Por Alex Darío Rivera
“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.
“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”:
“La violencia es siempre un acto de debilidad y generalmente la operan quienes se sienten perdidos”, aseguraba el poeta y ensayista francés Paul Valéry. Pocas frases pueden ser más acertadas al intentar “comprender” la brutalidad desatada en el país por parte de los organismos represores del Estado contra el pueblo hondureño durante la dictadura cívico y militar encabezada por Roberto Micheletti y Romeo Vásquez, quienes después de asestar el golpe de Estado bajo la tutela del gobierno norteamericano y la oligarquía “nacional”, ejercieron un fuerte imperio de violencia soslayando los más elementales derechos humanos, política que ha continuado manteniendo el “gobierno” espurio surgido del falaz proceso electoral montado bajo la amenaza, el paroxismo militar, la represión, el asesinato y la indignación del soberano poder popular.
Por tanto, para intuir la “justificación” a esta barbarie, es preciso recordar que el gobierno de Lobo Sosa surge bajo denominación inequívoca de régimen dictatorial al proceder de un golpe de Estado, carente de legitimidad, puesto que aunque siempre se quiera ocultar, las personas que asistieron a votar no representaron ni el 30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que pone de relieve a un “gobierno” carente de legitimidad popular. Esta condición de “deslegitimidad” provocada –en parte- por la indignación del pueblo ante el atroz golpe de Estado, se asevera ante el enorme déficit social hondureño caracterizado por más del 80% de su población viviendo bajo pobreza, un 42% de ella subsistiendo en niveles de indigencia, 35% de nuestra gente desnutrida o malnutrida, más del 30% de analfabetismo, arriba del 60% los niveles de desempleo en la población económicamente activa y una estructura estatal (ejecutivo, legislativo y judicial) caracterizada por la corrupción y el clientelismo político-clasista, entre muchos indicadores y características más, radiografía que muestra un cuadro acelerado de precarización que contrasta enormemente con las portentosas fortunas amasadas por una reducida oligarquía voraz que ha usurpado el ejercicio del poder y convertido el Estado nacional en una instancia para acrecentar sus riquezas favoreciendo sus empresas mediante la corrupción, la especulación, el monopolio, la condonación, el soborno, la mediatización de la información y la brutalidad militar y policial. Es necesario mencionar que este escenario es “reforzado” mediante la implementación de las políticas neoliberales contempladas en los Programas de Ajuste Estructural impuestos por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, buscando consolidar el poder privado sobre el público, imponer el interés individual al colectivo y favorecer la libre circulación del capital transnacional agudizando los conflictos sociales relacionados con la posesión monopólica de la tierra, dejando fuera de acceso a millones de agricultores pobres que no ejercen propiedad ni de los dos metros de tierra en el que descansará su cuerpo cuando dejen de existir.
Asimismo, la fuerte presión de esos sectores -a fin de incrementar el lucro- buscando derogar la Ley del Salario Mínimo y la anhelada búsqueda por suprimir el Código de Trabajo. Esto, unido a la (mala) intencionalidad de abolir los estatutos profesionales, en este caso particular, el Estatuto del Docente Hondureño, escondiendo intenciones como la desmovilización y la despolitización de ese beligerante sector opositor, lo que favorecería la búsqueda de las condiciones necesarias para la privatización de la educación que significaría alejar –aún más- los pobres de la escuela. Bajo esa misma lógica, promueve la corrupción, el clientelismo y el saqueo descarado del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema) con la intención de justificar –con la quiebra- esa misma visión privatizadora, que no se limita en esos escenarios, sino que incluye recursos naturales como las cuencas hidrográficas bajo amenaza de privar el acceso al agua a millones de hondureños y hondureñas, sin olvidar, los recursos minerales, que bajo la modalidad de explotación a cielo abierto amparada en la entreguista Ley de Minería, no sólo se nos continuará despojando de la riqueza nacional, sino –también- manifestando la negación a la vida misma. Todo ello, sin mencionar la explotación indiscriminada del bosque, la proliferación del crimen organizado y la acentuación de la crisis económica interna ante el desconocimiento de varias organizaciones y estados de la comunidad internacional a pesar del embustero lobbie promovido por el “gobierno” de Lobo, el andamiaje de Washington y los países alineados a los intereses de los Estados Unidos. Otro factor adverso a este ineficaz intento de “gobernabilidad”, es la permanente amenaza de huelga general por parte de los trabajadores y el descontento popular como consecuencia de injustos reajustes fiscales que han pauperizado la economía familiar a condiciones insostenibles.
Todo lo anterior, enmarcado en una fuerte demanda popular para la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente surgida en el seno de la voluntad y los intereses de la mayoría, una mayoría –ahora- consciente y en posición de lucha por instituir un modelo democrático donde los pobres sean percibidos como verdaderos sujetos políticos. Es justamente en esa amplia amalgama de factores de la realidad (social, política, económica e ideológica), en la que ha comenzado a gestarse la propuesta de un proceso reivindicativo más justo y equitativo, proclamado por los sectores históricamente marginados, mismo que genera incompetencia y muestra la debilidad para contenerlo por parte del actual “gobierno” y el sistema político imperante, “obligándolos” a recurrir a la represión y a la violencia, pues como manifestaba Isaac Asimov: “La violencia es el último refugio del incompetente”.
* Educador y escritor de Santa Bárbara.
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