Red Morazánica de Información
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), junto a las centrales obreras que esperan, desde casi seis meses, un aumento al salario mínimo, conforme a Ley; a los docentes, en un paro indefinido de labores; y al Sitraunah, en una huelga de más de 100 días, van a una movilización nacional en protesta a una crisis social, económica y política que se agudiza en Honduras.
Las manifestaciones ocurrirán en toda la nación, por concentraciones poblacionales en varios departamentos del país, según regiones, especialmente en las grandes ciudades como San Pedro Sula, La Ceiba, Lempira, Intibucá, Copán, informaron fuentes sindicales del FNRP.
Las movilizaciones tienen carácter internacionalista al extender su apoyo a los trabajadores panameños por la derogación del la Ley 30, conocida como ley chorizo, también porque serán realizadas movilizaciones simultáneas en América del Sur y otros países en el mundo.
Tanto los colegios miembros de la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH), así como las obreras, campesinas y sindicales, son parte integral del Frente de Resistencia, además de otras numerosas entidades sociales, comunales, partidos políticos y el pueblo contra el golpe de Estado.
La movilización fue planificada por el FNRP como parte de sus exigencias por la definición del salario mínimo, y contra la agudización de las políticas neoliberales impuestas por el régimen de Porfirio Lobo, que impulsan, cada vez más, el alto costo de vida y reducen los derechos humanos, sociales, civiles y políticos de los hondureños.
Además, del manifiesto primordial por una asamblea constituyente y el retorno del presidente Manuel Zelaya, expatriado por el golpe contra el Estado iniciado el 28 de junio de 2009.
Sin embargo, para el 15 de agosto, conforme dieron de plazo las federaciones de trabajadores que esperaban que el titular del régimen sucesor de facto, Porfirio Lobo, anunciara el aumento al salario mínimo al no haberse logrado acuerdo entre empresarios y sindicatos.
Pero, Lobo ignoró la petición y no se pronunció como los trabajadores confiaban.
La Ley del Salario Mínimo fija, como máximo, el 30 de abril de cada año para definir el nuevo monto salarial que deberían recibir los empleados hondureños, pero no ocurrió así.
El sector empresarial, ofreció cinco por ciento de aumento, mientras los trabajadores requieren un incremento del 15 por ciento, ambos rechazaron la respectivas propuestas y se rompieron las conversaciones, lo que obliga al Ejecutivo a hacer el ajuste, según la Ley.
El régimen se ha venido caracterizando por emplear mecanismo de negación, indiferencia, sustitución, silencio, burla, dilatoria, reto y emplazamiento ante las necesidades sociales de la población, para quien nada ha sido posible resolver.
Se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, la violencia, la persecución y los asesinatos selectivos.
El viernes pasado, y preparándose para responder al régimen, por más de cinco meses sin ajuste de salarios, la Confederación Única de Trabajadores de Honduras (CITH), Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y el FNRP, realizaron una asamblea, en San Pedro Sula, y definieron comités para coordinar una huelga general, sin precisar una fecha, si Porfirio Lobo se negaba a darles una respuesta sobre el aumento al salario mínimo.
Como sucedió. Por lo que, a las movilizaciones se une ahora la expectativa por una huelga general inminente.
La asamblea estableció, además, rechazar un Programa de Activación del Trabajo y la Oportunidad (Pacto), que contiene varias leyes “orientadas a desconocer los derechos laborales y de organización sindical”, que ya ha sido aprobada, en parte, por la Cámara Legislativa.
Acodaron repudiar las iniciativas de privatizar los servicios públicos, “ahora más evidenciada con la Ley Reguladora del Régimen de Participación Público Privada”.
El denominado proyecto Pacto, es impulsado directamente por el titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, quien arguye que un Plan Nacional Solidario de Empleo Anti crisis, dará 600 mil puestos de trabajo a la población desempleada.
Las y los trabajadores refutan que el Pacto busca imponer y privilegiar el trabajo temporal por encima del permanente. Viola la Constitución, el Código del trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al suprimir derechos fundamentales, de estabilidad laboral y de organización sindical.
Advirtieron que no permitirían “que nos arrebaten” los derechos laborales de vacaciones, aguinaldo, maternidad y prestaciones sociales adquiridos por la lucha sindical desde hace 56 años, producto de la Huelga General de 1954.
De otra parte, la FOMH, sostiene una concentración nacional de profesores con movilizaciones diarias por recuperar una deuda de más de cuatro mil millones que ha sido retenida al Instituto de Previsión del Magisterio (Inpremah), por el régimen y utilizados unos tres mil millones para financiar el golpe de Estado.
Los maestros van también por la defensa de la educación pública, que pretende ser privatizada por el régimen y en contra de la politización de puestos docentes en el sistema educativo que violentan le Estatuto del Docente.
EL FNRP y las organizaciones en él aglutinadas, se solidarizan con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), que luchan por el mantenimiento de la estabilidad laboral, por la contratación colectiva y por el derecho a la organización sindical.
Exigen el reintegro incondicional de los 124 trabajadores que fueron despedidos ilegalmente, a fin de “suspender de inmediato la huelga de hambre”.
Y anticipan demandas judiciales en el campo nacional e internacional, en caso de enfermedad, o muerte, de los participantes en dicha huelga.
Piden el respeto a los derechos humanos y a los instrumentos jurídicos laborales, nacionales e internacionales: Convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT; la Constitución de la República; el Código del Trabajo; la Ley Orgánica de la UNAH y su Reglamento General; el contrato colectivo vigente y el Estado del Docente Universitario.
Tal condición, estiman, es necesaria para “rescatar la UNAH, de la ilegalidad, la ingobernabilidad y el autoritarismo, en el que hoy la tienen sumida la Rectora Julieta Castellanos y demás autoridades universitarias”
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