Movimiento Ambientalista de Orica denuncia incumplimiento municipal en tala de bosque

Defensores en Línea

Por Sandra Rodríguez 

La alcaldía de Orica no ha cumplido con acuerdos que detenga la tala de bosque en zona de producción agua, que abastece 15 comunidades y el casco urbano, denunció el Movimiento Ambientalista de Orica.

El Movimiento Ambientalista mantuvo una toma desde el 17 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, impidiendo que los madereros sacaran los pinos cortados, pero después de acordar una inspección en la zona y un cabildo abierto para tratar el tema, los pobladores suspendieron la protesta y permitieron la salida únicamente de la madera cortada para que no se perdiera; sin embargo, la tala continúa, irrespetando la veda acordada.

El alcalde municipal de Orica, Celeo Filander Ferrera y su corporación municipal han omitido los acuerdos que se dieron con el Gobernador Departamental de Francisco Morazán en enero, donde se contó con la observación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).

Hace 15 años inició la lucha organizada en defensa del agua y el bosque cuando el entonces alcalde del Partido Nacional, Alonso Mendoza tuvo la intención de vender el bosque a los madereros, pero la organización del pueblo lo impidió. Ahora se enfrentan a las acciones de alcalde Ferrera, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), que permite la tala del bosque aduciendo que son ingresos fiscales para la municipalidad.

La tala del bosque trae escases y contaminación del agua y el aire que impactará en la salud del pueblo, y desconocemos que acciones continuaran de parte de las autoridades que no cumplen los acuerdos, denunció uno de los integrantes del Comité.

Han denunciado que, en la temporada seca, la gente no tiene ni dónde lavar la ropa, deben caminar cinco kilómetros para acarrear agua, existe el peligro de quedarnos totalmente sin agua, a causa de las decisiones que toma la corporación municipal porque da permisos de explotación de un territorio que no les pertenece.

Este permiso de explotación inició hace un año con la venia de la alcaldía, pese a que es un suelo ejidal no se contó con el aval del pueblo.

Los ambientalistas, muchos de ellos señores mayores temen por las represalias que puedan existir en su contra, pero también están dispuestos a seguir defendiendo el derecho a la vida, por lo tanto, el agua como valioso recurso natural.

Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos y el ambiente, así lo determinan organizaciones como Front Line o Global Witness que informó en 2017 “No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”

El 95% de la producción de alimentos para los seres vivos se produce directamente en el suelo, y aunque la montaña que cuida el Comité Ambientalista de Orica, al norte del departamento de Francisco Morazán, es de vocación forestal, tiene su propio ecosistema y la producción de agua que se usa en una región eminentemente agrícola y ganadero.

Elecciones primarias en un estado drogado

Defensores en Línea

Las próximas elecciones primarias de liberales, libres y cachurecos no son un evento cualquiera en las circunstancias actuales: sin reforma electoral, sin confianza en la cedulación y sin consenso en el tribunal electoral.

En las circunstancias generales del país, sin transparencia, con instituciones uniformadas al crimen organizado y corruptas, ese evento está en riesgo. Pero ninguno de los tres partidos políticos puede pedir al resto de la población que no se meta en la discusión.

Una elección primaria no es un asunto interno de los partidos políticos, es un asunto de Estado y Sociedad del cual dependen la democracia institucional, ya sea para fortificar o para terminar entregándose al crimen organizado.

¡Cómo si el pueblo no supiera que de ese evento del 14 de marzo próximo saldrá la lista de personas que van a nombrar a los integrantes de otros poderes del Estado, empezando por los tales magistrados azules y colorados!

¡Cómo si no supiéramos que una manada de 70 por ciento de alcaldes inútiles de esos partidos va en reelección y que el impostor mayor del ejecutivo insiste todavía en sembrar la duda!

Las elecciones primarias ocurren en un país con las siguientes características. Honduras es el trampolín del atlántico al pacífico asignado por el comercio internacional de drogas, armas, dinero y esclavos, lo que ha socavado absolutamente las bases de su sociedad.

Las ganancias de ese sucio papel son repartidas entre la mafia institucional estadounidense, que opera directamente a través de sus agencias estatales, y unos vasallos “yes men” de la ruta sur local.

La élite política, económica, militar y religiosa violenta que organizó y ejecutó el golpe de Estado de 2009 para abrir las puertas al crimen organizado acumuló todo el poder sobre todos los poderes, incluyendo el soberano. Para lograrlo, realizó elecciones fraudulentas avaladas por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

Esa alianza de Estados racistas, colonizadores y súbditos de la política exterior norteamericana no construyó un Estado seguro, de paz, de democracia ni benefactor ni liberal ni neoliberal. Honduras fue convertido en un Estado drogado.

En los últimos 12 años, el Congreso Nacional ni delibera ni legisla, es una maquila de decretos que pasan directamente de la fábrica a la imprenta nacional, para lavar las operaciones del cartel oficial con sello de discutido y aprobado.

La Corte Suprema de Justicia: ni es oral ni pública, ni juzga ni condena, simplemente lincha a los defensores de la vida, premia a los criminales con poder y opera-lava la legalidad de la dictadura. Un poder de venganza que envía a sus casas a los delincuentes pandoros y mantiene en prisión a los líderes sociales, héroes del pueblo.

El Ejecutivo se convirtió en una manada perseguida por cortes externas, pero mientras sus miembros son cazados por los amos, los tahures operan los grandes negocios en nombre de Honduras. En la práctica, esta es una máquina electoral paralela, la más grande vergüenza de legitimidad social jamás sufrida por la figura presidencial.

En cuanto al Poder Soberano, sus bases están empobrecidas, huyendo en caravanas, obligadas a la mendicidad de bolsas de comida temporal, enfermas, y abatidas por las armas de esas estructuras oficiales que facilitan el crimen organizado en tierra, aire y mar.

Este es el panorama institucional real, el percibido y el resentido, el que todo el mundo conoce y deja avanzar en medio del jolgorio electoral.

Pero los Estados, las ligas de Naciones y la malformada Comunidad Internacional de Europa y América, decidieron por este modelo en 2009, lo ratificaron en 2013 y lo sellaron en 2017. Ellos son los responsables.

Esos mismos actores, cuando sólo escombros queden de una sociedad activa y resistente como ha sido la hondureña, tendrán aún la osadía de preguntar dónde está la sociedad civil, ¿dónde está el pueblo, ¿qué pasa con las organizaciones ciudadanas y qué podemos hacer para superar esta crisis? ¡Canallas!

Nosotras, ahora mismo, ¿nos preguntamos a quién le estamos hablando? ¿Quién realmente escucha un llamado de conciencia para actuar y cambiar la violencia institucional que masacra la vida en Honduras?

El país está drogado por los narcos y por los dictadores. Y no tiene muchas fuerzas para seguir en este ambiente tribal. Quizás ello sea una ventaja para su modelo criminal, pero quizás sea también un peligro para su supervivencia.

Las próximas semanas no serán fáciles, otra vez se mezclará la pasión sin la razón, y la lucha de clases tensará la cuerda. Estemos preparadas para defender a las víctimas.

"No puede haber una reforma policial sin una depuración profunda"

Radio Progreso

Víctor Meza integró, junto dos hondureños y dos extranjeros más, la desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública que se conformó en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, para reformar la Policía Nacional Preventiva tras verse involucrados en varios actos delictivos, sobre todo el asesinato de dos jóvenes universitarios, entre los cuales estaba el hijo de Julieta Castellanos, en ese entonces rectora de la Unah.

Hicieron 13 propuestas, pero no fueron escuchados por el jefe del ejecutivo, “Pepe” Lobo, y el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.

“… esas propuestas apuntaban a cambiar las relaciones de poder en la selección y elección de mandos importantes de la estructura gubernamental como los magistrados de la Corte Suprema, el Comisionado de los Derechos Humanos, los Magistrados del Tribunal Electoral, de tal manera que proponíamos despolitizar partidariamente los procedimientos de selección y elección de esos altos cargos. En otras palabras, era quitar poder a los diputados para que dejarán de negociar y regatear el valor y las tarifas de sus votos para elegir a estas personas”, explica Meza.

La depuración de los cuerpos de seguridad en Honduras salta a la palestra pública tras el asesinato en una celda de la Policía de la joven estudiante universitaria Keyla Martínez en La Esperanza, Intibucá. La cúpula policial emitió un comunicado anunciando un suicidio y Medicina Forense confirmó que se trataba de un homicidio, además de señales de adulteración de la escena del crimen, tal y como ocurrió en 2011 con el caso de los dos jóvenes universitarios.

“Yo aconsejaría reconsiderar algunas de las recomendaciones que están contenidas en esas propuestas…. Puede haber una depuración sin reforma policial, que es lo que hemos tenido, pero no puede haber una reforma policial sin depuración profunda”, manifestó Meza.

Radio Progreso (RP) dialogó con Víctor Meza (VM), director del Centro de Documentación de Honduras, Cedoh.

RP. ¿Qué está pasando en Honduras en materia de seguridad?

VM. Es evidente que el país está viviendo lo que un pensador tan respetable como Noam Chomsky ha calificado de momento de confluencias críticas. El mundo, dice él, está viviendo diversas crisis de distintas magnitudes y diferentes impactos. En el caso concreto de Honduras esto es totalmente cierto. A la crisis sanitaria se le agrega la crisis económica que tiene su expresión en una crisis de las finanzas públicas, pero también está, en el caso nuestro, la crisis ecológico-ambiental, la crisis de seguridad, el repunte de la violencia criminal y unas de las cosas más preocupantes es la crisis derivada del sistema de híper-corrupción que tiene atrapado casi todos los engranajes del Estado hondureño.

RP. ¿Qué se requiere para salir de estas crisis?

VM. El país en estos momentos más que nunca requiere de una conducción inteligente, transparente, creíble, políticamente aceptable para la sociedad, un liderazgo ético de nuevo tipo, requiere una conducción de condición de estadista, que no la tenemos lamentablemente. Por un lado, tenemos un agravamiento creciente de las crisis expresadas en el mayor número de fallecimientos por Covid-19 y, por otro lado, tenemos un liderazgo desacreditado, cada día más cuestionado nacional e internacionalmente, cada día con menor poder de convocatoria y cada día más desesperado.

RP. ¿Podremos conseguir ese liderazgo en las próximas elecciones?

VM. Lamentablemente no tengo optimismo suficiente para creer en eso. Para mí sería una utopía. Si vemos que un alto porcentaje de los políticos, funcionarios, alcaldes, diputados quieren reelegirse eso quiere decir que después de las elecciones tendremos un liderazgo que no será precisamente renovado, será más de lo mismo, lamentablemente.

RP. ¿Qué opina del caso Keyla donde la Policía salta de nuevo en escena?

VM. El caso Keyla viene a evidenciar varias cosas. En primer lugar, que los procesos de depuración son eso, procesos continuos, permanentes y profundos, y no simples acciones espectaculares mediáticas de uno o dos años. Además, que los procesos de depuración son de arriba hacia abajo. Si no se hace una limpieza generacional va ser difícil que la Policía pueda cumplir con sus funciones más elementales de proteger y servir a la población.

RP. ¿Quiénes son los responsables de este fracaso?

VM. Los jefes de la Policía, comenzando por el gobernante del país que es el jefe en última instancia, y luego toda esa cúpula policial incluyendo al señor Ministro de Seguridad (Julián Pacheco Tinoco) cuya figura desapareció del ambiente público desde hace ya muchos meses.

RP.  Un Secretario de Seguridad mencionado en las Cortes de Nueva York.

VM. Pues sí, es mencionado como el nombre de muchos otros, han sonado nombres de muchos políticos, funcionarios actuales y pasados, y por supuesto de policías y militares, pero claro que la simple mención de sus nombres todavía no significa un enjuiciamiento en forma y fondo, pero esas cosas no se pueden descartar.

RP. ¿Qué propuso usted y otros dos hondureños más dos extranjeros que integraron la desaparecida Comisión de Reforma a la Seguridad Pública?

VM. Los cinco comenzamos a trabajar, y en los primeros 5 meses presentamos siete propuestas que le fueron entregadas al presidente de entonces, Porfirio Lobo Sosa, le fueron entregadas en presencia de todo el cuerpo diplomático acreditado a Honduras. El presidente “Pepe” Lobo solicitó la opinión de los abogados que los asistían. Posteriormente elaboramos seis propuestas más. En total se le presentaron 13 propuestas al gobierno en menos de año y medio, esas propuestas también se le presentaron al Congreso Nacional.

RP. ¿Por qué no las discutieron cree usted?

VM. Porque esas propuestas apuntaban a cambiar las relaciones de poder en la selección y elección de mandos importantes de la estructura gubernamental como los Magistrados de la Corte Suprema, el Comisionado de los Derechos Humanos, los Magistrados del Tribunal Electoral, de tal manera que proponíamos despolitizar partidariamente los procedimientos de selección y elección de esos altos cargos. En otras palabras, era quitar poder a los diputados para que dejarán de negociar y regatear el valor y las tarifas de sus votos para elegir a estas personas.

RP. ¿Y cuál fue la solución que le dieron a la seguridad pública?

VM. La voluntad del mandatario, del jefe del Congreso en ese entonces y hoy gobernante ilegal de la República, Juan Orlando Hernández, consideró que eran los militares los llamados a mantener el orden público, con las consecuencias que ya todos conocemos en materia de Derechos Humanos y en casos como el de Keyla Martínez, víctima de una acción criminal.

RP. ¿Cuál era objetivo de JOH al militarizar la seguridad pública?

VM. Esto forma parte de un plan más amplio y más ambicioso que se concreta en desarticular el sistema normativo de la República para sustituirlo por un ordenamiento legal disperso, casuístico que permita la concentración del poder en manos del presidente de la República y en desmedro de los otros poderes del Estado. Esta concentración de poder permite estructurar un sistema de presidencialismos a ultranza que, entre otras cosas, se traduce en la desarticulación de las instituciones y en el desarme doctrinario del Estado Republicano.

RP. ¿Espera usted que un próximo gobierno tome en cuenta las propuestas que ustedes hicieron?

VM. Yo aconsejaría reconsiderar algunas de las recomendaciones que están contenidas en esas propuestas, posiblemente someterlas a un proceso de afinamiento, de actualización histórica, el mundo es cambiante, pero sí es necesario ir a la Policía con un espíritu renovador. Puede haber una depuración sin reforma policial, que es lo que hemos tenido, pero no puede haber una reforma policial sin depuración profunda.

RP. ¿Estaría JOH interesado en seguir en el poder?

VM. El poder generalmente opera como una droga, y hay muchas personas que se enamoran de tal forma del poder que no conciben la vida sin estar sin él. Hay personas para la cuales el poder es como el agua de las peceras, porque una vez fueras de ella, el pez muere. Pero el problema no es ése, el problema es sí puede hacerlo, si están las condiciones actuales, nacionales, internacionales para que el gobernante pueda lograr prolongar su presencia ilegal en Casa Presidencial, yo, sin sucumbir al optimismo fácil, debo decir que las condiciones actuales no son nada favorables. Solamente le queda el apoyo de los militares, pero las bayonetas, como decía Napoleón, sirven para muchas cosas menos para sentarse en ellas.

Concentración y corrupción con las vacunas

Rebelión

Por Julio C. Gambina *

La pandemia del COVID19 muestra las miserias de nuestro tiempo, donde la desigualdad creciente es la cara más visible. Es una señal de que a todos no impacta por igual, ya que el cierre de empresas y por ende de la actividad económica significa pérdidas de empleos y reducción de ingresos populares, pero al mismo tiempo abundan informes de mejoras en la rentabilidad de algunos sectores económicos, entre otros, los laboratorios farmacéuticos.

Estos constituyen parte esencial de una dinámica en ascenso por la privatización de la actividad económica en general y de la salud en particular. Si bien se sustentan en estudios financiados por entes públicos, caso de las Universidades e Institutos especializados, la producción queda a cargo del sector privado. Así, las ganancias son apropiadas por las empresas transnacionales farmacéuticas que distribuyen sus dividendos entre los accionistas. El Estado capitalista es la base de sustento del capital privado, algo muy evidente en tiempos de pandemia y una crisis precedente que se potencia con las incertidumbres de la situación sanitaria.

La gran esperanza contra la incertidumbre eran las vacunas, con el objetivo de inmunizar a la mayor parte de la población. Los laboratorios aceleraron los tiempos de investigación y desarrollo generando optimismo, rápidamente negado por la concentración del acopio de las dosis entre los principales países del capitalismo mundial. Una agencia de noticias señala:  

“La desigualdad en la distribución de las vacunas contra el Covid-19 es un hecho del que vienen alarmando tanto organizaciones sociales como la Organización de Naciones Unidas, que hace unos días denunció que diez países habían acaparado el 75 % de las dosis de los antídotos a nivel mundial. Pero sumado al desigual reparto de las inyecciones, se encuentran diversas irregularidades en el proceso de vacunación, cada vez más notorias en la región.”[1]

Lo curioso es que la pandemia es mundial y si no se logra el efecto de la inmunidad global, el propio acaparamiento de las dosis posterga un tratamiento que también afectará a los poderosos países que acumulan vacunas.

A continuación, en la nota se informa sobre las “irregularidades”, verdaderos casos de corrupción en varios países, con especial atención en lo acontecido en la región latinoamericana. Se lee:

“En América Latina, una de las regiones del mundo con mayores desigualdades sociales, ya son tres países señalados por escándalos en los procesos de vacunación que atañen tanto a políticos como a personalidades públicas.

Se trata de Perú, con el ya renombrado escándalo del ‘Vacunagate’; Argentina, con la llamada ‘vacunación VIP’ y Chile, líder en las campañas de vacunación. Las tres naciones han destapado escándalos de corrupción en sus procesos de inmunización.”

La concentración económica y por ende la apropiación de las ganancias en condiciones de crisis sanitaria, junto a la afirmación de una lógica desigual del poder de cada Estado del capitalismo mundial hace evidente las inequidades que construye el capitalismo. Grandes conglomerados económicos, los laboratorios farmacéuticos que concentran y lucran con la enfermedad, amparados y sustentados por el peso económico y político de sus Estados nacionales. Estos Estados reafirman el poder de la dominación internacional. Los laboratorios producen en el marco de la mundialización y se sustentan en facilidades y subsidios que otorga el poderío de los principales países del capitalismo desarrollado y los organismos internacionales que alientan la liberalización de la economía mundial.

De ese modo se potencia la asimetría entre capitales privados, según su histórica acumulación y entre países con distinto nivel de desarrollo relativo, confirmando las tesis de la dependencia de unos capitales sobre otros y de unos países respectos de los más poderosos.

Por eso, resulta de interés discutir la posibilidad de encarar procesos de producción y circulación, en este caso de vacunas, en contra y más allá de la dominación de las corporaciones transnacionales y los países hegemónicos.

¿Es ello una utopía?

De ningún modo. Si observamos la respuesta que en particular está desarrollando Cuba, que, en condiciones de bloqueo prolongado por medio siglo desde EEUU, ha desplegado un sistema de ciencia y técnica y de producción de vacunas que la coloca a la vanguardia en la región y en disputa con la tecnología de avanzada en todo el planeta.

La experiencia de Cuba podría potenciarse con la capacidad técnico profesional desarrollada en varios países de la región y del mundo, lo que supone un aliento a la integración no subordinada.

Esta modalidad de la integración tiene antecedentes en cierta institucionalidad promovida no hace mucho en la región, precisamente cuando se experimentaron procesos de gobiernos de fuerte crítica a las políticas hegemónicos de corte neoliberal en las primeras dos décadas del siglo XXI.

Fueron tiempos en donde se desplegaron novedades institucionales como la CELAC, la UNASUR, el ALBA-TCP. Junto a ello, de desarrollaron iniciativas que mantienen hoy su impronta como programas a desarrollar, especialmente la idea de una “nueva arquitectura financiera”, o proyectos de articulación productiva en materia de alimentos o energía, propendiendo a objeticos de soberanía alimentaria, energética o financiera.

Por ende, no debe sorprendernos la concentración económica, o la corrupción, no solo privativas respecto de las vacunas. Se trata de una cuestión esencial, funcional a la lógica capitalista de la ganancia, del individualismo y el sálvese quien pueda.

La objeción a la situación desigual y a las tensiones en torno a la incertidumbre por la pandemia y la indignación que supone el privilegio de sectores cercanos a las esferas de nuestros gobiernos requiere una impugnación de fondo al orden capitalista.

Nota:

[1] France 24 del 21/02/2021, en: https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210220-america-latina-desigualdad-vacunacion-escandalos

* Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

La narrativa aglutinante de un imperio

Rebelión

Por Jorge Majfud

"Bandera imperialista" sugerida por Mark Twain. Artista: Alexander Abelard

Uno de los escritores y críticos más relevantes de la historia de Estados Unidos, Mark Twain, no sólo fue prolífico en sus denuncias contra el imperialismo de su país, sino que, junto con otros destacados intelectuales de la época, en 1898 fundó la Liga Antiimperialista, la que tuvo sede en una decena de estados hasta los años veinte, cuando comenzó la caza de antiamericanos, según la definición de los fanáticos y mayordomos que siempre se amontonan del lado del poder político, económico y social.

Para estos secuestradores de países, antiamericano es todo aquel que busca verdades inconvenientes, enterradas con sus víctimas, y se atreve a decirlas. Hasta el día de hoy han existido estadounidenses y extranjeros de probada preparación intelectual y valor moral que han continuado esa tradición de resistencia a la arbitrariedad, a la brutalidad de la fuerza y a la narrativa del más fuerte, a pesar de los peligros que siempre acarrea decir la verdad sin edulcorantes. Este fanatismo ha llegado a la desfachatez de algunos inmigrantes nacionalizados que acusan a aquellos ciudadanos nacidos en el país de no ser lo suficientemente americanos, como supuestamente son ellos cuando van a la playa con pantalones cortos estampados con la bandera de su nuevo país, el símbolo de los ganadores.

Pero si la gente de la cultura, del arte y de las ciencias está de un lado, es necesario mirar al lado opuesto para saber dónde está el poder y sus mayordomos. En noviembre de 1979, la futura asesora de Ronald Reagan, Jeane Kirkpatrick, promotora de la asistencia a las dictaduras militares, los Contras y los escuadrones de la muerte en América Latina, había publicado en la revista Commentary Magazine una idea enraizada en el subconsciente colectivo: “Si los líderes revolucionarios describen a los Estados Unidos como el flagelo del siglo XX, como el enemigo de los amantes de la libertad, como una fuerza imperialista, racista, colonialista, genocida y guerrera, entonces no son auténticos demócratas, no son amigos; se definen como enemigos y deben ser tratados como enemigos”.

Este es el concepto de democracia de la mentalidad imperialista y de sus servidores que detestan que los llamen imperialistas y que tiene, por lo menos, 245 años. ¿Cómo se explica esta contradicción histórica? No es muy difícil. Estados Unidos posee una doble personalidad, representada en el héroe enmascarado y con dos identidades, omnipresente en su cultura popular (Superman, Batman, Hulk, etc.). Es la creación de dos realidades radicalmente opuestas.

Por un lado, están los ideales de los llamados Padres Fundadores, los cuales imaginaron una nueva nación basada en las ideas y lecturas de moda de la elite intelectual de la época, las ideas del humanismo y la Ilustración que también explotaron en Francia en 1789, el mismo año en que entró en vigor la constitución de Estados Unidos: liberté, égalité, fraternité. La mayoría de los fundadores, como Benjamín Franklin, era francófila. Diferente al resto de la población anglosajona, Washington solo iba a la iglesia por obligación social y política. El más radical del grupo, el inglés rebelde Thomas Paine, el principal instigador de la Revolución americana contra el rey George III, la monarquía y la aristocracia europea, era un racionalista y látigo de las religiones establecidas. El padre intelectual de la democracia estadounidense, Thomas Jefferson, había aceptado la ciudadanía francesa antes de convertirse en el tercer presidente y sus libros fueron prohibidos por ateo. No era ateo, pero era un intelectual francófilo, secularista y progresista en muchos aspectos. Pero también era un hijo de la realidad opuesta: al tiempo que promovía ideas como que todos los seres humanos nacemos iguales y tenemos los mismos derechos, Jefferson y todos los demás Padres Fundadores eran profundamente racistas y tenían esclavos que nunca liberaron, incluidas las madres de sus hijos.

Aquí la otra personalidad de Estados Unidos, la que necesita de la máscara para convertirse en el superhéroe: se formó con los primeros peregrinos, los primeros esclavistas y continúa hoy, pasando por cada una de las olas expansionistas: una mentalidad antiluminista, conservadora, ultrareligiosa, practicante de la autovictimización (justificación de toda violencia expansionista) y, sobre todo, moldeada en la idea de superioridad racial, religiosa y cultural que confiere a sus sujetos derechos especiales sobre los otros pueblos que deben ser controlados por el bien de un pueblo excepcional y con un destino manifiesto, para el cual cualquier mezcla será atribuida al demonio o a la corrupción evolutiva, al mismo tiempo que celebra “el crisol de razas”, la libertad y la democracia.

Estados Unidos es el gigante producto de esta contradicción traumática, la que conservará siempre desde su fundación y los sufrirán “los otros”, desde los indios que salvaron del hambre a los primeros peregrinos y los que fueron exterminados para expandir la libertad del hombre blanco, hasta las más recientes democracias destrozadas en nombre de la libertad. Todo lo cual ha llevado a que, como ningún otro país del mundo moderno, Estados Unidos nunca haya conocido un lustro sin guerras desde su fundación. Todo por culpa de los demás, de los otros que nos tienen envidia y nos quieren atacar, con el resultado estimado de millones de muertos debidos a esta tradición de guerras perpetuas “de defensa” en suelo extranjero.

(continúa)

*Fragmento de la introducción del libro La frontera salvaje. 200 años de fanatismo anglosajón en América Latina, de Jorge Majfud, a publicarse este año.

Imagen de portada: Bandera diseñada según este comentario sarcástico de Mark Twain luego de la ocupación militar de las Filipinas: «Sobre la bandera para la provincia de Filipinas, hay una solución rápida. Así como cada estado tiene una, esta sería igual a la bandera del país, pero con las franjas blancas pintadas de negro y en lugar de las estrellas, calaveras».

Asesinatos por violencia de género y pandemia: 2020

Miguelorenteautopsia.wordpress.com

Por Miguel Lorente Acosta 

Sobre análisis de los datos durante el confinamiento relacionados con la violencia de género

Al comienzo del confinamiento, en un artículo publicado el día 16-3-20 y titulado “Confinamiento y violencia”, alertamos del incremento del riesgo que suponía dejar a las mujeres que sufren violencia de género en el lugar donde ésta se lleva acabo, y cómo esta situación se podía traducir en un aumento de la violencia de género en todas sus formas, en una elevación del control por la distancia de las mujeres a sus fuentes de apoyo externo, unido a la dificultad para salir de la relación y para denunciar, junto a un aumento de la percepción de impunidad por parte de los agresores; y cómo todo ello se traducía en un incremento del riesgo de nuevas agresiones y de letalidad. 

El confinamiento, decíamos, no tenía por qué acompañarse de un aumento de la violencia en sus expresiones más graves, puesto que éste facilitaba la consecución del objetivo principal que buscan los agresores a través de la violencia, que es el control de la mujer y su sometimiento a los dictados que imponen, y permite ejercer la violencia sin necesidad de recurrir a un grado de fuerza elevado. Sin embargo, el incremento del riesgo sí podía dar lugar a un aumento de los homicidios cuando se modificarán dichas circunstancias, y bajara la percepción de control sobre las mujeres. 

El reflejo del escenario definido por la pandemia se observa de forma muy directa durante los meses de confinamiento. Por un lado, lo hace en su impacto en las llamadas al 016 durante el segundo trimestre, con un incremento del 49’6% hasta alcanzar las 25.352 llamadas, el número más alto de toda la serie histórica. Y por otro, en el descenso de las denuncias, con una disminución del 14’6% en el segundo trimestre, tal y como recogen los datos del CGPJ. La situación es clara: más violencia y menos denuncias, lo cual se traduce en un mayor impacto en la salud de las mujeres, niños y niñas, y más riesgo.

Todo este contexto, además, venía potenciado por el incremento de la violencia durante los últimos años. Concretamente, desde 2016, con 49 homicidios, se había producido un aumento progresivo del número de homicidios anuales hasta los 55 de 2019. Una situación que continuaba en 2020, puesto que en sus tres primeros meses, es decir, en el periodo previo al confinamiento, se habían cometido dos homicidios más respecto a esos mismos meses en 2019. De enero a marzo de 2019 asesinaron a 15 mujeres y en los mismos meses de 2020 el número de mujeres asesinadas ha sido 17. 

Durante el confinamiento, que se prolongó en su última fase de desescalada hasta el 21 de junio, se produjeron 4 homicidios, mientras que, en los meses de abril, mayo y junio de 2019 los hombres que asesinaron a sus parejas o exparejas fueron 15, o sea, durante el confinamiento el número de homicidios ha descendido en 11 casos, un 73,3 %. La situación se ha mantenido durante el primer mes sin confinamiento, julio, en el que los homicidios han venido influidos por las circunstancias derivadas de la restricción de la movilidad y el impacto en la situación económica, con 4 homicidios en 2020 respecto a los 10 que se produjeron en julio de 2019. 

Sin embargo, en agosto, una vez alcanzada la “normalidad”, los homicidios en 2020 han sido 8, mientras que el año pasado en ese mismo mes los homicidios llevados a cabo fueron tres. Los 8 homicidios de agosto en 2020 en términos de incremento, cuando se compara con la media de homicidios cometidos en los cuatro meses previos, suponen un incremento del 100%, mientras que la media de incremento de homicidios en agosto respecto a los meses previos es del 27’1%

A partir de septiembre el número de homicidios ha sido similar en 2020 y 2019, con un número total de 12 homicidios. Esta situación coincide el inicio de la segunda ola de la pandemia y con la crisis en el mercado laboral, en el que se aprecia de nuevo un aumento del paro femenino. 

Los datos indican la relación entre confinamiento, limitación de la movilidad y el aumento de la violencia junto al incremento del riesgo. Y cómo la restricción de la movilidad se ha traducido en un mayor control y en una disminución del 73,3 % de los homicidios. Pero en cuanto la situación se ha modificado y se ha acercado a la “normalidad” previa, el riesgo acumulado ha hecho que aumenten los homicidios, pasando en un mes de 3 en 2019 a 8 en 2020.

La continuidad de la pandemia con su impacto social y económico mantiene la limitación de la movilidad, disminuye las oportunidades para salir de la relación violenta e iniciar una nueva vida, y dificulta la interposición de denuncias, y estas circunstancias se traducen en menos casos de violencia física clínicamente grave y en un menor número de homicidios. Pero la violencia de género no cesa porque los agresores siguen ahí. Continúa presente y el riesgo persiste y se acumula conforme pasan los días, por lo que al margen de la violencia que están sufriendo mujeres niñas y niños, también aumenta la probabilidad de que produzcan agresiones graves y homicidios. 

Estas circunstancias indican que, tal y como indicábamos hace un año, deben ponerse en marcha acciones proactivas que faciliten la detección de los casos, y la articulación de medidas y políticas que eviten que la “nueva normalidad” sea la “normalidad de siempre”, pues en ella se concentrarán las circunstancias de antes con toda su violencia, y las circunstancias de ahora con todo el riesgo acumulado que suponen. Y si esto es así, se traducirá en más agresiones graves y homicidios, como hemos visto en 2020 al finalizar el confinamiento y recuperar parte de la “normalidad”.

Mujeres narran el terror vivido a manos de policías en Intibucá

Radio Progreso

Después de conocer el crimen de Keyla Martínez, asesinada en sede policial de La Esperanza, Intibucá, Radio Progreso ha tenido acceso a testimonios de mujeres que relatan haber ser sido detenidas, violentadas y amenazadas por los mismos policías acusados de asesinar a la enfermera.

Este asesinato vino a develar la violencia y abuso de autoridad que ejerce los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, contra las mujeres, especialmente en comunidades indígenas. Denuncias que no pueden desligarse del caso Keyla y de una serie de crímenes cometidos por los uniformados.

Una de las víctimas, ahora en el exilio junto a su amiga, contó que el 06 de enero de 2021 se conducían en su vehículo cuando fueron interceptadas por una patrulla de la policía en la ciudad de La Esperanza. La excusa era revisar los documentos del carro, pero el jefe del operativo propuso registrar el cuerpo de las mujeres para verificar si portaban armas o drogas.

Ellas se rehusaron solicitando que fueran agentes mujeres las que hicieran la revisión. Cuando fueron requisadas se les dijo que se podían ir, sin embargo, el jefe dijo que no, que estaban detenidas. Por considerar que era injusta la detención, las mujeres comenzaron a oponer resistencia, pero fueron arrastradas hasta una patrulla a base de golpes y gas lacrimógeno.

“Estando en la patrulla nos lanzaron más gas. Mi amiga andaba 10 mil lempiras y se lo robaron”, dijo una de las víctimas asegurando que en la posta les negaron una llamada telefónica y les dijeron que no existía el dinero. El dinero fue decomisado por una agente apellido Suazo y según la víctima era para pagar la compra de un fardo de ropa usada porque a eso se dedicaba.

Cuando fueron llevadas a la celda unos policías que andaban de civil comenzaron a celebrar que había llegado “mercancía nueva”, haciendo referencia a las mujeres. “Nos trataron mal, nos insultaron y los policías que estaban de guardia nos enseñaban una navaja amenazándonos. Uno de ellos cargaba un sobrecito blanco”, detalló.

En la madrugada un sujeto de camisa rayada en rojo y blanco se acercó a la celda donde se encontraban las mujeres.  En un primer instante pensaron que era un abogado o defensor público. “Nos pidió nuestros datos personales, pero con burla dijo que ya nos mandaban, y que, iba a entrar a la celda para calentarnos”. Les amenazó con violar, pero ellas se opusieron con todas sus fuerzas a pesar de estar golpeadas y afectadas por el gas lacrimógeno.  

Las mujeres no entendían porque tanta violencia. Sin poder comunicarse con sus familiares pasaron horas de agonía dentro de la celda. “Yo suplicaba que no me golpearan, pero más fuertes eran los golpes, hasta sangre tenía en el cuerpo”, dijo la otra víctima contando que algunos policías se paseaban semidesnudos frente a ellas diciendo palabras obscenas. Cuando fueron puestas en libertad les advirtieron que no podían denunciar lo sucedido, de lo contrario las iban a matar.

A pesar del temor interpusieron la denuncia, pero eso desató que la policía les montara vigilancia. “Hombres encapuchados se estacionaban frente a mi casa y nos mandaban mensajes de amenazas.  El día que nos tocó ir a los juzgados una mujer policía nos grabó con su celular e inmediatamente llegó una de las patrullas que nos detuvo. Nos dijeron que nos iban a devolver 7 mil de los 10 mil lempiras a cambio de retirar la denuncia”, contó una de las víctimas.

Aunque las organizaciones de mujeres no precisan el dato, aseguran que, en el departamento de Intibucá hay mujeres que intentan denunciar esas agresiones, pero lejos de recibir justicia son víctimas de amenazas a muerte y desplazamiento forzado. Otras guardan silencio y sobreviven en la oscuridad. Las dos mujeres tuvieron que abandonar el país por las constantes amenazas.

Pude ser yo la asesinada, relata joven víctima de la policía.

Cuando en diciembre de 2020 el Gobierno flexibilizó las medidas de circulación, Carol fue a ver a su novio jugar fútbol al coliseo de la ciudad de La Esperanza, Intibucá sin imaginar que iba a ser capturada y golpeada por agentes policiales sin justificación alguna.

Varios agentes de la policía a bordo de dos patrullas esperaban el final del partido para revisar las mochilas de los jóvenes – amigos de Carol- quienes se disponían a regresar a casa. “Cuando nos detuvieron comenzaron a insultarnos y a mí me empujaron contra una pared. Eso me molestó y les dije que era abuso de autoridad”, relató la joven.

Carol tiene apenas 19 años de edad. Es estudiante de trabajo social en la universidad pública. Vive en un barrio céntrico de La     Esperanza junto a su madre y dos hermanas. Durante las protestas en demanda de mejoramiento a la educación y salud en Honduras, su hermana mayor, Maribel, fue detenida y su rostro quemado por una bomba lacrimógena. Hecho violento que marcó la vida de su familia generando desconfianza y temor hacia las fuerzas de seguridad del Estado.

Una policía la agarró por el pelo y lanzó al suelo para someterla. Como la joven se resistía fue tomada por el cuello provocándole asfixia y dejándole claras marcas de violencia. “Ya no podía respirar. Recuerdo que yo trataba de pedir ayuda con mis manos, pero cada vez era más difícil”, dijo.

Fue traslada a la posta policial para vivir con mayor intensidad el acoso y violencia policial. Su novio y amigos provocaron que los vecinos y vecinas del barrio se plantaran frente a la posta exigiendo su libertad.

Maribel cuenta que rompió en llanto al escuchar los medios de comunicación informar sobre el asesinato de Keyla “Sino nos hubiéramos plantado frente a la posta, hoy sería yo la que llorara a su hermanita muerta”, dijo alzando la voz para contar la historia y clamar justicia, porque están convencidas que solo la aplicación de justicia puede evitar que más mujeres sean víctimas de la policía.

En Honduras estas detenciones violentas por parte de la policía en Intibucá tienen un patrón común; mujeres jóvenes, que en algunos casos se encontraban acompañadas de hombres, quienes son dejados en libertad, mientras ellas son encarceladas. Así lo comprueba el caso de Keyla y el doctor que la acompañaba la noche de su asesinato.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región aseguran que hay casos de mujeres desaparecidas, que habrían salido de sus comunidades en busca de trabajo a la ciudad, pero que sus familiares desconocen su paradero. También hay una violencia sistemática provocada por la policía y el ejercito que, según testimonios de las víctimas podría corresponder al delito de trata de personas.

Hasta el momento no hay ninguna persona condenada por estas agresiones. Incluso el caso de Keyla que ha sido mediático se encuentra en la impunidad, a pesar de que existe una prueba científica que, valga la aclaración es irrefutable, es decir que, en un juicio, aunque la defensa de los policías haga sus apreciaciones es muy difícil que pueda sea desmentida, porque esas pruebas son determinantes y no se pueden cambiar o manipular, especialmente cuando han sido practicadas por Medicina Forense que es un ente del Estado.  El Ministerio Público sigue sin librar requerimiento fiscal cuando existe suficiente capacidad probatoria.

Con irregularidades la minera Los Pinares obtuvo concesión

Radio Progreso

Integrantes del Comité Ambientalista interponiendo la denuncia ante el Ministerio Público.

Por considerar que favorecieron a la empresa minera Inversiones Los Pinares, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, denunció, ante la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, a funcionarios de la secretaría MiAmbiente y la Alcaldía Municipal de Tocoa que dirige Adán Fúnez.

Según la denuncia, los funcionarios municipales y de MiAmbiente habrían cometido el delito de Abuso de Funciones en Perjuicio de la Administración Pública y la Fe Pública, por la prórroga ilegal de una licencia operativa por 12 meses a favor Inversiones Ecotek (Los Pinares) por parte de MiAmbiente, violentando el artículo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

De acuerdo al Comité Municipal en Defensa los Bienes Comunes, la segunda irregularidad la cometió la secretaria municipal de Tocoa, Norma Agripina García, al adulterar el acta 083-2016 de Cabildo Abierto, con el propósito de acreditar que ECOTEK-Los Pinares socializó el proyecto “Planta Peletizadora de Hierro”, “el cual nuca se hizo”.

“Hay semejantes actos de corrupción por parte de la municipalidad, el señor Adán Fúnez está incluido haciéndole favoritismo a esta empresa Inversiones Los Pinares arreglando documentos; le demostramos que hay dos actas el mismo día, en la original dice una cosa y que adulteraron la otra”, asegura Reynaldo Domínguez del Comité Municipal de los Bienes Comunes.

Por su parte, Juan López, coordinador del Comité Municipal de los Bienes Comunes, manifiesta que esperan que en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción “vaya a MiAmbiente y recoja el expediente de estos proyectos, vaya a la municipalidad de Tocoa y revise todo toda la documentación respectiva y deduzca todas las responsabilidades administrativas y penales que implica para funcionarios públicos”.

López indica que la Fiscalía además debe investigar en el Congreso Nacional, porque en el año 2013 “los diputados torcieron la ley para dar paso a este tipo de los delitos”.

En una nota de prensa, tras presentar la denuncia ante la Fiscalía, el Comité señaló que el saldo dejado por el “binomio Actos de Corrupción en la Administración Pública y Práctica Fraudulenta Empresarial” ha sido sufrimiento, angustias, muerte y cárcel a las comunidades que exige respeto y garantía al derecho a la Consulta Ciudadana.

Libertad para defensores del río Guapinol

A más de un año de prisión preventiva, las comunidades aledañas al Parque Nacional Escaleras y al Río Guapinol, donde su ubica el proyecto minero Inversiones Los Pinares, y los familiares siguen exigiendo la libertad de los ocho ambientalistas que han sido criminalizados por la defensa del agua y vida.

Doña Juana Hernández, madre de Orbin Naún, uno de los ocho defensores del Río Guapinol, demanda del Ministerio Público investigación en la concesión otorgada a Inversiones Los Pinares y exige la libertad de los ambientalistas: “si ellos debieran algo no se hubieran presentado, están pagando lo que no deben, uno debe de actuar con justicia y por eso le exigimos al Ministerio Público”.

“Me hace gran falta, se me quita el sueño de noche, a veces ni me da hambre, vivimos muy tristes; él era el que nos daba alimento, nos daba medicinas, él es bien portado, nos hace falta tenerlo en la casa”, expresa doña Juana, al recordar que Orbin cumplió 17 meses de encarcelamiento.

Orbin, al igual que el resto de los ambientalistas privados de libertad, son acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad, tras oponerse al funcionamiento de la mina de óxido de hierro sobre el Parque Carlos Escalares, proyecto extractivista de los empresarios Lennir Pérez y Ana Facussé.

En 2018, después que Inversiones Los Pinares pusiera en marcha los trabajos de construcción de una carretera para acceder al Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos, el agua del Río Guapinol se enfangó y dejó de ser utilizable para la comunidad que lleva el mismo nombre, recuerda el sitio web “Defensores del Agua del Guapinol”, en el cual se han iniciado una campaña global para exigir la libertad de los ambientalistas.

Agregan que los cargos presentados contra los ocho activistas, que se encuentran en prisión preventiva desde septiembre de 2019, y otros integrantes del Comité Municipal de los Bienes Comunes, están relacionados con incidentes que se produjeron en el marco del campamento que se instaló para bloquear los trabajos de la minera; dicho campamento duró dos meses hasta que fue desalojado violentamente.

La coordinadora del Comité Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, comenta que es necesario que la población logre sentir “lo que están sintiendo las comunidades, específicamente la comunidad de Guapinol; es increíble que ver que esta gente está llena de alegría, está llena de esperanza pese a que su militancia la han querido desarticular poniéndola presa”.

Demandas globales a favor de los defensores del Río Guapinol:

1. Que ponga en libertad a los defensores del agua de Guapinol, encarcelados desde hace 16 meses y pendientes de juicio.
2. Que retire los cargos contra todas las personas defensoras del agua del municipio de Tocoa.
3. Que garantice la protección y la integridad física de las personas que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón.
4. Que respete la decisión de la Cumbre Municipal del Agua y el Cabildo Abierto Municipal como espacio de consulta donde se declaró el municipio libre de minería, con una oposición clara a las concesiones mineras de Inversiones Los Pinares y Ecotek.
5. Que garantice el derecho a las expresiones legítimas y democráticas de oposición a los proyectos que pueden afectar a los entornos y recursos naturales de las comunidades.

Paujiles logra sobreseimiento definitivo para 13 luchadores y luchadoras

Radio Progreso

Campamento instalado para la defensa del río Mezapa.

Después de tres años de criminalización, los pobladores y pobladoras de la comunidad de Paujiles, ubicada en Tela, Atlántida arañaron justicia en medio de todo el contexto de persecución e impunidad que impera en Honduras.

Paujiles es una comunidad que desde hace más de 5 años lucha en defensa del río Mezapa, su principal fuente agua, y lugar donde el empresario progreseño, Jason Hawit ha querido construir la represa hidroeléctrica Centrales El Progreso “Hidrocep”, cuya capacidad de generación sería de 1.2 MW, lo suficiente para iluminar un poco más de dos mil viviendas.

El abogado Víctor Fernández del equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), explica que dieron las batallas haciendo todo lo que tenían a su alcance, y finalmente el caso pasó al Tribunal de Sentencia. Se presentó una petición formal orientada a que se aplicara el nuevo Código Penal a la causa de Paujiles.

Esta acción se denomina “Excepción por falta de acción”, que indica que el proceso judicial no debe seguirse, porque en el mismo Código Penal la figura de “Usurpación por detentación de un espacio público”, dejó de ser delito, por lo que no tenía sentido continuar el juicio.

Fernández detalla que el Juzgado decidió resolver de oficio por iniciativa propia, en función del criterio anteriormente descrito, y que tiene que ver con que el comportamiento de los luchadores no constituye delito alguno.

“La historia le ha dado la razón a la gente. Cerramos esta fase de este grupo de compañeros y compañeras criminalizadas, seguimos la fase central de la defensa del territorio y consolidación de un proceso de soberanía comunitaria, que implica el impulso de un modelo de desarrollo distinto al modelo extractivo que, destruye la naturaleza, la vida y el tejido social en los territorios”, comenta.

Ejemplo de organización

En el atlántico hondureño, Paujiles ha sido ejemplo de los procesos organizativos que pueden liderar las comunidades en defensa de los territorios. Su lucha obligó a que las autoridades municipales en Tela declararan en 2018, al municipio libre de proyectos extractivistas (hidroeléctricas, térmicas y mineras), a pesar del control que los empresarios en complicidad con políticos corruptos tienen de la justicia en el país.

La lucha organizada y la resistencia pacífica de las comunidades dan frutos positivos. Son trece los luchadores y luchadoras que la semana pasada recibieron su notificación exonerándolos de las acusaciones interpuestas en agosto de 2017, por representantes de HIDROCEP.

Oscar Martínez es una de las personas que fue perseguida por la justicia hondureña. Él junto a su familia han sido parte fundamental en la lucha por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza en Paujiles. Martínez es delegado de la palabra de Dios y junto a su esposa, María Angélica Recinos, fueron criminalizados.

Sin embargo, ni los constantes ataques con bombas lacrimógenas, los desalojos al campamento y las innumerables amenazas que recibieron, les limitó a seguir defendiendo su querido río Mezapa.

El luchador manifestó a Radio Progreso sentirse contento y agradecido con Dios al recibir la noticia del sobreseimiento definitivo. “Nos tomó por sorpresa porque estábamos a la expectativa de que en cualquier momento nos llamarían a la audiencia para continuar con el juicio, puesto que se había suspendido desde el 2020 a raíz de la pandemia”, señala.

Martínez contó que fue un proceso tormentoso para todos sus compañeros y compañeras, en el sentido que nunca habían tenido una experiencia de criminalización por defender lo que les pertenece.

“Nosotros en vez de sentirnos atemorizados, nos sentimos con fuerza para continuar en el proceso de lucha. Tenemos claro que la criminalización es una de las artimañas del Estado y las empresas extractivas para evitar que la gente continúe en la defensa de los bienes comunes. Por lo que seguimos el proceso de organización”, dijo.

Lucha sostenida

Víctor Fernández cree que el modelo de resistencia que instaló Paujiles es un modelo extremo y radicalizado; en el sentido de defender a fondos los derechos, a pesar de exponerlo todo.

Pero fundamentalmente cree que, el proceso de Paujiles es interesante por su continuidad y permanencia. Pues se ha sostenido desde que inició, las 24 horas del día, con colectivos y alianzas nacionales e internacionales.

“Esa lucha tiene resoluciones de los mismos sistemas de justicia que favorecen a los sistemas capitalistas. De alguna manera las demás luchas territoriales en el país deberían tomar algunas características de Paujiles. “Creo que hay un proceso de autonomía interesante. El proyecto de la empresa no va a funcionar nunca y los derechos humanos se van a respetar. En Paujiles en algún momento vamos a crecer en un ejercicio de soberanía en el que ese río se proteja de manera perfecta, profunda y con una participación comunitaria”, concluye Víctor Fernández. 

Entre los luchadores y luchadoras que fueron absueltos por la justicia hondureña, se encuentran: María Angélica Recinos, Arnaldo Castro Ríos, José Lucas Mejía, Santos Murcia, Pablo Peraza, Oscar Martínez, Andrés Alvarado, Manuel Molina, German Leonel Moreno, Rufino Lara, Juan Echeverría Bonilla, Jesús Hernández y Regino Menjívar.

La pandemia refuerza la miseria de los sectores empobrecidos

Rebelión

Por Sergio Ferrari 

La brecha económica y social, más profunda que nunca

• Los más ricos del mundo se recuperaron en 9 meses
• Los más pobres del planeta, necesitarán 10 años

Mientras los más pobres del mundo necesitarán al menos una década para recuperarse de la crisis actual, los multimillonarios –las mil mayores fortunas del planeta- recuperaron en solo 9 meses sus pérdidas momentáneas.

Así lo sostiene el Informe El virus de la desigualdad publicado este 25 de enero (https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) por la ONG internacional Oxfam. Aparece el mismo día en que el Foro de Davos comienza su edición virtual 2021. Denominado la Agenda de Davos, el Foro Económico Mundial se da cita entre el 25 y el 29 de enero conectando a más de mil participantes, representantes del mundo económico y del poder político.

El informe de Oxfam refuerza, acompaña y fundamenta, también, las múltiples reflexiones que a partir el pasado sábado 23 y hasta el 31 de enero promueve el Foro Social Mundial virtual. Según los organizadores, al 24 de enero, se registraban 7660 inscriptos de 134 países y 660 actividades previstas. En muchas de las cuales el tema central gira en torno al impacto de la pandemia y las alternativas sociales y populares para superarlo.

Oxfam hace parte de la Protesta Global para luchar contra la desigualdad (https://www.fightinequality.org/ ), una alianza internacional que convoca a movilizaciones en diversos países de Asia, África y América Latina en esta última semana de enero.

En su informe se pregunta cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus (https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-de-la-desigualdad) en el cual más de dos millones de personas han perdido la vida, y cientos de millones se están viendo arrastradas a la pobreza. Y anticipa una respuesta global: se ha demostrado que “es posible poner en marcha políticas transformadoras que antes de la crisis eran impensables. No hay vuelta atrás. No podemos volver a donde estábamos. En lugar de ello, la ciudadanía y los gobiernos deben responder a la urgente necesidad de construir un mundo más justo y sostenible”, enfatiza. Con el convencimiento que la acción de los gobiernos es esencial para proteger la salud y los medios de vida, acota.

El diagnóstico pre-crisis, según la ONG, evidencia “la fragilidad colectiva, así como la incapacidad de nuestra economía, profundamente desigual, de beneficiar al conjunto de la sociedad”. Y recuerda, por ejemplo, que, según Forbes, entre marzo y diciembre del 2020, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo (milmillonarias) creció en 540.000 millones de dólares. Se refiera a: Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault (y familia), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page y Mukesh Ambani.

Para la elaboración de El virus de la desigualdad se entrevistaron a 295 economistas de 79 países. El 87 % de ellos comparte esta caracterización de la crisis y de las opciones futuras. Y concuerda con el pronóstico que la desigualdad de ingresos va a seguir creciendo en sus respectivos países a consecuencia de la crisis sanitaria.

La ONG cita a Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, con quien comparte el diagnóstico actual de la civilización humana. “Se ha comparado al COVID-19 con una radiografía que ha revelado fracturas en el frágil esqueleto de las sociedades que hemos construido y que por doquier está sacando a la luz falacias y falsedades: la mentira de que los mercados libres pueden proporcionar asistencia sanitaria para todos; la ficción de que el trabajo de cuidados no remunerado no es trabajo; el engaño de que vivimos en un mundo post-racista; el mito de que todos estamos en el mismo barco. Pues si bien todos flotamos en el mismo mar, está claro que algunos navegan en superyates mientras otros se aferran a desechos flotantes”.

Datos desgarradores

Y la ONG hace su propia descripción del planeta Tierra. Un mundo en el que casi la mitad de la humanidad tiene que sobrevivir con menos de 5,50 dólares al día, en el que, durante 40 años, el 1 % más rico de la población ha duplicado los ingresos de la mitad más pobre de la población mundial y, en el cual el último cuarto de siglo, el 1 % más rico de la población ha generado el doble de emisiones de carbono que el 50 % más pobre, agravando la destrucción provocada por el cambio climático.

Analizando datos esenciales, Oxfam afirma que la pandemia de COVID-19 tiene el potencial de aumentar la desigualdad económica en prácticamente todos los países del mundo al mismo tiempo, realidad hasta ahora desconocida –en cuanto a ese nivel de impacto global- desde hace más de un siglo, cuando se comenzaron a registrar datos esenciales.

El aumento de la desigualdad podría obligar a que se tarde, como mínimo, 14 veces más en reducir la pobreza -hasta el nivel previo a la pandemia- que el tiempo que han tardado las mil personas más ricas del planeta -en su mayoría hombres blancos- en recuperar su riqueza. 

“La recesión ya ha acabado para los más ricos”, afirma Oxfam. Desde el inicio de la pandemia, incluso, la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo ha aumentado en medio billón de dólares, cifra que permitiría financiar sin problema alguna la vacuna universal contra el COVID 19. En paralelo, esta situación sanitaria desencadenó “la peor crisis laboral en más de 90 años, y cientos de millones de personas se encuentran subempleadas o sin trabajo”.

Una vez más las mujeres y los sectores marginalizados pagan los precios más altos de la crisis, afirma la ONG coincidiendo con diversos informes que en los últimos meses han publicado organismos de las Naciones Unidas, como la OIT, FAO, PNUD etc. A nivel mundial, las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos mal remunerados y precarios, que han sido los que más se han visto afectados por la crisis del COVID-19, enfatiza. Las mujeres constituyen aproximadamente el 70 % de la fuerza laboral a nivel mundial en el ámbito de la salud y la atención social, empleos esenciales, pero a menudo mal remunerados que además las exponen a un mayor riesgo de contraer el virus.

En Brasil, por otra parte, las personas afrodescendientes tienen un 40 % más de probabilidades de morir a causa del coronavirus que las personas blancas. En Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, se hubieran podido evitar 22.000 decesos de esos grupos.

Las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas.

Un reciente estudio científico muestra que el impacto del COVID 19 en los barrios más populares de la ciudad suiza de Ginebra -sede principal europea de las Naciones Unidas- es significativamente mayor que en las zonas de población rica de la misma ciudad. El estudio fue dirigido por el doctor Idris Guessous, responsable de uno de los servicios del Hospital ginebrino HUG. (https://lecourrier.ch/2021/01/19/plus-dimpact-dans-les-quartiers-pauvres/ ).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas estima que, a causa de la pandemia, el número de personas en situación de hambre extrema alcanzaría los 270 millones de personas a finales de 2020, lo que supone un incremento del 82 % con respecto a 2019. Con estas cifras, Oxfam calculó que la crisis provocada por la pandemia sería la causa de que murieran de hambre entre 6.000 y 12.000 personas al día a finales de 2020.

Perspectivas

En cuanto al futuro, OXFAM no duda en desarrollar su hipótesis rectora. La clave para lograr una rápida recuperación económica frente a la pandemia es la adopción de modelos económicos más justos.

Y tomar medidas que están a la mano y que solo exigen una clara voluntad política de los Gobiernos. Por ejemplo, la imposición de un impuesto temporal sobre los beneficios excesivos obtenidos por las 32 multinacionales que mayor riqueza han acumulado desde que comenzara la crisis, hubiera permitido en 2020 una recaudación de 104.000 millones de dólares. Cantidad suficiente para financiar prestaciones por desempleo para trabajadores y trabajadoras, así como para proporcionar apoyo económico al conjunto de niños, niñas y personas mayores de los países de renta media y baja.

Oxfam finaliza su informe proponiendo Cinco pasos para conseguir un mundo mejor. Mas igualdad; economías más humanas; libre de explotación y con seguridad de ingresos; donde los más ricos paguen los impuestos que les correspondan de manera justa; y se priorice la seguridad climática.

Y sostiene que la construcción de “nuestro nuevo mundo debe basarse, en primer lugar, en una reducción radical y sostenida de la desigualdad”. Los gobiernos deben establecer metas concretas de reducción de la desigualdad, y sujetas a plazos precisos. El objetivo no debe limitarse a volver a los niveles de desigualdad previos a la crisis, sino que debe ir más allá para construir, con carácter de urgencia, un mundo más justo.

La lucha contra la desigualdad, incluyendo la desigualdad racial y de género, debe ser un elemento central del rescate económico y de las iniciativas de recuperación. Para las personas en situación de pobreza, las mujeres, las personas negras y personas afrodescendientes, los pueblos indígenas y demás comunidades históricamente excluidas y oprimidas de todo el mundo, esto significaría que por fin sus gobiernos darían prioridad a sus necesidades, concluye.