Por Giorgio Trucchi
La coordinadora nacional del Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), Bertha Oliva, reaccionó a las declaraciones del canciller hondureño Arturo Corrales, quien aseguró ante medios nacionales que los agentes de la Dea (Drug Enforcement Administration) y los policías hondureños que mataron a cuatro personas en un operativo antidroga en el municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios, actuaron en defensa propia.
"Ha habido incidentes de defensa, de nuestros policías y de la Dea con personas que andaban transportando droga, eso es lo que ha habido, llamémosle al pan, pan; y al vino, vino", declaró Corrales al diario Tiempo.
El pasado 11 de mayo un operativo conjunto de agentes del Fast (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos -Emerson Martínez Henríquez (21años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años)- y por lo menos 4 heridos de gravedad. Juana Jackson y Candelaria Pratt tenían cinco meses de embarazo.
"Estas declaraciones nos dejan perplejas. Están mintiendo y yo reto a todas estas instituciones que actuaron en contra de la vida de las personas a que sean valientes. Que admitan que se equivocaron, que dispararon en contra de una población civil que no tiene vínculos con el narcotráfico, que no sigan justificando la muerte de mujeres embarazadas y niños", manifestó Oliva a la LINyM.
De acuerdo con el Informe de Verificación “Caso Ahuas” presentado por el Cofadeh , la mayoría de los 16 pasajeros del pequeño bote se lanzaron al agua y se sumergieron intentando salvar sus vidas. “Algunos lograron llegar a la orilla del río, otros fueron alcanzados por las balas que les hirieron de gravedad o les quitaron la vida”, detalla el informe.
También averiguó que en ningún momento hubo un intercambio de disparos, sino que el ataque provino desde los helicópteros con presencia de agentes norteamericanos, y que continuó en tierra firme, "sometiendo la población civil a detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamientos, saqueo de bienes, trato crueles, inhumanos y degradantes”.
Un ataque que para el Cofadeh fue "desproporcionado, sin previo aviso, sobre población desarmada que ha sido estigmatizada como narcotraficante o colaboradora del tráfico de droga".
Para Oliva, el comportamiento de las instituciones gubernamentales está matando por segunda vez a las víctimas de la masacre. "Los han asesinado, los han humillado y ahora los están acusando de ser narcotraficantes. En vez de estar lavando la sangre derramada, deberían de estar pidiéndoles perdón, en nombre del Estado de Honduras, a los familiares de las víctimas", aseveró la defensora de derechos humanos.
Para la coordinadora del Cofadeh, detrás de lo que ha ocurrido podrían esconderse intereses económicos. "No nos cabe la menor duda de que hay algo más y que no se trata solamente de lucha contra el narcotráfico. Si tienen otros intereses y quieren sacar a la población del lugar, que tengan el valor de decirlo, porque declarar que los agentes actuaron en legal y debida forma es grotesco", sentenció.
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