Por Natasha Pitts *
Los pueblos indígenas de Honduras corren serio riesgo de tener sus territorios municipalizados. Desde hace algunos años, organismos financieros internacionales articulan maniobras que apuntan a promover la municipalización y, supuestamente, el desarrollo de los pueblos indígenas y negros. El ejemplo más claro y preocupante es la ‘Ley para la Erradicación de la Pobreza a través de la Regularización Predial’, también conocida como ‘Ley de la Propiedad’, financiada por el Banco Mundial.
De acuerdo con informaciones de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el Capítulo III de esta ley pone en riesgo a la población indígena y negra, pues permite la individualización de los títulos y, en consecuencia, el fraccionamiento de los territorios indígenas. Conciente de la problemática, la OFRANEH buscó a la Corte Suprema de Justicia a fin de comprobar la inconstitucionalidad de la Ley. La acción fue fortalecida por el hecho de que la Ley de Propiedad tampoco respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 1992, con la emisión de la Ley de Municipalidad, las comunidades indígenas pasaron a sufrir intervenciones, expropiaciones y abusos de poder por parte de políticos y empresarios de la rama del turismo. El pueblo garífuna sufrió violencias y persecuciones para diluir sus títulos comunitarios y, ante esta situación, decidió apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento, las comunidades de Triunfo de la Cruz y San Juan Tela están bajo medidas cautelares de la CIDH.
Incluso con esta intervención, la lucha de los pueblos indígenas no llegó a su fin. Recientemente, la intervención de la Unión Europea trajo el asunto nuevamente a la superficie. El último día 25, se realizó en la comunidad garífuna de Bajamar una reunión a fin de realizar un censo de las comunidades. Según la OFRANEH, la iniciativa es un fuerte indicio del planeamiento de municipalización de los territorios.
El proyecto de la Unión Europea, denominado Procorredor, define que su misión es proteger el Corredor Biológico Mesoamericano en el Atlántico Hondureño que sufre destrucción de la biodiversidad. Sin embargo, situaciones anteriores permitieron descubrir que con la inserción en el ámbito del Corredor Biológico Mesoamericano y designación de áreas protegidas, a varios territorios se les impidió la titulación integral.
"A partir del año 2000 con el fallido Plan Puebla Panamá -rebautizado como Proyecto Mesoamérica- se comienza a formular una destrucción de más de 400 cuencas hidrográficas en América Central con el propósito de construir represas hidroeléctricas, poniendo en duda la supuesta visión conservacionista del Corredor Biológico, sin que en ningún momento esa institución se haya manifestado en contra de la destrucción ecológica masiva que causó el Proyecto Mesoamérica", denuncia la OFRANEH.
A pesar de las protestas de los pueblos indígenas, nada se hizo. Ni siquiera el Corredor Biológico y las organizaciones ambientales tomaron la iniciativa de verificar y denunciar la situación. No había intenciones de medir fuerzas o cuestionar el proyecto. No hay resultados en la preservación de las cuencas y bosques y ya está en 14 el número de pedidos de construcción de represas en el departamento de Atlántida.
Hay una considerable cantidad de documentos y políticas de la Unión Europea que apuntan a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, y aún así, los garífuna continúan teniendo sus derechos negados. Para la OFRANEH, debe priorizarse el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial - CERD y también de las medidas cautelares y resoluciones emitidas por la CIDH.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Periodista de Adital
No hay comentarios:
Publicar un comentario