LINyM
Por Giorgio Trucchi
Este 28 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Trujillo declaró sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, planteada por el equipo legal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que tienen más de dos años guardando prisión de manera injusta, ilegal y arbitraria, acusados de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.
No es primera vez que sus defensores intentan obtener una revisión de medidas cautelares, sin embargo, los jueces han venido denegando sistemáticamente esta posibilidad.
Los jueces Franklin Arauz Santos, Ricardo Duarte Zaldivar y Carol Ortega Rodríguez consideran que «los presupuestos de proporcionalidad, necesidad y racionalidad para mantener la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva no se han desvanecido». Además, estiman que los delitos que se les imputan son graves y que sigue existiendo el peligro de fuga de parte de los imputados.
«Es lamentable ver como se sigue aplicando la justicia selectiva en Honduras; ver como confabulan el sistema judicial, la política y la empresa minera para seguir manteniendo a nuestros compañeros encarcelados. Eso nos indigna, nos hiere, pero nos mantenemos en pie de lucha», dijeron miembros de las organizaciones que han venido acompañando la lucha de los ocho defensores y sus familias.
«Miles de personas en el mundo están pendientes de lo que está ocurriendo aquí en Trujillo. Los argumentos de los jueces jamás van a convencernos que la detención de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro es justa. Los compañeros están en una detención ilegal y arbitraria», manifestó Edy Tábora, del equipo legal.
«Como ha ocurrido durante estos 26 meses, los jueces siempre omiten pronunciarse sobre los planteamientos realizados por la defensa legal de los ocho defensores: se presentaron de forma voluntaria, no representan ningún peligro, no son criminales ni delincuentes, las investigaciones ya están concluidas. ¿Cuáles son las razones para no tomar en cuenta la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva?», se preguntó el abogado.
«Lo más grave – continuó Tábora – es que, con la resolución de hoy, el Tribunal de Sentencia prácticamente está emitiendo una sentencia de culpabilidad anticipada, lo cual representa una grave omisión a sus obligaciones constitucionales.
Levantamos una alerta nacional e internacional porque no existe ninguna garantía judicial para realizar el juicio que está programado del 1 al 10 de diciembre, es decir inmediatamente después de las elecciones generales», concluyó.
Antecedentes
En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional «Montaña de Botaderos», cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc), antes EMCO Mining Company.
En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones a la compañía minera.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controladas por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.
El nombre de Facussé ha sido relacionado en el pasado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán, donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida, y con el despojo territorial en la península de Zacate Grande.
Recientemente, el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas determinó que los defensores de Guapinol «se encuentran detenidos arbitrariamente» y que esta medida «contraviene la Declaración universal de los derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos».
Asimismo, consideró que el remedio adecuado es «poner a los defensores inmediatamente en libertad, concediéndoles el derecho a obtener la necesaria reparación a la vulneración de sus derechos».
El Estado nunca respondió e hizo caso omiso de las recomendaciones.
Reacciones
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) en Honduras expresó su seria preocupación por la resolución del Tribunal de Sentencia de Trujillo.
«La Oficina que represento ha llamado en reiteradas ocasiones a que se revise la detención preventiva de los defensores y a que se cumplan las garantías del debido proceso con base en las obligaciones internacionales de Honduras en la materia.
Lamentamos que, nuevamente y sin acreditarse los elementos que justifiquen mantener la detención preventiva, los defensores sigan sometidos a dicha medida», expresó Isabel Albaladejo Escribano, representante de OACNUDH en Honduras.
La OACNUDH hizo un llamado al poder judicial hondureño para que «adopte medidas urgentes para poner en libertad a los ocho defensores».
También recordó que la criminalización de la defensa de los derechos humanos socava las bases del estado de derecho y afecta principalmente «a quienes defienden la tierra y territorio, el medio ambiente, los derechos civiles y políticos, a quienes denuncian modelos opacos y poco participativos de explotación de los recursos naturales, denuncian violaciones de derechos humanos o denuncian la responsabilidad de las empresas».
La Plataforma agraria del Valle del Aguán y la Coordinadora de organizaciones populares del Aguán (COPA) firmaron un pronunciamiento donde condenan la decisión de los jueces que refleja «la manipulación y la clara confabulación y la obediencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, al poder económico de la familia Facussé y el minero Lenir Pérez, junto al narco dictadura que gobierna el país».
Ambas organizaciones aseguran que «seguirán exigiendo la libertad de los defensores encarcelados arbitrariamente desde hace dos años y seis meses».
