El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, ante la opinión pública Nacional e internacional, medios de comunicación y organismos de derechos humanos en Honduras y el exterior, expresamos nuestra preocupación y denunciamos los siguientes hechos que vienen a generar más violencia contra nuestras comunidades:
1.- Desde el 29 de junio de 2012 hemos visto cómo la situación de violencia contra el Movimiento Campesino del Aguán, se ha agudizado , esto como consecuencia de un fallo favorable emitido por el Juzgado de Letras de los Civil de Francisco Morazán, donde da la posesión legal de las tierras a las cooperativas La Trinidad, Despertar y San Isidro, las que habían demandado desde hacía 16 años que se aplicara la justicia pronta, en tierras que el terrateniente Miguel Facussé había estado usurpando desde 1993.
Los hostigamientos, amenazas y crímenes contra campesinos iniciaron desde que el Ministerio Público, un Juez Ejecutor, un representante del Espacio de Derechos Humanos, ECODH y el abogado defensor de los cooperativistas llegaron para que se ejecutara el desalojo de guardias de seguridad de Faccussé.
En sendos comunicados a dos páginas publicados en diferentes medios de comunicación por este terrateniente, nos hemos enterado que la Corte de Apelaciones supuestamente ha fallado desestimando la resolución del Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán, en momentos en que el Poder Judicial se encuentra de vacaciones, lo que evidencia el tráfico de influencias políticas y económicas que hay detrás de este caso.
Hechos violentos
El día 2 de julio Gregorio Chávez, un campesino independiente de la comunidad de Panamá, cuya propiedad colinda con la finca Paso Aguán, que está en posesión de Miguel Facussé, desapareció desde las cinco de la tarde de su tierra, familiares y vecinos de la comunidad lo buscaron afanosamente desde el momento que se enteraron de su desaparición, encontrando rastros sospechosos entre ellos que había sido averiado el alambre de su cerco, búsqueda que se extendió hasta el día viernes 06 de julio cuando fue encontrado enterrado dentro de la finca en mención, con señales de tortura.
El sábado 7 de julio a las cinco de la mañana fue asesinado de varios impactos de bala el compañero Jacobo López Erazo, en la comunidad de Quebrada de Arena, cerca de su casa. En esa misma zona fue asesinado el dirigente campesino Matías Valle, el 20 de enero de este año en similares circunstancias.
El domingo 8 de julio en horas de la madrugada fue acribillado José Luís Dubón Díaz, en las cercanías del asentamiento La Lempira, donde él estaba organizado, quedando herido Francis Bueso, quien fue intervenido de emergencia para salvarle la vida en un hospital de Tocoa, Colón.
A todo este panorama de muerte se agrega una nueva amenaza contra la vida a través de la apertura de operaciones de una minera, a la cual aparentemente ya se le otorgó en forma ilegal el permiso de operaciones por parte del Estado, sin embargo la comunidad de La Abiscinia, donde se establecerá, ha sido objeto de múltiples acciones entre ellas la división de la población a la que le han ofrecido desarrollo, lo mismo que se hizo en otros lugares de Honduras, donde la minería a cielo abierto ha dejado desastres ambientales y de salud en la población.
El impacto que tendrá esta minería a cielo abierto ha alertado a las diferentes organizaciones de la parte baja del Valle del Aguán que ya preparan acciones contundentes para no permitir que se destruya la zona de la Abiscinia, donde se originan varias fuentes de agua que abastecen a diferentes comunidades, entre ellas Tocoa, Colón.
Consideramos que la militarización para favorecer los intereses de los terratenientes también se usará para proteger a la minería.
Por lo antes expuesto, demandamos del Estado de Honduras que se proceda a desmantelar el aparato represivo contra los campesinos y campesinas, desmilitarizando la zona para que no continúen los hechos sangrientos contra el movimiento campesino y que se cancele el permiso de operaciones de esta minera.
Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio de 2012
Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán
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