Por Austin Robles
Poco antes de la medianoche el 26 de mayo, Ebed Haziel Yánez Cáceres de 15 años de edad salió de su casa en la motocicleta de su padre. Mientras conducía por la ciudad capital del país, tres miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras le indicaron al menor que se detuviera. Cuando Ebed Haziel no cumplió, las tropas militares abrieron fuego, matándolo instantáneamente.
Organizaciones de derechos humanos expresaron su indignación por el incidente, y, en una rara muestra de la rendición de cuentas, un sargento fue enviado a prisión a finales de junio por su participación en el asesinato. Aún así, el mostrar la rendición de cuentas por los abusos de derechos humanos no debería estar por encima si no el evitar que suceda en el primer lugar. La colocación de los militares en las calles y que les autorice a sacar a la gente más pone en peligro la seguridad ciudadana mediante la creación de condiciones en las que los abusos como estos son más propensos a tener lugar, que si las fuerzas del orden llevaran a cabo la función policial.
Reconociendo esta confusión de roles militares y policiales, un grupo de derechos humanos en Honduras, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), presentó una demanda ante la Corte Suprema el 30 de junio contra el uso del gobierno de las tropas militares en lugar de la policía . La organización sostiene que el gobierno violó la Constitución mediante la concesión de poderes a las fuerzas armadas para detener, buscar y arrestar a los ciudadanos, un derecho que previamente estaba reservado a la policía civil. El Congreso de Honduras votó para revocar un precedente legal en noviembre de 2011 mediante la aceptación de una nueva interpretación del artículo 274 de la Constitución, que enumera las atribuciones de las fuerzas armadas. Esta interpretación del Congreso amplió el papel de los militares al de apoyo activo como fuerzas del orden. Aunque pretendía ser una estrategia temporal durante un estado de excepción, la ley se prorrogó por tercera vez el 26 de junio.
Históricamente, Honduras sufrió la militarización de las funciones civiles, pero hizo un progreso significativo en la separación de poder militar y civil en los años 1980 y 1990. Estas reformas ganadas con tanto esfuerzo se están volviendo atrás, y pesado el apoyo de EE.UU. está ayudando a desdibujar las líneas entre el ejército y la policía bajo el pretexto de promover la seguridad nacional.
La experiencia de EE.UU.
Las agencias de policía normalmente están capacitadas para ejercer la moderación en el uso de la fuerza letal, que sólo se emplea como último recurso. El objetivo de las tropas militares, sin embargo, es para librar y ganar la guerra a través del uso de la fuerza letal contra un enemigo abrumador. Estas dos fuerzas de seguridad tienen muy diferentes propósitos, y los Estados Unidos codificó sus responsabilidades individuales en la ley en 1878 con la aprobación de la Ley Posse Comitatus.
Aprobada durante la reconstrucción, cuando las tropas federales se percibe excedieron su autoridad, mientras ocupaban los estados confederados, esta ley distingue el papel de las agencias de aplicación del orden de la de los militares, y por buenas razones. Ellos están claramente entrenados para diferentes propósitos - uno a proteger y el otro para matar. En consecuencia, la inclusión de este último en operaciones del primero ha demostrado tener consecuencias negativas para la población civil.
En lugar de enseñar las lecciones que aprendió en su propia historia, Estados Unidos promovió el uso de los militares en la policía civil en el extranjero. En lugar de utilizar las fuerzas armadas para defender la soberanía nacional contra las amenazas externas, a partir de la década de 1960, los Estados Unidos instruyó a los países de América Latina para utilizar las tropas contra sus propios ciudadanos para lograr la "seguridad interna".
Los riesgos y retrocesos en Honduras
Por la misma época, los militares hondureños comenzaron a transformarse en una institución profesional. Los militares graduaron su primera promoción en 1960, ejecutó su primer golpe de Estado tres años después, y gobernó casi exclusivamente para el próximo cuarto de siglo. En 1986, la primera transferencia de poder pacífica de militares a civiles se llevó a cabo, y ese mismo año el Congreso votó a favor de separar a los militares de la policía. Durante la próxima década, se adoptaron nuevas medidas para colocar a los militares bajo control civil, incluyendo la transferencia de la policía de los militares al poder civil, la creación de un organismo de investigación especializada y el fortalecimiento de la oficina del fiscal general.
Estas reformas prevenieron rupturas en el orden democrático y proporcionaron una mayor seguridad ciudadana hasta el 28 de junio 2009, cuando los militares derrocaron al entonces presidente Manuel Zelaya en un golpe de Estado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una orden de arresto contra el presidente Zelaya, los militares ignoraron sus órdenes y actuaron en su propia al sacarlo de su casa en medio de la noche y lo exiliaron a Costa Rica. Ningún oficial militar fue castigado por esos actos.
Desde entonces, los líderes hondureños han anunciado los "estados de sitio" y de emergencia aprobados por los decretos que han devuelto a los militares un papel más público. Los informes de abusos contra los derechos humanos y los asesinatos se dispararon, los hondureños presentan más de 10.000 quejas oficiales de los abusos cometidos por los militares y policías desde junio de 2009. Un año después del golpe, Honduras llegó a los titulares internacionales por el mantenimiento de la mayor tasa mundial de homicidios y por ser el país más peligroso del mundo para los periodistas. Los Estados Unidos, en lugar de negarse a apoyar a un régimen represivo, comenzó a bombear la ayuda al gobierno y a sus fuerzas armadas.
El actual presidente Porfirio Lobo sostiene que la policía hondureña es incapaz de manejar la crisis de seguridad que enfrenta el país y es con el Ejército en un papel de policía para lograr la estabilidad. Sin embargo, las tropas militares no están entrenados para respetar los derechos humanos o la participación en detenciones, registros, o arrestos. En lugar de fortalecer sustancialmente su fuerza policial, el presidente Lobo está pidiendo que las Naciones Unidas entrenen a los militares en funciones policiales. Parece contradictorio hacer tal petición: la reforma de la policía debería ser la primera prioridad, no la transformación de los militares en una agencia de policía.
En Honduras, como en el resto de América Latina, el uso compatible de los militares en funciones civiles lleva a un aumento en los abusos de los derechos humanos, como se puso de relieve en mayo, cuando en una redada respaldada por la DEA- con la muerte de cuatro civiles. También es improductiva porque la amenaza que representa para la sociedad hondureña por el crimen organizado es mejor manejado por los organismos de investigación y aplicación del la ley en lugar de las fuerzas militares. Honduras necesita desmantelar las organizaciones criminales y el narcotráfico, una hazaña que no se logra a través de la fuerza bruta. Sin embargo, Honduras y los Estados Unidos parecen estar pasando por alto las lecciones aprendidas a través de cada uno de ellos sus propias experiencias.
* Austin Robles es un especialista en las relaciones Estados Unidos y América Latina en la actualidad está trabajando con el equipo de Witness for Peace (Testigos por la Paz) de Colombia.
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