Población sigue en resistencia contra elecciones del próximo domingo

Adital

A pesar de las innumerables protestas de la sociedad civil hondureña y de los organismos internacionales, el gobierno de facto da continuidad al proceso electoral en el país. El próximo domingo (29) cinco candidatos disputan la presidencia de Honduras en las urnas. La población, sin embargo, sigue en resistencia al golpe y contra la votación. Para impedir manifestaciones de la sociedad, el gobierno de facto apuesta a la militarización del proceso. Las elecciones, que vienen siendo impugnadas por la sociedad civil por realizarse sin el restablecimiento del orden constitucional, tienen actualmente cinco candidatos a la presidencia: Porfirio Lobo Sosa, del Partido Nacional; Bernard Martínez, del Partido Innovación y Unidad S.D (Pinu); Felicito Ávila, del Partido Demócrata Cristiano (DC); Elvin Santos, del Partido Liberal; y Cesar Ham, del Partido Unificación Democrática (UD).

De los 7,2 millones de habitantes, Honduras tiene 4,6 millones aptos para votar el día 29 de noviembre, según datos del subdirector administrativo del Registro Nacional de las Personas (RNP), Manuel Sagastume. Sin embargo, la expectativa de los movimientos contrarios al golpe es que muchos no asistan a las urnas.
La crisis política hondureña está marcada por la violación de los derechos humanos de los manifestantes que están en contra del gobierno de facto. De acuerdo con informaciones del boletín La Honda, hasta ahora, cerca de 30 personas fueron muertas, más de mil fueron detenidas ilegalmente, 475 torturadas y 120 procesadas judicialmente.
Todo indica que la situación podría agravarse todavía más este domingo, con la fuerte militarización del proceso electoral. Según el Supremo Tribunal Federal, las Fuerzas Armadas hondureñas ya están listas para transportar y guardar el material de las elecciones "por aire, por mar y por tierra". El jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez informó que en total más de 120.000 efectivos ya están listos para realizar esa tarea.
Además, organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como las integrantes de la Misión del Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN), denuncian que el gobierno de facto está amenazando acusar penalmente a las personas que están promoviendo campañas de abstención del voto.
Según el comunicado del Observatorio, divulgado ayer (26), la Misión en visita al país desde el lunes pasado (23), constató la presencia de noticias pagadas en los principales medios de comunicación impresos del país, advirtiendo a la población sobre los riesgos que tendrán las personas que no vayan a las urnas el próximo domingo.

No a las elecciones
Aún con las amenazas y la fuerte militarización del proceso electoral, la población hondureña sigue con la campaña por el no voto el próximo día 29 de noviembre y por la no consideración del resultado. Hasta inclusive mandatarios de varios países, como Ecuador, Argentina y Brasil, ya declararon que no reconocerán las elecciones y, consecuentemente, al candidato electo como presidente constitucional.
Esto porque, de acuerdo con las organizaciones de resistencia al golpe, tales elecciones serán un "fracaso", ya que se realizan en un contexto de crisis política, bajo el comando de un presidente de facto. Para ellas, la salida es restituir al mandatario constitucional del país, Manuel Zelaya, en el poder.
Al contrario de lo que viene siendo divulgado por el gobierno de Micheletti, la abstención al voto, así como la insurrección, es un derecho del pueblo establecido en el artículo 3 de la Constitución Nacional: "Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quien asuma funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas (...). El pueblo tiene el derecho de recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional".
Misión denuncia violaciones
Las acciones del gobierno de Roberto Micheletti sobrepasan las amenazas, con violaciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Esto es lo que afirma el comunicado de la Misión del Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN), divulgado ayer.

"En la práctica, por hacer un llamado a no votar, las Fuerzas Armadas denunciaron penalmente a Andrés Pavón, presidente del Comité de Derechos Humanos de Honduras (Codeh) y pretendieron justificar la cancelación de la naturalización hondureña y la expulsión del país del padre José Andrés Tamayo Cortez, reconocido líder ambientalista", agrega OISDHHN.
Según el comunicado, el clima de temor es generalizado en el país, y afecta principalmente a las personas vinculadas a la resistencia. Violaciones de los derechos humanos y restricciones a la libertad de expresión son sólo algunas situaciones constatadas por la Misión que demuestran la falta de condiciones para que hondureños y hondureñas cumplan libremente con sus derechos de ciudadanos, como el voto libre.
"El OISDHHN hace un chamado al Supremo Tribunal Electoral, órgano que ahora dirige a las fuerzas de seguridad y el Ejército, para que cese todo tipo de persecución política y -en particular- cualquier acto de persecución, intimidación, amenaza y atropello contra las personas que ejercen su derecho a la libre expresión", concluye.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com