viernes, 13 de diciembre de 2019

Tocoa: Lucha contra el modelo que explota, desplaza y criminaliza



La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.

Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.

El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.

Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.

Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.

“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.

La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.

El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.

En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.

Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.

El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.

En Honduras los proyectos mineros a cielo abierto como: Entre Mares en el Valle de Siria, Francisco Morazán y Minosa en Copán, han sido denunciados por la contaminación ambiental y por el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Además, por los daños severos en la salud de la gente. También son denunciados los proyectos mineros que se desarrollan en el Corpus, Choluteca, al sur del país.

Retos
En entrevista a Radio Progreso Esly Banegas contó que luego de la declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, las comunidades tienen el enorme reto de hacerla efectiva. “Nos enfrentamos a un modelo feroz y a políticos tradicionales que solo buscan su propio beneficio”, apuntó.

Adán Fúnez es alcalde por el partido Libertad y Refundación (LibRe), catalogado como oposición en el país porque nació luego de las protestas del Golpe de Estado de 2009, y es coordinado por Manuel Zelaya Rosales quien fue derrocado de la presidencia ese año.

Para algunos sectores Libre significa la esperanza y transformación de Honduras, para otros, es un partido acaparado por políticos tradicionales que emigraron del bipartidismo para aprovecharse de la indignación ciudadana. A nivel nacional alrededor 30 alcaldías son gobernadas por este partido.

La gente de Tocoa está cansada de escuchar las mentiras de su alcalde, quien se rehusaba a convocar el cabildo abierto bajo el argumento de que podía ir a prisión si declaraba el municipio libre de mineras. “Más de 80 municipios se han declarado libre de extractivismo y no hay ningún alcalde preso por eso”, dice Esly.

Al ser consultado por Radio Progreso, Adán Fúnez, lejos de asumir su responsabilidad en el conflicto socio ambiental que ha generado la criminalización de más de 30 personas, 8 de ellas en prisión y más de 5 personas asesinadas, se defiende señalando que el Comité Municipal Ambiental se ha beneficiado de la lucha al recibir un millón 300 mil euros a través de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que impulsa un proyecto de vivienda y desarrollo alternativo sostenible y además formación en derechos humanos y bienes naturales.

Para Esly esas declaraciones son irresponsables y se suman a la campaña de desprestigio contra los ambientalistas que impulsa Inversiones Los Pinares a través de redes sociales y medios de comunicación nacional y local. También demuestran que a las autoridades no les importa que 8 personas estén privadas de libertad injustamente en la cárcel de Olanchito, Yoro y La Ceiba en Atlántida señaló la lideresa social.

La corporación municipal de Tocoa, tiene como fecha máxima hasta el 15 de diciembre, para entregar a la ciudadanía la certificación del cabildo abierto, donde se declaró al municipio libre de mineras. “Toca presionar para que esa declaratoria sea una realidad”, dice Esly a pesar de la incertidumbre y el ambiente de amenazas que existen, porque no confían en el alcalde y sus regidores, y porque temen a las represalias que puedan venir de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras.


El agro hondureño y la fumada verde-olivo de JOH (I)



Foto: Conexión.HN-DDHH
                  
Introducción

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández (JOH), aprobó la asignación de cerca de 4 mil millones de lempiras a las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) para que ejecuten un programa de desarrollo agrícola, en clara violación de la Constitución de la República y de las competencias privativas de las instituciones que tienen la responsabilidad de planificación, ejecutar y evaluar las políticas, programas y proyectos en la materia, incluyendo la administración de los recursos asignados.

Después del golpe de Estado (junio de 2009) se habló de una remilitarización de la sociedad hondureña, pero hoy se habla de un cogobierno JOH-FFAA, capaz de garantizar la continuidad de su mandato ilegítimo, en un entorno de creciente corrupción, impunidad, narcotráfico y la vigencia de un modelo de corte neoliberal que, hasta hace poco, tenia a Chile, como referente teórico y evidencia comprobada en resultados de estabilidad y crecimiento económico.

Pavimentando el camino

Honduras enterró la reforma agraria en 1992, al aprobarse y entrar en ejecución la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMSA), principal instrumento del programa de ajuste estructural de la economía en el agro, integrante de las políticas de ajuste económico y cambio estructural avaladas por el FMI y asumidas como válidas por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1993), perteneciente al Partido Nacional que hoy desgobierna Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza.

La LMDSA fue diseñada por Roger Norton, un destacado economista contratado por USAID, pero avalada por organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y la Unión Nacional de Campesinos (UNC), cuyos dirigentes fueron denunciados por recibir dineros y tierras del gobierno por aprobar dicha legislación en contra de sus bases. Esta Ley, sigue aun vigente, aun cuando muchos de los postulados teóricos no se aplican, la institucionalidad creada ha desaparecido y gran parte de sus programas y reglamentos se volvieron obsoletos, caso del Fondo de Tierras y el Fortalecimiento y Desarrollo Empresarial del Sector Reformado (empresas y grupos campesinos creados con la Ley de Reforma Agraria de 1970) de la economía hondureña.

Los efectos e impactos de la LMDSA todavía no han sido evaluados, y los gobiernos no han querido ir en contra de una política agraria que sistemáticamente destruye el tejido y la base económica y social rural, aumenta la concentración y ociosidad de la tierra, debilita la producción de bienes salarios, atomiza las organizaciones campesinas, aumenta el riesgo de la inseguridad alimentaria y vuelve dependiente al país de importaciones de alimentos.

Frente a esta parálisis agraria, después del golpe de Estado (junio de 2009), el Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) exigió al gobierno de “Pepe” Lobo la entrega de tierras en poder de Miguel Facusse y Rafael Canales, que fueron pagadas por el Estado a los empresarios para ser explotadas por las cooperativas y grupos campesinos, teniendo que asumir la deuda con la banca y honrarla con los ingresos obtenidos por la venta de palma africana. En la actualidad, las expectativas no son favorables a MUCA, en tanto hay retrasos en los pagos al banco, y lo más seguro es que las tierras vuelvan a ser adquiridas por las empresas agroindustriales de la zona fundadas mayormente por Miguel Facusse.

Hay más de 10 años de parálisis agraria, donde el gobierno ha venido cercenando las competencias del Instituto Nacional Agrario (INA), Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG). En el caso del INA, además de disminuir su presupuesto, se han reducido sus competencias y cobertura en la prestación de servicios a los campesinos, al aprobarse el decreto ejecutivo PCM-051-2016 de julio de 2016, que suprime oficinas sectoriales del INA en Talanga, Intibucá, Sabana Grande, Yoro, Catacamas, Copan, Ocotepeque, Danlí, El Paraíso, Choluteca y Valle, sumado al eliminación de la División de Atención a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, donde se incluye la atención a las organizaciones indígenas, grupos y cooperativas del sector reformado.

El Banadesa, considerado el banco de los campesinos y reforma agraria, primero se intentó cerrar, pero el gobierno ocupaba un voto colegiado de los diputados del Congreso de la República en tanto implicaba modificar la Constitución de la República; después se autoriza para que un banco de segundo piso, caso del Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BAHPROVI), opere como banco de primer piso, debilitando a Banadesa; sumado al apoyo incondicional a Banrural, un banco privado donde dirigentes campesinos y gremiales-no coludidos con la corrupción- acusan que funcionarios de gobierno son socios. Hoy, se está a la espera del cierre de Banadesa por liquidación de activos, ya que la mayor parte de su cartera se encuentra en mora y no hay indicios de inyección de recursos frescos y reestructuración de deudas de los pequeños productores, cooperativas y grupos campesinos.

Con la SAG se empezó con robar los fondos presupuestarios (caso Pandora), donde se involucraron funcionarios de gobierno y políticos de los partidos tradicionales; posteriormente, se invisibilizó el accionar de la unidad de planificación sectorial y del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA), sumado al debilitamiento de los programas y servicios como PRONAGRO, el programa de los agronegocios rurales que operan con un raquítico presupuesto, la reducción de las competencias de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) y del Servicio Nacional de Educación y Capacitación Agrícola (SEDUCA), al asignarse por decreto PCM-037-2019 de julio de 2019, varias de las competencias al programa de Sistema de Centros de Innovación Tecnológica y Agrícola (SCITA), adscrito a la Secretaria de Educación, y cuyo director será nombrado directamente por el Presidente de la República.

Al parecer, con estas acciones, JOH pavimentó el camino no solo para tener un mayor control de las competencias y fondos públicos, sino también para que su principal aliado, las FFAA, participen más y “activamente” del reparto del pastel de dichos fondos.

II. En todo militar hay un campesino y pequeño productor

Una gran parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas Hondureñas y de la Policía Nacional, proviene de familias asentadas en municipios y departamentos de fuerte presencia indígena y campesina, con arraigo en la tierra y producción de bienes alimentarios. Miran en la “milicia” una oportunidad para salir de la pobreza material que enfrentan, que además de la mejora de sus ingresos monetarios les garantiza cierto estatus social y poder. Los que han llegado a altos rangos (coronel, por ejemplo) y ocupar altos cargos, piensan en adquirir tierras y criar ganado, a efecto de garantizar un retiro sin riesgos y olvido; lo que no lo logran, buscan que se aumente su jubilación y aportar o dirigir sus propias empresas de seguridad privada; otros se convierten en narcotraficantes degradados.

En algún momento de su vida, Berta Cáceres, lamentaba que sus propios compañeros de aldea y municipio, se prestaran a reprimir a sus hermanos de sangre por defender la tierra, recursos naturales y biodiversidad. En tal sentido, opera una especie de alineación sobre los valores patrios, utilizados para que los aspirantes a soldado o policía, tengan claro que el primer deber es con la patria y derivados como la propiedad privada, orden y la seguridad interna.

El presidente Hernández mediante decreto PCM-052-2019 de octubre de 2019, creó el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), cuyo objetivo principal “es incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, mediante la inversión en activos productivos, así como el establecimiento de una mentalidad emprendedora desarrollando conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades como elemento esencial generador de riqueza para los productores y productoras” (Art, 1).

El problema, al igual que la disminución de presupuesto y violaciones de las competencias jurídico-institucionales de INA, BANADESA y SAG, es que el programa cercena aún más dichas competencias y, en el caso particular del INA y BANADESA, es inconstitucional ya que viola dichas competencias establecidas en la Constitución de la República. El PDAH estará escrito a la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, con una Dirección (C-10) en la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, responsable de estructurar, ejecutar y administrar el programa.

La asignación de recursos para la ejecución del programa asciende a la cantidad de 3,909,914,253,58 millones de lempiras, para ser ejecutados en un periodo de seis (6) años desde 2019 a 2015, lo que abarca otro gobierno (2022-2025), en caso que JOH no decida lanzarse de nuevo ya que la ventana de la reelección está abierta. En caso que el programa se ejecute en 2019, 2020 y 2021 sin “tropiezos”, los militares negociarían con el nuevo gobierno para que el programa no sea eliminado, tal como ha sido la costumbre a través del tiempo (léase: combate de incendios forestales y protección del bosque).

Los beneficiarios del PDAH serían un total de 60,000 productores, en su mayor parte pequeños productoras (as) y aquellos organizados en grupos campesinos y cooperativas de la reforma agraria. Las dudas que surgen son ¿Cuánto le tocará a cada productor? ¿Qué rubros serán apoyados y cuanto será las áreas (manzanas) destinada a sembrar? ¿Los recursos del programa destinados a los campesinos tendrán algún costo o no? ¿Qué Banco otorgará dichos recursos? ¿Quién (es) además de las instituciones públicas brindarán servicios de asistencia técnica y capacitación? ¿Las FFAA podrán contratar empresas privadas (tercerización) para brindar este tipo de servicios? ¿Quiénes son los dueños de estas empresas privadas? ¿Los recursos asignados al programa son recursos públicos (provenientes del pago de impuestos), o algunos son privados o deberán ser contratados vía préstamos? ¿Cuándo es el gasto administrativo por la ejecución del programa? ¿Quién auditará los fondos y en qué tiempo? ¿Quién evaluará el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo del Programa, POA y presupuestos anuales? ¿Acaso estas metas guardarán relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Estas dudas y otras interrogantes surgen frente a la decisión de JOH de asignar recursos públicos a una institución cuya competencia fundamental no es sembrar ni producir alimentos. ¿O, acaso, hay gato encerrado? JOH nos tiene acostumbrados a jugar con pelota adelantada. El próximo año hay elecciones internas, y será un año difícil para la gestión del gobierno, no solo por la desaceleración de la economía, sino por la presión social y política cuyo objetivo es la exigencia de su renuncia como presidente ilegítimo de Honduras, requisito fundamental para allanar el camino a la transición democrática.

Un nuevo modelo de desarrollo sin FMI


Por Javier Suazo

Jaume Puig-Forne, representante del FMI en Honduras
Foto: la Tribuna.hn

“En la Secretaría de Finanzas (SEFIN) solo hay billete para activistas políticos y militares (chepos)”

Fredy Guzmán, Hablemos de Día”

En Latinoamérica, las políticas neoliberales se resisten a morir, y más bien amenazan con retornar con más fuerza en países como Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ello, no obstante, la crisis de legitimidad y resultados del modelo de corte neoliberal que se observa en Chile.

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), presentó los hallazgos de un estudio sobre los “Acuerdos y Desacuerdos con el FMI”, donde hubo un cuestionamiento a las políticas de corte neoliberal aplicadas en Honduras, especialmente después del golpe de Estado (junio de 2019). Entre estos cuestionamientos destacan: la concentración de la riqueza en 1,500 empresas, bajos salarios y aumento de la pobreza e indigencia y la falta de atención en salud y acceso a medicamentos públicos.

Los funcionarios del FMI han venido aplaudiendo los logros obtenidos por el país en materia de reducción del déficit fiscal, inflación, control de la masa salarial y aumento de impuestos, supuestamente para financiar el gasto de inversión productiva y social, lo que ha permitido un aumento del PIB moderado (3.7% en 2018 y 3% estimado para 2019) y una relativa estabilidad en las finanzas públicas como condición fundamental para evitar presiones inflacionarias y atraer inversión extranjera directa (IED).

La realidad demuestra que el logro del objetivo de estabilidad económica ha tenido efectos negativos, como una mayor deuda para financiar los déficits de las empresas públicas, caso particular de la ENEE que cerró octubre de 2019 con un déficit de 52, 483.5 millones de lempiras, superior a 45,311.4 millones observado en diciembre de 2018, mayores niveles de desempleo y subempleo y corrupción, ya que Honduras es uno de países con más corrupción e impunidad. Las cifras preliminares dan cuenta que asigna más de 36,000 millones de lempiras anuales para el pago del servicio de la deuda externa, uno de los destinos de los mayores impuestos captados por el Estado.

Para el economista-consultor del Fosdeh, Rodulio Perdomo, Honduras necesita un Estado Keynesiano que genere empleos masivos para la población, especialmente jóvenes que no encuentran trabajo y si lo hacen, reciben salarios entre 8,000 y 10,000 lempiras mensuales, unos 400 dólares; uno poco menos del salario semanal que recibe un migrante en los EEUU. De que le sirve a Honduras una inflación cero, sin por el otro lado no hay empleos ni ingresos para comprar alimentos, atender la salud y demás necesidades básicas; un escape es la migración, pero con la política “devolución” masiva de migrantes que ejecuta Donald Trump, ya no lo será.

El gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) habla de la generación de 15,000 empleos directos maquiladores para 2020, un año político, con una inversión de 410 millones de dólares, que nadie le cree; pero en caso de lograrse, son empleos espurios y de mala calidad. La misma promesa se hizo con el Programa 2020, al pretender generar 600,000 empleos, pero que no logrará ni el 20% de la meta el próximo año. Es más, la evidencia demuestra que la IED caerá en Honduras durante 2019 en más de un 40% (En el primer semestre de 2019 la IED se redujo en 39.3%, unos 161.5 millones de dólares), y para 2020 las proyecciones son de 45%, por la desaceleración de la economía mundial, agudización de la crisis política y la corrupción al debitarse la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

El representante del FMI en Honduras, Jaume Puig-Forne, destaca que el FMI es un acompañante de los programas del gobierno, pero la realidad demuestra que sus políticas se imponen como única solución, tal como lo demuestran las experiencias de Argentina y Ecuador. El control y reducción del gasto público e inflación, aumento de impuestos, congelamiento de salarios, privatización de empresas públicas y flexibilidad cambiaria, son recetas que aparecen como mandamientos “bíblicos” para los gobiernos.

Es más, aunque la pobreza se resiste a bajar y/o aumentó en los últimos años, el organismo y demás OFIs apuestan a políticas de compensación social con las transferencias monetarias condicionadas (TCM) que aumentaron la deuda y la corrupción, cuyos fondos manejados por la presidencia de la República se piensan masificar para favorecer a los alcaldes con proyectos de infraestructura educativa y salud, sin que se transfieran las competencias y el poder de decisión a dichos gobiernos y organizaciones de sociedad civil no contaminadas con la política de terciarización de los servicios ejecutada por el gobierno central.

En un Conversatorio sobre los cambios políticos en Latinoamérica, celebrado en la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), apuntamos que las políticas ejecutadas en Honduras con apoyo del FMI tienen como referencia los resultados obtenidos en Chile, pero que, con el estallido, su grado de efectividad está en duda. Sin embargo, en Honduras siguen su curso y más bien se profundizarán antes de las elecciones generales previstas para noviembre de 2021; ello incluye la privatización de los fondos de pensiones e instituciones, perdida de autonomía del banco central y flexibilidad total del mercado cambiario, sumado a la privatización de la salud y educación donde la “escasez” actual de medicamentos, deterioro de la infraestructura sanitaria y débil calificación de los docentes y médicos, es una estrategia del gobierno para ello.

Este cambio de modelo de desarrollo económico que el FOSDEH visualiza de la mano de políticas keynesianas y no monetaristas-neoliberales, es poco probable que se ponga en marcha, ya que el organismo avala la política económica del gobierno; más bien, el ejercicio de crítica debe verse como una línea de apuntes entre organizaciones de sociedad civil que manejan información económica y el FMI.

Honduras urge de una propuesta de desarrollo alternativo al modelo actual, que acompañe un nuevo proyecto político que integre la participación de una gama diversa de actores económicos (industriales, por ejemplo) y organizaciones de base social amplia. No obstante, la profundización de las políticas neoliberales y sus secuelas, dejarán poco espacio para lograr este cambio, una vez que la oposición política alcance el poder, por lo que hay que construir una agenda pública para desmontar gradualmente el marasmo de leyes, reglamentos, programas, proyectos e instituciones, dejadas por el gobierno actual.

El control del Congreso de la República por los llamados partidos tradicionales y de “calcetín”, también será un obstáculo a sortear cuando se trate de aprobar reformas que afecten los intereses económicos de las empresas transnacionales, empresarios ligados al modelo primario exportador y la banca. Finalmente, Honduras depende mucho del comercio con EEUU, ayuda y remesas familiares de los migrantes, por lo que se constituye en una condicionalidad económica y política negativa para el cambio del modelo que promueve el FMI.

¿Quién manda matar? ¿Y por qué?

Brecha

Por María José Olivera Mazzini

Tal vez la noche sea la vida
y el sol la muerte

“La noche”, de Alejandra Pizarnik



En menos de 48 horas la TV Globo presentó un informe sobre el caso de Marielle Franco basado en la declaración de un empleado de seguridad, el presidente de Brasil respondió a través de un video y al otro día el Ministerio Público desmintió al testigo-testimonio por “información falsa”. Son tiempos de transmisiones, de mensajes y reenvíos, de videos caseros y de espectaculares producciones, de amenazas por redes sociales a través de cuentas con nombre propio y sin él. Tiempos en los que el simulacro se impone: lo que va sucediendo está al alcance de un clic y una pantalla. Los dispositivos aceleran los procesos de producción de información y hacen que el descarte sea inmediato. Son tiempos en los que certezas y dudas parecen sinónimos; entonces, oponerse, reconfigurar, resituar, recomenzar, son tal vez los significantes posibles.

El 14 de marzo de 2018 Marielle Franco fue asesinada por el impacto de cuatro balas. Un auto alcanzó al suyo a la salida de un acto por los derechos de las mujeres negras en el barrio de Lapa y disparó más de nueve tiros. También murió el conductor del vehículo, Anderson Pedro Gomes. El rostro de Marielle quedó destrozado.

Marielle había sido electa concejala por el Partido Socialismo y Libertad en una votación histórica. Una mujer negra, de la favela de Maré, activista y lesbiana, elegida concejala de la ciudad de Rio de Janeiro. Desde su muerte, a pesar de la notoriedad que tomó el caso, la investigación ha sido cada vez más espinosa y plagada de irregularidades. Dos días antes de cumplirse un año del crimen, y con buena parte del movimiento activista internacional organizando manifestaciones por el aniversario, fueron detenidos Ronnie Lessa, sargento jubilado de la policía de Rio, y Vieira de Queiroz, que había sido dado de baja de esa fuerza por sospechas respecto a su vínculo con fuerzas parapoliciales. Ambos fueron acusados como presuntos autores materiales de los homicidios, pero no intelectuales.

La mediatización es parte del complejo entramado del caso: montajes y desmontajes, audios y videos, Lava Jato y corrupción, autores materiales y asesinos intelectuales. El pasado 29 de octubre el Jornal Nacional de TV Globo presentó un informe en horario central que relaciona directamente al actual presidente con el crimen de Marielle y Anderson a partir de una filtración. Inmediatamente, Jair Bolsonaro grabó un extenso video desde Arabia Saudí, difundido en redes sociales, en el que acusó a TV Globo de estar desarrollando una campaña en su contra para apartarlo del poder. Sobre el final, pidió disculpas por mostrarse “alterado”. A través de un comunicado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, señaló que tras la filtración podría haber crímenes de obstrucción a la justicia y falso testimonio.

¿Cómo se filtra información de una investigación judicial?¿Cómo puede ser dicho con tanta liviandad en un programa televisivo de audiencia masiva? ¿De qué forma puede analizarse el uso de las redes sociales que hace un presidente? ¿Qué rol ocupan los medios masivos (ciertamente TV Globo y Twitter lo son) en el desarrollo de una investigación judicial?

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Frente a la excesiva y urgente narrativa actual surgen voces que demandan datos, evidencias, cifras comparativas y dispositivos que viabilicen la comprensión cabal del contexto. A fines de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de Brasil y declaró su especial inquietud respecto a la criminalización y tipificación de los movimientos populares como terroristas, y a los ataques y homicidios de activistas de derechos humanos.

En mayo de 2019 Amnistía Internacional alertó en su informe “Brasil para el mundo” que en el país hay una amenaza alarmante a los derechos humanos representada por la flexibilización del porte de armas, el paquete de leyes anticrimen, la política de control de drogas y la demarcación de territorios indígenas. Subrayó que activistas y defensores de la tierra y los derechos humanos se encuentran en riesgo, y solicitó una entrevista con el presidente Bolsonaro, que fue negada.

El de Brasil no es un caso aislado. A Berta Cáceres la asesinaron en marzo de 2016. Activista hondureña, defensora de la tierra, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se había convertido en una de las voces más potentes en el enfrentamiento contra los megaproyectos extractivos en su país. El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó a siete hombres por su asesinato y determinó que fueron contratados por ejecutivos de una empresa hidroeléctrica situada en territorio indígena.

La historiadora y antropóloga mexicana Raquel Padilla Ramos fue asesinada el pasado jueves 7 de noviembre. Era una de las interlocutoras más respetadas de la cultura yaqui. Además de su producción académica, era activista, feminista y defensora de los derechos de las poblaciones originarias. Doctora en etnología por la Universidad de Hamburgo, su muerte da cuenta –como si hiciera falta, una vez más– de que lo personal es político cuando de violencia de género se trata. Raquel Padilla fue víctima de feminicidio, su pareja la mató con un arma blanca en su casa de Sonora. En su reporte de 2018, Global Witness denunció que México es el cuarto país más peligroso para los defensores de la Tierra. También es uno de los más peligrosos para las mujeres.

El 12 de noviembre se cumplieron 17 años del asesinato, en Chile, del comunero mapuche Alex Lemún. Su caso estuvo muchos años estancado en la justicia militar hasta que se reabrió el expediente en 2017. Hoy, un carabinero se encuentra en prisión preventiva, acusado de matarlo. Dos días después se cumplió un año del crimen del también comunero mapuche Camilo Catrillanca. Fue asesinado por la espalda en la comunidad de Temucuicui, también por un carabinero.

Chile se encuentra en un estado de emergencia permanente, aunque el presidente Sebastián Piñera haya dictado su levantamiento. La criminalización de la protesta deriva en acciones represivas: torturas, heridas irreversibles, violencia sexual, abusos y muertes. Las armas apuntan directamente a los ojos de los manifestantes. Mientras, ellos, con los ojos emparchados, continúan en las calles.

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El grito que demanda datos y su circulación pone en evidencia el hambriento ejercicio de registrar ausencias. Es ingenuo concebir que la violencia patriarcal, racista, armada, alimentaria, empresarial o farmacéutica logren convertirse siempre en denuncia medible. Que, si incluso eso fuera posible, los datos y cifras partirían de instituciones imparciales o de algo parecido a la objetividad. E, incluso, si así fuera: ¿qué sucede luego con todos esos datos? ¿Cuántos informes internacionales más hay que listar para advertir lo que está sucediendo en América Latina?

Marielle se enfrentó al poder que legitima la violencia sistémica hacia los vulnerados de siempre y la mandaron matar. Su muerte no fue una muerte más, fue la de tantos que ya no pueden ser ni siquiera nombrados. Por eso, todos los días la periodista Eliane Brum y la activista Mónica Benicio preguntan públicamente: “Quem mandou matar Marielle? E por quê?”.

No se trata de ganar o perder, ni siquiera de una posibilidad ontológica positiva. Tal vez se trate, sí, de inscribir una praxis, una falla o un excedente en la estructura; una necesidad. Esa praxis une, solidariza, socializa y tiende lazos históricos. Crea y potencia formas de vivir y pensar que cada vez son más escasas pero necesarias. También inscribe un universal, una forma de oponerse, una posibilidad y una esperanza que debe pegar en el pecho del mundo. Las praxis existen, las hay: en la autogestión, en las revueltas chilenas, en los levantamientos indígenas, pero también en las cosas cotidianas.

Las luchas identitarias han sido cuestionadas desde el pensamiento crítico y reducidas en su potencia política a una superficie inocua de “agenda de derechos”. También los feminismos se encuentran en tensión, son corpus en disputa entre la democracia liberal y la resistencia. Esto le viene muy bien a una fuerza reaccionaria que encuentra en esa tensión el espacio posible para legitimar su discurso restaurador.

Las megacorporaciones religiosas, las transnacionales neoextractivas, los intereses restauradores y la furia de un dios que ha muerto juegan a ser el esclavo mientras los territorios llenos de sangre de Bolivia, Chile y Brasil son transmitidos por redes sociales. En diciembre de 2009, el visionario escritor chileno Pedro Lemebel se dirigió en una carta abierta a Sebastián Piñera, quien unos meses después asumiría como presidente: “¿Cómo puede haber gente dueña de tanto horizonte? ¿Cómo puede haber gente tan enguatada de paisaje? Me parece obscena esa glotonería de tanto tener”.

Los golpistas bolivianos intentan una “limpieza” a fondo


Por Sullkata M. Quilla *

La vida política sigue en Bolivia en medio de un redoble de amenazas, dentro de un cuadro de noticias de represiones, más de una decena de muertos, heridos, enfrentamientos, militares desplegados en las calles y carreteras, donde el golpe de Estado racista y fascista sigue su curso, mientras se buscan salidas a la grave crisis institucional que vive el país.
Son varias las matrices de opinión que se han ido conformando en estos días por parte de los medios de comunicación hegemónicos, la derecha sudamericana e internacional, e incluso un sector del centroizquierda, que, generalmente por omisión, acaba justificando el golpe. Los periodistas internacionales presentes fueron evacuados ante la ofensiva del gobierno contra ellos. Se pretende que haya una sola voz, la del gobierno golpista.

La vida política continúa, quizá por mera inercia: Por un lado, el Senado eligió a una nueva presidenta: Eva Copa, oriunda de la ciudad de El Alto, al igual que el presidente de la cámara de Diputados elegido la noche anterior, Sergio Choque. Con la juramentación de ambas nuevas presidencias, pertenecientes al partido del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien detenta los dos tercios, quedó así redefinida la dirección del poder legislativo.

En simultáneo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez posesionó a cinco ministros más en su gabinete. Dos de ellos tuvieron declaraciones que alertaron sobre las políticas que llevará adelante el gobierno nombrado fuera de la Constitución en un intento de construir una imagen institucional.

Áñez y su partido, Demócratas de Santa Cruz, el de Rubén Costas y Óscar Ortiz, junto con el resto de fuerzas opositoras, y la complicidad de la Policía y Fuerzas Armadas, están cometiendo dos ilegalidades: sesionar sin quorum, y autoproclamarse “Presidenta Constitucional de Bolivia” cuando Jeanine Áñez ni siquiera es Presidenta del Senado y la única presidenta interina posible mientras se acepta o se rechaza la renuncia de Evo Morales, es Adriana Salvatierra.

El ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, anunció que emprenderá una “cacería” contra tres ex funcionarios del gobierno derrocado: Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Hugo Moldiz, todos por “sediciosos”, mientras que la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga, amenazó a los “periodistas o pseudoperiodistas”, tanto nacionales como internacionales, que hagan “sedición” (traducido, que digan lo que realmente sucede).

Sólo periodistas del exterior, principalmente argentinos y chilenos estaban haciendo seguimiento a los hechos. Salieron del país por las amenazas y agresiones. Ahora sólo se cuenta con las redes sociales para difundir la represión, señalan los comunicadores partidarios del gobierno popular.

La canciller golpista Karen Longaric informó este viernes que se ha retirado a Bolivia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y se cesó a un 80% de los embajadores que se habían designado en el gobierno constitucional de Evo Morales, después que Diego Pary manifestó desde Nicaragua que seguirá ejerciendo como Ministro de Relaciones Exteriores, y participó de una reunión del Consejo Político del ALBA.

Longaric señaló también que ya se ha cesado en sus funciones a Sacha Llorenti en la ONU y Ariana Campero en Cuba, y señaló que esos embajadores retirados no eran de carrera diplomática, y agregó que funcionarios de carrera de la Cancillería se están haciendo cargo de las embajadas.
También fueron electos altos mandos de la Fuerza Armada de Bolivia y de la Policía Nacional Boliviana.

La estrategia golpista enfrenta una contradicción, al tratarse de un golpe de Estado que niega serlo, y busca construirse una institucionalidad fuera de la ley para sostener esa narrativa. Los movilizados contra el golpe acusan a la autoproclamada Añez de golpista y de racista y reclaman el retorno de Evo -que no es homogéneo en las movilizaciones- lo que ha puesto en marcha un levantamiento en diferentes puntos del país para confluir en La Paz.

El cuadro político también está tenso e incierto. Los golpistas enfrentan un proceso creciente de movilización nacional atravesado cada vez más por el clivaje racial, ya que reconocen en la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, el paramilitar Fernando Camacho, e incluso al perdedor Carlos Mesa, dirigentes contrarios a las naciones indígenas, por su historia y el atropello a la bandera whipala.
Se espera que las movilizaciones aumenten en los próximos días con la llegada de quienes vienen de diferentes departamentos del país y la presencia masiva de El Alto, donde la noche de jueves velaron sus muertos.

Los hacedores del golpe deben cumplir su promesa de nuevas elecciones en los próximos tres meses. Los planes del golpe incluían cuatro pasos: el derrocamiento, la conformación de un nuevo gobierno transicional, el llamado a elecciones y la celebración de las mismas. Apenas cumplido el primer paso, no les ha sido fácil cumplir el segundo, la conformación del gobierno.

Por ejemplo, las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral la debe hacer el Poxer Legislativo, donde el MAS tiene presidencias y mayorías. La pregunta es si el MAS aceptará un acuerdo con el objetivo de lograr un cauce electoral o los golpistas simplemente prescindirán del Legislativo

El golpe sigue teniendo el apoyo de los mineros "cooperativistas" de Potosí que en 2016 se amotinaron en contra de Evo y asesinaron al viceministro Yáñez: pretendían seguir pagando el 1% por las concesiones y luego "subcontratarlas" a los privados para que les quedara parte del 39% que deben pagar al Estado). De consolidarse el golpe, la oligarquía local pactará directamente con las trasnacionales y terminará barriendo con esas seudo "cooperativas".

Los funcionarios públicos que en un 70% habían votado contra Evo volvieron a sus puestos con ánimo victorioso y ahora se dedican a perseguir al 30% de los masistas. Los policías no se dividieron.

El evismo, en cambio, mantiene sus tres pilares: Omasuyos (Ponchos Rojos), El Alto (juntas vecinales, gremiales), Chapare (Cocaleros). Y también las comunidades campesinas al Norte de Potosí y, en términos generales, los campesinos de todo el país. También siguen leales los profesores rurales, así como el magisterio y los alumnos de la UPEA

“Felicito la unidad de la bancada del MAS que eligió a hermanos alteños Sergio Choque y Eva Copa para presidir Diputados y Senado. Justo homenaje al valeroso pueblo de El Alto que denuncia el golpe y defiende la democracia junto a las organizaciones sociales de mi querida Bolivia”, tuiteó Evo desde su asilo en México.

* Sullkata M. Quilla. Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

El odio al indio



Por Álvaro García Linera

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

jueves, 12 de diciembre de 2019

Coalianza: Negocio de pocos



Por Javier Suazo

Foto: Tiempo.hn

"El único país donde fracasó la Alianza Público-Privada (APP) fue en Honduras…
Solo hay una carretera que no fue hecha por ellos, sino por los Estados Unidos”.

Armando Urtecho, Director Ejecutivo del COHEP

Uno de los principales cuestionamientos que se hacen al modelo de Alianzas Público-Privadas (APP) en Latinoamérica, es que el consumo de ciertos bienes públicos, ejemplo nuevas carreteras o autopistas, administradas por una empresa privada que cobran por el servicio, excluye a población que no puede pagar por el mismo. Esta exclusión es creciente, en la medida que se ajusta el monto de cobro por su uso; lo que genera protestas por parte de los usuarios.

Después del golpe de Estado (junio de 2009), con “Pepe” Lobo en la presidencia de la República y Juan Orlando Hernández (JOH) en el Congreso Nacional, se generó una diarrea de leyes, muchas de las cuales iban orientadas, en teoría, a captar inversión extranjera, generar fuentes de empleo y mejorar sustancialmente la competitividad del país.

Esta buena nueva para la población tenía el carácter de urgente, ya que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (MEL) había cambiado las reglas del juego a favor de los privados, al prohibir la minería de cielo abierto, controlar y regular la importación de combustibles por las transnacionales del petróleo, aumentar el salario mínimo arriba del 60% y fortalecer el rol del Estado en las actividades económicas.

Una de las leyes promulgadas que recibió mayor apoyo de los actores económicos, incluyendo las agencias de cooperación internacional, lo fue la Ley para la Promoción de Alianza Público-Privada ( Decreto 43-2010), cuya finalidad “ es gestionar y regular los procesos de contratación que permitan la participación público-privada en la ejecución, desarrollo y administración de obras y servicios públicos, potenciando la capacidad de inversión en el país a fin de lograr el desarrollo integral de la población” ( Artículo 1).

Hoy se habla del cierre de la institución que dio vida a dichas alianzas, caso de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), ya que desde principios de 2018 no tiene presupuesto para operar, aun cuando la Ley le permite cobrar el 2% de los proyectos aprobados. Si se estima que ejecutaron proyectos por un monto de 44.3 miles de millones de lempiras, la institución manejó unos 886.9 millones de lempiras, fuera de los recursos complementarios asignados por la Secretaria de Finanzas (SEFIN) para el pago de planillas en los últimos años.

La liquidación de Coalianza se ejecutará vía decreto ejecutivo aprobado por JOH en Consejo de Ministros, donde debería quedar establecido la práctica de una auditoria internacional de toda la gestión técnica, administrativa y financiera de la institución. De hecho, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado que uno de los problemas enfrentados es que existen preferencias en la adjudicación de los proyectos a ciertas empresas y la mala imagen que da al país, ya que en algunos de ellos no se garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Hay que reconocer que Coalianza se politizó desde el inicio, al nombrarse dirigentes políticos del Partido Nacional cuestionados por actos de corrupción. A ello se sumó la falta de transparencia en la adjudicación de contratos como el del Peaje, donde se desconoce cuáles fueron los términos iniciales negociados, el cambio posterior de las reglas del juego (tarifas) y la falta de destino de fondos -en la fecha prevista- por la empresa para concluir los tramos de construcción de la carrera que estaban pendientes al liquidarse los fondos de la Cuenta del Milenio.

Un proyecto emblemático es la construcción del Corredor Turístico, donde se ha denunciado que Honduras puede ser condenado a pagar 133 millones de dólares por el fracaso del proyecto, ya que no se garantizó el repago de los fondos invertidos y/o que serán invertidos a futuro.

También es preocupante que el país se endeude más por la mala negociación de los proyectos, ya que, al no garantizarse el retorno de la inversión, el Estado con recursos de los ciudadanos tiene que enfrentar las obligaciones financieras. Es más, hay proyectos como el Centro Cívico, un proyecto no prioritario, donde los recursos provienen de Institutos de Previsión Social (IPS), caso de Injupem e Imprema, e incluso del Instituto de Previsión Militar donde los jubilados se han organizado para enfrentar esta situación.

Estos proyectos coordinados y ejecutados por Coalianza, no tuvieron la presencia de un auditor social, aun cuando se trata de privatizar el patrimonio nacional de generaciones futuras. Es más, incluso, el COHEP, tuvo poca información sobre los proyectos contratados y los procedimientos administrativos y financieros seguidos.

Existe también una “Mea Culpa” de parte de los OFIs involucrados, aun cuando funcionarios del FMI hicieron ver al gobierno la necesidad de hacer más transparente la gestión de la institución. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene previsto practicar la auditoria de COALIANZA, pero lo recomendable es que coordine el proceso de contratación de una firma auditora independiente que presente lo más pronto posible el informe sobre el manejo de los recursos de la institución, las condiciones y términos contractuales de los convenios de los proyectos y las deudas a futuro que tendrán que asumir y pagar el Estado de Honduras por la mala gestión y negociación de la Institución.

Un clamor popular es que la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), que varios funcionarios públicos y diputados corruptos quieren liquidar, debe también entrarle a Coalianza, lo mismo debe hacer también el Tribunal de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción y el Congreso de la República.

El enfoque “pulpero” seguido por Coalianza, solo sirvió para enriquecer algunos pocos y endeudar aún más el país, sumado a la hipoteca de los bienes públicos que, en teoría, pertenecen a las nuevas generaciones. No debe perdonarse a los culpables, el pueblo hondureño no lo merece.

América Latina en movimiento


Por su parte, el diputado de LibRe, Sergio Castellanos, manifiesta que los corruptos se están blindando al nombrar una comisión legislativa para que investigue a la MACCIH, al tiempo que señala la falta de autoridad moral de los congresistas del Partido Nacional para solicitar investigación, puesto que han sido acusado de corrupción y a algunos hasta se les ha cancelado la visa norteamericana.

Y es que el Congreso Nacional ha sido uno de los entes más salpicados por las investigaciones que ha dirigido la MACCIH, en ese sentido durante el proceso de permanencia en el país la Misión ha presentado los casos Pandora, Red de Diputados, en los cuales, hasta el presidente del Congreso, Mauricio Oliva ha salido manchado.

En ese sentido, durante esta semana de sesiones, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, manifestó que la MACCIH es un matrimonio con el Poder Ejecutivo, y si deciden seguir casados, que le envíen al Congreso Nacional el convenio para decidir si lo santifica o no.

Sin embargo, la ex diputada Fátima Mena e integrante del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, calificó de tiranas las expresiones de Oliva, le recuerda al presidente legislativo Mauricio Oliva que el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) solo puede llegar a ese poder del Estado si existen modificaciones al mismo.

En medio de la incertidumbre por la renovación o no del convenio, el exfiscal General de la República, Edmundo Orellana Mercado, acredita que la MACCIH, junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ha colocado nombre y apellido a la red de corrupción en la que están involucrados políticos, empresarios y hasta gente de las iglesias.

El abogado Edmundo Orellana cuestiona la posición de la embajada de los Estados Unidos sobre el tema, y dice que no duda que también esté interesada que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se vaya del país.

Entre tanto los promotores de la comisión evaluadora dicen que no hay razones para alarmarse, pues para renovar un convenio de tal importancia, el Estado debe tener muchos insumos, así lo manifestó el diputado Tomás Zambrano.

Por su parte el vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera Callejas, dijo que, esta comisión hará un análisis del papel que ha jugado la Misión en el país y luego se presentará al pleno, para después ser enviada al Poder Ejecutivo.

El Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH ha dicho que el Congreso no tiene la moral para investigar a la Misión, y aseguran estar preocupados por este tipo de maniobras.

Para el caso uno de los diputados que forma parte de la comisión, es el nacionalista Walter Chávez, quien ha dicho abiertamente que la MACCIH ha jugado un papel inquisidor contra su partido.

Chávez aseguró que la Misión ha enfilado investigaciones solo contra diputados nacionalistas, por lo que dijo que es de pensar muy bien si se va a renovar ese convenio.

Los nacionalistas ven en esa evaluación una oportunidad para maniobrar para que el convenio no se renueve o bien debilitar el funcionamiento de la Misión en el caso de continuar en el país.

Por ahora, no hay indicios de renovación del convenio entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Poder Ejecutivo, el cual debe concretarse en menos de un mes.

"El Congreso Nacional no tiene autoridad moral para evaluar a la MACCIH"



Luego que el diputado nacionalista Raúl Bulnes presentará una moción para la elaboración de un informe sobre los avances de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el Congreso Nacional nombró una Comisión Especial para Investigar las Actuaciones de la Misión.

La Comisión Especial estará a cargo del diputado Felicito Ávila (DC), y será integrada por Denis Castro Bobadilla (AP), Leonor Osorio (PN), Walter Chávez (PN), Juan Carlos Ávila (PL), Sergio Figueroa (PN), Erik Alvarado (PN), Tomás Ramírez (PINU) y Dunia Ortiz (AP).

La decisión ha causado polémica, luego de las diferentes denuncias, de que el oficialismo está utilizando varias estrategias para evitar que la MACCIH continúe en el país.

Para el diputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), David Reyes, el nombramiento de la comisión legislativa para investigar las actuaciones de la MACCIH es una maniobra burda y de vulgarización del tema; y dice que los más de 80 diputados y diputadas que han sido señalados y acusados en investigaciones de la UFECIC están mostrando miedo.

El 98% del trabajo doméstico está ejercido por mujeres migrantes e indígenas



De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina existen 19.5 millones de trabajadores y trabajadoras domésticas, la mayoría son mujeres, es decir 18 millones de mujeres y 1.5 millones de hombres.

Las estadísticas se dieron a conocer en el “II Encuentro Regional de Trabajadoras Domésticas Remuneradas”, realizado en Tegucigalpa, al cual asistieron trabajadoras del hogar de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Según datos que dieron paso al análisis de realidad de las trabajadoras domésticas en la región Centroamericana, actualmente los ingresos de las trabajadoras domésticas son iguales o inferiores al 50% promedio de todas las personas ocupadas.

En el caso de Honduras, la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán precisó que el salario promedio para este sector es de 3 mil 277 lempiras, 133 dólares, mensuales que no equivalen ni a la mitad del salario mínimo estipulado por el Código del Trabajo.

Asimismo, se indicó que el 98% del trabajo doméstico es ejercido por mujeres pobres, migrantes e indígenas, realidad que refleja que “la explotación de los cuerpos de las mujeres continúa a favor de una lógica capitalista, neoliberal y machista que se puede constatar en la expulsión de sus territorios y viéndose en la obligación de migrar a países como España, México y Estados Unidos”.

La anterior realidad de las trabajadoras domésticas da paso a la Cadena Global de los Cuidados, es decir que “una mujer que se inserta en el mercado laboral y contrata a una trabajadora doméstica para que asuma las labores domésticas de su familia, y la trabajadora a su vez delega en otra mujer la tarea reproductiva de su propio núcleo familiar”.

Organización
En el encuentro regional, se señaló que el trabajo doméstico, al ser una ocupación asociada con las tareas que histórica y culturalmente se han asignado a las mujeres, se invisibiliza como trabajo y como aporte a las economías de las familias y a las economías de los países.

Tras comentar que la situación en su país es similar a la de Honduras, Susana Vásquez, de la Asociación de Trabajadoras de la Maquila, Hogar y Similares de Guatemala (ATRAHDOM), manifiesta que: “las mujeres, yo lo he dicho, no somos vulnerables, vulnerables nos hace este sistema machista, misógino, y que, por lo tanto, nosotras como trabajadoras domésticas tenemos que estar organizadas discutiendo nuestra demanda, para poder lograr mínimamente la justicia laboral”.

Flérida Guzmán, feminista e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO-México), apunta que la marginalización de las trabajadoras domésticas se da en términos de su ubicación espacial en el trabajo, de su doble jornada en la casa y en el empleo remunerado, pero también en términos de sus salarios, “es un empleo catalogado como informal y precario, entonces se hace una doble marginación, en términos de su participación y en términos de sus condiciones laborales”.

Por su parte, Glenda Aguilar, integrante de la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán, expresa que las realidades son similares, tanto en El Salvador, en Honduras como en Guatemala, pues no hay condiciones de derechos laborales para las trabajadoras domésticas y del hogar, entonces “nosotras nos hemos visto en la necesidad de hacer una alianza a nivel de región para que se escuchen nuestras voces”.

En ese sentido, Flérida Guzmán comenta que la visibilización se logra a través de la conformación de alianzas: “yo diría de hasta coaliciones promotoras de sus propios intereses que es la demanda de los derechos laborales y humanos”.

Según la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán, en Honduras el 40.2% de mujeres que laboran en ese sector lo hacen bajo un horario mixto, días y fines de semana, a puerta cerrada, lo que indica que no gozan de días libres o permisos para visitar a sus familiares, ya que muchas cohabitan en la casa de sus empleadores.