jueves, 12 de diciembre de 2019

Democracia confrontacional del siglo XXI


Prensa Latina

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

En América Latina, durante el siglo XIX, las fuerzas centrales en la lucha política fueron los conservadores y los liberales. Se trató de un conflicto entre élites, bajo lo que la sociología histórica ha denominado como Estado-oligárquico.
Los conservadores, apoyados por la Iglesia católica, defendieron la tradición familiar, el orden terrateniente, el progreso casi exclusivamente agrario, en alianza con agroexportadores, mineros, comerciantes importadores y banqueros. Eran partidarios de gobiernos fuertes e incluso autoritarios. Consideraban legítimo e institucional el sometimiento a su poder de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Creían que la férrea estructura piramidal de la sociedad respondía a aceptables principios aristocráticos y hasta a realidades inevitablemente construidas, por cuanto la desigualdad lucía a un orden divino. La democracia debía ser restringida, tanto como los derechos, para lograr una paz y armonía sociales sujetas al poder.
Para los liberales, el orden conservador representaba al “feudalismo” y por ello abogaban por la modernidad capitalista, centrada en la potenciación de la manufactura, la industria y el amplio comercio internacional. Pretendían la separación de la iglesia y el Estado, implantar el laicismo, fortalecer la educación y la asistencia públicas. Confiaban en la democracia abierta, el imperio de la ley y la justicia, el pleno desarrollo de los derechos individuales. Solo los radicales, que eran algo así como el “ala izquierda” del liberalismo, comprendieron la incipiente presencia de los obreros y la necesidad de establecer derechos sociales. Sin duda, liberales y radicales portaban el camino futuro de la historia, mientras los conservadores representaban el pasado.
En México y Argentina, con sus respectivas Reformas a mediados del siglo XIX, se implantaron tempranamente regímenes liberales, aunque no como fruto de procesos pacíficos. En otros países, las confrontaciones políticas adquirieron rasgos de intolerancia, a tal punto que el bipartidismo acudió a la insurrección armada y a la guerra civil. Esas expresiones fueron particularmente duras en Centroamérica o en Colombia, donde la violencia ha tenido una historia bicentenaria.
Pero las luchas bipartidistas no lograron solucionar las herencias históricas de la desigualdad, la pobreza o el poder de minorías acumuladoras de la riqueza. De modo que en su matriz incubó la emergencia de nuevas clases sociales, como fueron el sector obrero y las capas medias urbanas. Además, con el inicio del siglo XX, tanto la expansión del imperialismo americanista, como el despertar de las ideas anticapitalistas de la mano de las doctrinas obreristas, anarquista y anarcosindicalistas, socialdemócratas, neo-católicas, de los diversos socialismos utópicos e incluso del incipiente marxismo, produjeron el nacimiento de nuevos partidos y la consolidación del espacio político de la izquierda (no necesariamente marxista), todo lo cual determinó la lenta superación histórica del bipartidismo latinoamericano tradicional. 
La expresión histórica de ese ascenso estuvo en México, no solo con la revolución de 1910, primera en el mundo por su contenido social, sino también por la Constitución de 1917, igualmente pionera, y más adelante, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien impuso la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, antes de la Revolución Cubana (1959), que realizó la transformación más importante en la historia latinoamericana del siglo XX, pues Cuba resumió el contenido fundamental de la nueva era, en la cual la confrontación pasó a ser entre capitalismo/imperialismo, frente al socialismo.
América Latina se halla hoy en una situación comparable con los procesos que he descrito. El cambio sustancial estriba en que la confrontación ha pasado de la órbita política al campo de la economía y, por consiguiente, se ha vuelto, cada vez más clara, en una lucha de clases.
Superadas las décadas del “desarrollismo” de los sesentas y setentas, desde 1973 en Chile, con la dictadura terrorista de Augusto Pinochet, enseguida con similares dictaduras en el Cono Sur y particularmente con gobernantes civiles en las décadas finales del siglo XX, América Latina entró a una era de construcción de economías neoliberales, que definieron las líneas de intereses y conducta contemporáneas de las clases empresariales. Determinados por esas líneas, no importaron las diferencias políticas ni partidistas entre los gobiernos, porque todos apuntalaron, de una u otra manera, el camino neoliberal-empresarial.
Es innegable que el ciclo de los gobiernos “progresistas” cortó el camino neoliberal-empresarial, en aquellos países donde el triunfo electoral, con amplio apoyo popular, hizo posible delinear una tendencia alternativa: la construcción de economías sociales, que incluso en Bolivia, Ecuador y Venezuela se consideraron como antesalas del “socialismo del siglo XXI”.
Las burguesías latinoamericanas aprendieron la experiencia. Toda economía social contradice el camino neoliberal-empresarial y peor si se trata del “socialismo del siglo XXI”. No están más dispuestas a que el reino de sus exclusivos intereses sea perjudicado. No tuvieron límites para acudir a los “golpes blandos” para acabar con gobiernos progresistas. En otros casos, intentaron golpes de Estado. Utilizaron las elecciones como instrumento para recuperar el poder, o anunciaron con desconocer triunfos destinados a “eternizar” a los gobernantes del progresismo.
Cualquiera sea la vía política escogida, lo que vino de inmediato resultó inédito en regímenes que se suponía habían alcanzado cierto grado de democracia moderna. Los gobiernos neoliberales-empresariales desplegaron la cacería de brujas no contra los opositores en general, sino exclusivamente contra los líderes visibles de los gobiernos progresistas y sus colaboradores. El combate a su corrupción sirvió de pretexto; pero, además, se convirtieron en nuevas armas para la venganza y la descalificación tanto la judicialización política, como el lawfare, la aplicación de las leyes para forzar figuras penales al menor hecho, y la extensión de la amenaza o sospecha sobre cualquier persona crítica, que bajo situaciones normales sería considerada inocente. Sobre todo, se puso a la orden del día la represión de todo movimiento social de resistencia y protesta, con un nivel de arremetida en el que nada han importado las violaciones a los derechos humanos.
En apoyo de semejantes comportamientos son subordinados todos los aparatos del Estado, como ha ocurrido en Bolivia, el mayor ejemplo actual, donde se han unido ahora las orientaciones evangélicas y el racismo sin límites. Las fuerzas armadas y las policías actúan en defensa de una “democracia” que solo está vinculada a la hegemonía política de elites de derecha y rabiosos anti-progresistas, pero, que, además, solo defienden el único camino admisible en la economía: el modelo neoliberal-empresarial. En esas fuerzas vuelve a incubar la doctrina de la Seguridad Nacional, bajo cuya óptica otra vez las “amenazas” contra los “objetivos permanentes de toda nación” solo provienen de las izquierdas y de los movimientos sociales y populares. También existe el riesgo de un segundo Plan Cóndor, para coordinar persecuciones en otros países, algo que han analizado diversos investigadores.
Los medios de comunicación mercantiles también han pasado a ser instrumentos que exclusivamente se inclinan a sostener a los gobiernos conservadores, a apuntalar el modelo económico neoliberal-empresarial y a contribuir a la persecución política. Las redes y el internet, al mismo tiempo que ofrecen alternativas para la información y el análisis, igualmente sirven para forzados seguimientos en contra de los opositores y de los periodistas y medios alternativos.
La tendencia a la inacción, paralización o complicidad de los organismos internacionales igualmente se vuelve contra las opciones por una democracia social y por una economía social. No puede ser más visible el comportamiento de la OEA frente a los acontecimientos de octubre y noviembre en Haití, Chile, Ecuador, Bolivia o Colombia. Aparecen amenazas contra México y, desde luego la agudización del cerco imperialista contra Venezuela o Cuba. 
Así es que, comparativamente con el siglo XIX, en el siglo XXI América Latina parece entrar a una era en la cual la disputa por la economía ha minado las bases de la propia democracia, rompe con antiguos valores sobre la institucionalidad y la soberanía, desnuda la violación de derechos humanos que quedan impunes y encuentra “violencia” solo en los movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos y capas medias cuestionadoras del ejercicio del poder, que ha vuelto a beneficiar a los altos empresarios y propietarios del capital, como lo están demostrando todos los recientes estudios de la Cepal, sobre las desigualdades crecientes en la región.
Se trata de una democracia confrontacional, en la que no se ha excluido el fascismo criollo como recurso, una tendencia que solo tiene el riesgo de agudizarse. En su base se halla el bipartidismo económico, que polariza a visibles clases sociales y que marca una grave tendencia de futuro para la región, pues las clases subordinadas -para utilizar un concepto del sociólogo e historiador Ralph Miliband-, ya no están dispuestas a que se imponga sobre ellas el privilegio de unas elites que no quieren admitir sus responsabilidades sociales. Es una lucha que hace prever un largo camino histórico. 

Unos cuarenta años después

El Viejo Topo

Por Salvador López Arnal

Louis Althusser (escritor), G. M. Goshgarian (editor), Alcira Bixio (traductora)

Sobre el título (tomo pie en una nota de la traductora): alude a una frase de Hegel en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu: “la noche, cuando todos las vacas son negras”. En castellano, como en francés, la frase equivalente sería “la noche, cuando todos los gatos son negros o pardos”. Louis Althusser (1918-1990) prefirió usar “las vacas negras” para destacar la referencia hegeliana.

Ninguno lector de mi generación necesita una presentación del autor. En la contraportada se indican unos datos básicos y se da cuenta de los otros libros de Althusser publicados por Akal en fechas recientes: Marx dentro de sus límites;Maquiavelo y nosotros;La soledad de Maquiavelo. Marx, Maquiavelo, Spinoza, Lenin;Sobre la reproducción, y Ser marxista en filosofía. Admito mi no lectura, no he leído ninguno de estos ensayos. Para los más jóvenes, si fuera necesario, basta decir que el autor de Lire Le Capital fue uno de los marxistas más influyentes (sino en el que más) en los años setenta y ochenta en países como Francia, Italia o España por ejemplo. Entre teóricos y entre militantes.

La historia del libro la cuenta del editor G.M. Goshgarian en una detallada e informativa nota que conviene no pasar por alto (pp. 7-21). Un resumen que tomo de la contraportada: tras el XXII Congreso del Partido Comunista francés (febrero de 1976), Althusser concibe una controvertida autoentrevista en la que reflexiona (alternando consideraciones teóricas y confesiones personales con observaciones sobre polémicas políticas del momento: por ejemplo, el abandono por el partido francés del concepto dictadura del proletariado) acerca del curso político que debería seguirse a partir de entonces. Una fuerte crítica de la línea del PCF al mismo tiempo que Althusser esgrime una defensa de los ideales comunistas que animan a la organización.

El propio autor escribió una breve nota de explicación (p. 27). Uno de sus comentarios: “Me habría gustado que fuera mi partido, el PCF, quien publicara esta entrevista, pero, con gran pena he debido renunciar a ese deseo. Todos sabemos que las condiciones no son favorables. Quiero que mis camaradas comunistas lean este texto atentamente y me dirijan sus críticas y sus observaciones personales. Un comunista no puede reflexionar solo sobre cuestiones tan importantes”. A continuación daba una dirección y añadía: “En la medida de lo posible, les responderé personalmente o de algún otro modo”.

Esta “entrevista imaginaria” se presenta en quince apartados de extensión desigual y dos anexos. Indico algunos títulos: “Presentación del autor”, “La crisis de la teoría marxista”, “La dictadura del proletariado”, “La estrategia del comunismo”, “La cuestión de las alianzas”, “Sobre el centralismo democrático”, “Sobre el análisis de la lucha de clases”, “Sobre la ‘revolución científica y técnica’”. El apartado más extenso, el II: “Las contradicciones del XXII Congreso”, unas 50 páginas, la sexta parte del libro. El capítulo V y VI, ambos dedicados a la dictadura del proletariado, son versiones de la más que exitosa y concurrida conferencia que el autor de Pour Marx dictó en la Universidad Autónoma de Barcelona en julio de 1976 (se editó en castellano ese mismo año y en francés muchos tiempo después, en 2014).

La cuestión: ¿a quién puede interesar a día de hoy un libro concebido en 1976, y editado por vez primera en francés en 2016, en una situación política y filosófica radicalmente distinta a la nuestra, un ensayo en el que, sin duda, se pone de manifiesto (entre otras cosas) el sin duda interesante (y por momentos penetrante) estilo filosófico del autor? Sin ninguna duda a muchos de los viejos lectores del autor, a las personas que han seguido leyéndole y cultivando su legado a lo largo de estos años (que no son pocos), a los interesados en la historia del movimiento comunista o del comunismo francés en particular, a los historiadores y filósofos en general, a los politólogos curiosos o puestos en la polémica en torno a la dictadura del proletariado y sus formas políticas, etc. ¿Quedarán defraudados? Probablemente no.

¿Y a los lectores más jóvenes, muy alejados de aquel althusserismo que muchos o casi todos sufrimos o gozamos (un “o” no excluyente)? En el texto de la contraportada se apunta: “(…)Las vacas negras es ante todo un texto que traza un programa de una actualidad sorprendente en lo que respecta a la organización de la lucha revolucionaria en un momento que ya es de reflujo”. La afirmación y el “ante todo” son discutibles, nada evidentes. De hecho, el libro se abre con una cita -”La teoría de Marx es omnipotente, pues es verdadera”- que probablemente muchos lectores, marxistas o no, dudarían (razonablemente) mucho en suscribir. Incluso el apunte de Lenin -”Un comunista nunca está solo”- que la acompaña ofrece más de una duda... A día de hoy, incluso en aquel entonces.

Destaco algunos puntos:

1. Desde un punto de vista biográfico, político y filosófico, el primer capítulo -”Presentación del autor”- tiene un indudable interés (sobre todo, me repito, para las personas que han sido lectoras del autor y seguidoras de su obra y de su filosofar).

2. Algunas veces se criticó a Althusser por ser un filósofo, un marxista teoricista, de Academia, un teórico alejado de las luchas políticas reales y de los avatares del Partido Comunista francés. Sin compromiso militante. Muchos pasos del libro, el libro en su conjunto, parecen refutar esa hipótesis-acusación. Un ejemplo: “¿Puedes decirme por qué respondes a esta entrevista sobre el XXII Congreso del PCF? Con mucho gusto. Respondo a ella porque soy comunista y porque, como consecuencia del XXII Congreso, numerosos camaradas se hacen unas cuantas preguntas, abrigan incertidumbres y hasta algunas inquietudes. El Congreso ha respondido a cuestiones fundamentales, pero lo ha hecho de manera a menudo desconcertante. De allí surge lo que conviene llamar cierto malestar” (p. 59).

3. Muchos pasos del libro, muchas referencias, muchos de los argumentos expuestos, indican que algunas de las acusaciones que Althusser esgrimió con dureza contra sí mismo (la no lectura de los clásicos de la tradición, el hablar por hablar, el aparentar saber donde había ignorancia) en su autobiografía, El porvenir es largo, no tenían fundamento real, más allá de su papel psicológico y ser resultado de un fuerte sentimiento de culpa y desastre.

4. Algunas, la mayoría en mi opinión, de las discusiones sobre la dictadura del proletariado y sus formas políticas son, sin atisbo para ninguna duda, asuntos, temas, polémicas de otra época, de otras circunstancias históricas. De ahí no se infiere que el lector/a no pueda encontrar apuntes de interés sobre la concepción marxista del Estado y, más en concreto, sobre el papel del Estado obrero (por decirlo en términos clásicos) en sociedades en transición hacia el socialismo.

5. Lo mismo cabe decir de conceptos como democracia o dictadura de clase. La perspectiva de Althusser queda recogida en esta consideración (que muchos hemos mantenido durante años) de cierre de capítulo: “Hay que creer que Lenin decía algo semejante cuando, con sus propias palabras, que son también las nuestras, afirmaba: la dictadura del proletariado es la democracia de las masas más amplias, ¡una libertad que los hombres nunca han conocido!” (p. 164). Como es sabido, las instituciones que concretaron esta noción en todos los países socialistas estuvieron muy pero que muy alejadas de esa libertad desconocida.

6. Hay también pasos donde se muestra una concepción del marxismo y de la ciencia que pondrán los pelos de punta a más de un lector. Este por ejemplo: “Es necesario decir las cosas como son. Puesto que he pronunciado muchas veces la palabra ciencia, puesto que he afirmado que, a diferencia de las demás organizaciones que poseen una doctrina, el partido comunista es una organización que tiene una doctrina quees una ciencia, debemos saber que ciencia obliga.” (p. 116). Un disparate. Como nos enseñaron muchos maestros, el marxismo (aunque incorpore ciencia o buen conocimiento) no es una ciencia.

Empero, Althusser se muestra mucho más prudente y certero en mi opinión en el capítulo (el XIV) dedicado a un “viejo fantasma” que hizo ilusionarse falsamente a algunos sectores de la izquierda: “La revolución científico técnica”. Aquí podemos leer: “En tales condiciones, ¿qué puede significar la exaltación actual de la revolución científica y técnica? La voluntad de imponer sobre la teoría marxista el viejo sueño ideológico burgués de la solución de los problemas políticos por medio de su tratamiento técnico.” (p. 279). Aquí es mucho más razonable… y actual.

En síntesis: sin garantizar nada, una vuelta crítica a Althusser puede resultar aconsejable, puede generar algunas ganancias teóricas y formativas... O no ciertamente. Sea como fuere, hay, conviene destacarlo, mucho sentimiento comunista en estas páginas. También en el tono y en las preocupaciones de fondo. No hay en cambio, y acaso sea significativo, ninguna referencia a lo que ya entonces era una preocupación en otras tradiciones comunistas democráticas: los desastres ecológicos, la cara oscura-muy-oscura del desarrollo de las fuerzas productivo-destructivas.

Fuente: El Viejo Topo, octubre de 2019.


miércoles, 11 de diciembre de 2019

COPINH exigen que los autores intelectuales sean castigados



Los autores materiales del crimen de la ambientalista Berta Cáceres ya fueron sentenciados por jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.

Por unanimidad de votos condenaron a cincuenta años cuatro meses de prisión a cuatro de los siete implicados en el asesinato de Cáceres, a otro de ellos a 30 años de cárcel y a dos acusados a más de 30 años seis meses de prisión.

Los imputados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez, por coautores responsables del asesinato de Cáceres a 34 de reclusión y por tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo el crimen, sentenciados a 16 años con cuatro meses, en total suman 50 años cuatro meses de reclusión.

Por su parte Mariano Díaz Chávez, como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres Flores, a una pena de 30 años de reclusión, asimismo, al exmilitar, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, acusados por coautores de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres, a una pena a 30 años seis meses de cárcel.

Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y ahora coordinadora del COPINH, al finalizar la lectura de sentencia, expresó que no ha acabado el camino de la justicia, porque se debe de deducir la responsabilidad y castigar a los autores intelectuales del crimen contra su madre.

Recordó que en la sentencia del primer juicio se ha mencionado que altos directivos de la empresa DESA y miembros de la familia Atala-Zablah son parte de la autoría intelectual.

Entre tanto, Paola Rodríguez, es hija de Sergio Rodríguez Orellana, Gerente de DESA, uno de los condenados, dijo que esperaban la pena mínima para su papá porque en el juicio se demostró que no había nada para declararlo culpable.

Además, aseguró que la Fiscalía desde el inicio del proceso manipuló pruebas, las que están relacionadas con las llamadas entre Rodríguez Orellana y el exagente del ejército Douglas Bustillo.

La etapa de castigo a los autores materiales se ha concretado, pero la gran deuda es la impunidad de la cual disfrutan los autores intelectuales del crimen.

El COPINH ha denunciado en varias ocasiones la complicidad de los órganos de justicia e investigación para proteger a los autores intelectuales del crimen y en esta ocasión han aprovechado para seguir denunciando esa situación y también para exigir que se abra un proceso serio contra ellos.

En ese sentido, el abogado penalista Marco Zelaya dice que el Estado ha quedado mal, pues al no tener bajo proceso judicial a los autores intelectuales del crimen, demuestra la falta de voluntad para proceder en el caso.

En el marco de la exigencia de castigo a los autores intelectuales varias organizaciones de la zona norte del país por medio de un plantón frente a los juzgados de San Pedro Sula, exigieron al Ministerio Público y al mismo régimen de Juan Orlando, profundizar las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen de la lideresa indígena y popular Berta Cáceres, asesinada el pasado 2 de marzo de 2016.

Democracias marcadas por neo-dictaduras, fundamentalismos religiosos, militarización y pobreza



No caben dudas que existe una creciente crisis en la democracia latinoamericana. Los cambios de gobiernos de ideologías antagónicas y fundamentalismo religiosos está marcando la pauta por encima del desarrollo de los países.

En las más recientes elecciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Brasil y Colombia, han llevado al poder a líderes conservadores de partidos de ultra derecha. Bajo esta premisa, se han entronado en el poder personajes calificados neo-dictadores, tal es el caso de Nicaragua con Daniel Ortega y Honduras con Juan Orlando Hernández.

Este contexto de democracia, ha ido de la mano con el deterioro de los derechos de comunidades indígenas, entrega de territorios, instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos, aumento de la pobreza y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

A esta conclusión llegó el encuentro de Corresponsales del Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, desarrollado recientemente en Guatemala, donde además se resaltó la importancia de articular e impulsar nuevos medios de comunicación alternativos.

El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México, son países que comparten la ausencia de medios comunitarios o alternativos y, como en el resto de Latinoamérica, resalta un modelo de comunicación controlado desde los grupos de poder económico y político.

Ante tal situación, los periodistas y las periodistas que participaron en el encuentro comparten que la comunicación, más que negocio es un derecho y como tal hay que defenderlo e impulsarlo.

Recordaron que el fracaso de los gobiernos neoliberales en esta región, llevó a que la población buscara cambios democráticos en líderes progresistas que comenzaron a llegar a la presidencia desde comienzos del siglo XXI, sin embargo todo esto va en retroceso por la intromisión directa o indirecta de la geopolítica estadounidense en una combinación con la derecha-neoliberal de Latinoamérica, y en otros casos porque los líderes “progresistas” se alejan de los principios y de las promesas que los llevaron al poder.

En El Salvador, la figura de un millenial progresista se desvanece
Nayib Bukele asumió en junio de 2019 la presidencia de El Salvador, en medio de una gran expectativa por las promesas de cambio y revolución que lo llevaron hasta la silla presidencial. Sin embargo, “en los cinco meses de su gobierno ha mostrado ser un aliado timorato de la política exterior de Estados Unidos y está centrando su política de seguridad en la remilitarización del país. En el presupuesto del próximo año se está contemplando mayor presupuesto para las fuerzas armadas y la reducción de presupuestos de Salud y Educación”, indicó Wilfredo Hernández, comunicador social de Radio Izcanal, del municipio de Nueva Granada, departamento de Usulután.

“Buena parte de la población salvadoreña reconoció haber acudido a las urnas en febrero del 2019, creyendo que el nuevo presidente solucionaría sus principales preocupaciones, pero después de su toma de posesión parece no haber respuestas concretas”, manifestó el periodista Alfredo Carias. Al parecer la figura de un millenial progresista se va desvaneciendo con el paso del tiempo, recalcó.

“Algunas de las promesas fueron el combate a la extrema violencia que reina en el país, la precaria situación económica y la falta de empleo, que son las causas por las que miles de personas se ven obligadas cada año a abandonar El Salvador, con destino a Estados Unidos. De esto se está viendo muy poco. Por ejemplo: en el tema de seguridad ha bajado el número de asesinatos, pero se han incrementado las desapariciones de personas”, indicó Carias.

Wilfredo Hernández, dijo que lo que jugó a favor de Bukele en su llegada a la presidencia fueron las promesas gubernamentales incumplidas en los dos periodos que estuvo el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Entre las promesas incumplidas resaltaban la desdolarización de la economía y el retorno del Colón, como moneda nacional. Asimismo, el sistema neoliberal implantado por los gobiernos de derecha, no fueron tocados en lo más mínimo y continuaron generando pobreza y violencia».

“Sin embargo, se mejoró en el sistema de salud y educación, pero, con el presente gobierno todo indica que se irá desmejorando pues los presupuestos se están reduciendo”, indicó Wilfredo.

Por su parte, Alfredo Carias, alertó que “la decisión que tomó en marzo del 2017 el Congreso de El Salvador, al aprobar una ley que prohíbe la minería metálica, por considerar que es una actividad que provoca impactos negativos en medio ambiente y la salud de las personas, podría estar en peligro en este nuevo gobierno, porque empresas transnacionales estarían interesadas en invertir en proyectos de extracción de oro y plata. De concretase, esto reactivará la conflictividad social en las comunidades que defienden los bienes comunes.

La ley que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo que prohíbe esta actividad extractiva por motivos ambientales fue aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados. La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

“Nicaragua: una olla de presión”
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, quiere mantenerse en el poder «a costa de la muerte», y desde ya está haciendo campaña para participar en el nuevo proceso electoral que se va a desarrollar en noviembre del 2021. “La mayoría del pueblo nicaragüenses exige la renuncia de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, desde 2018, pero el régimen ejecutó ataques armados contra civiles, que dejaron cientos de muertos, presos y desaparecidos”, indicó el periodista Nelson Rodríguez, de Radio Universidad de Managua.

“Desde el año anterior Ortega, ha prohibido las protestas que exigen el fin a su régimen y dio potestades para enjuiciar a quienes organicen las manifestaciones. En ese sentido Nicaragua está inmersa en su peor crisis política desde el fin de la guerra civil de la década de los ochenta, las protestas son “ilegales”. En los últimos meses, la violencia se ha cobrado la vida de 326 personas. La mayoría de ellos son civiles que murieron por la represión desatada desde el Estado”.

A renglón seguido dijo que todo esto se da en un intento desesperado del régimen por frenar el movimiento social que desde abril del 2018 exige el punto final a 11 años de gobierno autoritario, en los que Ortega se ha hecho con el control de los poderes e instituciones del Estado y ha instaurado un régimen familiar con el objetivo de conformar una nueva dinastía en Nicaragua.

Hay un precedente: el somocismo, que gobernó durante más de 40 años y que cayó con la revolución sandinista de la que Ortega formó parte. El régimen de Ortega parece seguir los pasos de aquella dictadura, que en 1979 ilegalizó las manifestaciones en un país en plena efervescencia. Aquel año, Somoza también declaró ilegales los paros y las huelgas.

“En Nicaragua, la mayor parte de los medios de comunicación de cobertura nacional están en poder de la familia Ortega. Por lo tanto, existe un gran control de la información. Y ahora con reinicio de una campaña política reeleccionista de cara a las próximas elecciones, la situación se va ir del mal en peor. Nicaragua, es como una “olla de presión, en cualquier momento explotará” y dejará saldos más lamentables de los que ya hemos tenido”, concluyó el periodista Rodríguez.

Honduras ¿Narco-gobierno?
Honduras ha vivido un 2019 marcado por un polémico e ilegal segundo mandato del presidente, Juan Orlando Hernández y su vinculación con el narcotráfico, de acuerdo a testimonios brindados en un Corte de Nueva York, en el juicio de su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado por narcotráfico y tráfico de armas.

Asimismo, en el encuentro mesoamericano de corresponsales de Voces Nuestras, se resaltó que la sociedad hondureña continúa secuestrada por una mezcla tóxica: capitalismo, colonialismo y patriarcado, que como resultado ha dejado en el país un 70% de su población viviendo en la pobreza, mientras unas pocas familias tienen y controlan la economía, y por si fuera poco 330 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2019.

Este año también han resaltado múltiples denuncias de corrupción contra la clase política, que ha logrado en su mayoría librarse de ir a la cárcel, después de mover los hilos de la impunidad. Asimismo, se agudizó la migración de la población hondureña, en un intento por escapar de la pobreza y la violencia vinculada a las maras o pandillas que azotan al país.

También se analizó que, en Honduras, este año se ha radicalizado la lucha territorial por la defensa de los recursos naturales. Muchas comunidades están librando una lucha pacífica contra proyectos mineros e hidroeléctricos. De acuerdo a denuncias de las comunidades en lucha, el otorgamiento de las concesiones se ha hecho sobre la base de una serie de irregularidades.

En las 400 concesiones mineras y la concesión de 108 ríos para la instalación de hidroeléctricas, sobre sale la usencia de consulta y participación de las comunidades, otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, la complicidad de las municipalidades con las empresas extractivas, destrucción de fuentes ríos y el bosque. Esto ha llevado a que varios líderes ambientalistas hayan sido asesinados y otro buen número tenga proceso criminal por el simple hecho de defender los bienes comunes.

Guatemala con futuro nada alentador
En la actualidad en Guatemala, existe una agudización de la violencia causada por conflictos territoriales en las comunidades indígenas, provocados por los proyectos mineros, hidroeléctricos y agrícolas. En estas comunidades agobiadas por la pobreza y el abandono estatal, las empresas extractivas están violentando el derecho a la consulta previa y el derecho a la auto determinación. De acuerdo al análisis de La periodista Carolina Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER).

Manifestó que otro gran problema que enfrentan, es el fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Dijo que, la Fiscalía y la CICIG, investigó con éxito a empresarios y políticos de alto rango en el país en los últimos años, en muchos casos por delitos de corrupción. Como primer caso en 2015, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina se vio obligado a dimitir después de que este cayera bajo sospecha de corrupción debido a las investigaciones de la CICIG.

“Del palacio presidencial pasó a prisión preventiva. Esta acción devolvió a la población guatemalteca su fe en el sistema legal, la que habían perdido hace mucho tiempo” manifestó. Además, recordó que la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, se convirtieron en una especie de superhéroes en Guatemala. Al mismo tiempo, el éxito de la CICIG fue su propia perdición, ya que la élite política y económica conservadora guatemalteca vio su propia existencia amenazada desde el principio por las rigurosas investigaciones.

En este contexto Jimmy Morales, fue elegido presidente el 2015 tras una campaña electoral anticorrupción. Sin embargo, luego cambió de parecer cuando “la CICIG empezó a investigar, primero a su hijo, y luego a su hermano, por delitos de corrupción, y más tarde a él mismo. Así que, en 2018, Morales decidió no extender el mandato de la CICIG. Incluso le negó al jefe de la CICIG, Iván Velázquez, el regreso a Guatemala después de un viaje al extranjero, despojándolo de facto”, dijo Rivas.

A renglón seguido manifestó que, el problema se puede agudizar debido a que el líder político conservador y fundamentalista religioso, Alejandro Giammattei, quien fue director penitenciario del país, fue electo presidente de Guatemala, en agosto pasado, en una contienda inmersa en el contexto de lucha social contra la corrupción, pobreza, desempleo y violencia, que agudizó la crisis migratoria en la que miles de guatemaltecos abandonan su país cada mes. Giammattei, fue electo presidente para el período 2020-2024 y tomará posesión en enero del próximo año.

¿Costa Rica en realidad “pura vida”?
Con cinco millones de habitantes, Costa Rica es uno de los países en Centroamérica con mayor índice de desarrollo social. Sin embargo, está transformación económica se ha dado en un país que aún tiene más del 21% de pobreza, equivalente a 336.999 hogares, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos, encargado de la medición.

A los problemas de infraestructura, corrupción y burocracia, se suma un galopante déficit fiscal de 6% del Producto Interno Bruto, que ha puesto al gobierno conservador de Carlos Alvarado a recortar el gasto público y recaudar más impuestos a través de una reforma fiscal. “Esto ha llevado a que los sindicatos públicos este año hayan desarrollado huelgas en contra de los proyectos neoliberales, que incluso han intentado prohibir el derecho a la huelga, convierten a la educación en “servicio esencial” e imponen el salario único y facilitan los despidos en el sector público”, indicaron periodistas de Costa Rica.

“El desempleo se ha incrementado y el cierre de negocios en San José, es evidencia la crisis económica que está enfrentando el país. La salud desde hace muchas décadas que dejo de ser publica, por lo tanto, uno tiene que pagarla tenga o no tenga trabajo”, indicó Mary León.

México no pierde la esperanza
A pesar de enormes problemas de seguridad y pocos avances económicos, buena parte de los mexicanos siguen creyendo en Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, quien el pasado 01 de diciembre cumplió un año en la presidencia de país azteca. Obrador concluyó su primer año de gobierno con una aprobación por parte del electorado mucho mayor a la que registraran en su momento los últimos tres presidentes: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox.

“Los esfuerzos en materia de seguridad pública no han mostrado efecto, pero la violencia no ha espantado la inversión extranjera y la gran fuga de capitales no se produjo. El tipo de cambio y la inflación muestran buen desempeño. Indicó la periodista Sandra Luz, de Radio Huayacocotla de Veracruz, México.

El gobierno de AMLO recibió un país con una profunda crisis en materia de derechos humanos. En palabras del mismo AMLO: “36 años de calamidades no se van a revertir en 11 meses”. El pueblo mexicano, tan dado a pedir milagros, muestra madurez. Todos saben que el monstruo del narcotráfico y el tsunami migratorio no se pueden enfrentar ni en un año ni sin esfuerzo internacional.

De acuerdo a la periodista Sandra Luz, en materia económica el gobierno está intentado darle buen rumbo, pero se aplauden los esfuerzos en el combate contra la corrupción. Los programas sociales y la asistencia a grupos vulnerables no han pasado desapercibidos. Incluso sus aburridas conferencias matutinas parecen generar confianza, promoviendo algo inexistente en México: la transparencia.

Cierto, el polémico aeropuerto de Santa Lucía, la liberación de Ovidio Guzmán tras los eventos de Culiacán, el ofrecimiento de asilo político a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, no han sido aplaudidos por buena parte del pueblo mexicano, pero, a pesar de esto, la mayor parte de población mexicana dan un espaldarazo al mandatario y mantiene la esperanza que todo cambiara a mejor.

Con el tema de la migración comenzó bien, sin embargo, cayó en la política tóxica antinmigrante del presidente estadounidense Donald Trump. Y en esta ocasión desde julio México desplegó unos 15,000 soldados y policías en la frontera norte para cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de Estados Unidos de frenar la migración, realizando detenciones incluso al borde del límite binacional.

En tanto, precisó que en la frontera sur -con Centroamérica- hay más 8 mil uniformados para evitar el paso de miles de migrantes, en su mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia, la pobreza y de la falta de oportunidades.

La presidencia de AMLO termina el 1 de diciembre de 2024. Cinco años: ¿podrá México reinventar su futuro bajo el mando de este carismático líder progresista?


Avanza la demanda internacional contra el Estado hondureño



En su etapa final se encuentra el proceso de búsqueda de justicia por las violaciones a Derechos Humanos contra el pueblo Misquito.

Los buzos que sufren afectaciones a sus derechos a la salud y a la vida por el ejercicio de la actividad de buceo, no tienen seguridad social, acceso a tratamientos médicos, ni recursos administrativos y/o judiciales efectivos que les permitan reclamar sus derechos. Todo ello constituye violaciones a los derechos humanos en su contra.

El abogado Joaquín mejía del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric), detalla que, el caso de los buzos de la Mosquitia, se refiere a personas trabajadoras que se sumergían en el fondo del mar para obtener langostas, a quienes la presión que existe en el fondo marítimo ha provocado que muchos de ellos murieran por falta de asistencia y otras quedarán con discapacidad de por vida.

En ese sentido, El Estado hondureño ha incumplido su deber de vigilar que las empresas para las que trabajan los misquitos cumplan con los estándares laborales de cuidado. Por otro lado, no han tenido acceso a la justicia y a un sistema de salud de calidad.

Mejía dice que, desde hace varios años las organizaciones Misquitas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso. Todo el proceso terminó ante las CIDH y luego se sumó al proceso el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

“El caso está en su última etapa. Qué es cuando la CIDH presentó el caso ante la Corte interamericana y ahora ante los representantes de las víctimas».

«El objetivo es que la Corte interamericana dicte una sentencia en la que encuentre internacionalmente culpable el Estado de Honduras, además que se pueda reparar a las víctimas y generar cambios estructurales para que, este tipo de hechos no se repitan”, detalla Mejía.

Joaquín Mejía también asegura que la Corte-IDH llamará a una audiencia pública en San José Costa Rica dónde está su oficina y a partir de esa audiencia pública se van a presentar peritos y testigos, los argumentos por parte del Estado, representantes de las víctimas y de la Comisión interamericana de Derechos Humanos, después de esa etapa, la Corte dará un espacio para que las partes puedan presentar sus argumentos finales. Finalmente, la Corte-IDH dictará una sentencia donde ordenará la reparación adecuada.

El experto dice que la última etapa es bastante rápida y por lo menos en un año se podría tener una sentencia a favor de del pueblo Misquito.

Violaciones
La pesca mediante buceo ha ocasionado discapacidad y muerte en adolescentes y adultos miskitos. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud (el más reciente en su materia) señaló en el 2004 que alrededor de 9 mil buzos practicaban la pesca submarina de langosta.

Entre ellos, el 97% había presentado algún grado del síndrome por descompresión y al menos 4.200 misquitos tenían discapacidad total o parcial a causa de este mal. Por su parte, la Asociación de Misquitos Hondureños Buzos Lisiados (AMHBLI) ha reportado que alrededor de 400 buzos han muerto a causa de enfermedades relacionadas con su actividad laboral.

El proceso ante la CIDH involucra a 43 víctimas, entre las cuales se cuenta a 21 exbuzos con algún tipo de discapacidad y 22 pescadores que fallecieron por motivos laborales. Las organizaciones representantes confían en que el litigio de este caso contribuya a que el Estado adopte políticas y medidas estructurales que reparen el daño causado a las miles de personas afectadas en La Mosquitia hondureña.

El golpe de Bolivia todavía huele a litio


Rebelión

Por Alejandro Pedregal *

Bolivia ha sido un país marcado, desde tiempos de la Colonia, por la minería. Y si hay un Departamento que representa esto como ningún otro, este es el de Potosí. De su capital escribió Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina en 1971 que “esta ciudad condenada a la nostalgia, atormentada por la miseria y el frío, es todavía una herida abierta del sistema colonial en América: una acusación. El mundo tendría que empezar por pedirle disculpas”.
El Departamento de Potosí se encuentra hoy en una situación muy diferente. De acuerdo con un estudio de la Fundación Milenio —un think tank, cabe señalar, de corte neoliberal próximo a la derecha boliviana y que recibe financiación de la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés) de Estados Unidos—, desde 2005 (un año antes de que Evo Morales accediera a la presidencia) hasta 2017, el PIB del Departamento creció a un ritmo del 5,5%, con algunos episodios de alta volatilidad y picos de hasta el 24, 25%, como en 2008. Su dependencia de la mina, en todo caso, sigue intacta: sin ella, el promedio en ese periodo bajaría al 2,9%. Después de que el crecimiento bajara del 7,5% de 2016 al 1,3% en 2017, el PIB del Departamento alcanzó el 4,1% en 2018, pero la minería siguió representando alrededor de una tercera parte de este. En Potosí se producen entorno al 80% de los minerales de Bolivia, lo que significa entre el 55% y 60% del PIB de minero, representando el tercer sector productivo del país. Es por ello que la minería, en Bolivia en general y en Potosí en particular, es un sector estratégico en el ámbito económico, pero también de gran presión en el ámbito político.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales se ha enfrentado en múltiples ocasiones a esta realidad a lo largo de su mandato. Si bien las políticas extractivistas a las que las economías periféricas a menudo se ven forzadas para poder crecer— condicionan la diversificación de la economía productiva nacional, la apuesta de Evo Morales por que el sector minero contribuyera a sus políticas sociales ha sido clave para que la pobreza se contrajera del 60,6% al 34,6% durante su mandato, con una reducción en la pobreza extrema del 38,2% al 15,2%, entre otros logros inapelables.

Sin embargo, esta posición ha conducido a Bolivia a una relación conflictiva con las multinacionales mineras. La suspensión de contratos heredados y el esfuerzo por una política destinada al control de un sector clave, han llevado al país ante tribunales de arbitraje internacionales en diversas ocasiones; enfrentamientos en los que el gobierno canadiense ha adoptado un papel especialmente beligerante, ejerciendo prácticamente de portavoz de las multinacionales del país —multinacionales que concentran alrededor del 60% del negocio a nivel mundial—. Con todo, y a pesar de que en 2014 ya se estimaba que estos litigios habías supuesto alrededor de 1.900 millones de dólares para Bolivia, el propio Financial Timesreconoció que la política del gobierno de Evo Morales había llevado al país a triplicar la economía boliviana al tiempo que se había “logrado un récord en reservas de divisas”.

El litio boliviano y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China

Un aspecto constatable durante el mandato de Evo Morales ha sido el descenso de la influencia de Estados Unidos en Bolivia. Como muestra un estudio de CELAG, el país llegó a ser uno de los mayores receptores de asistencia estadounidense en el continente hasta la expulsión del embajador Philip Goldberg y la DEA en 2008, tras un frustrado golpe, y de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) en 2013. Entonces, esta asistencia cayó vertiginosamente; con una pequeña interrupción en la tendencia en 2014 y, sobre todo, 2015, coincidiendo con los meses previos al referéndum constitucional de febrero de 2016.

A pesar de estos datos, la minería boliviana sigue siendo la principal proveedora de estaño, tungsteno, hierro y antimonio a Estados Unidos, y una de las más importantes de cobre, plata, oro y zinc. Sin embargo, las relaciones comerciales entre Bolivia y Estados Unidos también se han visto notablemente afectadas por el creciente papel de China en la región: el 21% de las importaciones del país sudamericano provienen del gigante asiático (que es hoy además el principal acreedor del país), mientras solo el 7,5% lo hacen de Estados Unidos. Evidentemente, el sector minero también se ha visto condicionado por esta disputa —que, por lo demás, involucra a otros actores, como Alemania, Canadá, Rusia o Japón—. Y, además de otros factores, para retratar hoy ese conflicto hay que fijarse en el litio.

Como es bien conocido, este metal alcalino resulta estratégico para el ámbito tecnológico; aún más, si cabe, ante las perspectivas de una transición energética que afecta a sectores como el de la automoción. La empresa estadounidense SRK certificó a finales de febrero que Bolivia posee 21 millones de toneladas métricas de litio, lo que supone casi el 70% de las reservas a nivel global, en el salar de Uyuni, en el Departamento de Potosí, que hace frontera con Chile y Argentina. Es en este triángulo en el que se estima que podría haber alrededor del 85% del litio mundial. Y todo apunta a que la demanda de este material al menos se duplicará para 2025. Ese año aparecía en la agenda del gobierno boliviano para, coincidiendo con el 200 aniversario de la independencia del país , completar el proceso de industrialización definitivo, con el litio como una parte sustancial de este. Pero a diferencia de lo que sucede en las regiones chilena y argentina, la extracción del litio potosino requiere de una mayor innovación técnica para adaptarse a la altura y la humedad que obstaculizan los sistemas de evaporación.

De este modo, a pesar del interés por desarrollar una industria nacional de litio, las exigencias de una inversión de esta magnitud no eran asumibles para Bolivia por sí sola, por lo que para desarrollar el plan, el gobierno precisaba de capital y experticia extranjera. Aún así, el presidente Evo Morales condicionó la inversión foránea a una alianza paritaria con la compañía minera nacional, COMIBOL, y con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Y de este modo, en diciembre de 2018, se llegó a un acuerdo con ACI Systems Alemania (ACISA) para explotar el litio del salar de Uyuni con el fin de producir cátodos y baterías de ion litio. ACISA es una empresa germana que, entre otros clientes, provee de baterías a Tesla. Por otro lado, el pasado febrero, Bolivia también llegó a un acuerdo con la empresa china TBEA Group para, junto a YLB, extraer litio de otros dos grandes salares en Coipasa (en el Departamento de Oruro) y Pastos Grandes (también en Potosí). La entrada de TBEA, junto a la de otras empresas chinas, como China Machinery Engineering , que ya estaban situadas en el negocio del litio en el país y habían demostrado la pericia necesaria para desarrollar nuevas técnicas de extracción —de las que, se criticó, carecía ACISA—, además de ofrecer buenas perspectivas en el reparto de las ganancias, se interpretó como una amenaza para las principales mineras transnacionales.

Sin embargo, y además de otros conflictos mineros, el pasado mes de octubre, apenas unas semanas antes de las elecciones generales, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) inició una serie de protestas contra el acuerdo con ACISA, así como contra el alcanzado con TBEA, para exigir mayores regalías para Potosí por la explotación del litio. Las acciones que se llevaron a cabo incluyeron un paro cívico y la huelga de hambre de algunos de los dirigentes de Comcipo, con su presidente Marco Pumari a la cabeza, así como diversos episodios de violencia y racismo contra el MAS (Movimiento al Socialismo; el partido del presidente Evo Morales). Tras entablar negociaciones directas con el propio presidente, en las que el gobierno adquirió diversos compromisos con Comcipo, y a escasos días para las elecciones, Pumari desconvocó la huelga.

Una vez pasadas las elecciones, el 4 de noviembre, con el conflicto postelectoral ya desatado (debido a un supuesto fraude que varios informes ya han desmontado), el gobierne canceló el acuerdo con ACISA. Para entonces, Pumari ya estaba activo en otros frentes.

El papel de Marco Pumari y las protestas de Comcipo

Conviene dedicar un pequeño apunte al papel de Marco Pumari en la instrumentalización de la protesta del Comcipo dentro del marco del golpe de Estado de Bolivia. Pumari es un antiguo militante del MAS, expulsado por haber desfalcado dinero de las juventudes del partido, del que en agosto pasado se filtró un audio en el que expresaba la necesidad de apoyar al candidato opositor de CC (comunidad Ciudadana), Carlos Mesa, en las elecciones. Para ello reivindicaba, con expresiones notablemente despectivas, la necesidad de que “todas aquellas vinchucas, chulupis y todo lo demás” votaran a Mesa para por fin desbancar a Evo Morales de la presidencia del país.

Como ya se ha señalado, Pumari activó la huelga de Comcipo en octubre y lideró las conversaciones con Evo Morales antes de desconvocarla a escasos días de las elecciones. Pero, ante las acusaciones de fraude lideradas por el millonario ultraderechista y fundamentalista católico Luis Fernando ‘Macho’ Camacho, del Comité Cívico de Santa Cruz, no dudó en ponerse del lado de este, llegando a allanar un domicilio desde donde denunció que se cometía el fraude para después desdecirse. Con el conflicto desbocado, Pumari unió su destino al de Camacho, quien —además de disponer de otros apoyos regionales cercanos a Estados Unidos— según algunas informaciones el 4 de noviembre se reunió con representantes consulares de Argentina (a los que habría pedido asilo si el golpe fracasaba) y España, a los que habría señalado la inminente incorporación de las Fuerzas Armadas al golpe.

Ese mismo 4 de noviembre, como se ha indicado más arriba, fue el día que el gobierno de Evo Morales anuló el acuerdo con ACISA. Tan solo dos días después Pumari se reunía con Camacho en un acto público. Y, ante la lectura que el vicepresidente Álvaro García Linera había hecho de dos versículos del Antiguo y el Nuevo Testamento para responder a las críticas del empresario cruceño, en un gesto servil Pumari reivindicaba que “Camacho les ha hecho leer la Biblia a los herejes”.

Una vez entregado su capital político a la causa golpista de Camacho y Mesa, Pumari celebraría por todo lo alto que esta causa alcanzara sus objetivos seis días más tarde, cuando el Ejército se unió al alzamiento cívico-político-policial y asestó el golpe definitivo al presidente Evo Morales. Mientras este salía hacia el exilio en México, Pumari reproducía un guión que resulta ya clásico a toda oposición derechista en América Latina: aparecía en CNN y acusaba a Cuba y Venezuela de haber mandado francotiradores contra las protestas postelectorales sin ofrecer ninguna prueba.

El gobierno de facto y los intereses estadounidenses

Ante los crecientes indicios sobre el papel estadounidense en el golpe de Bolivia —denunciado por personalidades como Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Roger Waters—, es de esperar que el gobierno de facto actual de Jeanine Áñez restablezca una relación preferente con Estados Unidos que dé respuesta a sus intereses regionales, lo que afectaría tanto a su comercio como a sus inversiones. (No es de extrañar que, en medio de la feroz represión que ha desencadenado este gobierno, algunas de sus primeras medidas hayan sido la expulsión del personal médico cubano en el país, para regocijo de Estados Unidos, o la salida de la ALBA-TCP.)

El sector minero, y especialmente el negocio del litio, marcará en buena medida este giro. No en vano, ACISA ya expresó, con la derogación del acuerdo, que estaba “segura de que nuestro proyecto (…) podrá continuar después de una fase de calma y clarificación política”. Es de prever que, entre otras, la canadiense Pure Energy Minerals, también proveedor de Tesla y que ya se posicionó en su momento con respecto al salar de Uyuni pero no fue capaz de ajustarse a las exigencias del gobierno de Evo Morales, adopte movimientos significativos si el contexto político le es favorable. En cualquier caso, la incertidumbre entorno al litio aumenta con la inestabilidad en el país (unida a la que hay en Chile, Ecuador y Perú), debido a la enorme inversión que entraña y la resistencia social a la que esta podría enfrentarse ante circunstancias como las actuales. Aún así, el lunes 11 de noviembre, mientras el presidente Evo Morales salía del país amenazado por el Ejército, las acciones de Tesla se disparaban un 2,36%.

El golpe de Estado en Bolivia parece poner en evidencia la creciente preocupación de los Estados Unidos ante la posibilidad de que un nuevo ciclo progresista se consolide en el continente. No son pocos los analistas que entienden que la victoria de la fórmula electoral Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y las perspectivas políticas en Brasil tras la salida de Lula da Silva de la cárcel, junto a la resistencia que ha mostrado Nicolás Maduro en Venezuela y el papel de Andrés Manuel López Obrador en México, han conducido a los halcones de Washington a aplicar, una vez más, la vieja Doctrina Monroe. Con todo, si bien es cierto que, como diría Hugo Chávez, el rastro de la OEA en el golpe de Bolivia (del que he hablado en otro artículo) deja un fuerte olor a azufre, cada día parece más notable que este golpe también apesta a litio.

* Alejandro Pedregal es escritor, cineasta, profesor e investigador. Su libro más reciente,   Evelia: testimonio de Guerrero (Akal/Foca, 2019), recoge el testimonio de la defensora social Evelia Bahena García en su lucha contra las mineras en el estado de Guerrero (México). Es doctor por el Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Universidad Aalto (Finlandia) y profesor en la Unidad de Arte Expandido (UWAS) de la misma institución.

El neoliberalismo los cría y la Biblia los junta

Rebelión

Por Rafael Villegas *

El pueblo boliviano vive hoy una tragedia y América Latina está en grave peligro.

Cuando uno se pregunta porque los nacionalismos religiosos tiene tanto éxito, debemos recordar que estos responden a una constante: todos los imperialismos se apuntalan desde una justificación religiosa de supremacía blanca. Así ocurrió con la conquista de América, el colonialismo en Sudáfrica y en Palestina hasta el día de hoy. Todos ellos con la biblia en la mano y el supuesto aval de dios para destruir y conquistar. "Llenad la tierra, y sojuzgadla, y dominad sobre los peces del mar, y sobre las aves del aire, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra" (Génesis 1:28). Tal es el mandato bíblico que los insufla de odio y persecución.

Queda en evidencia que -por detrás de los intereses que el imperialismo y las elites dominantes tienen en la conquista sobre los recursos naturales- se observa un profundo sustrato religioso que hace alianza con todo un sistema de símbolos que sostienen el aparato cultural del libre mercado. Marx no se había equivocado. Definió certeramente al capitalismo como un sistema lleno de presupuestos religiosos que podemos encontrarlos en la nebulosa de la teología.

Fernando Camacho, el Pastor Chi Hyun Chung, Jair Bolsonaro y el mismo Trump (ungido por el pastor Robert Jeffress, para comandar una cruzada mundial!) son la expresión de un tipo de subjetividad que asoma por arriba pero que se viene vertebrando desde hace décadas en las entrañas de la región. Tiene que ver con el pensamiento mágico y la religión. Es el chasis que sostiene la locomotora del capitalismo en su actual modelo neoliberal.

La ilusión del progreso infinito, la utopía de la felicidad privada no tienen apoyo más que en premisas teológicas que operan como el fuselaje invisible de la política.

Estos profetas de la muerte no son una saliencia disruptiva del sistema, sino que guardan coherencia con un modo de producción de sujetos. No es una anomalía, sino la consumación de un largo periodo de siembra subterránea y capilar sobre las ilusiones religiosas que respaldan a la economía del libre mercado: El consumismo y salvación personal.

Tenemos que pensar seriamente como hemos de dar la batalla cultural en estos tiempos tan oscuros. Si es que todavía existe un cristianismo liberador, es evidente que no es el Cristo travestido con el que se sienten representados los poderosos y las elites de este mundo. El cristianismo del campesino Jesús, oprimido junto a su pueblo por la meritocracia Romana es de otra naturaleza. Está presente en el dolor y la resistencia de los pueblos que claman por liberación y justicia, en toda practica que religa al pueblo en torno a la justicia social, la armonía con la naturaleza y el amor comunitario. Como la Pachamama. De allí que el cristianismo jamás pretendió ser la religión del libro, ni de ningún fundamentalismo, sino la religión del prójimo, del amor, del compartir.

Gracias Presidente y hermano Evo por marcarnos el camino, por enseñarnos el evangelio del amor al prójimo, la hermandad, la justicia social y por desenmascarar a los eternos crucificadores!!. Tú has sembrado en tierra fértil y pronto, muy pronto volverá a flamear la hermosa Whipala!!

* Rafael Villegas es psicólogo y miembro del colectivo Teología de la liberación Pichi Meisegeier

¿Quiénes son los responsables del golpe en Bolivia?

Rebelión

Por Alfredo Serrano Mancilla

Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas.
Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news.

En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos participes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos.

He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos:

1. El fascismo de los comités cívicos, especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.

2. La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones. Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.

4. La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.

5. El Gobierno de los Estados Unidos. Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran.

6. La policía. Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado.

7. Las Fuerzas Armadas. Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios.

8. Ciertos medios de comunicación. Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales.

9. Los actores económicos. Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.

10. Los oportunistas de siempre. No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora beniana Añez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para obtener su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país.

* Alfredo Serrano Mancilla, Director CELAG

martes, 10 de diciembre de 2019

Ninguna sentencia que no incluya asesinos intelectuales será capaz de hacer justicia



Por Padre Melo

Para quienes controlan todos los hilos del poder en Honduras, desde la familia Atala hasta llegar al mandatario hondureño, el asesinato de Berta Cáceres debe dejar a los asesinos intelectuales en la impunidad. No tienen otro camino. Han organizado tan bien la estrategia de impunidad, que permiten una condena que hace aparecer que la justicia ha funcionado para dejar satisfechos a organismos internacionales, al tiempo que deja todos los insumos mediáticos para que todo quede en paz y todo vuelva a la normalidad.

Los que planearon el asesinato de Berta Cáceres sabían que matarían a una persona a la que nunca podrían controlar. Pero no esperaban la repercusión mundial que adquirió su asesinato.   Nadie en el poder dimensionó lo importante, lo querida y lo reconocida que era en el mundo Berta Cáceres.

Los más altos propietarios y accionistas de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) son los poderosísimos hombres supuestos responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Una empresa legalmente constituida para la industria extractiva y construcción de proyectos hidroeléctricos, con pleno apoyo financiero de Europa, liderada por la familia Atala, es la que busca escabullir la responsabilidad legal de un asesinato que cae sobre sus espaldas.

A Berta la mataron por ser mujer que desafió el poder de los hombres poderosísimos de Honduras. Ningún hombre con tanto poder podía estar tranquilo con la presencia y la palabra de Berta Cáceres. Los hombres poderosos no pudieron controlarla. El poder de Berta desafiaba el de ellos. Y tanto los desafiaba que puso en peligro sus empresas. 

Los altos empresarios detrás de DESA Tenían que matarla. Una mujer les había ganado la batalla. Y esa humillación no la podían tolerar. Cegados por el poder humillado, planificaron su muerte, olvidando que ya para entonces Berta tenía un liderazgo nacional y un gran reconocimiento internacional. 

En el asesinato de Berta Cáceres existe un patrón que acompaña a los hombres con poder para sacudirse a quienes les estorban. Con Berta este patrón funcionó a rajatabla:

El primer paso es ignorar o invisibilizar a quien reclama y tiene liderazgo social y político; Berta derrotó el silencio social, político y mediático. El segundo paso es sobornar y seducir para que la voz de quien protesta se calle. Una seducción que incluso es sexual como en el caso del oficial retirado y subjefe de la seguridad de DESA. La acoso sobre la divisa de que “toda mujer puede ser conquistada, es cuestión de dar con el camino para lograrlo”. El tercer paso es la estigmatización y descrédito: a Berta la llamaron revoltosa, opuesta al desarrollo, terrorista, “marimacha”. Berta derrotó la estigmatización con persistencia. Cuando en Honduras era llamada “enemiga del desarrollo” en Estados Unidos era premiada con el Premio Goldman. Y cuando en el país era desacreditada por oponerse a la Iglesia, era premiada, también en Estados Unidos, con el reconocimiento “Monseñor Romero” y el Papa Francisco la recibía con un abrazo en el Vaticano. 

El cuarto paso es la criminalización de quien se opone, de quien denuncia, de quien protesta. Berta fue criminalizada. Fue a los tribunales y a la cárcel. Querían quitarla de en medio. Y querían debilitar las luchas indígenas y populares que encabezaba el COPINH. También querían sembrar el miedo en quienes veían en Berta un referente. El quinto paso es la eliminación física, la muerte. A Berta la mataron porque ni pudieron ignorarla ni sobornarla ni vencerla en juicio. Por su persistencia y su tenacidad, Berta se colocó ante los hombres poderosos en el paso de la muerte. A una mujer de ese tamaño no podían permitirle que siguiera viviendo. Estaba en juego el honor de los hombres. Dejarla viva significaba aceptar la humillación que ella había infligido a los hombres del poder. 

Los hombres que dispararon contra de Berta Cáceres están identificados, enjuiciados y sentenciados. Los autores intelectuales del crimen están impunes, y están al alcance de la justicia si la misma quiere actuar. Ellos habitan entre los más altos accionistas de DESA. Muy probablemente participan activamente en obras filantrópicas y de beneficencia y puede que asistan asiduamente al templo, en donde son reconocidos como bienhechores. 

Berta trazó el camino. No es fácil seguirla, pero dejó sus huellas y su espíritu. Mientras las estructuras de poder que mataron a Berta sigan intactas, las mujeres seguirán amenazadas.El camino que trazó Berta es lucha frontal contra el patriarcado, y desde esa convicción convoca a luchar tenazmente por romper con la impunidad que protege a los asesinos intelectuales. La sentencia condenatoria de los asesinos materiales es un paso. Hace creer que ya se hizo justicia, es todavía espejismo.Las estructuras y los criminales están intactos. Están impunes. La defensa auténtica de las mujeres y de los hombres que con ellas luchan en contra del patriarcado y de quienes amenazan la vida de las comunidades con sus proyectos extractivos, reside en ir mucho más allá de la actual sentencia. El camino se ha de proseguir hasta lograr enjuiciar y sentenciar a los asesinos intelectuales. Solo entonces estaremos en paz con la memoria de Berta, y podremos llamarnos herederos y herederas de sus sueños, sus luchas y sus ríos. Solo entonces.


Organizaciones reinician la recolección de firmas para abrogar el Código Penal



Varias organizaciones que han dejado clara oposición al nuevo Código Penal, reiniciaron el proceso de recolección de firmas para presentarlas al Congreso Nacional y pedir su abrogación.

Hace unas semanas, el primer intento fracasó, pues de acuerdo a lo expuesto por la junta directiva del Congreso, el Registro Nacional de las Personas, dijo que las firmas presentadas tenían inconsistencias por lo que la iniciativa no podía proceder.

En ese sentido el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una de las organizaciones que forman parte de esta coalición, mostró su malestar ante el rechazo del Congreso para que la iniciativa se tramitara en este poder del Estado. El director de investigaciones del CNA, Odir Fernández, dijo que volverán a recolectar las firmas a nivel nacional.

El CNA anunció que la jornada de recolección arranca este día en Tegucigalpa, en horario de 8 am a 3 de la tarde, y estarán ubicados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y cercanías de Hospital San Felipe.

Asimismo, se anunció que en los próximos días se extenderían las jornadas de recolección de firmas en otras regiones del país.

Hasta el momento el Congreso Nacional a través de sus autoridades han manifestado que el nuevo Código seguirá siendo sometido a reformas, pero que su entrada en vigencia será un hecho en el segundo trimestre del 2020.

Mario Pérez, diputado del Congreso, manifestó que seguirán discutiendo con los diversos sectores de sociedad civil, empresa privada, Iglesias para alcanzar las reformas pertinentes y de la misma forma iniciar un proceso amplio y profundo de capacitación a todo el Poder Judicial.

A criterio de diputados de oposición hay un tema que preocupa sobre las reformas que se han planteado en el Congreso, y es el giro que está tomando el tema de los delitos contra el honor.

La diputada de Libre y también periodista Patricia Murillo, dijo que como bancada dejan clara su postura de que los delitos contra el honor sean abordados exclusivamente desde una perspectiva civil.

Murillo dejó claro que los votos de su bancada serán a favor de esa medida, que además fue planteada en su momento por el Colegio de Periodistas, misma que fue parte de un supuesto acuerdo entre esta organización y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva.

La diputada también dijo que apoyarán cualquier moción que vaya en la lógica de la recolección de firmas, la cual pretende que el nuevo Código Penal no entre en vigencia.Las organizaciones que forman parte de la Coalición anunciaron que una vez termine la recolección de firmas, volverán a entregar las mismas al Congreso Nacional para dar el trámite correspondiente.