Las redadas crean un ambiente de terror entre las poblaciones latinas

Radio Progreso

Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre viven los millones de inmigrantes indocumentados que, esperando encontrar el paraíso, abandonaron sus países de origen y hoy afrontan el infierno de la persecución y la deportación, una vez que han entrado en vigencia las duras disposiciones legales anti-inmigratorias aprobadas por el Congreso y las autoridades de Estados Unidos.

Históricamente en Estados Unidos ya existía un marco legal punitivo contra las poblaciones migrantes. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca las medidas han sido incrementadas de manera acelerada para reducir la migración documentada e indocumentada.

Patricia Montes, directora ejecutiva del “Centro Presente” de Boston, Massachusetts, dice que se vive un ambiente de tensión e incertidumbre en muchos sectores de la unión americana, sobre todo en aquellos Estados que tienen una población más grande de inmigrantes indocumentados.

El anuncio de redadas realizado desde hace varias semanas por la administración Trump, se ha traducido en que buena parte de personas migrantes han dejado sus trabajos.

Patricia Montes asegura que como organización han podido observar cómo el departamento de seguridad nacional, por medio de sus dependencias, no solamente está implementando redadas, sino otro tipo de medidas; por ejemplo, la búsqueda de aquellos inmigrantes y de las personas que están trabajando en distintos lugares de manera indocumentada, además de las costosas multas a personas que están empleando a indocumentados.

Nuevas medidas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en las últimas horas que ampliará más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EEUU de al menos dos años.

Según el reglamento de 18 páginas “toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en Estados Unidos durante al menos dos años, quedará sujeta a una deportación expedita y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración”.

La medida aplicará también a inmigrantes que tienen al menos 14 días de haber entrado al país, pero menos de dos años y excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.

Patricia Montes dice que esta medida significa que las personas que sean detenidas en los Estados Unidos, serán deportadas sin tener acceso a un juez de inmigración. Eso refleja la dureza de las medidas anti inmigrantes de la administración Donald Trump.

Tercer país seguro

Los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos discuten la probabilidad que esta nación se convierta en un “Tercer País Seguro”, lo que implicaría que reciba a miles de migrantes centroamericanos y de otros territorios que huyen por la pobreza y violencia, librando así a los estadounidenses de un asunto que les incomoda.

La activista de Derechos Humanos, Patricia Montes, está convencida qué esto es una amenaza más, y significa la externalización de la frontera de los Estados Unidos y ampliación del muro.

“Estamos hablando de externalizar las políticas represivas, para que las poblaciones no hagan uso del derecho a migrar. Este tipo de medidas lo que hacen es precisamente reprimir y aumentar la persecución contra las poblaciones latinas”, asegura.

Montes cree que estas no son las medidas que van a detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. La mejor manera de disminuir la migración indocumentada, es asegurándose que reduzcan los niveles de violencia, corrupción e impunidad, además de que haya oportunidades para que las personas puedan tener una vida digna en sus países de origen.

El Derecho Penal de los delincuentes

Defensores en Línea

Es de conocimiento general cómo la élite política actual tomó el control del Estado hondureño hace diez años en 2009, a través de un golpe de Estado ejecutado por el Comando Sur, apoyado por el cardenal católico, los pastores evangélicos, los medios sanguijuelas, y ese zanate de la Escuela Americana como le llamaba el doctor Andonnie Fernández al “elector oculto”.

Aprovechando que la mayoría del pueblo hondureño estaba en las calles exigiendo la restitución del hilo constitucional roto por la fuerza chafarótica, esa pequeña élite mafiosa hizo un simulacro de elecciones en solitario y en 2010 se creyeron electos presidente, diputados, alcaldes y ministros.

Fue hasta después de la negociación forzada del Acuerdo de Cartagena que empezaron en 2011 a sacar las uñas legislativas, aprovechando la pacificación inducida de las masas en resistencia. Pero la mera desgracia empezó en diciembre 2013 con la diarrea de Juan Orlando Hernández candidato electo.

El zar del clan azul, la baraja oculta de la embajada de Estados Unidos que impidió a Pepe Lobo dirigir el país desde el 27 de enero 2010, se auto aprobó aquél paquete horrible de 67 leyes en una semana, antes de tomar posesión del primer fraude, para habilitarse legalmente un plan macabro contra Honduras, que incluía el segundo fraude.

Hoy es insoportable el hedor de aquél estiércol legislativo que abrió puertas a la corrupción, a la concentración de bienes en Honduras y el exterior, a la impunidad penal y a las operaciones del crimen organizado bajo protección policial y militar.

En todo el país lo que tenemos es una maquinaria de pobreza bien activada y un sistema de destrucción de las riquezas naturales, un aparato militar chupa sangre y una depredación de la empresa tradicional que es remplazada a la fuerza por los nuevos buitres del capital.

La CEPAL debe explicar, en consecuencia, a cuál crecimiento económico se refiere: Si es al crecimiento capitalista del grupo Pandora, la Red, la Caja Chica, el Planeta Verde, el cartel de Lempira o se refiere al país de la fantasía. Háganos el favor!

Esta dinámica de delincuentes creyéndose diputados y creyéndose presidente reelecto en la cuarta potencia económica del mundo tiene a Honduras convertido en un desastre humanitario. En una caravana interminable de desesperanza.

Hasta nuestros días el país llora a miles de personas asesinadas por la policía y el ejército – mujeres, jóvenes, opositores sociales, indígenas, activistas ambientales, campesinos, estudiantes – y centenas de torturadas y heridas entre nosotros.

El sistema interamericano ha solicitado más de 400 medidas de protección cautelar para periodistas, comunicadoras sociales, defensores de la diversidad sexual, activistas sociales de derechos políticos, etcétera, etcétera… Pero el derecho penal vigente no sirve más que para criminalizar su trabajo. Y mata, eso es lo peor.

Ahora viene el nuevo Código Penal, aprobado por los golpistas, publicado por la maquila de la Imprenta Nacional en mayo pasado y listo para entrar en vigencia en noviembre próximo, en tres meses. Y sus noticias son peores.

Desde todos los sectores organizados del país, desde los propios empresarios tradicionales que han dado soporte económico e ideológico a la dictadura, se levantan voces contrarias a ese mamarracho que llaman Nuevo Código Penal.

El Consejo Nacional Anti Corrupción, que leyó minuciosamente el texto, ha recomendado eliminarlo porque es ni más ni menos la Ley de los Impunes, de los violadores conscientes de la norma, de los delincuentes alevosos y asociados. El Código de la Impunidad.

Los periodistas, comunicadoras y población general que ejerce la libertad de expresión como derecho humano sin previa censura, han expresado sobradamente que el mamarracho de Oliva, Hernández y demás es un Código para revivir los delitos contra el honor, el típico discurso de la edad media inquisidora que hacía culto a la personalidad de los asesinos.

El uso de los nuevos medios sociales, que reemplazaron a los viejos instrumentos de control mediático, serían afectados brutalmente con la censura previa y la represión penal ulterior, para dejar intactos los medios predicadores, los medios propagandistas, los medios del silencio al servicio de los barones del Río Grande.

Las organizaciones de mujeres, igualmente, ven en el nuevo código una amenaza porque introduce nuevos criterios para juzgar a los agresores, violadores y asesinos de mujeres, y reduce las penas en muchos casos a trabajos comunitarios generalmente burlados por los victimarios.

Las organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos civiles y políticos ven llegar una serie de medidas restrictivas a su trabajo, además de la criminalización de la defensa cotidiana de dichos derechos en las postas policiales, batallones del ejército, casas de seguridad y tribunales de justicia.

Los delincuentes del erario público se aseguraron que, una vez que hayan sido denunciados o identificados en la comisión de un delito, les permitan devolver el valor de los bienes robados y evitar así cualquier proceso penal.

Los traficantes de drogas, los lavadores de dinero del crimen organizado y los delincuentes con poder en suma, se aseguran en el  nuevo código que las penas sean reducidas al máximo. En algunos casos los castigos de 25 o 20 años son descendidos a 4 años.

Es una vergüenza para los países cooperantes que han aportado recursos a este tipo de legislación. Y es una amenaza seria para el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, para las personas que ejercen este incomprendido trabajo en todo el país.

Y lo que es más preocupante, es la indefensión jurídica que se acrecentó con el control de las cortes y tribunales por el mismo grupo que está cuestionado por operaciones de crimen organizado nacional y transnacional.

¿A quién vamos a acudir para revocar los actos contra la ley?

Como ha escrito el ex fiscal Omar Menjívar, el derecho penal es la visión del grupo, casta o cartel que controla el Estado; el Código de noviembre es el instrumento mediante el cual esta estructura impone su visión de la delincuencia pública.

Ahora que estamos sin Constitución, nos toca entonces quemar el nuevo Código Penal convertido en la nueva carta magna de los criminales. O qué es lo que vamos a hacer? pensemos!

La flota pesquera industrial, destrucción de la biodiversidad y etnocidio de buzos Miskitos

OFRANEH

El reciente naufragio de dos barcos pesqueros en menos de 24 horas en la Moskitia, tuvo como resultado el fallecimiento de 27 personas y ocho desparecidos, siendo este pavoroso percance, uno más en la cadena de fallecimientos como consecuencia del buceo con tanque, impulsado por la flota pesquera industrial radicada su mayoría en las isla de Roatán.

Desde noviembre de 2004, la Asociación Hondureña de Buzos Lisiados Miskitos, (AMHBLI); la Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT) y el Consejo de Ancianos Almuk Nani Asla Takanka, presentaron una petición  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición en relación a la omisión por parte del Estado de supervisar las condiciones de las personas que se dedican al buceo industrial en la Moskitia.

Señalaron además los peticionarios que la ausencia de mecanismos adecuados de parte del Estado, expresan que, en los casos en que han accedido a los recursos internos, éstos no fueron expeditos ni efectivos configurándose un retardo injustificado para resolver las denuncias.

AMHBLI indico que “tiene un registro de 400 víctimas y en los casos de fallecimiento que se ha logrado una indemnización, ésta no ha superado los dos mil dólares, siendo muchas indemnizaciones de 500 o 100 dólares. Agregan que gran parte de los accidentes ocurren “por la falta de supervisión del equipo de buceo, en especial sobre su calidad y mantenimiento, conociéndose los accidentes por explotación de cilindros Scuba y por obstrucción del sistema que los obliga a emerger rápidamente a la superficie”.

La petición además indica que “De acuerdo a información de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, en el Departamento de Gracias a Dios hay alrededor de 9.000 buzos, en su mayoría miembros del pueblo Miskitu, de los cuales al menos 4.200 han sufrido cierto grado de discapacidad como resultado de las condiciones inadecuadas en las que ejercen sus actividades como buzos.

Es en el 2011 cuando finalmente la CIDH aceptó el caso y el 2012 se efectuó una audiencia al respecto. Posteriormente AMBLIH llegó a un acuerdo amistoso con el Estado, dando lugar a la creación de la inoperante Comisión Interinstitucional para la Atención y Prevención de la Problemática de la Pesca por Buceo (CIAPEB)

No obstante los accidentes y fallecimientos continuaron, mientras las cámaras hiperbáricas instalada finalmente en la Moskitia, funcionaron parcialmente, siendo en algunos caos  el costo de acceso infranqueable para los buzos.

La flota pesquera industrial además de estar vinculada a una aparente guerra contra el pueblo Miskito, ha destruido la biodiversidad del golfo de Honduras y de los corales y cayos del caribe. La pesca de arrastre tanto de camarón como de pescado ha dado lugar a un ecocidio al eliminar mas de 12 libras de pescado por cada de libra de camarón capturado. Uno de los mayores agravantes es que durante años los barcos pesqueros estuvieron faenando en la franja de las tres millas costeras que se supone era considerada en la Ley de Pesca de 1959, la cual desapareció con la Ley inconsulta aprobada en el 2015, la que actualmente es cuestionada por no adecuase a normativas internacionales tanto en materia de conservación como el respeto básico a los derechos humanos.

Todo parecer indicar que se discute un anteproyecto de Ley de Pesca Artesanal, sin embargo como de costumbre se excluye a las organizaciones indígenas que no son progobiernista o trabajan en contubernio con la autodenominada “cooperación internacional”.

La destrucción de los bancos de pesca en el caribe, ha conllevado a la aniquilación del pescador de subsistencia, que hoy en día en el caso del pueblo Garífuna no tiene acceso a la elaboración de cayucos ante las estrictas normativas forestales existentes, y las persecuciones a las que se ven expuesto en las áreas protegidas que se sobreponen con el territorio marítimo del pueblo Garífuna.

Entre los empresarios de la flota pesquera industrial están incluidos políticos y exmilitares, que han utilizado sus barcos para el transporte de sustancias ilícitas, convirtiendo la supuesta pesca de camarón y langosta, en un negocio multimillonario, que además contó con el apoyo de DIGEPESCA, instancia gubernamental que aparentemente terminó siendo controlada por el crimen organizado.

El reciente siniestro en la Moskitia demostró que no existe supervisión alguna, por parte del Estado, como lo indican los compromisos firmados en el acuerdo amistoso, y mucho menos hay una proyección hacia el futuro en cuanto a suplantar la dependencia existente de los ingresos del buceo, ante la prohibición pendiente de la extracción de langosta.

Existe alrededor tres mil familias que viven de la pesca en la Moskitia, siendo el aporte de la pesca esencial para la sobrevivencia de los pueblos que habitamos en la Moskitia, siendo el número de buzos Miskitos alrededor de 1500, de los cuales 400 de ellos se ven expuestos accidentes cada año, falleciendo un promedio de unos 20.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “alrededor de 9,000 buzos practican la pescas submarina  de langosta. Entre ellos el 97%presenta alhún grado de descompresión y 4200 miskitos tenían discapacidad total o parcial a causa de este mal”.aEs inaudito que el Estado y los representantes de los peticionarios, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, la cual se puede denominar etnocidio, no hubieran tomado las medidas correctivas para evitar que continuaran los múltiples accidentes, demostrando una actitud de racismo agravado de parte del estado

El caso de los buzos Miskitos refleja el estado fallido imperante en el país: desde el saqueo de las instituciones hasta la represión sistemática, acompañada de un colapso del aparato judicial, acompañado de un éxodo masivo, son indicadores innegables de la enorme crisis por la que atravesamos en Honduras.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Caza de pobres, la distracción perfecta

Rebelión

Por Jorge Majfud

En junio de 2019 el presidente Donald Trump anunció el inicio de redadas para cazar inmigrantes ilegales en las diez mayores ciudades de Estados Unidos a partir del día 14 de julio de este año. El hecho de que se haya elegido a las grandes ciudades y no a las grandes plantaciones que no pueden levantar sus cosechas sin inmigrantes ilegales, se debe, muy probablemente, a un fenómeno que hemos señalado anteriormente: en Estados Unidos, las minorías (negros, latinos, asiáticos) están políticamente subrepresentadas, no sólo porque los inmigrantes ilegales no votan sino porque el voto de los ciudadanos de esos grupos vale varias veces menos que un voto blanco en un estado ultra conservador, lo cual pone en tela de juicio la misma naturaleza democrática de todo el sistema político y electoral, por no hablar del sistema económico y financiero. 

Por una razón histórica de marginación de la propiedad de la tierra y por las necesidades presentes, las minorías se concentran en las grandes ciudades en el sector de servicios, las cuales están en los estados más poblados, los cuales tienen tantos senadores como cualquier estado despoblado, bastiones de los conservadores desde el siglo XIX: para sumar la misma población que California (40 millones) o Nueva York (20 millones), dos bastiones progresistas y más receptivos a los inmigrantes de todo tipo, es necesario sumar más de diez estados conservadores (la gigante Alaska no llega al millón). No obstante, cada uno de esos grandes estados posee solo dos senadores mientras que una docena de estados conservadores y despoblados poseen veinticuatro. Texas es la excepción inversa, pero no en su dinámica interior.

A esta realidad estructural hay que sumarle que, entre otras características, los gobiernos llamados populistas suelen buscar efectos especiales en decisiones espectaculares y simbólicas cuando podrían hacer lo mismo con más discreción. Los populismos de izquierda suelen jugar esta carta con los antagonistas más poderosos, como lo son los imperios de diferentes colores. Los populismos de derecha suelen jugar la misma carta atacando y demonizando los gobiernos de países pobres, cuando a estos se les ocurre jugar a la independencia, o a los sectores más débiles de una sociedad como los inmigrantes o los trabajadores pobres. Los inmigrantes no solo no votan sino que además su poder económico y mediático es irrelevante.

En el caso del populismo de derecha, expresión de los intereses de los de arriba proyectada en las frustraciones de los de abajo para linchar a los indeseados de más abajo, es por lo menos una cobardía al cuadrado. Por no entrar a considerar que los fanáticos post humanistas (los fanáticos son los de abajo que defienden los intereses de los de arriba contra sus propios intereses, no los de arriba que simplemente defienden sus propios intereses) suelen ondear la diversa y contradictoria bandera de la cruz al tiempo que se rasgan las vestiduras y se golpean el pecho alegando que son los seguidores de aquel hombre que pregonaba amor indiscriminado y se rodeaba de marginados. Aquel a quien el poder imperial de turno y los siempre necesarios colaboracionistas locales crucificaron junto con otros dos criminales.

Diferentes estudios han mostrado que cuanto mayor son las diferencias sociales y económicas que separa a los de arriba de los de abajo mayor espacio mediático se les da a los problemas de la inmigración y la criminalidad. Esto es igual tanto en los países centrales como en los periféricos, en los ricos como en los pobres. Hay que agregar otra característica que se da incluso en las ponencias de los estudiantes universitarios: el debate (o mejor “verbalización social”) es planteado con su axioma y corolario desde el inicio al ser presentado como “el problema de la inmigración” y no como “el desafío” o “la gran oportunidad de la inmigración”.

Aunque el presidente Donald Trump perdió las elecciones en 2016, llegó a la Casa Blanca por un sistema electoral inventado para proteger a los estados esclavistas del sur en el siglo XVIII y con un discurso racista, como en Europa, apenas escondido en la eterna y cobarde excusa de la legalidad que, como ya hemos analizado antes, históricamente se ha promovido y respetado cuando convenía a los grupos en el poder. Con notables y heroicas excepciones, siempre gracias a demonizados luchadores sociales. El racismo no se crea ni se destruye; solo se transforma.

La fecha del 14 de julio de 2019 como inicio de las redadas contra los inmigrantes ilegales es arbitraria pero consistente con la psicología fascista que ama las decisiones intempestivas y simbólicas (fácil de mediatizar) contra algún grupo específico de los de abajo demonizados como “el otro”: judíos de a pie, musulmanes de a pie, inmigrantes de a pie. Claro, no cualquier inmigrante ilegal sino los más pobres, desesperados y con la piel más oscura. Los otros inmigrantes ilegales, si son blancos, pasan desapercibidos o, si son blancas, hasta se convierten en Primera Dama, sin importar que sus padres fuesen (por voluntad propia y por la misma vocación de alpinistas) miembros del partido comunista en algún país de Europa. Otra prueba de que los inmigrantes hacen el trabajo que los ciudadanos no quieren hacer.

El tribalismo, la horda fascista, racista, misógina y el asco por los iguales derechos ajenos pasará. No sabemos cuándo, pero estoy convencido que es una reacción global a todo lo poco o mucho que se ha logrado en ese sentido en los últimos siglos y una previsible máscara a un conflicto agravado entre los cada vez menos que cada vez tienen más y los cada vez más que sienten pero no entienden que están siendo marginados, en el mejor de los casos convertidos a mansas bestias de consumo. Un proceso histórico que no puede perpetuarse, que explotará en una catástrofe descontrolada que nadie querrá, ni siquiera los de arriba, tan acostumbrados a expandir sus feudos en cada crisis controlada, como la que vendrá en el 2020.

Los poderosos ancianos que gobiernan el mundo llevan una ventaja existencial: no verán los frutos de su odio y de su codicia. Por eso no les importa nada a largo plazo, aunque repitan lo contrario. Sobre todo si creen haber comprado un pent-house en el reino del Señor a fuerza de limosnas y de rezar cinco minutos por día con caras compungidas. Para ellos y para los de abajo “el tiempo es oro”, un mito que se desmonta solo considerando que ninguna montaña de oro puede comprarles tiempo. Como no pueden acumular tiempo acumulan oro, destrozando la vida de los más débiles y desesperados, de los más jóvenes que son, por lejos, quienes tienen más tiempo que oro. Algo que no se les perdona. 

El abuso de becarios y estudiantes en prácticas como síntoma del deterioro del sector periodístico

Sindicato de Periodistas de Madrid

Por Goyo García *

La inexperiencia y el primer empleo servían hace no mucho tiempo a los estudiantes de Periodismo para aprender esta profesión desde los escalones más bajos de la redacción. Pero, con el estallido de la crisis, el aprendizaje de estudiantes en prácticas y becarios se ha convertido en un trabajo equiparable al de los profesionales pero con unas condiciones de sueldo y de derechos «muy alejadas de las de una contratación laboral digna».

Así comienza el artículo que los profesores de Periodismo José María García de Madariaga e Ignacio Arasanz Esteban han publicado en Cuadernos de Relaciones Laborales, publicación editada por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Con el título «Aprendices explotados. Precarización del trabajo periodístico a través de una lógica abusiva de becas y prácticas», los autores analizan los desequilibrios actuales en el mercado laboral periodístico y su evolución en los últimos años.

El punto de partida es claro: existe «un porcentaje enorme del trabajo en el sector periodístico que es despachado por plantillas encubiertas fuera de convenios laborales: periodistas a la pieza, falsos autónomos y becarios o estudiantes en prácticas». No es un sector en el que no exista trabajo, defienden los autores, «lo que ocurre es que se realiza gratuitamente o en condiciones precarias. Mientras tanto, en las redacciones se sigue despidiendo gente y reduciendo los sueldos».

La radiografía del sector es demoledora: «El trabajo se reparte entre una gran masa de periodistas mal pagados y fácilmente sustituibles -por becarios más baratos que ellos-, sobre los que descansa una pequeña élite de periodistas con mayor trayectoria, más derechos y mejor remunerados».

El artículo pone de manifiesto que el 73% de los periodistas inicia su vida laboral antes de finalizar la carrera «bajo la extraña y confusa figura» del becario o estudiante en prácticas. De acuerdo a los datos del «Informe anual de la profesión periodística 2017» de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), las universidades generaron ese año 3.436 graduados. A pesar de que la crisis se llevó por delante 12.200 empleos entre 2008 y 2015, el número de matriculados en 2017 subió un 2,7% con respecto al año anterior, superando los 22.000 matriculados en el grado de Periodismo.

## Pero la precariedad no surgió con la crisis. Según F. J. Caro González y G Jiménez Martín, citados en el artículo, en 2006 «los sueldos en general son bajos y la inestabilidad es bastante elevada». En los últimos años ha cobrado fuerza un fenómeno que consiste en el encadenamiento de prácticas y becas. «Lo que en un principio era formación termina por sustituir al empleo o no llevar nunca al mismo. Así se deja de distinguir empleo y formación, señalan García de Madariaga y Arasanz Esteban.

Citando un informe de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), «un becario explotado equivale al menos a dos o tres periodistas veteranos parados». Otra cita de Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), alerta de que «el 40% de lo que se publica está escrito por colaboradores a la pieza o por plantillas encubiertas.» «Se destruye y se precariza el empleo fijo para crear empleo precario y maximizar los beneficios», se apunta en el artículo.

Las becas y prácticas formativas «en la mayoría de los casos suponen un trabajo a jornada completa a cambio de un sueldo muy reducido o inexistente». Además, en los últimos años, las empresas periodísticas han ampliado la estadía del becario cuando su trabajo ha sido bueno, «esta vez con remuneración, de forma que una vez terminada la carrera el becario sigue realizando prácticas durante años».

Si la gente no protesta, dicen los autores, es «porque los que están empezando están ya imitando a sus mayores y piensan que algún día llegarán a tener lo que tiene sus mayores, sus modelos, poder e influencia (…) Entienden que el presente bien puede ser miserable porque el futuro que les espera es radiante».

En los últimos años han aumentado «considerablemente las facultades (…) que imparten Periodismo y Ciencias de la Comunicación Audiovisual y están haciendo que las prácticas sean obligatorias», se dice en el artículo citando a Yanel, con lo que están saturando el mercado de alumnos en prácticas.

La situación generada ha propiciado que «las secciones de muchos medios de comunicación han quedado exclusivamente a cargo de becarios, ocupando puestos estructurales», de acuerdo a la FAPE. Muchos de ellos aplazan su graduación «para poder trabajar». Según García Borrego, «uno de cada cuatro reconoce que se matricula en créditos optativos para continuar con la matrícula abierta».

Para mejorar las condiciones de la profesión y, especialmente las de los becarios y alumnos en prácticas, los autores defienden un convenio colectivo que establezca «un marco regulatorio firme e impida el aprovechamiento tan destructivo para el periodismo».

Dicho marco debería limitar los horarios -nunca más de media jornada-, sin trabajar en horario nocturno o fin de semana. Asimismo, plantean restringir el encadenamiento de un becario tras otro por parte de la empresa en algunos puestos de trabajo e instaurar por ley «un periodo de barbecho». También abogan por garantizar el carácter formativo de las becas y las prácticas.

Ante esta situación, la Universidad, sindicatos y asociaciones profesionales «miran para otro lado o tienen intereses contradictorios o no tienen fuerza para intervenir». Por ello, apelan a una implicación «más activa» por parte de los sindicatos y las asociaciones profesionales, que prestarían un apoyo jurídico y orientación laboral a estudiantes en prácticas y becarios. Además, «sería conveniente que asociaciones profesionales y sindicatos fomentasen la creación de redes de colaboración de becarios y alumnos en prácticas para que expresen sus quejas y denuncias».

En este proceso de deterioro laboral también se logró, gracias a los sindicatos generalistas, que el Tribunal Supremo garantice la cotización de los becarios. En cuanto a los sindicatos de periodistas, en el informe citan la hoja de ruta marcada en su día por el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) con unas reivindicaciones que adoptó posteriormente la FeSP, como son un máximo del 10% de la plantilla para estudiantes en prácticas, la tutorización reglada, el límite de las estancias, rotación entre secciones y programación previa de las prácticas, entre otras.

Por ello, la FeSP viene demandando una ley reguladora del periodismo que garantice no solo el derecho a la información de la ciudadanía sino también los derechos y deberes de los informadores.

Sobre el papel de la FAPE, indican los autores que si bien ha mostrado preocupación por la precariedad de los becarios y estudiantes en prácticas, «quedan patentes las contradicciones intrínsecas de una organización que pretendía ser representante de la profesión pero en la que se intentaba contentar tanto al becario como al director del medio».

El informe llama la atención sobre «la escasa reivindicación por parte de los periodistas, que en parte se explica por el sentimiento de pertenecer a una profesión liberal a pesar de ser trabajadores asalariados». También detecta que entre los jóvenes «existe una mentalidad que les empuja a aceptar cualquier puesto sean cuales sean las condiciones».

En cuanto a la responsabilidad de las universidades, reclaman un esfuerzo para hacer cumplir la normativa vigente RD592/2014 -que regula las prácticas académicas externas de estudiantes universitarios- en lo que toca al control y tutorización de las mismas «para que la experiencia sea de aprendizaje y formación y no de trabajo encubierto». También lamentan que las universidades permiten prácticas no remuneradas que tienen como finalidad la sustitución de puestos de trabajo estructurales en la empresa. Y así, «mirando para otro lado, están fomentando de manera más o menos activa una actividad de desastrosas consecuencias para el sector».

Otro factor a tener en cuenta es el de las asociaciones de estudiantes. «La concienciación de periodistas jóvenes es primordial, ya que para visibilizar el abuso de las condiciones son ellos los que deben mostrar su malestar y reclamar. De momento, la única respuesta que se ve es la de resignación absoluta».

Desde el ámbito político se recuerda una medida legislativa presentada en el Parlamento en 2017 por Unidas Podemos y apoyada por PSOE y Ciudadanos, en la que se propone un Estatuto del Becario. Los autores lamentan «la invisibilidad» mediática, política y de los propios afectados, «que aceptan la precariedad como algo natural».

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/view/63819

* Goyo García, Junta Ejecutiva SPM

Y Berta se multiplicó

El Periódico de Aragon

Por Gemma García

Ceremonia de homenaje a Berta Cáceres ante la tumba de la activista hondureña. CARLOS CASTRO

Podría haber pasado desapercibido internacionalmente como tantos otros, pero el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque (noroeste de Honduras) dio la vuelta al mundo. Por la oposición de la comunidad afectada de Río Blanco y por el asesinato, el 2 de marzo del 2016, de la defensora del medio ambiente Berta Cáceres, quien un año antes había recibido el prestigioso Premio Goldman, conocido como el Nobel verde.  

Tres años después del crimen y uno desde que el proyecto quedó paralizado por la retirada de los financiadores europeos, las heridas y el conflicto siguen abiertos. La familia Cáceres todavía reclama justicia y la comunidad ha registrado al menos 22 ataques desde entonces. El último se produjo el pasado 16 de julio. La Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció que un grupo de personas había destruido la cosecha sembrada en tierras afectadas por el proyecto.  

Mientras baja hacia sus aguas, sorteando ramas y piedras, Rosalina Domínguez cuenta que «el Gualcarque es sagrado porque mantiene un montón de vidas». Su comunidad se sustenta con la siembra de frijoles, plátano, aguacate, caña y sobre todo maíz que irriga el río. «Si no hubiéramos luchado, se habría privatizado», explica Domínguez. Ahora los barracones del centro de operaciones que instaló la empresa hondureña DESA están abandonados y lo único que el viento agita son los papeles con los registros que los guardias de seguridad arrojaron tras el portón. Aun así, la posibilidad de que se reactive el proyecto no ha cesado. Tampoco las amenazas. El pasado mes de mayo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertó de que hombres armados advirtieron a Domínguez de que la matarían «de la misma manera que a la señora Berta».  

Todavía perdura el sabor agridulce que dejó la sentencia dictada en el 2018 por el asesinato de Cáceres. Siete hombres fueron declarados culpables -tres sicarios y otros cuatro vinculados a DESA y al Ejército hondureño- y un octavo detenido, el presidente ejecutivo de la empresa, David Castillo, está pendiente de juicio.  

Los responsables  

Pero la familia y el COPINH reclaman que también se juzgue como autores intelectuales a los principales accionistas de la mercantil. «Para nosotros los máximos responsables son algunos miembros de la familia Atala Zablah», dice Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres y nueva coordinadora de la organización: «Ellos forman parte de la oligarquía nacional que apoyó el golpe de Estado del 2009 que permitió la concesión de decenas de proyectos hidroeléctricos y de extracción de recursos naturales en el país».  

Muchas de las 47 concesiones que se dieron en Honduras entonces chocaron con la oposición de las comunidades. Pero ninguna lucha inspiró tanto como la de Berta Cáceres y el COPINH en Río Blanco. «Pensaron que matando a Berta matarían la lucha, pero Berta fue una semilla que se multiplicó», según afirma Miriam Miranda, coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Miranda ha recogido el legado de 27 años de vida y defensa de los derechos de los pueblos indígenas compartidos con Cáceres, convirtiéndose en la actualidad en una de los máximos referentes de la lucha de los movimientos sociales contra la presidencia de Juan Orlando Hernández.  

Honduras es un polvorín en la actualidad. En los últimos seis meses, además de acrecentarse la oposición a megaproyectos mineros y la consecuente persecución a líderes comunitarios, como en el caso de Guapinol (cerca de la costa caribeña), las protestas contra la privatización de la salud y la sanidad han arreciado en Tegucigalpa.  

A pesar de que el conflicto ya ha hecho mella en la zona, Rosalina Domínguez, Chico Sánchez, Edmunda González, Cornelia Domínguez, Paulina Gómez, Pascual Gómez... siguen resistiendo. «Antes, todas las comunidades convivíamos labrando la tierra. Hoy hay desconfianzas», reconoce Domínguez. Y lamenta que una de las comunidades vecinas que inicialmente se oponía al proyecto acabó cediendo ante las promesas de la empresa de construir carreteras y mejorar las instalaciones en una escuela.  

Precisamente, la hija de Cáceres identifica el intento de «comprar las comunidades» como una de las estrategias utilizadas por las empresas para implementar megaproyectos. «Siguen el mismo patrón en todo el país: crean conflictos intercomunitarios, criminalizan y estigmatizan a la comunidad, judicializan, amenazan a las familias y, si estas no desisten, asesinan», denuncia Zúñiga.  

123 personas asesinadas  

De acuerdo con distintas organizaciones internacionales, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores del medio ambiente. Según la organización Global Witness, desde el 2010 más de 123 ecologistas han sido asesinados. Entre ellos, Berta. Rosalina Domínguez lamenta que «desde que la mataron, ya no vienen tantas comisiones de solidaridad». Dispuesta a asumir todos los riesgos, tiene claro que no van a retroceder. Se lo debe a Berta Cáceres: «Cada vez que voy al río, siento que ella anda por ahí. Una siente la energía que ella nos da para hablar, para todo, para no tener miedo».

Habitantes de Atima, Santa Bárbara, deciden no aceptar ningún Plan para la explotación del bosque

Radio Progreso

Mediante un pronunciamiento, divulgado y aprobado durante el tercer cabildo abierto,  la Pastoral Social de la Parroquia San Nicolás Obispo y las fuerzas vivas de 22 comunidades de Atima, departamento de Santa Bárbara, exigieron al  Instituto de Conservación Forestal, ICF, no autorizar más planes de manejo para explotar el bosque, porque desde febrero de este año fue declarado municipio productor de agua para consumo humano.

También solicitan al ICF la cancelación del permiso de Plan de Manejo autorizado al señor Miguel Ángel Bautista Castellón, quien desde el año 2017 está cortando árboles sin ningún control en la comunidad de Coros. Dicha deforestación ya secó las fuentes de agua  de las comunidades Las Delicias y La Colonia, según denuncia la población.

El Padre Florentino indicó que él recibe siempre la queja de la gente de las aldeas que el agua está disminuyendo, sus cultivos y su ganado está muriendo de hambre, por falta de agua ya no pueden cultivar ni pasto, ni alimentos. Y  esto es a causa de que varios empresarios que vienen desde afuera se llevan los árboles y todos los recursos. Ellos tienen grandes ganancias y dejan a la gente de las comunidades más pobre.

El cabildo abierto fue dirigido por el alcalde municipal Roger Gabriel Leiva, quien dijo “que cuando los procesos se dan ilegalmente el pueblo no se siente bien  y en la municipalidad no hemos tomado ninguna decisión a título personal, sino que todo se ha hecho escuchando al pueblo, por eso los únicos árboles que nos han quedado los vamos a cuidar y a defender como sea.

“Atima no es nido de nadie y no vamos a permitir que ningún empresario venga a escondidas del pueblo, sin consulta previa, a explotar nuestro bosque. Los traficantes del agua, de la madera y de los minerales no van a venir aquí a apoyar al pueblo, eso es mentira. Tampoco les interesa el desarrollo. Es mentira que los empresarios llegan a los municipios a apoyarlos. Vamos a dejar claro que Atima no es nido de nadie, no vamos a permitir que vengan empresarios a explotar nuestros bosques”, agregó el alcalde.

El representante del ICF, técnico forestal Melquisedec Díaz, indicó que a ellos ya les llegan los paquetes de los planes de manejo y que antes de firmarlos se hace un estudio del área que se va a explotar.

La gente dijo no sentirse satisfecha con la función que desempeña el ICF, pues dicha institución está para proteger a los explotadores de bosques y minerales y que está en contra del pueblo. Además dijeron que el ICF, debería cambiarse el nombre, porque de conservación forestal no hace nada, pues la muestra es que muchos ríos,  fuentes de agua y bosques hoy ya no existen. Y todo porque ICF permite la destrucción de la naturaleza, autorizando concesiones.

Después de escuchar las preguntas de la población hacia el representante del ICF, el alcalde Roger Leiva preguntó a los pobladores y pobladoras que si están de acuerdo en que No se acepte ningún Plan de manejo para explotar el bosque y ningún tipo de concesión en el municipio, de inmediato el pueblo levantó su mano y gritó que no aceptan.

El cabildo terminó con la formación y juramentación del primer Comité Sectorial de Defensa de los Bienes Naturales y de Nuestra Casa Común del municipio de Atima, Santa Bárbara, integrado por un representante de cada comunidad, la municipalidad y la Iglesia católica.

El Estado es el principal responsable de la crisis sanitaria por dengue

Defensores en Línea

Para profesionales de la medicina el principal responsable de la crisis sanitaria que vive el país, producto del dengue, es el Estado, y lo es por el abandono que ha hecho en los últimos años de las políticas de salud pública.

Médicos y especialistas consideran que la reducción de presupuesto, el abandono del programa preventivo del dengue y la no renovación de contrato a fumigadores y entomólogos dejan en evidencia el papel estatal en el asunto.

Honduras enfrenta una crisis que ha dejado unos 28 mil 603 casos en lo que va del año según las autoridades sanitarias, de los cuales 52 personas han fallecido. “Sabemos que el gobierno es el principal responsable de esta situación, ellos son los encargados de orientar las políticas para prevenir esta enfermedad, pero no lo hicieron en el momento que debían”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa.

Este 2019 quedará en la historia en lo que respecta al dengue, siendo el año donde más daño ocasionó la enfermedad, por tal razón la situación que actualmente vive la población es producto de la falta de presupuesto para implementar los programas de prevención tal y como lo indican los parámetros internacionales de la medicina.

Figueroa habló del tema en una conferencia de prensa convocada por la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación, en ese sentido, manifestó que hay un alto grado de responsabilidad, y que incluso ahora que la enfermedad enfrenta su pico más alto en casos, no han podido aplicar las medidas de combate correspondiente.

Por tal razón, la Plataforma anunció acciones de ataque al dengue, que serán implementadas en varias comunidades de las regiones que en este momento se encuentran bajo estado de alerta extrema por los casos de dengue registrados y también por las muertes contabilizadas en los centros asistenciales.

El doctor Gaspar Rodríguez también hizo alusión a la situación que vive el país. Lamentó que hay muchos casos que han afectado a menores, y esa situación debe ser signo de preocupación para la gente, los médicos y sobre todo para el gobierno.

El gobierno ha salido al paso a defenderse de las acusaciones de algunos profesionales de la salud, manifestando que han gestionado toda la logística para aplicar fumigaciones, dotar de medicinas e insumos los hospitales y también colaborar con la población para labores de limpieza en zonas en riesgo.

El cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, a inicio de semana, decretó estado de emergencia con la aprobación de un fondo para contribuir a la lucha contra el dengue a nivel nacional, días anteriores la institucionalidad a través de algunas entidades pidió a la comunidad internacional para que apoyaran con fondos para combatir el dengue.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, emitió varios boletines, pidiendo ayuda a la comunidad internacional para recibir tal apoyo. Este actuar del gobierno ha sido también criticado por médicos. La doctora Figueroa lamentó que el gobierno sea incapaz de destinar un presupuesto digno para salud y así prevenir estas situaciones.

Pero el gobierno, una semana antes, en plena emergencia por dengue, aprobó en el Congreso Nacional, más de 40 millones de lempiras destinados a seguridad, y fue hasta la semana 27 que el dengue ha afectado al país, que el Poder Ejecutivo decidió decretar emergencia y destinar presupuesto.

Las prioridades del gobierno han sido la seguridad a través del fortalecimiento de la militarización, compra de armas, gas lacrimógeno y logística para los entes represores del Estado, dejando en segundo y hasta tercer plano a la educación y salud pública.

Llaman a comprometerse a luchar contra el dengue

Donde sí hay coincidencia entre el gobierno y médicos es en las acciones de concienciación que se deben aplicar en este momento, a través del compromiso que autoridades, médicos y población deben tomar sobre el asunto.

Las autoridades con el compromiso de dotar todos los vacíos de presupuesto que puedan producir falta de insumos, medicinas o logística para las fumigaciones y limpiezas.

Según Suyapa Figueroa a las autoridades les está quedando grande la camiseta para pelear contra el dengue, la falta de presupuesto es fundamental en ello. Para el caso en la ciudad de El Progreso, las autoridades municipales están denunciando que se han quedado sin suero para darles a los pacientes, insumo vital para fortalecer la lucha contra el dengue cuando un paciente está en pleno daño producido por los síntomas.

Y esta situación se extiende por todos los centros asistenciales de este municipio de la zona norte del país, por lo que su director municipal, Eleazar Manueles, hizo un llamado para que a la mayor brevedad las autoridades puedan dotar de los insumos necesarios a los centros sanitarios públicos de la región.

En esa lógica también los médicos se han comprometido a permanecer en sus centros de trabajo para brindar todo el apoyo de diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas por la enfermedad.

Las autoridades gubernamentales han llamado constantemente a la gente a limpiar sus casas, eliminar criaderos, y sobre todo que al sentir el más mínimo síntoma de dengue puedan acudir al centro de salud u hospital más cercano, así como no auto medicarse, pues los únicos tratamientos recomendados son el acetaminofén y el suero.

Por ahora según los datos de las autoridades, el dengue seguirá en aumento, y se espera que, hasta finales de septiembre, se empiece a ver una tendencia a la baja del número casos.

América, el continente más violento y con mayor cantidad de homicidios

Jornada

Al menos 464 mil personas en el mundo fueron víctimas de homicidio en 2017, siendo América el continente más violento y superando las 89 mil que murieron en conflictos armados en el mismo periodo, informó ayer la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el Estudio mundial sobre homicidios de 2019 publicado por la Unodc, con sede en Viena, el número total de personas que sufrieron una muerte violenta como consecuencia de un homicidio aumentó en el pasado cuarto de siglo, de 395 mil 542 en 1992 a 464 mil en 2017.

Precisó que la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, pero 60 por ciento de las 87 mil mujeres que fueron asesinadas en 2017 en todo el mundo fueron víctimas de un crimen machista cometido por sus parejas, ex parejas o familiares hombres, lo que hace que el hogar sea el lugar más peligroso para ellas.

El estudio mundial sobre el homicidio 2019 busca arrojar luz sobre los asesinatos por motivos de género, la violencia entre pandillas y otros desafíos, teniendo como propósito apoyar en la prevención y las intervenciones destinadas a reducir las tasas de homicidio, dijo el director ejecutivo de la Unodc, Yury Fedotov.

Explicó que la desigualdad, el crimen organizado y el machismo están entre las principales causas, desestabilizando a los países, minando su desarrollo socioeconómico y erosionando el estado de derecho.

Por continentes, América tiene la mayor tasa de asesinatos al registrar 17.2 por cada 100 mil habitantes, seguido de África (13), Europa (3), Oceanía (2.8) y Asia (2.3).

Los únicos cuatro países del mundo con tasas de homicidio de más de 40 personas por cada 100 mil habitantes están en América Latina: El Salvador (62.1), Venezuela (57), Jamaica (57) y Honduras (41.7).

La Unodc resaltó especialmente el caso de Venezuela, donde se ha registrado el más dramático incremento de la tasa de homicidios, al pasar de 13 a 57 por 100 mil habitantes entre 2012 y 2017.

A escala mundial, alrededor de 81 por ciento de las víctimas de homicidio registradas en 2017 eran hombres y niños, y más de 90 por ciento de los sospechosos de homicidio eran hombres, según el estudio, que además muestra que la disparidad de género entre las víctimas cambia con la edad.

Tanto las niñas y los niños de nueve años, así como los menores de edad, son asesinados en tasas aproximadamente iguales, contrastando con todos los demás grupos de edad, en los que los hombres constituyen más de 50 por ciento de las víctimas, según datos de 41 países.

La historia de América Latina para entender el presente histórico

Prensa Latina

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

El auge de las ciencias sociales en América Latina se produjo en las décadas de 1970 y 1980. Con ellas se superó el ensayo como instrumento bastante generalizado para tratar los temas más importantes de la región. Y apareció una vasta producción, con una amplia gama de autores que hicieron época en casi todos los países. Prestigiosas editoriales latinoamericanas, pero además europeas, contribuyeron a esa difusión de las ciencias sociales de la región.

La historia fue la ciencia vertebradora en aquel auge. La intelectualidad de la época se caracterizó por acudir a ella con el propósito de afirmar las investigaciones y sustentar las interpretaciones. Si se examina obras y autores de los que fueron más renombrados, se comprobará lo que afirmo.

Entre esas obras de enorme influencia están los tres tomos de la Historia de América Latina que publicó Siglo Veintiuno Editores, como parte de su colección “Historia Universal Siglo XX”. 

El primer tomo (1971), a cargo de Laurette Séjourné, trató las “Antiguas culturas precolombinas”; el segundo (1972), de Richard Konetzke, “La época colonial”; y el tercero (1985), de Gustavo y Hélène Beyhaut, “De la independencia a la segunda guerra mundial”.

Séjourné, nacida en Italia (1914), era de nacionalidad francesa. Fue arqueóloga en el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y contaba con una vasta experiencia y una voluminosa obra intelectual. Konetzke era profesor de historia ibérica y latinoamericana en la Universidad de Colonia, con notable dedicación a las fuentes en el Archivo de Indias de Sevilla. Gustavo Beyhaut fue profesor en la Universidad de París III (Sorbonne) y también en universidades de Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile; en tanto Hélène participó como investigadora en el Centro de Estudios de las Relaciones Internacionales de París.

El libro primero tuvo un trato singular: comenzó por un capítulo introductorio sobre el “descubrimiento” y la “conquista”, para dar cuenta de la “América” que habían encontrado los invasores y destructores. Entonces pasa la obra a revisar las culturas aborígenes, como queriendo presentar una fotografía de las que existieron al momento del “descubrimiento”; además, analiza las fuentes; y se concentra en las culturas del Perú y de Mesoamérica.

El libro segundo comienza por pintar a los “indios americanos”, sus culturas y su actitud frente a los “conquistadores blancos”, para discutir enseguida los títulos de la conquista y proseguir con el desarrollo de la organización estatal, la iglesia y sus misiones, y, sobre todo, la explotación económica, concentrada en los imperios coloniales español y portugués.

El libro tercero distingue varios momentos: el primer período corresponde a las luchas por la independencia; el segundo, a la “europeización y expansión económica inducida”; y el tercero, “el comienzo de la crisis”. La lógica argumental es muy importante: el impacto del capitalismo industrial europeo está en las raíces de las economías exportadoras latinoamericanas; la modernización de los transportes y la expansión extractiva en algo modernizan a la región; la inmigración integra la estructura social; desde luego, se enfoca el caudillismo, el militarismo, el bandolerismo, las oligarquías, la búsqueda del orden, las políticas internacionales; pero hay un capítulo especial sobre la “europeización” impuesta en los países, que recuerda en mucho a la visión hegeliana de la historia. El tercer período se inicia con la afirmación del “imperialismo norteamericano”, para luego pasar revista al medio siglo XX, destacando las estructuras económicas y enfocando los cambios sociales y los del poder.

Los tomos que destaco siguen siendo fuentes obligadas para conocer la trayectoria de América Latina. Hoy contamos con nuevos trabajos de investigación, que evidentemente avanzan mucho más de lo que se logró hace varias décadas y sobre los que haré referencia en otras oportunidades.

Lo que por el momento debería quedar en pie es que la reflexión y el análisis sociales merecen reforzarse con el examen de la historia pasada, pues hay una conexión entre pasado y presente que enriquece la comprensión precisamente del presente. Es el fundamento que encontró la ciencia social latinoamericana hace varias décadas y que ya fue motivo de examen de los filósofos de la historia del siglo XVIII, y en la concepción dialéctica que introdujo G.W.F. Hegel en el campo de la filosofía idealista.