocó el despertar del pueblo oprimido, tradicionalmente sumiso y complaciente, sino permitió el surgimiento del más grande movimiento social amplio el Frente Nacional de Resistencia Popular, hoy a nivel nacional y concretando la demanda popular y democrática de la REFUNDACION de Honduras, que pasará por convocar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, la Nueva Constitución Política y el Plan de Nación Alternativo (PNA), propuestos desde las bases de la sociedad civil mayoritaria y popular.
Las verdaderas razones del golpe fueron la amenaza que la plutocracia y clase dominante veían sobre sus activos e intereses ante medidas populistas del gobierno y el temor a perder el poder económico y político. El golpe significó el rompimiento del orden constitucional. La mayoría de los países y organismos internacionales del globo no sólo se condenaron, sino que aislaron al gobierno de facto y de paso al país, suspendiendo sus relaciones y la cooperación técnica y financiera.
Mientras tanto ocurría la campaña y el proceso electoral, el gobierno de facto buscaba la salida a la crisis política con apoyo de la comunidad internacional en el marco del Acuerdo de San José – Tegucigalpa, el cual fracasó inicialmente pero finalmente estableció ciertas medidas que de cumplirse darían inicio a retomar la vida en un estado de derecho, democracia y libertad. De cinco (5) candidatos que se presentaron inicialmente al proceso electoral, la única candidatura independiente finalmente renunció por considerar ilegítimo el proceso. El candidato del Partido Nacional ganó con amplio margen (55 % contra 32 %), quien es claramente conservador y ligado a las clases dominantes en el país.
No ha existido una política ANTICRISIS seria y con respaldo político y financiero. Las tasas de desempleo se incrementaron, en especial la falta de oportunidades para la población joven (55 % de la población nacional) y actora futura de la gestión nacional, la que se ve excluida, así como las mujeres, los/as discapacitados/as, los/as adultos/as mayores, las etnias, pequeños/as campesinos/as productores sin tierras, que constituyen los segmentos más vulnerables y excluidos y a la vez mayoritarios del país.
La ERP continuó siendo desmantelada y carente de verdadera voluntad política para su ejecución como fue diseñada / aprobada. No se ha clarificado la naturaleza del Gasto en
ERP dentro del Gasto Público Social (GPS), con lo cual se atribuye como gasto en ERP gastos que no tienen que ver con ella.
El déficit fiscal para el año fiscal 2009 rondó cerca de las dos cifras, lo cual complica el presupuesto para el 2010. En general la situación macroeconómica se ha deteriorado y el
presupuesto 2009 no logró alcanzar para dicho período.
Ante la ruptura del régimen constitucional, la represión oficial, el permanente abuso y violaciones de los derechos humanos básicos, surgió el Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, originalmente exigiendo la reinstalación del presidente derrocado y la restitución de vida democrática y vigencia constitucional. Hoy, este frente se está constituyendo en el Movimiento Social Amplio (MSA) que agrupa a la mayoría de la población marginada, excluida y en pobreza y demanda la refundación de Honduras, la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, la Nueva Constitución Política y un Plan de País desde la sociedad civil transformadora. Se instaló ya la Comisión Nacional el domingo 1 de julio en Tocoa.
Con lo anterior se polarizó política y socialmente Honduras y la sociedad civil misma llegó a conformar tres frentes: la Unión Cívico Democrática (pro golpista), el Frente de Resistencia Nacional (anti golpista transformadora ) y una facción gobiernista. Hasta ahora persiste esta polarización, situación que merece mayor estudio y análisis.
Los gobiernos de facto y de continuidad, aprovecharon entre otras prebendas, para colocar a sus seguidores y parciales en las posiciones de todo el Gobierno (sector público), con lo cual se cumplía otra tradición política nefasta en Honduras: el borrón y cuenta nueva con cada nuevo Gobierno.
El Gobierno Nacionalista de continuidad, en su afán de vender una imagen de principios humanista cristiano, aprovechó la ocasión de su asunción al poder para promulgar inconsultamente las Leyes del Plan de Nación y la de Amnistía General.
Resulta que del análisis técnico, objetivo e imparcial, la Visión de País al 2038 y Plan de Nación al 2022 aprobados el 27 de Enero reciente, responden a los intereses de la Gran Empresa Privada y no precisamente a los segmentos en pobreza y exclusión que son la mayoría.
Con las recientes disposiciones como el Plan de Nación, la creación de las Secretarías de Desarrollo Social y de Planificación, se ha lapidado a la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y a su institucionalidad, lo cual podría ser demandada por la cooperación internacional al haberse establecido bajo Convenios y Acuerdos Internacionales como los de la Condonación de la Deuda Externa. El G-16 en Honduras ha mostrado ya su preocupación repetidamente.
Los países y organismos internacionales, con posterioridad a las elecciones generales, están progresivamente reconociendo al gobierno asumido y están todavía estudiando el Plan de Nación.
La sociedad civil se pronuncia por la necesaria revisión y reformas profundas a la Constitución si se quiere abordar el desarrollo nacional en beneficio de las mayorías y un serio combate a la pobreza, la inequidad y la injusticia.
En vista de lo anterior, el Grupo Sociedad Civil, tal como lo establece en su pronunciamiento público del 26 de enero de 2010, se proclama por el establecimiento de un Diálogo Político y un Proceso Alternativos para definir una Visión y Plan de País legítimo, propuesto desde la sociedad civil, orientada a establecer las nuevas bases de transformación nacional para su desarrollo sostenible, que debe pasar necesariamente por un proceso de revisión profunda de la Constitución Política vigente.
Esta última propuesta es condenada por el gobierno y las clases dominantes, por cuanto de mantenerse la Constitución tal como es, se consolidará, profundizará y perennizará el actual estatus quo político, económico y social y del gobierno de la plutocracia.
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