Falta de independencia judicial, operadores de justicia cómplices con terratenientes

Red Morazánica de Información

Si persiste la “complicidad de operadores de justicia con los grandes terratenientes de la zona, la falta de transparencia e independencia en el sistema judicial continuará siendo un cuello de botella para solucionar los conflictos” de tierras en El Aguán, dice un informe del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).

La lucha de los campesinos  por recuperar sus  tierras mediante demandas civiles  no avanza,  porque los tribunales las retrasan  con “incidentes y excepciones dilatorias”  y  los casos tampoco tienen  “ecos de justicia”  en  la Policía, la Fiscalía, entre Jueces y Magistrados, quienes “no permiten llegar al fondo del conflicto”, asegura el documento.   

Los campesinos de las cooperativas: Despertar, San Esteban y La Trinidad Limitada, ubicadas en Trujillo, Colon,  alegan que los  representantes de René Morales, presidente de Oleo Palmas de Centroamérica, S.A. de C.V, les “arrebataron” sus tierras “con sobornos y falsificación de documentos.” 

De igual modo,  Miguel Facussé,  “sobornó” a Arnulfo Mejía y a José María Rodríguez, para quitarle dos propiedades a la Cooperativa Agropecuaria San Isidro Limitada: una en Barrio San Isidro, ya recuperada por los campesinos, y otra de  784 hectáreas de palma africana a un kilometro del Centro de Tocoa, Colon.   

Ambos sobornados, Mejía y Rodríguez, eran socios de la misma Cooperativa San Isidro y “dos meses después  fueron asesinados”, hechos  “acreditados plenamente” ante los tribunales de la República, revela el Codeh.

Los campesinos de esas cooperativas han sido acusados varias veces por el  delito de usurpar tierras,  pero han obtenido resoluciones favorables por existir “litigios pendiente sobre la propiedad”, sobreseyendo dichas causas al ámbito civil, según resoluciones judiciales de marzo y abril de 2010.  

Razón por la que el apoderado legal de los campesinos solicitó “reposición y apelación subsidiaria”, acompañando copia de  cuatro sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),  en las que se ha concedido  amparo a otras personas en casos similares a los de los campesinos.

Pero, la Juez de Letras de Trujillo, identificada como Karla,  “ni siquiera leyó” lo que el apoderado legal le presentó y  en “unos cuantos minutos” lo declaro  sin lugar, aseveró el Codeh.

La Policía, el Ejército y la Dirección General de Investigación Criminalística (DGIC), “rodearon a los miembros de las tres cooperativas y mediante el uso de la fuerza policial, intimidación, sin identificarse, sin presentar la orden, sin leérselas,  desalojaron brutalmente a los campesinos”, el miércoles 13 de mayo del 2010. Sin que haya ningún campesino imputado, y estando sobreseído los juicios contra ellos.

El personal del Codeh, luego de tres días de reunido con los campesinos de las cuatro cooperativas, informó sobre los hechos en  un oficio enviado al jefe departamental de la Policía. Y  le comunicó saber  que la coordinadora de fiscales del Ministerio Publico de Tocoa, solicitó en oficio a la Policía,  “suspender la orden de desalojo.”

Y también participó a ese jefe policial, en el mismo oficio,   de las instrucciones enviadas por el Juez Supernumerario de Trujillo indicándoles que “este juicio se resolverá por la vía civil.”

El apoderado legal de la Jefatura departamental de policía respondió  que la intención de la Fiscal “no tenía fuerza legal en tanto que no provenía de autoridad competente”, pero  desconoció  la orden del Juez Supernumerario.


Antecedentes:

Los campesinos de la Cooperativa San Isidro interpusieron ante el Juzgado de Letras de Tocoa, dos demandas, una por “pago” y otra por “nulidad de instrumentos públicos”,  contra la Exportadora del Atlántico S.A. de C.V,  en mayo y junio de 2006, las que  sólo fueron admitidas dos años y medio después  y todavía están siendo sustanciadas.

Una demanda contra Oleo Palmas de Centroamérica por  nulidad de instrumentos públicos en esos juicios,  presentada  por los campesinos, ante el Juzgado de Letras de Francisco Morazán en 1998, fue  declarada con Lugar a Excepciones de Falta de Personalidad, en 2001, tres años después, debido a  un poder defectuoso  y  por demanda al  abogado que autorizó las escrituras. 

Se interpuso de nuevo demandas  ante el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón,  que fueron admitidas y están siendo ventiladas.