Por Hugo Moldiz Mercado
Lo que han logrado los gobiernos y los pueblos de Venezuela y Ecuador no es poca cosa. En menos de una semana, los primeros se anotaron una victoria política de dimensiones estratégicas en las elecciones legislativas y los segundos desbarataron un plan de desestabilización que hubiese tenido efectos en toda Sudamérica.
América Latina acaba de anotarse dos victorias en menos de una semana. La primera se produjo el 26 de septiembre en Venezuela con la elección de 98 de los 165 miembros de la Asamblea Nacional (AN). La segunda se registró el jueves pasado, cuando una rápida reacción social y la lealtad de las Fuerzas Armadas desbarató un intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Rafael Correa de Ecuador.
Los dos triunfos políticos adquieren importancia, casi de dimensiones estratégicas, ya que se producen en un momento de cierto reflujo de los procesos revolucionarios de Nuestra América debido a problemas de gestión, corrupción, déficit en la eficiencia, grados de separación entre el Estado –en sus distintos niveles- y los movimientos sociales o ciudadanos, imprecisiones estratégicas y dificultades para poner en marcha cambios estructurales desde una perspectiva que supere el capitalismo.
Pero lo que acaba de ocurrir en Venezuela y Ecuador, encubierto y claramente manipulado por la industria mediática al tratar de presentar una “no correspondencia” entre el voto en las urnas y la cantidad de diputados elegidos en el caso del primer país y de esforzarse en mostrar al proyecto golpista como una simple insubordinación policial, de carácter administrativo, en el caso del segundo país, se desarrolla en medio de una contraofensiva de los Estados Unidos y la derecha internacional, cuyo punto de partida hay que situarlo el 28 de junio de 2009 en Honduras, donde el presidente Manuel Zelaya fue expulsado del gobierno y de su país tras ser secuestrado por los militares. El golpe de estado trató de ser legitimado por una resolución institucional del Congreso que el pueblo hondureño rechazó y resiste hasta ahora, a pesar de que se ha tratado de lavar la cara de los golpistas con la realización de unas elecciones en medio de una represión –con detenciones arbitrarias y asesinatos- de los miembros del Frente Popular de Resistencia Nacional.
La “salida a la hondureña” –como se podría definir a la modalidad concebida por el Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos-, pasó a formar parte del arsenal de la extrema derecha del continente y sus deseos de aplicarlo sedujeron a la oposición del presidente Fernando Lugo en Paraguay en varias oportunidades y alimentaron la demanda de ampliación de la táctica desestabilizadora de la derecha venezolana. Al jefe de Estado paraguayo, que tras su elección en abril de 2008 puso fin a un largo ciclo de hegemonía del Partido Colorado, un Congreso mayoritariamente controlado por la oposición quiso, con la colaboración de su vicepresidente Federico Franco, destituirlo por la vía de un juicio de responsabilidades.
En Venezuela, golpeada muy duramente al frustrarse el golpe de estado de abril de 2002 e imposibilitada de implementar una táctica de bloqueo a las iniciativas oficialistas por no contar con ni un solo representante en la Asamblea Nacional1, los múltiples partidos de la derecha aglutinados en la denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD) se propusieron, entre sus varios objetivos, hacer el esfuerzo de ganar las elecciones legislativas del domingo 26 para tener la condición de posibilidad de acortar el mandato del presidente Hugo Chávez, elegido con más de 7 millones de votos en 2006.
En ese contexto debe analizarse lo que ha pasado en Venezuela y Ecuador en los últimos días. Esto quiere decir que con el triunfo del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) –en los votos y en el número de representantes ante la Asamblea Nacional-, el proceso revolucionario venezolano –que ya se encuentra en su décimo segundo año- se le ha cerrado a la derecha cualquier espacio para una “salida a la hondureña”. De hecho, dirigentes de la derecha de ese país como María Corina Machado –la más votada de los candidatos por circuito o circunscripción y estrecha amiga de los republicanos de línea dura de Estados Unidos- han empleado en su campaña electoral la idea de trabajar por un pedido de renuncia del presidente Chávez si en su rol fiscalizador se encontraban pruebas de casos de corrupción.
En las elecciones del domingo 26, el PSUV obtuvo 5.422.048 votos y el MUD 5.320.175, según se lee de los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que ni el rector Vicente Díaz –alienado con la oposición- ha desmentido, aunque los medios privados se han encargado de no mencionar de manera sistemática.
La apuesta por una “salida institucional” a la polarización en Venezuela –como uno de los mecanismos de desestabilización del gobierno bolivariano- ganó adeptos luego que en abril de 2002 fracasará un golpe de estado contra el presidente Chávez, quien fue secuestrado el 11 de ese mes por un grupo de militares y conducido al Fuerte Tiuna, de donde regresó victorioso y fortalecido luego de una movilización social y militar pocas veces vista en la convulsionada historia de América Latina. Pedro Carmona, presidente de los empresarios de ese país sudamericano (Fedecámaras), tuvo que salir corriendo del Palacio de Miraflores el 13 de abril junto a cerca de dos docenas de hombres y mujeres de la “alta sociedad” venezolana que dos días antes se habían pronunciado con desprecio y subestimación sobre la gente de los barrios pobres de Caracas que bajaban en defensa de su presidente.
Ahora, un salto de Venezuela a Ecuador. Todavía existen pocos elementos como para asegurar que el amotinamiento policial en Quito, el jueves 30, formaba parte de un sistemático plan de golpe de estado contra el presidente Rafael Correa, quien impulsaba una ley para racionalizar el funcionamiento del servidor público. Sin embargo, no es posible negar que la tensión registrada entre el jefe de Estado y la Policía dio paso, coincidencia o no, a la puesta en marcha de una multiplicidad de acciones para sacar el joven economista de Palacio de Gobierno. El ex presidente Lucio Gutiérrez –un estrecho aliado de los Estados Unidos en Ecuador- exigió desde Brasil –donde presuntamente participaba de un seminario en temas electorales- la renuncia de Correa y la convocatoria a elecciones generales. El movimiento Pachakuti se sumó a la iniciativa y grupos de civiles libraron acciones en la misma dirección, de la cual la toma de un canal estatal por un grupo encabezado por el ex abogado de Gutiérrez y la ocupación de un grupo militar de algunos aeropuertos figuran entre las acciones desestabilizadoras más importantes.
Pero la intentona golpista no prosperó por la rápida reacción del pueblo y la firmeza demostrada por el presidente Correa, además de la inviabilidad de la aventura desestabilizadora que obligó, como lo advirtió Fidel Castro, a que Estados Unidos se pronunciara a favor del gobierno legítimamente constituido.
En la historia de desestabilizaciones de los gobiernos progresistas de América Latina de la última década destaca el “golpe cívico-prefectural” que se ensayó contra el gobierno socialista del presidente boliviano Evo Morales en agosto-septiembre de 2008, cuya modalidad inicial apostaba a un división del territorio entre Oriente y Occidente, lo cual –según los cálculos de los estrategas- iba a afectar la imagen del líder indígena por no haber tenido la capacidad de garantizar la unidad de su país. Esto, ciertamente, apuntaba a una “salida institucional” por la vía de un adelanto de elecciones generales.
La integración en la mira
Pero lo que las dos victorias en Venezuela y Ecuador han logrado también es preservar las conquistas y avances en materia de integración y unidad política en América Latina, aunque la presencia de representantes de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) buscará ponerle obstáculos a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y a iniciativas de cooperación como Petrocaribe.
No es pesimista pensar que la oposición, con sus 65 representantes en la AN, se propondrá obstaculizar hasta el máximo que le sea posible el papel central que Venezuela tiene en el funcionamiento del ALBA y Petrocaribe, lo cual ciertamente pondrá a prueba no solo la capacidad de maniobra del gobierno bolivariano sino también de los países miembros para adaptarse a las condiciones objetivas actuales.
Las posiciones latinoamericanistas expresadas en el ALBA no gozan del apoyo de la derecha internacional. De hecho, una de las primeras decisiones del presidente de facto Roberto Micheletti en Honduras fue sacar a su país de ese proyecto alternativo de integración, aunque previa apropiación ilegal de los recursos generados por esa iniciativa.
Si bien todavía el proyecto ALBA refleja muchas limitaciones en el ámbito del intercambio comercial, esta iniciativa impulsada por Cuba y Venezuela en diciembre de 2004, a la que luego se sumó Bolivia en mayo de 2006, y en menos de cinco años alcanzó a un total de 10 miembros –incluido a Uruguay en calidad de observador-, ha puesto en marcha un amplio plan de cooperación en materia de salud, educación y otros rubros. Millones de personas han recibido atención médica y han recuperado la vista a través de la “Operación Milagro”, miles de discapacitados han recibido apoyo en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, los pequeños productores han accedido a fuentes de crédito y los tres países han alcanzado los parámetros establecidos por la UNESCO para ser declarados “territorios libres de analfabetismo”.
Pero el proyecto ALBA no solo hay que medirlo desde esos resultados tangibles. Hay otros quizá mucho más importantes pues se ha convertido en un motor o inductor de otras iniciativas como la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) –fundada en mayo de 2008- y del proyecto, aprobado en febrero de 2010 en Cancún, para constituir una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sin la presencia de Estados Unidos y Canadá.
La UNASUR, a pesar de sus pocos años de constitución, ya se ha convertido en un foro político de gran valor en Sudamérica. En septiembre de 2008 le dio un respaldo a la resistencia indígena-popular contra el “golpe cívico-prefectural” ejecutado por la extrema derecha contra el presidente Morales en Bolivia y este año se ha pronunciado por un “territorio de paz” ante la intención estadounidense –todavía no abandonada- de instalar siete nuevas bases militares en Colombia.
UNASUR, al que el gobierno brasileño de Ignacio Lula le dio un gran impulso, se está constituyendo en un actor cada vez más activo en los problemas de la subregión. A primera hora del viernes 1 de octubre se reunió de urgencia en Buenos Aires para abordar los hechos de Ecuador y todos sus países miembros emitieron un comunicado por el cual advierte que “no tolerará nuevos intentos de golpes de estado”.
Para tomar en cuenta
No hay duda que la derecha busca montarse en los problemas que enfrentan los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina, aunque también en las dificultades de los que no lo son. Es más, muchos de los intentos de desestabilización del gobierno de Fernando Lugo, por ejemplo, no nacen de la radicalidad de medidas adoptadas en la conducción de ese país sudamericano –el que más bien busca complacer muchas de las expectativas de los Estados Unidos-, sino los problemas que provocan al sector empresarial, de vínculos transnacionales, las incoherencias de las iniciativas y del equipo que acompaña al sacerdote.
Pero que los Estados Unidos, como ya ocurrió en la década de los 60 y 70, no están dispuestos a soportar a gobiernos de izquierda por muy reformistas que éstos sean, se encarga de probar el intento de desestabilización del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien no se caracteriza por una posición radicalmente anti-capitalista, según se ha encargado de afirmar varias veces el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta.
En el caso de los gobiernos de Bolivia y Venezuela, hasta ahora considerados los más radicales en América Latina en el siglo XXI, el terreno fértil para la estrategia imperial –que priorizará la táctica del desgaste sin abandonar la línea de la confrontación- parte de los problemas que enfrentan para hacer de sus economías menos dependientes de la renta, cambiar sus patrones de acumulación por una industrialización compatible con la naturaleza y disminuir los niveles de corrupción.
A eso hay que agregar en el caso de Venezuela los altos índices de inseguridad ciudadana –que es probable forme parte de las estrategias de desestabilización- y en el caso boliviano las enormes dificultades que enfrenta Morales para incorporar a amplios sectores de la población acostumbrados a la economía informal –incluso de producción y tráfico de drogas- a una economía basada en la producción formal.
Finalmente, si bien uno de los aspectos de diferenciación fundamental entre los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina con sus pares de derecha es su gran capacidad de implementar políticas redistributivas de impacto mayoritario, la construcción de una conciencia capaz de soportar momentos materialmente adversos se presenta como uno de los retos más grandes. El socialismo económico sin la moral comunista no me interesa, afirmaba el Che a propósito del rasgo distintivo central entre el capitalismo y el socialismo, pero también al momento de llamar a constituir el “hombre nuevo del siglo XXI”.
En síntesis, América Latina ha logrado dos victorias en la última semana de septiembre o, que es lo mismo, ha derrotado los planes desestabilizadores de la derecha. Empero, todavía hay mucho por recorrer y los desafíos se levantan gigantescos.
Nota:
1 La derecha venezolana, fragmentada y en condiciones desventajosas para participar con mediano éxito en las elecciones legislativas de 2005, optó por mantener la desestabilización por la vía de la confrontación como su principal táctica, por lo que se retiró de la competencia electoral.
Hugo Moldiz, director del semanario La Epoca de Bolivia
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