Análisis del contexto actual de Haití: Entre esperanza y escepticismo

Adital

Por SJRM Haiti *
A más de 4 meses del sismo del 12 de enero de 2010

Introducción
A más de 4 meses del terremoto que devastó gran parte de Haití el pasado 12 de enero de 2010, la esperanza de ver surgir de las ruinas y de los escombros un país nuevo, diferente y mejor, se va diluyendo poco a poco en escepticismo y en incertidumbre, principalmente para las víctimas que anhelan mejorar sus condiciones de vida.

La relocalización de los desplazados, la gestión de los campos y la coordinación de la distribución de la ayuda internacional y del proceso de reconstrucción siguen siendo los problemas fundamentales, a los que la población haitiana exige que las autoridades respondan.

Mientras que la Comunidad internacional sigue organizando grandes cumbres sobre la reconstrucción de Haití para recoger fondos y acordar una estrategia de intervención para los próximos años, el país está al borde de una crisis política generada por conflictos entre el régimen en el poder y los grupos de la oposición.

El destino de Haití depende, en gran parte, de la capacidad de articulación y movilización de los diferentes movimientos y organizaciones de la sociedad civil haitiana para exigir el respeto y la protección de la dignidad y de los derechos fundamentales del pueblo, especialmente la población damnificada y desplazada, más allá de la eventual crisis política interna y de la veleidad de ciertos organismos y países de la comunidad internacional de imponer al país su propio proyecto de reconstrucción.

1. Contexto Nacional
Después del sismo que dejó cerca de 300 mil muertos, más de 1 millón de personas sin techo y unos tres millones de damnificados, se empezaba a creer en la posibilidad de construir un nuevo Haití. De todos los rincones del país y de la diáspora surgían llamados a la unidad y al diálogo nacional y se discutía sobre propuestas para la construcción de una sociedad haitiana moderna, justa, equitativa, democrática y encaminada sobre la vía del desarrollo.
Se pensaba que la tragedia podría convertirse en una nueva oportunidad para repensar y refundar la nación haitiana, las relaciones sociales, las estructuras económicas, los esquemas mentales y culturales y la manera de hacer política en el país.

Hubo un despertar de las conciencias que planteaba con claridad que las y los Haitianos deberían ser los principales actores de la construcción de su país; pero faltaba la voluntad política para encauzar ese impulso ciudadano y convertirlo en una fuerza de transformación y de cambio social.

Por su parte, las autoridades tardaron en reaccionar frente a los desastres creados por el terremoto, ya que fueron igualmente afectadas por la tragedia. Pero la tardanza se fue alargando y transformando en silencio y en ausencia.
Mientras que la Comunidad internacional viene haciendo una gran campaña mediática en la que denuncia la endémica corrupción de los dirigentes políticos, hay cada vez más voces provenientes de la sociedad civil haitiana que exigen que las autoridades asuman sus responsabilidades y su liderazgo para responder a las necesidades de la población y coordinar la gestión de la distribución de la ayuda humanitaria y del proceso de reconstrucción del país.

Por otra parte, el actual gobierno de Haití decidió suspender la fase de la ayuda de emergencia en Haití, a pesar de que sigue persistiendo la crisis humanitaria en muchas regiones del país. Según algunas organizaciones locales, las condiciones de vida de la población han empeorado después del 12 de enero, y el país está prácticamente paralizado. Pero, los dirigentes políticos parecen interesarse más en la lucha por el poder que en la búsqueda de soluciones a los problemas fundamentales del país. Se está volviendo progresivamente a las viejas prácticas políticas que han conducido al país a varias crisis consecutivas y a la inestabilidad crónica, y que provocaron la intervención militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al borde de una crisis política
La crisis política se anunció, luego de la reciente aprobación por el Parlamento haitiano de un nuevo proyecto de ley que autoriza al presidente René Préval a permanecer en el poder hasta el 14 de mayo de 2011, en caso de que no se realizaran las elecciones presidenciales a finales del mes de noviembre de este año. Dichas elecciones deberían permitir, según la ley electoral vigente basada en la Constitución del país, que un nuevo presidente tome posesión el próximo 7 de febrero de 2011. En el caso contrario, la Constitución de Haití prevé la conformación de un gobierno transitorio, dirigido por el presidente de la Corte Suprema, que tendría el mandato de organizar las elecciones entre 45 y 90 días (máximo). Pero, Préval no ha querido nombrar de manera oficial ni al presidente de la Corte suprema de Haití, ni a los diferentes miembros del Consejo superior del poder judicial.

Los sectores políticos de la oposición, aliados al partido Lavalas del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, han iniciado acciones de movilización en contra del presidente Préval, a quien acusan de debilitar los otros dos poderes, legislativo y judicial, y de ponerse encima de la Constitución y de las leyes para poder perpetuarse en el poder.

La prolongación por el Parlamento de la ley de emergencia por 18 meses liberó al jefe de Estado de todas las limitaciones constitucionales, por ejemplo el control y la vigilancia de los otros poderes y el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros actores de la comunidad internacional iniciaron el diálogo con los partidos políticos para ver la posibilidad de organizar las elecciones (presidenciales, legislativas, municipales y locales) en el país en el tiempo previsto por la actual ley electoral, al mismo tiempo que realizan un diagnóstico de las dificultades logísticas, técnicas y financieras para la realización de las contiendas.

Por otra parte, varios líderes de los partidos de la oposición manifestaron su falta de confianza en el organismo encargado de realizar las elecciones, el Consejo Electoral Provisional (CEP), cuyos principales miembros son acusados de favorecer al actual presidente y a su partido. Algunos candidatos van hasta reprochar a la Comunidad internacional su supuesta complicidad con el régimen en el poder.

Lentitud para iniciar los trabajos de reconstrucción
A pesar de que varios proyectos e iniciativas puntuales en materia de salud física y mental, agricultura y medioambiente están en ejecución a través del país, principalmente en las regiones afectadas, se ha notado cierta lentitud para iniciar los grandes trabajos de reconstrucción en términos de infraestructuras, de desarrollo y de creación de empleo.

Los pequeños programas de creación de empleo mediante los proyectos "Food for work", "Cash for work" o "trabajo con alta intensidad de mano de obra" se han centralizado en Puerto Príncipe y sus alrededores, pero aún no han tenido una cobertura nacional, mucho menos un impacto relevante en el aumento de la tasa de empleo y de la productividad del país.

Los grandes tenores de la Comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos de América, están tratando de consolidar el proyecto de reconstrucción y de contar con el apoyo de los actuales dirigentes políticos, antes de poner en marcha el proceso.

El Parlamento haitiano acaba de votar una ley que aprueba la creación de la Comisión interina para la reconstrucción de Haití (CIRH), el nuevo organismo que se encargará de coordinar los trabajos de reconstrucción bajo el liderazgo del ex presidente americano Bill Clinton y del primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive.

Pero han surgido críticas por parte de intelectuales, analistas y militantes de derechos humanos y de otros movimientos sociales haitianos, que ven en la creación de este organismo un intento de la comunidad internacional, con la complicidad del actual gobierno, de "ocupar" el país o ponerlo definitivamente bajo un "protectorado", so pretexto de reconstruirlo.

Como ejemplo, señalan que la CIRH está integrada por más extranjeros que por haitianos, y no está sometida a ningún control o vigilancia de las instituciones haitianas.

Todo parece indicar que la Comunidad internacional quiere jugar el papel preponderante en el proceso de reconstrucción para evitar que la lucha por el poder, los conflictos políticos, la corrupción en la administración pública y la inestabilidad en el país afecten dicho proceso.

Muchos Haitianos se preguntan cuál será la implicación de los países tales como los Estados Unidos de América y la República Dominicana en dicho proceso, ya que vienen mostrando cierto protagonismo desde la fase de la ayuda de emergencia luego del terremoto hasta ahora. Además, ambos países fueron a la vez sedes y principales organizadores de las cumbres y conferencias sobre la reconstrucción de Haití.

2. La problemática de los campos
El contexto actual de Haití está dominado también por la problemática de la relocalización de la población desplazada que vive en los campos o en las calles. Después de 4 meses, gran parte de Puerto Príncipe y de otras zonas afectadas está aún debajo de los escombros, la mayoría de las personas desplazadas no tiene un techo ni un espacio decente dónde vivir y la población damnificada se enfrenta a serias dificultades y limitaciones para gozar de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la alimentación, al agua potable, a la salud, a la educación, a una vivienda...

Los campos de damnificados se están convirtiendo en la nueva geografía de la pobreza en Haití. Las organizaciones no gubernamentales se hacen cada vez más presentes en ellos, tratando de aliviar la miseria de los desplazados y de ayudarlos a responder a sus necesidades básicas. La nueva forma de vida que se crea en los campos obliga a las ONGs a adaptar sus estrategias y proyectos de intervención, lo que no es siempre fácil.

Además, se espera una pronta decisión oficial sobre la problemática de la relocalización de los desplazados, en vistas a la cercanía de la temporada de los huracanes y a las serias amenazas de inundaciones, epidemias y otras catástrofes. La mayoría de la población afectada está en las calles o bajo tiendas de campaña que ya casi no pueden resistir al sol, a la lluvia y mucho menos a los huracanes. Las continuas réplicas sísmicas suscitan pánico en las personas que desearían volver a sus casas o que empiezan a reparar o construir sus viviendas para poder abandonar los campos, frente a las crecientes amenazas de los propietarios de los terrenos donde se levantaron estos para desalojar a los desplazados. Algunos campos están instalados sobre establecimientos escolares o universitarios, lo que ha provocado conflictos e incluso enfrentamientos entre los desplazados y los escolares y estudiantes que quieren volver a las aulas. Las autoridades aún no han intervenido para mediar entre las partes en conflicto y tomar las medidas para solucionar el problema de una vez por todas.

Además, se han reportado varios casos de agresiones sexuales y de prostitución infantil en los campos, donde las condiciones de vida son realmente infrahumanas e inseguras. Las mujeres, particularmente las niñas y las adolescentes, son las principales víctimas de los abusos sexuales que tendrán graves consecuencias en el futuro tales como los embarazos no deseados, la contracción del VIH Sida y de otras enfermedades sexualmente transmisibles...

El plan de relocalización que el Gobierno había anunciado ha quedado sin seguimiento. Las autoridades aún no han implementado ninguna estrategia clara y definida para reubicar a los desplazados, quienes se niegan a abandonar los campos donde viven actualmente, por no tener a donde más ir.

Ni siquiera se ha informado a la población sobre todos los lugares de relocalización, los servicios de base, las infraestructuras y otras posibilidades a los que ellos y sus familias tendrían acceso. Un plan de relocalización implica más que una simple reubicación geográfica.

3. Perspectivas
Hay muchas razones para tener esperanza y también para ser escéptico acerca de la reconstrucción y del futuro de Haití. A más de 4 meses del terremoto, la realidad concreta del pueblo haitiano, más específicamente la población damnificada y desplazada, no ha cambiado sustancialmente: las condiciones de vida de los damnificados siguen siendo iguales o peores en muchos casos; están abandonados por las autoridades; persisten las dificultades para la distribución de la ayuda humanitaria y para la coordinación de la misma; las zonas afectadas están aún bajo los escombros; la decisión inconstitucional de Préval, aprobada por el Parlamento, de prolongar su mandato presidencial ha generado muchas preocupaciones.

Sin embargo, lucen algunos signos de esperanza. Las personas desplazadas se organizan cada vez mejor en los campos, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales aumentan la calidad y la variedad de sus servicios a favor de los damnificados, la solidaridad internacional con Haití no ha disminuido, la sociedad civil haitiana se da cada vez más cuenta de la necesidad de fortalecerse, articularse y movilizarse para defender la dignidad y los derechos fundamentales del pueblo haitiano frente a la indiferencia de las autoridades y a la veleidad de la Comunidad internacional de imponer al país su proyecto de reconstrucción.

El reto consiste, por una parte, en acompañar al pueblo haitiano, especialmente la población damnificada y desplazada, para que se organice mejor y se empodere para poder defender sus derechos fundamentales y hacer valer sus reivindicaciones.

Por otra parte, hay que reforzar y mediatizar los espacios de articulación de los diferentes movimientos, grupos y organizaciones de la sociedad civil haitiana para que se convierta en una de las principales fuerzas en el país que sea representativa, crítica, propositiva y capaz de hacer presión sobre las autoridades y la comunidad internacional para que ambas respeten la dignidad, los derechos fundamentales y las aspiraciones del pueblo haitiano.

* Servicio Jesuita a los Refugiados y Migrantes en Haití