Por German Reyes
El Tribunal Popular Internacional de Salud (TPIS) desarrollado en la comunidad Maya de San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, exigió la suspensión inmediata de todos los proyectos mineros que la empresa canadiense Goldcorp mantiene en Honduras, Guatemala y México.
El evento realizado el fin de semana pasado contó con la presencia de personas afectadas por la Mina de San Martín que se encuentra en proceso de cierre en Valle de Siria en Honduras, la Mina Marlin que actualmente opera en San Miguel Ixtahuacán en Guatemala y la Mina Los Filos que opera en la comunidad de Carrizalillo México.
Los asistentes denunciaron que la compañía minera ocasiona graves daños a la salud, destrucción de sus territorios y violaciones al derecho de la libre determinación de los pueblos.
De igual manera probaron que los estados de Honduras, Guatemala y México, violentan sistemáticamente los derechos humanos de sus habitantes al permitir exploraciones y explotaciones mineras sin un proceso de consulta previo y de información en las comunidades.
Según la declaración firmada por distintas organizaciones civiles que participaron en la actividad, las explotaciones mineras que la transnacional canadiense
realiza en Honduras, Guatemala y México son altamente dañinas para la salud, la calidad de vida, el territorio y el derecho ciudadano.
“Los pueblos y organizaciones que integramos el M4, hacemos nuestra la recomendación del Tribunal hacia los pueblos afectados por la actividad minera para impedir mediante todos los medios pacíficos a nuestro alcance, las operaciones de la empresa Goldcorp en nuestro territorio mesoamericano”, señala el documento.
El M4, es la articulación de las comunidades y organizaciones de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México, que luchan contra el modelo de explotación minera que utiliza la compañía.
Goldcorp es una compañía minera con oficina principal en Vancouver, Canadá, que desde hace 15 años se ha dedicado a la explotación de oro en diferentes
países de Norte, Sur y Centroamérica. En el caso particular de Honduras sus operaciones las llevó a cabo la empresa Entre Mares bajo el modelo de cielo abierto.
En todos los países donde la compañía ejecuta operaciones, se reporta contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, devastación ambiental, alteración del ciclo hidrológico, daños a la salud de las personas, destrucción de cultivos y muerte de animales.
Estudios de sangre y orina realizados en el 2007 a 62 personas de tres municipios del Valle de Siria, dieron como resultado la presencia de cianuro, plomo, mercurio y arsénico. Las concentraciones de metal encontradas en las personas analizadas exceden los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La compañía minera se instaló en Honduras en el año 2000 y su cierre fue en el 2008. Sus operaciones causaron daños en la salud de la población de los municipios de Cedros, San Ignacio y El porvenir, departamento de Francisco Morazán.
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