De nuevo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vuelve a Honduras para darle seguimiento a su informe sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, a consecuencia de las graves y continuadas violaciones a partir del 28 de juni0/09 en función del golpe de Estado.
Para la preparación de su informe sobre Honduras la CIDH hizo una exhaustiva investigación sobre el terreno (in loco), el cual fue dado a conocer en su oportunidad al gobierno de facto y a la comunidad internacional.
Sin embargo, este trabajo, de alta calidad jurídica en su especialidad, no tuvo, al parecer, influencia para contener los abusos y violaciones del poder público contra la oposición al golpe de Estado y sus tremendas consecuencias colaterales, como lo evidencia la serie de asesinatos de periodistas en el régimen actual.
Merced a esa lamentable situación, la CIDH incluyó a Honduras en la ominosa “lista negra” de los países en que irrespetan de manera truculenta los derechos humanos, una odiosa posición que nunca antes había manchado el historial de nuestro país.
Para tener una idea de la importancia de la presencia de la CIDH en estos momentos, basta con tomar en cuenta la composición de esta delegación, encabezada por su presidente Felipe González, en la que participan su vicepresidente Paulo Sergio Pinheiro, el secretario general Santiago Cantón, y la relatora especial para la Libertad de expresión, Catalina Botero.
La investigación de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras es clave en lo relacionado con el trabajo encomendado a la Comisión de la Verdad, consecuencia, a su vez, del proceso diplomático orquestado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para darle una salida a la crisis política derivada del golpe de Estado.
Asimismo, esta investigación es parte del proceso para la reinserción de Honduras en la comunidad continental y mundial, puesto que para lograr tal propósito es indispensable establecer las responsabilidades sobre los delitos cometidos por violación a los derechos humanos y a los derechos políticos, algo que, aparentemente, no figura en las intenciones de la Comisión de la Verdad.
Por la forma en que se han venido desarrollando los acontecimientos políticos en Honduras, en el marco de la crisis política que aún permanece insoluble, la reticencia de la comunidad internacional a normalizar las relaciones con el régimen actual, haciendo caso omiso del rompimiento del orden constitucional, no desaparece ni se mediatiza, excepto por parte de unos pocos gobiernos proclives –por conveniencia propia—a la disculpa de los golpes de mano oligárquicos.
El retorno de la CIDH a nuestro país en las actuales circunstancias también tiene la virtud de refrescar el ánimo por la defensa de los derechos humanos, y, muy en particular, por la vigencia de la libertad de expresión, que necesita de un constante apoyo internacional en las sociedades, como la nuestra, en donde la incultura del silenciamiento forzado y de la autocensura es práctica cotidiana.
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